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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 30-08-2019 / 10:08
¿MALA PRAXIS Y/O PERVERSIÓN NEOLIBERAL?

Macri cumplió con el FMI y el resultado fue una catástrofe social y el default de la deuda

Macri cumplió con el FMI y el resultado fue una catástrofe social y el default de la deuda
CUATRO AÑOS ENDEUDÁNDOSE PARA LLEGAR AL DEFAULT. Y si todo salió como se había planteado, el ajuste brutal se ejecutó como se pretendía, la catástrofe social no provocó la caída del Gobierno, ¿por qué no vinieron los dólares? ¿Cómo se hizo para arrojar al país al default “selectivo”? Es que, “por un descuido” se dejó la puerta abierta para la fuga de capitales dejando que por allí se escaparan los dólares que el FMI proveía a cambio de “tanto esfuerzo”.
"En la Argentina, nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno", se ufanaba, el 14 de noviembre de 2018, Nicolás Dujovne, destacando los "méritos" de estar cumpliendo estrictamente con las metas del ajuste fiscal acordado con el FMI. El programa acordado por Mauricio Macri con el Fondo en 2018 no sólo era el de mayor magnitud de su historia por el volumen del préstamo (57 mil millones de dólares), sino que además por su nivel de exigencia de ajuste fiscal, uno de los más severos jamás aplicados en un país.
 
El costo social fue escandaloso: aumento de la pobreza, de la indigencia, de la desocupación. Cierres de industrias y comercios que no soportaron el combo de caída de demanda, tarifazos y alza del costo financiero. Una verdadera catástrofe social. Pero con un objetivo que el gobierno de los ricos puso por encima de todo lo demás: que volvieran los dólares al país, como inversión o como préstamos, ya le daba lo mismo.
 
Y si todo salió como se había planteado, el ajuste brutal se ejecutó como se pretendía, la catástrofe social no provocó la caída del Gobierno, ¿por qué no vinieron los dólares? ¿Cómo se hizo para arrojar al país al default "selectivo"?
 
Es que, "por un descuido" se dejó la puerta abierta para la fuga de capitales dejando que por allí se escaparan los dólares que el FMI proveía a cambio de "tanto esfuerzo". Es ilusorio pensar que fueron convicciones dogmáticas las que impidieron aplicar las más elementales medidas regulatorias para controlar la salida de divisas.
 
Ni siquiera ahora, con el replanteo de los vencimientos de corto plazo, se ha acompañado esa decisión con medidas regulatorias para evitar que continúe la fuga; esto es terrorismo económico de Estado, están vaciando las reservas para dejarle tierra arrasada a quien venga después, y además están haciendo un daño concientemente.
 
El programa económico estalló con el anuncio de reprogramación del calendario de pagos de los vencimientos de corto plazo y los de 2021 en adelante al FMI. Las consecuencias se verán de a poco. Hay empresas que colocaron sus recursos en bonos de corto plazo para sacarle algún rendimiento hasta el momento de su uso, que podría ser el pago de sueldos la semana próxima.
 
Si son títulos en default, no podrán cobrarlos, y no podrán cumplir sus compromisos. Esto puede traducirse en los próximos días en cortes en la cadena de pagos. Luego vendrán las caídas patrimoniales del 60 por ciento o más por desvalorización de títulos públicos o privados. La imposibilidad de refinanciación de deuda para provincias o empresas. ¿Hasta cuándo seguirán las recomendaciones del Fondo, cuando los resultados de sus políticas son siempre los mismos?   
 
La Opinión Popular

 
STANDARD AND POORS CALIFICÓ A ARGENTINA EN CESACIÓN DE PAGOS
 
Cuatro años endeudándose para llegar al default
 
Argentina entró en "default". La sentencia llegó desde la calificadora de riesgo Standard & Poor's. La compañía consideró por que las medidas financieras anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri constituyen una cesación de pagos para la deuda de cortísimo plazo.
 
La evaluación negativa de la firma se extiende al resto de los bonos emitidos por las distintas capas geológicas de funcionarios cambiemitas de forma que a los títulos públicos le colgaron el cartel de default selectivo. La rebaja en la evaluación fue definida el miércoles, informada el jueves por la noche y será revertida al comenzar el viernes. Un default de 24 horas.
 
La calificadora consideró que patear por seis meses los pagos de las letras que vencen este año constituye un default. Interpretó, sin embargo, que las irregularidades serán subsanadas cuando, tras los cambios unilaterales establecidos mediante un decreto de necesidad y urgencia, entre en vigencia el nuevo calendario de desembolsos.
 
Las calificaciones de la deuda elaboradas por S&P quedarán, sin embargo, en niveles de extrema vulnerabilidad: CCC para los bonos de largo plazo y CC en los instrumentos de corto que reflejan la creciente vulnerabilidad financiera.
 
El vertiginoso deterioro observado en las reservas, el precio de los bonos, el riesgo país, las tasas de interés y el tipo de cambio, refuerza la imposibilidad de acceder al mercado para cubrir las necesidades de financiamiento externo.
 
La reestructuración de la deuda con bonistas que anunció el Palacio de Hacienda dispuso una modificación en las condiciones de las Letes, Lecaps, Lecer y Lelinks que vencen este año para patear vencimientos por más de 7000 millones de dólares durante los próximos seis meses.
 
"El gobierno argentino extendió unilateralmente los vencimientos de todos los papeles de corto plazo el 28 de agosto. Esto constituye un default bajo nuestro criterio. Estamos rebajando la calificación de riesgo de los bonos locales y extranjeros hasta default selectivo y los ratings de la deuda de corto plazo a default", informó S&P a través de un comunicado difundido en la noche del jueves.
 
La calificadora no ignora el derrumbe financiero pero sostiene que "como las nuevas condiciones de la deuda de corto plazo han ya entraron en vigencia, tenemos previsto elevar el riesgo de la deuda soberana que está en default selectivo el 30 de agosto. Planeamos elevar la calificación de largo plazo a CCC y los ratings de la deuda de corto plazo a C".
 
Desde el Palacio de Hacienda destacaban el jueves por la noche que "lo importante es que el default selectivo estará en vigencia por dos días hasta que entra en vigencia el nuevo cronograma de pagos". Los colaboradores del ministro Lacunza precisaron que "la calificadora Standard and Poor's bajó la calificación de deuda de corto plazo en forma temporaria a default selectivo. Eso significa el incumplimiento parcial de alguna de las condiciones de emisión; en este caso el plazo, no el monto ni los intereses. Y, es selectivo porque se considera que el emisor continuará honrando el resto de sus compromisos".
 
La brevedad del default sentenciado por S&P no implica que los riesgos hayan sido despejados. La evaluación de la deuda argentina realizada por la firma estadounidense quedará un escalón más abajo del que comenzó la semana.
 
"Rebajar los ratings refleja la agudización del riesgo", indica la calificadora al referirse a la reestructuración propuesta por el Gobierno para los títulos de mediano plazo emitidos en moneda local y los bonos regidos por la legislación extranjera.
 
"La creciente vulnerabilidad del perfil crediticio de la Argentina se derivan en un escenario financiero que se deteriora rápidamente, la ausencia de confianza en los mercados de las políticas del próximo gobierno y la incapacidad para renovar la deuda de corto plazo con el sector privado", indica la evaluación de la calificadora al apuntar advertir sobre el creciente stress sobre los vencimientos que imponen la devaluación, la aceleración inflacionaria y la profundización de la recesión.
 
La empresa junto a su competidora Fitch ya había rebajado la nota de la deuda argentina tras la debacle que siguió al resultado de las elecciones primarias.
 
La última vez que S&P declaró a la deuda en default selectivo fue en 2014 cuando una decisión judicial solicitada por los fondos buitre impidió que los pagos realizados por Argentina llegaran a los acreedores.
 
Las calificadoras de riesgo comenzaron a mejorar su evaluación de la economía local cuando el gobierno alcanzó el oneroso acuerdo con los buitres que abrió el vertiginoso ciclo de endeudamiento. Las notas de las calificadoras promovieron el ingreso de capitales pero el amor se evaporó al ritmo de la fuga de capitales. 
 
Por Tomás Lukin
Por Raúl Dellatorre
 
Fuente: Página12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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