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Nacionales - 29-08-2019 / 09:08
NO PAGA LA DEUDA PÚBLICA, PROPONE EXTENDER LOS PLAZOS Y SE CAYÓ EL ACUERDO CON EL FMI

Macri se despide del gobierno declarando el default de la deuda

Macri se despide del gobierno declarando el default de la deuda
En el transcurso de la agónica transición, abierta tras el hundimiento electoral de Cambiemos en las PASO, la desastrosa economía macrista termina en default. El 28 de agosto de 2019 pasará a ser el día en que Mauricio Macri reconoció que, después de liderar el mayor ciclo de endeudamiento de la historia argentina, no puede cumplir con los vencimientos de capital e intereses en las condiciones pactadas.
En el transcurso de la agónica transición, abierta tras el hundimiento electoral de Cambiemos en las PASO, la desastrosa economía macrista termina en default. El 28 de agosto de 2019 pasará a ser el día en que Mauricio Macri reconoció que, después de liderar el mayor ciclo de endeudamiento de la historia argentina, no puede cumplir con los vencimientos de capital e intereses en las condiciones pactadas.
 
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, informó que habrá una reestructuración amplia de los vencimientos de corto y largo plazo, incluyendo el préstamo del Fondo Monetario Internacional. O sea, casi toda la deuda pública hoy está en default y sin acuerdo con el FMI.
 
El estrepitoso colapso del plan neoliberal y la mega devaluación macrista arrojó a la economía a un escenario de imposibilidad de pagar la deuda. Es impactante la caída. Macri recibió una economía desendeuda, con muy buenos indicadores de solvencia y sustentabilidad, para entregarla en default. Y lo hizo en dos años.
 
El ciclo de endeudamiento macrista ha sido tan desaforado que incluyó la emisión disparatada de un bono a 100 años. Recibió además un crédito stand by récord de 57 mil millones de dólares del FMI. Pudo sobrevivir desde abril del año pasado por el descomunal préstamo del FMI, avalado por los Estados Unidos de Donald Trump. Pero esos dólares se dilapidaron pagando la fuga de capitales.
 
El anuncio de Lacunza busca evitar un default descontrolado. Lo que hizo fue reconocer que impulsa una cesación de pagos ordenada. El Ministro afirmó que el problema de la deuda es de liquidez, es decir que faltan dólares, y no de solvencia. No es así. No alcanzan los dólares y el macrismo lanzó a la economía a la insolvencia.
 
El indicador que expone esa vulnerabilidad es la relación Deuda/PIB. Lo recibió con la cifra de 37,6% y a lo largo de estos casi cuatro años lo fue empeorando, hasta superar ahora el 100%. O sea, el total de la deuda del sector público es equivalente al Producto Bruto. Y con un horizonte inmediato de una mayor caída.
 
El mensaje de la misión del Fondo, cuando dejó trascender que no hay un poder político establecido para negociar, fue que en las actuales condiciones no puede haber otro desembolso del organismo. El interrogante acerca de qué iba a hacer el FMI tuvo de ese modo respuesta. Lo que siguió fue la declaración del default.
 
Semejante fracaso en la administración de las finanzas públicas no puede disimularse con desvaríos políticos acerca de los resultados de las elecciones. Y son las grandes mayorías populares las que siguen sufriendo las consecuencias de la devaluación por caída del poder de compra, de la inflación y del ajuste dictado por el FMI que suman incertidumbre al panorama actual, plagado de fantasmas del 2001.
 
La Opinión Popular

 
DEL FRACASO PERMANENTE A LA REESTRUCTURACIÓN
 
El Gobierno busca renegociar la mayor parte de la deuda
 
El Gobierno anunció una reestructuración de la deuda con bonistas para contener la corrida financiera que arrasa con las reservas internacionales. La propuesta de emergencia prevé comenzar a renegociar el crédito solicitado al Fondo Monetario Internacional con el objetivo de extender el plazo de devolución.
 
El organismo todavía debe confirmar el próximo desembolso previsto en el acuerdo. Ayer se limitó a informar que sus representantes regresaron a Estados Unidos y emitió un esquivo comunicado.
 
Acorralado por un escenario de creciente vulnerabilidad financiera que fue montado a lo largo de la gestión de Mauricio Macri, el Palacio de Hacienda dispuso la modificación unilateral en las condiciones de los instrumentos de deuda de cortísimo plazo que vencen este año para patear pagos por más de 11.000 millones de dólares durante seis meses.
 
El presidente Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para implementar los cambios forzosos en las distintas familias de letras emitidas que entrará en vigencia el viernes, cuando se publique en el Boletín Oficial.
 
El flamante ministro Hernán Lacunza presentó la medidas como un intento de aliviar la mochila de la deuda que heredará el próximo gobierno, pero las herramientas propuestas exponen las renovadas dificultades que enfrenta para hacer frente a los vencimientos de la deuda y las renovadas presiones cambiarias.
 
La propuesta que presentará el Gobierno a los acreedores con títulos argentinos emitidos con plazos de hasta 10 años consiste en postergar los plazos de devolución. Las complejas operaciones contemplan bonos en pesos, dólares, euros, yenes y francos suizos por una suma equivalente a 50.000 millones de dólares.
 
Introducir los cambios a los bonos regidos con la legislación argentina requiere la autorización del Congreso. El intento con los tenedores de títulos emitidos bajo ley extranjera exige lograr elevados niveles de adhesión en potenciales asambleas de inversores alrededor del mundo que serán organizadas por bancos internacionales.
 
Anunciadas tras una nueva frenética jornada financiera, las medidas representan un nuevo intento por amortiguar el derrape económico que se aceleró con la contundente derrota del oficialismo en las elecciones primarias. "En estos momentos de tensión financiera y cambiaria el objetivo es que no suban más el dólar ni la inflación. La estabilidad es un objetivo irrenunciable", aseveró Lacunza al iniciar la conferencia de prensa.
 
Luego lanzó un mensaje político a la oposición, a la que el Gobierno busca responsabilizar por su fracaso económico: "Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, pero no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos. Gane quien gane no podemos dejarlo sin herramientas", sostuvo.
 
"Tenemos que poder acordar una campana protectora sobre el sistema financiero. A río revuelto nadie gana más que los especuladores. Hace falta despegar las dudas sobre la capacidad de pago argentina este año y en el próximo período persidencial", indicó el funcionario, que leyó su discurso acompañado por sus principales colaboradores.
 
El intento para despejar el riesgo de default consiste en cuatro medidas: 1) postergar a lo largo de un período de seis meses los vencimientos de los títulos de corto plazo -Letes, Lecaps, Lelinks y Lecer- para los tenedores institucionales; 2) enviar al Congreso un proyecto para habilitar la extensión voluntaria en los plazos de pago de los bonos regidos por la legislación argentina; 3) iniciar el recorrido para modificar los tiempos previstos en los bonos emitidos con legislación extranjera; y, 4) iniciar la renegociación del acuerdo con el FMI para prolongar la cancelación del acuerdo.
 
"No es un default, no se violará ningún contrato. Tampoco es una reestructuración. Estamos extiendo plazos, sin quita y se mantienen los intereses. Proponemos reperfilar los vencimientos de la deuda", enfatizaban ayer fuentes oficiales.
 
Las crecientes dificultades para que los tenedores renueven sus papeles forzaron a declarar desiertas las últimas dos licitaciones. En otras palabras, los inversores decidieron cobrar y comprar dólares. Con ese diagnóstico, la medida que destinada a restar presiones inmediatas será compulsiva.
 
Desde el Palacio de Hacienda indicaron que los papeles alcanzados suman el equivalente a 13.000 millones de dólares. Los inversores institucionales como bancos y aseguradoras cobrarán los 11.000 millones de dólares que vencen en los próximos meses en tres tramos: 15 por ciento al momento del vencimiento, 25 por ciento a los tres meses y el 60 por ciento restante dentro de seis meses.
 
La reducida porción que está en manos de pequeños ahorristas, alrededor de 1900 millones de dólares, será cancelada al momento del vencimiento. Para evitar beneficiar a inversores carroñeros que compraron esos papeles a precio de remate en las últimas semanas solo podrán acceder al pago completo quienes tengan los papeles en su poder desde el 31 de julio.
 
Con los bonos, la pretensión oficial es modificar los plazos de pago de 30.000 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera y una suma equivalente a 20.000 millones de dólares en títulos regidos por ley argentina. Los papeles comprendidos son aquellos que fueron emitidos a 10 años de plazo. La operación excluye, por ejemplo, el oneroso bono a 100 años y los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.
 
La extensión de los plazos de pago en los instrumentos dominados por las leyes locales requiere antes del visto bueno del Congreso, que habilitará al Palacio de Hacienda a negociar cambios con los tenedores. Para avanzar con los instrumentos regidos por legislación extranjera se recibirán propuestas de bancos internacionales que deberán llamar a asambleas de tenedores.
 
Extender los plazos exige alcanzar los parámetros establecidos en las cláusulas de acción colectiva: el visto bueno del 75 por ciento de los tenedores de cada título o el 66 por ciento de cada familia de bonos siempre y cuando logre un piso del 50 por ciento en todos los papeles. Es improbable que el recorrido anunciado ayer, reconocen los funcionarios a cargo, se concrete antes de las elecciones.
 
Por Tomás Lukin
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: Página12
 

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Macri se despide del gobierno declarando el default de la deuda
Default: Aunque no es necesario, el Gobierno ahora quiere que la oposición vote el endeudamiento en el Congreso. Cuando pidieron el préstamo, ningunearon a la oposición. Ahora los quieren obligar a hundirse con ellos.
24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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