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Nacionales - 29-08-2019 / 09:08
NO PAGA LA DEUDA PÚBLICA, PROPONE EXTENDER LOS PLAZOS Y SE CAYÓ EL ACUERDO CON EL FMI

Macri se despide del gobierno declarando el default de la deuda

Macri se despide del gobierno declarando el default de la deuda
En el transcurso de la agónica transición, abierta tras el hundimiento electoral de Cambiemos en las PASO, la desastrosa economía macrista termina en default. El 28 de agosto de 2019 pasará a ser el día en que Mauricio Macri reconoció que, después de liderar el mayor ciclo de endeudamiento de la historia argentina, no puede cumplir con los vencimientos de capital e intereses en las condiciones pactadas.
En el transcurso de la agónica transición, abierta tras el hundimiento electoral de Cambiemos en las PASO, la desastrosa economía macrista termina en default. El 28 de agosto de 2019 pasará a ser el día en que Mauricio Macri reconoció que, después de liderar el mayor ciclo de endeudamiento de la historia argentina, no puede cumplir con los vencimientos de capital e intereses en las condiciones pactadas.
 
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, informó que habrá una reestructuración amplia de los vencimientos de corto y largo plazo, incluyendo el préstamo del Fondo Monetario Internacional. O sea, casi toda la deuda pública hoy está en default y sin acuerdo con el FMI.
 
El estrepitoso colapso del plan neoliberal y la mega devaluación macrista arrojó a la economía a un escenario de imposibilidad de pagar la deuda. Es impactante la caída. Macri recibió una economía desendeuda, con muy buenos indicadores de solvencia y sustentabilidad, para entregarla en default. Y lo hizo en dos años.
 
El ciclo de endeudamiento macrista ha sido tan desaforado que incluyó la emisión disparatada de un bono a 100 años. Recibió además un crédito stand by récord de 57 mil millones de dólares del FMI. Pudo sobrevivir desde abril del año pasado por el descomunal préstamo del FMI, avalado por los Estados Unidos de Donald Trump. Pero esos dólares se dilapidaron pagando la fuga de capitales.
 
El anuncio de Lacunza busca evitar un default descontrolado. Lo que hizo fue reconocer que impulsa una cesación de pagos ordenada. El Ministro afirmó que el problema de la deuda es de liquidez, es decir que faltan dólares, y no de solvencia. No es así. No alcanzan los dólares y el macrismo lanzó a la economía a la insolvencia.
 
El indicador que expone esa vulnerabilidad es la relación Deuda/PIB. Lo recibió con la cifra de 37,6% y a lo largo de estos casi cuatro años lo fue empeorando, hasta superar ahora el 100%. O sea, el total de la deuda del sector público es equivalente al Producto Bruto. Y con un horizonte inmediato de una mayor caída.
 
El mensaje de la misión del Fondo, cuando dejó trascender que no hay un poder político establecido para negociar, fue que en las actuales condiciones no puede haber otro desembolso del organismo. El interrogante acerca de qué iba a hacer el FMI tuvo de ese modo respuesta. Lo que siguió fue la declaración del default.
 
Semejante fracaso en la administración de las finanzas públicas no puede disimularse con desvaríos políticos acerca de los resultados de las elecciones. Y son las grandes mayorías populares las que siguen sufriendo las consecuencias de la devaluación por caída del poder de compra, de la inflación y del ajuste dictado por el FMI que suman incertidumbre al panorama actual, plagado de fantasmas del 2001.
 
La Opinión Popular

 
DEL FRACASO PERMANENTE A LA REESTRUCTURACIÓN
 
El Gobierno busca renegociar la mayor parte de la deuda
 
El Gobierno anunció una reestructuración de la deuda con bonistas para contener la corrida financiera que arrasa con las reservas internacionales. La propuesta de emergencia prevé comenzar a renegociar el crédito solicitado al Fondo Monetario Internacional con el objetivo de extender el plazo de devolución.
 
El organismo todavía debe confirmar el próximo desembolso previsto en el acuerdo. Ayer se limitó a informar que sus representantes regresaron a Estados Unidos y emitió un esquivo comunicado.
 
Acorralado por un escenario de creciente vulnerabilidad financiera que fue montado a lo largo de la gestión de Mauricio Macri, el Palacio de Hacienda dispuso la modificación unilateral en las condiciones de los instrumentos de deuda de cortísimo plazo que vencen este año para patear pagos por más de 11.000 millones de dólares durante seis meses.
 
El presidente Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para implementar los cambios forzosos en las distintas familias de letras emitidas que entrará en vigencia el viernes, cuando se publique en el Boletín Oficial.
 
El flamante ministro Hernán Lacunza presentó la medidas como un intento de aliviar la mochila de la deuda que heredará el próximo gobierno, pero las herramientas propuestas exponen las renovadas dificultades que enfrenta para hacer frente a los vencimientos de la deuda y las renovadas presiones cambiarias.
 
La propuesta que presentará el Gobierno a los acreedores con títulos argentinos emitidos con plazos de hasta 10 años consiste en postergar los plazos de devolución. Las complejas operaciones contemplan bonos en pesos, dólares, euros, yenes y francos suizos por una suma equivalente a 50.000 millones de dólares.
 
Introducir los cambios a los bonos regidos con la legislación argentina requiere la autorización del Congreso. El intento con los tenedores de títulos emitidos bajo ley extranjera exige lograr elevados niveles de adhesión en potenciales asambleas de inversores alrededor del mundo que serán organizadas por bancos internacionales.
 
Anunciadas tras una nueva frenética jornada financiera, las medidas representan un nuevo intento por amortiguar el derrape económico que se aceleró con la contundente derrota del oficialismo en las elecciones primarias. "En estos momentos de tensión financiera y cambiaria el objetivo es que no suban más el dólar ni la inflación. La estabilidad es un objetivo irrenunciable", aseveró Lacunza al iniciar la conferencia de prensa.
 
Luego lanzó un mensaje político a la oposición, a la que el Gobierno busca responsabilizar por su fracaso económico: "Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, pero no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos. Gane quien gane no podemos dejarlo sin herramientas", sostuvo.
 
"Tenemos que poder acordar una campana protectora sobre el sistema financiero. A río revuelto nadie gana más que los especuladores. Hace falta despegar las dudas sobre la capacidad de pago argentina este año y en el próximo período persidencial", indicó el funcionario, que leyó su discurso acompañado por sus principales colaboradores.
 
El intento para despejar el riesgo de default consiste en cuatro medidas: 1) postergar a lo largo de un período de seis meses los vencimientos de los títulos de corto plazo -Letes, Lecaps, Lelinks y Lecer- para los tenedores institucionales; 2) enviar al Congreso un proyecto para habilitar la extensión voluntaria en los plazos de pago de los bonos regidos por la legislación argentina; 3) iniciar el recorrido para modificar los tiempos previstos en los bonos emitidos con legislación extranjera; y, 4) iniciar la renegociación del acuerdo con el FMI para prolongar la cancelación del acuerdo.
 
"No es un default, no se violará ningún contrato. Tampoco es una reestructuración. Estamos extiendo plazos, sin quita y se mantienen los intereses. Proponemos reperfilar los vencimientos de la deuda", enfatizaban ayer fuentes oficiales.
 
Las crecientes dificultades para que los tenedores renueven sus papeles forzaron a declarar desiertas las últimas dos licitaciones. En otras palabras, los inversores decidieron cobrar y comprar dólares. Con ese diagnóstico, la medida que destinada a restar presiones inmediatas será compulsiva.
 
Desde el Palacio de Hacienda indicaron que los papeles alcanzados suman el equivalente a 13.000 millones de dólares. Los inversores institucionales como bancos y aseguradoras cobrarán los 11.000 millones de dólares que vencen en los próximos meses en tres tramos: 15 por ciento al momento del vencimiento, 25 por ciento a los tres meses y el 60 por ciento restante dentro de seis meses.
 
La reducida porción que está en manos de pequeños ahorristas, alrededor de 1900 millones de dólares, será cancelada al momento del vencimiento. Para evitar beneficiar a inversores carroñeros que compraron esos papeles a precio de remate en las últimas semanas solo podrán acceder al pago completo quienes tengan los papeles en su poder desde el 31 de julio.
 
Con los bonos, la pretensión oficial es modificar los plazos de pago de 30.000 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera y una suma equivalente a 20.000 millones de dólares en títulos regidos por ley argentina. Los papeles comprendidos son aquellos que fueron emitidos a 10 años de plazo. La operación excluye, por ejemplo, el oneroso bono a 100 años y los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.
 
La extensión de los plazos de pago en los instrumentos dominados por las leyes locales requiere antes del visto bueno del Congreso, que habilitará al Palacio de Hacienda a negociar cambios con los tenedores. Para avanzar con los instrumentos regidos por legislación extranjera se recibirán propuestas de bancos internacionales que deberán llamar a asambleas de tenedores.
 
Extender los plazos exige alcanzar los parámetros establecidos en las cláusulas de acción colectiva: el visto bueno del 75 por ciento de los tenedores de cada título o el 66 por ciento de cada familia de bonos siempre y cuando logre un piso del 50 por ciento en todos los papeles. Es improbable que el recorrido anunciado ayer, reconocen los funcionarios a cargo, se concrete antes de las elecciones.
 
Por Tomás Lukin
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: Página12
 

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Macri se despide del gobierno declarando el default de la deuda
Default: Aunque no es necesario, el Gobierno ahora quiere que la oposición vote el endeudamiento en el Congreso. Cuando pidieron el préstamo, ningunearon a la oposición. Ahora los quieren obligar a hundirse con ellos.
15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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