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Nacionales - 29-08-2019 / 09:08
NO PAGA LA DEUDA PÚBLICA, PROPONE EXTENDER LOS PLAZOS Y SE CAYÓ EL ACUERDO CON EL FMI

Macri se despide del gobierno declarando el default de la deuda

Macri se despide del gobierno declarando el default de la deuda
En el transcurso de la agónica transición, abierta tras el hundimiento electoral de Cambiemos en las PASO, la desastrosa economía macrista termina en default. El 28 de agosto de 2019 pasará a ser el día en que Mauricio Macri reconoció que, después de liderar el mayor ciclo de endeudamiento de la historia argentina, no puede cumplir con los vencimientos de capital e intereses en las condiciones pactadas.
En el transcurso de la agónica transición, abierta tras el hundimiento electoral de Cambiemos en las PASO, la desastrosa economía macrista termina en default. El 28 de agosto de 2019 pasará a ser el día en que Mauricio Macri reconoció que, después de liderar el mayor ciclo de endeudamiento de la historia argentina, no puede cumplir con los vencimientos de capital e intereses en las condiciones pactadas.
 
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, informó que habrá una reestructuración amplia de los vencimientos de corto y largo plazo, incluyendo el préstamo del Fondo Monetario Internacional. O sea, casi toda la deuda pública hoy está en default y sin acuerdo con el FMI.
 
El estrepitoso colapso del plan neoliberal y la mega devaluación macrista arrojó a la economía a un escenario de imposibilidad de pagar la deuda. Es impactante la caída. Macri recibió una economía desendeuda, con muy buenos indicadores de solvencia y sustentabilidad, para entregarla en default. Y lo hizo en dos años.
 
El ciclo de endeudamiento macrista ha sido tan desaforado que incluyó la emisión disparatada de un bono a 100 años. Recibió además un crédito stand by récord de 57 mil millones de dólares del FMI. Pudo sobrevivir desde abril del año pasado por el descomunal préstamo del FMI, avalado por los Estados Unidos de Donald Trump. Pero esos dólares se dilapidaron pagando la fuga de capitales.
 
El anuncio de Lacunza busca evitar un default descontrolado. Lo que hizo fue reconocer que impulsa una cesación de pagos ordenada. El Ministro afirmó que el problema de la deuda es de liquidez, es decir que faltan dólares, y no de solvencia. No es así. No alcanzan los dólares y el macrismo lanzó a la economía a la insolvencia.
 
El indicador que expone esa vulnerabilidad es la relación Deuda/PIB. Lo recibió con la cifra de 37,6% y a lo largo de estos casi cuatro años lo fue empeorando, hasta superar ahora el 100%. O sea, el total de la deuda del sector público es equivalente al Producto Bruto. Y con un horizonte inmediato de una mayor caída.
 
El mensaje de la misión del Fondo, cuando dejó trascender que no hay un poder político establecido para negociar, fue que en las actuales condiciones no puede haber otro desembolso del organismo. El interrogante acerca de qué iba a hacer el FMI tuvo de ese modo respuesta. Lo que siguió fue la declaración del default.
 
Semejante fracaso en la administración de las finanzas públicas no puede disimularse con desvaríos políticos acerca de los resultados de las elecciones. Y son las grandes mayorías populares las que siguen sufriendo las consecuencias de la devaluación por caída del poder de compra, de la inflación y del ajuste dictado por el FMI que suman incertidumbre al panorama actual, plagado de fantasmas del 2001.
 
La Opinión Popular

 
DEL FRACASO PERMANENTE A LA REESTRUCTURACIÓN
 
El Gobierno busca renegociar la mayor parte de la deuda
 
El Gobierno anunció una reestructuración de la deuda con bonistas para contener la corrida financiera que arrasa con las reservas internacionales. La propuesta de emergencia prevé comenzar a renegociar el crédito solicitado al Fondo Monetario Internacional con el objetivo de extender el plazo de devolución.
 
El organismo todavía debe confirmar el próximo desembolso previsto en el acuerdo. Ayer se limitó a informar que sus representantes regresaron a Estados Unidos y emitió un esquivo comunicado.
 
Acorralado por un escenario de creciente vulnerabilidad financiera que fue montado a lo largo de la gestión de Mauricio Macri, el Palacio de Hacienda dispuso la modificación unilateral en las condiciones de los instrumentos de deuda de cortísimo plazo que vencen este año para patear pagos por más de 11.000 millones de dólares durante seis meses.
 
El presidente Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para implementar los cambios forzosos en las distintas familias de letras emitidas que entrará en vigencia el viernes, cuando se publique en el Boletín Oficial.
 
El flamante ministro Hernán Lacunza presentó la medidas como un intento de aliviar la mochila de la deuda que heredará el próximo gobierno, pero las herramientas propuestas exponen las renovadas dificultades que enfrenta para hacer frente a los vencimientos de la deuda y las renovadas presiones cambiarias.
 
La propuesta que presentará el Gobierno a los acreedores con títulos argentinos emitidos con plazos de hasta 10 años consiste en postergar los plazos de devolución. Las complejas operaciones contemplan bonos en pesos, dólares, euros, yenes y francos suizos por una suma equivalente a 50.000 millones de dólares.
 
Introducir los cambios a los bonos regidos con la legislación argentina requiere la autorización del Congreso. El intento con los tenedores de títulos emitidos bajo ley extranjera exige lograr elevados niveles de adhesión en potenciales asambleas de inversores alrededor del mundo que serán organizadas por bancos internacionales.
 
Anunciadas tras una nueva frenética jornada financiera, las medidas representan un nuevo intento por amortiguar el derrape económico que se aceleró con la contundente derrota del oficialismo en las elecciones primarias. "En estos momentos de tensión financiera y cambiaria el objetivo es que no suban más el dólar ni la inflación. La estabilidad es un objetivo irrenunciable", aseveró Lacunza al iniciar la conferencia de prensa.
 
Luego lanzó un mensaje político a la oposición, a la que el Gobierno busca responsabilizar por su fracaso económico: "Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, pero no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos. Gane quien gane no podemos dejarlo sin herramientas", sostuvo.
 
"Tenemos que poder acordar una campana protectora sobre el sistema financiero. A río revuelto nadie gana más que los especuladores. Hace falta despegar las dudas sobre la capacidad de pago argentina este año y en el próximo período persidencial", indicó el funcionario, que leyó su discurso acompañado por sus principales colaboradores.
 
El intento para despejar el riesgo de default consiste en cuatro medidas: 1) postergar a lo largo de un período de seis meses los vencimientos de los títulos de corto plazo -Letes, Lecaps, Lelinks y Lecer- para los tenedores institucionales; 2) enviar al Congreso un proyecto para habilitar la extensión voluntaria en los plazos de pago de los bonos regidos por la legislación argentina; 3) iniciar el recorrido para modificar los tiempos previstos en los bonos emitidos con legislación extranjera; y, 4) iniciar la renegociación del acuerdo con el FMI para prolongar la cancelación del acuerdo.
 
"No es un default, no se violará ningún contrato. Tampoco es una reestructuración. Estamos extiendo plazos, sin quita y se mantienen los intereses. Proponemos reperfilar los vencimientos de la deuda", enfatizaban ayer fuentes oficiales.
 
Las crecientes dificultades para que los tenedores renueven sus papeles forzaron a declarar desiertas las últimas dos licitaciones. En otras palabras, los inversores decidieron cobrar y comprar dólares. Con ese diagnóstico, la medida que destinada a restar presiones inmediatas será compulsiva.
 
Desde el Palacio de Hacienda indicaron que los papeles alcanzados suman el equivalente a 13.000 millones de dólares. Los inversores institucionales como bancos y aseguradoras cobrarán los 11.000 millones de dólares que vencen en los próximos meses en tres tramos: 15 por ciento al momento del vencimiento, 25 por ciento a los tres meses y el 60 por ciento restante dentro de seis meses.
 
La reducida porción que está en manos de pequeños ahorristas, alrededor de 1900 millones de dólares, será cancelada al momento del vencimiento. Para evitar beneficiar a inversores carroñeros que compraron esos papeles a precio de remate en las últimas semanas solo podrán acceder al pago completo quienes tengan los papeles en su poder desde el 31 de julio.
 
Con los bonos, la pretensión oficial es modificar los plazos de pago de 30.000 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera y una suma equivalente a 20.000 millones de dólares en títulos regidos por ley argentina. Los papeles comprendidos son aquellos que fueron emitidos a 10 años de plazo. La operación excluye, por ejemplo, el oneroso bono a 100 años y los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.
 
La extensión de los plazos de pago en los instrumentos dominados por las leyes locales requiere antes del visto bueno del Congreso, que habilitará al Palacio de Hacienda a negociar cambios con los tenedores. Para avanzar con los instrumentos regidos por legislación extranjera se recibirán propuestas de bancos internacionales que deberán llamar a asambleas de tenedores.
 
Extender los plazos exige alcanzar los parámetros establecidos en las cláusulas de acción colectiva: el visto bueno del 75 por ciento de los tenedores de cada título o el 66 por ciento de cada familia de bonos siempre y cuando logre un piso del 50 por ciento en todos los papeles. Es improbable que el recorrido anunciado ayer, reconocen los funcionarios a cargo, se concrete antes de las elecciones.
 
Por Tomás Lukin
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: Página12
 

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Macri se despide del gobierno declarando el default de la deuda
Default: Aunque no es necesario, el Gobierno ahora quiere que la oposición vote el endeudamiento en el Congreso. Cuando pidieron el préstamo, ningunearon a la oposición. Ahora los quieren obligar a hundirse con ellos.
17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
La Opinión Popular
 

14-02-2026 / 10:02
Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.
 
La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.
 
1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.
 
Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".
 
2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.
 
3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.
 
4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?
 
5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.
 
6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?
 
7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?
 
8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?
 

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