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Paraná - 28-08-2019 / 11:08
PRETENDE ZAFAR CON UNA MEDIACIÓN Y APELÓ LA DECISIÓN DEL JUEZ RUHL EN LA CAUSA

Sergio Varisco no quiere ir a juicio por el hurto de luz

Sergio Varisco no quiere ir a juicio por el hurto de luz
El abogado del intendente Sergio Varisco y de la concejal Claudia Acevedo, Miguel Cullen, presentó este martes una apelación a la decisión del juez José Eduardo Ruhl, que el jueves último rechazó habilitar la vía de mediación penal para evitar el juicio por la causa de hurto de energía.
 
El abogado del intendente Sergio Varisco y de la concejal Claudia Acevedo, Miguel Cullen, presentó este martes una apelación a la decisión del juez José Eduardo Ruhl, que el jueves último rechazó habilitar la vía de mediación penal para evitar el juicio por la causa de hurto de energía.
 
La investigación penal fue abierta en abril, a raíz de una denuncia de la distribuidora Energía Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) por una conexión clandestina en la vivienda que habitan Varisco y Acevedo en calle Echagüe de la capital entrerriana.
 
Ruhl rechazó el pedido de Cullen para que el asunto se resuelva a través de una mediación penal con Enersa. El letrado había avalado su petición con un informe de Rodrigo Juárez, titular de la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial, en el que señala que la mediación debe ser el camino para causas de escasa significación y para evitar el gasto en política criminal.
 
La fiscal de la causa, Patricia Yedro, se opuso al planteo y adelantó al juez que el expediente será incorporado a la causa por la supuesta comisión de delitos por parte del intendente en la tramitación de un adelanto financiero a la Mutual Modelo. Además, sostuvo Yedro que no existe un trato discriminatorio hacia Varisco y Acevedo, sino que se está ante un delito de acción pública y que el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de hacer la investigación penal.
 
 
La apelación
  
"La apelación se presentó porque entiendo que con esta decisión de la Justicia se está privando a Varisco y a Acevedo de un trato igualitario ante la ley. El juez y la fiscal reconocieron que casi la totalidad de estas causas originadas por denuncia de Enersa por conexiones irregulares se resuelven en la mediación. Si ya se eliminó el conflicto, si ya Varisco y Acevedo pagaron la deuda que determinó Enersa, sostenemos que deber aplicarse el mismo criterio que se aplica a cualquier ciudadano. De otro modo, estamos generando una situación de desigualdad netamente discriminatoria", manifestó Cullen.
 
Y recordó que en la audiencia del jueves 22 la Fiscalía rehusó ir al camino de la mediación por cuanto entendió que existía un deber ético que amerita llevar a juicio a Varisco y a Acevedo por la función pública que ocupan.
 
"Discrepamos con eso -aseguró el letrado-. No se trata de un delito en ejercicio de la función pública. Se trata de una causa absolutamente menor que no tiene ningún impedimento para poder resolverla por la vía de la mediación penal. Esto debió llevarse a mediación y no poner en funcionamiento toda la maquinaria judicial. A nuestro entender, la decisión de llevar esta causa a juicio implica un quebrantamiento de la Constitución porque no hay trato igualitario".
 
Por eso, decidió apelar lo resuelto por el juez Ruhl. "Si rechazan esa apelación, iremos en queja", adelantó.
 
Cullen destacó dos elementos: que todas las denuncias que efectúa Enersa por robo de energía se realizan con la certeza de que ninguna llega a juicio sino que se resuelven en una instancia de mediación penal. Y recordó que en abril se presentó un pedido de mediación penal, luego de haberse resuelto el conflicto con el pago de la deuda que estableció la distribuidora de energía. Pero ante ese pedido, "no tuvo ningún tipo de respuesta desde la Fiscalía. Y la respuesta fue el pedido de elevación a juicio. Ante eso -indició- pedí la suspensión de los plazos".
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 
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Ayer por la mañana, en Paraná, comenzó la primera audiencia del juicio oral por presunto financiamiento de una banda dedicada al narcotráfico que se sigue al intendente local, Sergio Varisco, una ex policía, un concejal y otros 31 imputados.
 
Antes del inicio de la jornada, el fiscal José Candiotti aseguró que hay "prueba irrefutable de la actividad que se desarrollaba" con anuencia y participación de funcionarios municipales, y que de acuerdo con la acusación incluía un pacto con un proveedor de droga para financiar y facilitar la venta en Paraná, Concordia y Ciudad de Buenos Aires.
 
Entre esas actividades acreditadas, recordó el fiscal, se encuentra "la llegada de una avioneta con un cargamento de más de 300 kilos de estupefacientes" para cuyos aterrizaje "hasta hubo que alquilar campos para la pista clandestina". El detalle de la prueba incluye, también, dinero, seguimientos, cateos y escuchas telefónicas.
 
Varisco, que insólitamente sigue en su puesto de intendente, llegó a los tribunales al mediodía, en medio de un despliegue de policías y gendarmes. Al ingresar al edificio donde funciona el Tribunal Oral Federal (TOF), el funcionario aseguró que se siente "muy tranquilo de mi pasado, presente y futuro". Poco antes, por redes sociales, había señalado que la jornada era "clave" para su carrera política. "El intendente que votaron es un hombre inocente", remató.
 
A media mañana declaró la ex policía y subsecretaria de Seguridad municipal Griselda Bordeira, considerada por la acusación como "adquiriente colaboradora" en el esquema ilícito. Entre los imputados también se encuentra Daniel "Tavi" Celis, señalado como líder de la organización y cuya pareja, Luciana Lemos, también declaró ante el tribunal, al que llegó como autora del cuaderno con anotaciones detalladas de las operaciones que vinculaban a políticos y tráfico de drogas.
 
En el juicio se unificaron dos causas: una por el hallazgo de estupefacientes en una avioneta; la otra por la utilización de fondos, infraestructura y camiones de la Municipalidad de Paraná para la distribución de cocaína en Entre Ríos y otras provincias. Los hechos delictivos en la comuna comenzaron con la asunción de Varisco como intendente, en diciembre de 2015.
 
En el texto de la elevación a juicio, el juez federal Leandro Ríos acusó a Varisco de haber hecho "un acuerdo" con Celis para comercializar estupefacientes. Varisco, Bordeira y el concejal Pablo Hernández están procesados por "financiamiento, comercialización y adquisición de material estupefaciente". El intendente está acusado también de "peculado".
 
Según la acusación, Varisco "se comprometió a entregar $50.000 mensuales para financiar el comercio de estupefacientes". Como parte del acuerdo, Celis y Varisco, "comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada".
 
La Opinión Popular

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