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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 24-08-2019 / 10:08
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Una crisis que el macrismo no acierta a resolver

Una crisis que el macrismo no acierta a resolver
Las cifras de las PASO retiraron el poder al que tiene el gobierno y le dieron poder al que no tiene el gobierno. Es una ecuación de suma cero a la que se agrega la imposibilidad de Macri para frenar la crisis. Las medidas que lanzó van a contrapelo de su pensamiento y del modelo de país que quiso instalar. Fuera del contexto de un modelo de país que sea coherente con ellas, esas medidas no tienen destino.
Las PASO no definían nada porque todas las listas se habían puesto de acuerdo en sus candidatos principales. Pero la diferencia fue tan inesperada e indiscutible que de la nada se convirtieron en el principio del fin para el gobierno de Cambiemos. Y no surgen hasta ahora síntomas de que se pudiera revertir el resultado.
 
Por el contrario, las encuestas post Paso aumentan la diferencia de la dupla de Alberto Fernández y Cristina sobre Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. El Frente de Todos ya estaría cerca de los 53 puntos. Y el escrutinio definitivo amplía la ventaja del Frente de Todos en casi un punto, de 15 a 16.
 
Las derrotas electorales tienen efecto centrífugo. Cuando Daniel Scioli perdió por dos puntos en 2015, al toque hubo rupturas en los bloques legislativos y alejamientos de gobernadores que querían libertad para negociar con el nuevo gobierno. Ese fenómeno es síntoma de derrota. Tras las PASO, los radicales pidieron que Marcos Peña no intervenga en sus campañas. No quieren cargar con Macri.
 
En la misma línea, Vidal dijo el jueves a los candidatos a diputados por el distrito bonaerense que es "necesario provincializar la elección". Pero no le será fácil ocultar al Presidente. Macri tiene que hacer campaña. No se resigna. El miércoles reunió a Vidal, los radicales y Horacio Rodríguez Larreta en un almuerzo para la foto.
 
El peso de la crisis detonó en plena campaña. Como en el judo, Macri trató de cambiar el signo negativo de ese peso involucrando a Alberto Fernández con el abrazo del oso. En una semana lo llamó dos veces por teléfono para mostrar hacia la sociedad una actuación de conjunto que no existe.
 
El candidato opositor no quiso romper su imagen de dialoguista, pero al mismo tiempo aclaró que en las PASO lo habían votado para ser opositor y por lo tanto no habría cogobierno. Macri insistió con otra munición de pólvora mojada y quiso darle más protagonismo a Cristina. Ella no recogió el guante envenenado y la estrategia murió antes de empezar. Los trolls de Peña hablan del "Albertítere de la Porota".
 
Como carambola de billar, las cifras de las PASO retiraron el poder al que tiene el gobierno y le dieron poder al que no tiene el gobierno. Es una ecuación de suma cero a la que se agrega la imposibilidad de Macri para frenar la crisis. Las medidas que lanzó van a contrapelo de su pensamiento y del modelo de país que quiso instalar. Fuera del contexto de un modelo de país que sea coherente con ellas, esas medidas no tienen destino.
 
Más que soluciones, para Macri fueron una forma de derivar el peso de la crisis hacia las provincias, porque el IVA es un impuesto coparticipable. Les retira fondos a las provincias. Y además, en medio de una inflación irrefrenable es difícil controlar que esa diferencia no se quede en la cadena de comercialización y llegue a los precios. Los gobernadores plantearon sus críticas.
 
La congelación de las naftas también provocó la protesta de las provincias petroleras así como de las empresas, que pasaron rápidamente el malestar a los sindicatos. Con un modelo de país diferente al de la ley de la selva en la economía, hay salidas de una crisis que el macrismo no atina a resolver y sólo busca desviar su responsabilidad hacía otros.

 
El humo de la Amazonia en llamas llegó a la Argentina, decenas de miles de migrantes africanos mueren ahogados en el Mediterráneo ante las puertas de una Europa que destruyó África.
 
Y México contabiliza más de 200 mil víctimas de la guerra por drogas que se consumen en Estados Unidos, país que depredó las economías centroamericanas y ahora reprime la llegada de miles de centroamericanos desesperados que son apresados o mueren en la frontera de México con Estados Unidos.
 
Es el escenario mundial apocalíptico provocado por la globalización neoliberal que en la Argentina representa el gobierno de Mauricio Macri.
 
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, --que habilitó la depredación industrial de la selva pulmón del planeta-- acusó a los defensores del medio ambiente de haber iniciado el fuego. Bolsonaro imitó así la política del macrismo de acusar a los demás por lo que es su única responsabilidad.
 
En Argentina el efecto de esa plaga mundial ha sido la exaltación de un signo violento en relaciones sociales atravesadas por la desesperación de la falta de trabajo y el crecimiento exponencial de la indigencia y la pobreza.
 
Con unos días de diferencia un policía mató un transeúnte de una patada y los guardias de un supermercado mataron a golpes a un jubilado senil que sustrajo una botella de aceite y dos chocolates.
 
La violencia institucional no es novedad en este país moldeado en una era de dictaduras y autoritarismo. La diferencia esta vez es que el gobierno de Cambiemos --en vez de castigar, tomar medidas preventivas o simplemente criticar los hechos-- alentó el uso de la violencia sin control de las fuerzas de seguridad, destacó hechos de justicia por mano propia y llegó a promover la libre portación de armas en la sociedad civil.
 
El urnazo de las PASO representó la rebelión y el triunfo de la realidad sobre el escenario virtual con que los medios oficialistas protegían al gobierno de Mauricio Macri. Este fenómeno marcó un límite al que el poder mediático ultra concentrado le resulta difícil sobrepasar sin caer en el despeñadero de la pérdida de credibilidad. La diferencia de 16 puntos en la votación rompió también los mecanismos identitarios del discurso mediático.
 
Se produjo así el retorno de muchas familias a la televisión abierta, atraídos por el nuevo reality de observar la forma como conspicuos analistas y operadores del gobierno, como Leuco, Majul o Lanata se complican para lamentarse, darse vuelta o justificarse.
 
El urnazo que repercutió en los medios también produjo un fuerte remezón en el ámbito de los tribunales donde ya se habla de la jubilación o retiro de los jueces y fiscales del fuero federal que han tenido más protagonismo en la persecución judicial al kirchnerismo.
 
Si se confirman estas jubilaciones el futuro gobierno encontrará vacantes juzgados federales estratégicos y prácticamente todas esas causas quedarán en el aire.
 
Son versiones que circulan en los Tribunales respaldadas en algunos fallos recientes como el que anuló los procesamientos en la causa por coimas en el soterramiento del Sarmiento al ex ministro Julio De Vido y otros ex funcionarios kirchneristas y puso la mira sobre los empresarios, entre ellos, Angelo Calcaterra, el primo de Macri.
 
Al mismo tiempo la Cámara Federal rechazó el pedido de cerrar la investigación sobre el ministro Oscar Aguad y otros funcionarios macristas por la deuda del Grupo Macri con el Estado por el Correo.
 
Las PASO produjeron una onda expansiva que derribó no sólo las estrategias de campaña sino también el relato de guerra judicial y periodismo de guerra que sostenía al gobierno.
 
La ideología del neoliberalismo se resume en el cuerpo sin vida de Jorge Martin Gómez, derrumbado en la calle por una patada de karate en el pecho y en el cadáver del jubilado con los chocolates en la mano en la puerta del supermercado.
 
Se muere a golpes por nada, por estar borracho o por estar senil. Son muertes incongruentes, sacrificios en el altar de una ideología que necesita la violencia como razón para permanecer. Necesita esa razón de violencia de pobres contra pobres.
 
La Amazonia genera el 20 por ciento del oxígeno del planeta. Hay leyes que ponen límites a la explotación de esa inmensa reserva de biodiversidad. A principios de año, acompañado por Donald Trump, Bolsonaro dijo que "ansiaba explotar las riquezas de la Amazonia en conjunto con Estados Unidos".
 
La catástrofe de la Amazonia bajo el gobierno de Bolsonaro se convierte en un símbolo de la avaricia desenfrenada de un neoliberalismo que incendia a la humanidad.
 
Macri no representa la inserción en el mundo sino que simboliza ese mundo descarnado que produce olas de migración masivas y desesperadas que van del Sur saqueado y empobrecido hacia la opulencia del Norte. Un mundo de desigualdades indignas y guerras sangrientas. El desastre en la Amazonia será la marca de una época.
 
El neoliberalismo establece la ley malthusiana de sobrevivencia del más fuerte. Un rumbo sin destino para el mundo que prende fuego a sus pulmones por un negocio que nunca podrá concretar después de inmolarse.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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