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Entre Ríos - 22-08-2019 / 16:08

El costo de las medidas electoralistas de Macri lo pagan la Provincia y los Municipios, afirmó Gustavo Zavallo

El costo de las medidas electoralistas de Macri lo pagan la Provincia y los Municipios, afirmó Gustavo Zavallo
El diputado provincial, Gustavo “Tavy” Zavallo (foto), presentó este jueves un proyecto de Resolución -con coautoría de los diputados Juan Reynaldo Navarro y Diego Lara-, por el cual remarca la “profunda preocupación por las recientes medidas económicas del Gobierno Nacional”. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
El diputado provincial, Gustavo "Tavy" Zavallo, presentó este jueves un proyecto de Resolución -con coautoría de los diputados Juan Reynaldo Navarro y Diego Lara-, por el cual remarca, por un lado, la "profunda preocupación por las recientes medidas económicas del Gobierno Nacional, las que impactan negativamente en las arcas del tesoro provincial y de los municipios entrerrianos, afectando severamente las finanzas públicas."; y por el otro, encomienda al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de la Fiscalía de Estado, "a ejercer todas las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan, tendientes a reclamar ante los organismos y Tribunales".
 

 
Al respecto, Zavallo destacó que la acción del Gobierno Nacional "no es otra cosa que medidas meramente electoralistas que pagaremos los entrerrianos, obligando al Gobierno Provincial a asumir un costo fiscal de 1.600 millones de pesos y, peor aún, los municipios entrerrianos que perderán un total aproximado de 250 millones hasta diciembre, por lo menos, repercutiendo en la calidad de servicios y asistencia social a la ciudadanía".
 
El proyecto presentado aclara que "lejos de que estas medidas redunden en beneficios para los trabajadores, creemos que el costo que nuestra provincia asumirá irá en detrimento del bolsillo de los entrerrianos, debiendo asumir la necesidad de compensar con medidas extraordinarias la disminución de los fondos coparticipables".
 
"Esta medida unilateral e inconsulta del Gobierno Nacional violenta los criterios objetivos y equitativos de la distribución de los fondos y el reparto de estos, en su vinculación directa con las competencias, servicios y funciones que cada jurisdicción tiene a su cargo. Además, entendemos que no hay criterio de justicia distributiva alguna que sea racionalmente plausible cuando se produce una apropiación de fondos de las provincias.
 
De esta manera, "es vital que el Estado Provincial accione de manera urgente ante la Corte Suprema, advirtiendo sobre el riesgo que conlleva tomar este tipo de medidas inconstitucionales, las cuales repercutirán de manera muy negativa en el bolsillo de los ciudadanos".
 

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La reforma en el sistema de desayunos y meriendas escolares impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio sumó un contundente rechazo desde la propia memoria institucional de la provincia. La exsenadora nacional y expresidenta del Consejo General de Educación (CGE), Graciela Bar, destrozó el nuevo esquema al tildarlo de «preocupante» y asegurar tajantemente que «no es una buena medida». Bar denunció que el gobierno pretende homogeneizar la alimentación de la infancia entrerriana imponiendo una dieta empobrecida y rígida a base de «galletitas y bizcochuelos», eliminando la diversidad de insumos frescos como frutas, yogures y dulces que requiere la salud en la etapa de crecimiento.
 
La exfuncionaria enfatizó que el Ejecutivo provincial utilizó fallas aisladas en un reducido grupo de escuelas como pretexto para imponer una sanción colectiva e inconsulta. Remarcó con dureza que «no por eso podemos tomar una medida tan general perjudicando no solo el tipo de alimentación que se otorgaba en las escuelas, sino también al comercio local», al tiempo que cuestionó la falta de sensibilidad oficial por haber avanzado a espaldas de la comunidad educativa y sin convocar ni consultar al Colegio de Nutricionistas.
 
Asimismo, la extitular del CGE alertó sobre el impacto socioeconómico que significa desmantelar el circuito de compras de cercanía que sostenía a pequeños almaceneros, verduleros y proveedores locales en cada pueblo. En un contexto atravesado por una severa crisis donde «la cantidad de negocios que se han cerrado es grande» en ciudades como Paraná o Victoria, privar al comercio de barrio del abastecimiento escolar representa una doble embestida del gobierno: la degradación del plato de comida de los estudiantes y la asfixia económica directa al tejido productivo provincial.
 

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