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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 22-08-2019 / 16:08

El costo de las medidas electoralistas de Macri lo pagan la Provincia y los Municipios, afirmó Gustavo Zavallo

El diputado provincial, Gustavo “Tavy” Zavallo (foto), presentó este jueves un proyecto de Resolución -con coautoría de los diputados Juan Reynaldo Navarro y Diego Lara-, por el cual remarca la “profunda preocupación por las recientes medidas económicas del Gobierno Nacional”. Foto: Blas García para La Opinión Popular

El diputado provincial, Gustavo "Tavy" Zavallo, presentó este jueves un proyecto de Resolución -con coautoría de los diputados Juan Reynaldo Navarro y Diego Lara-, por el cual remarca, por un lado, la "profunda preocupación por las recientes medidas económicas del Gobierno Nacional, las que impactan negativamente en las arcas del tesoro provincial y de los municipios entrerrianos, afectando severamente las finanzas públicas."; y por el otro, encomienda al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de la Fiscalía de Estado, "a ejercer todas las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan, tendientes a reclamar ante los organismos y Tribunales".

Al respecto, Zavallo destacó que la acción del Gobierno Nacional "no es otra cosa que medidas meramente electoralistas que pagaremos los entrerrianos, obligando al Gobierno Provincial a asumir un costo fiscal de 1.600 millones de pesos y, peor aún, los municipios entrerrianos que perderán un total aproximado de 250 millones hasta diciembre, por lo menos, repercutiendo en la calidad de servicios y asistencia social a la ciudadanía".

El proyecto presentado aclara que "lejos de que estas medidas redunden en beneficios para los trabajadores, creemos que el costo que nuestra provincia asumirá irá en detrimento del bolsillo de los entrerrianos, debiendo asumir la necesidad de compensar con medidas extraordinarias la disminución de los fondos coparticipables".

"Esta medida unilateral e inconsulta del Gobierno Nacional violenta los criterios objetivos y equitativos de la distribución de los fondos y el reparto de estos, en su vinculación directa con las competencias, servicios y funciones que cada jurisdicción tiene a su cargo. Además, entendemos que no hay criterio de justicia distributiva alguna que sea racionalmente plausible cuando se produce una apropiación de fondos de las provincias.

De esta manera, "es vital que el Estado Provincial accione de manera urgente ante la Corte Suprema, advirtiendo sobre el riesgo que conlleva tomar este tipo de medidas inconstitucionales, las cuales repercutirán de manera muy negativa en el bolsillo de los ciudadanos".

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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