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Nacionales - 07-08-2019 / 09:08
EL FRENTE DE TODOS PRESENTA UN RECURSO EN LA JUSTICIA ELECTORAL

La oposición denuncia el "riesgo de la manipulación" de las PASO por parte de Cambiemos

La oposición denuncia el
Ante la falta de transparencia en el cambio del sistema de recuento provisorio en las próximas elecciones, el Frente de Todos presentó un amparo para que la Justicia ordene “el apartamiento inmediato” de la empresa SmartMatic. Horas después, la Cámara Electoral intimó al Gobierno a entregar el cuestionado software.
Cuando faltan pocos días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el escándalo en torno a los cambios en la realización del escrutinio provisorio continúa creciendo. A raíz de las vulnerabilidades y la falta de transparencia del software utilizado, la fuerza que lideran Alberto Fernández y Cristina Fernández reclamará que no se realice la transmisión electrónica de los telegramas.
 
La Cámara Nacional Electoral emitió una dura acordada en la que intimó al Gobierno a "dar inmediato cumplimiento a la entrega del software para el escrutinio provisorio". La resolución de los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía se produjo horas después de que los apoderados del Frente de Todos presentaran un amparo para impedir que la empresa SmartMatic realice la digitalización y transmisión de los telegramas de escrutinio desde los centros de votación, entre otras cosas, por no contar con el software utilizado para poder ejercer su control.
 
"No dudamos de la Justicia Electoral, del escrutinio definitivo, sí dudamos de lo que vaya a querer manipular el Gobierno el domingo a la noche", aseguró el apoderado del PJ, Jorge Landau. En ese contexto, funcionarios de la Dirección Nacional Electoral aseguraron que este miércoles presentarán ante los representantes de los partidos "las copias de resguardo del software de escaneo y transmisión de los telegramas" y "del software de recuento provisional de resultados", y que luego serán remitidos a la Cámara Nacional Electoral.
 
Mientras se acorta la cuenta regresiva para la votación, el conflicto en torno al escrutinio provisorio se agranda cada vez más. En apenas dos carillas, la máxima autoridad electoral del país le dio una contundente respuesta al gobierno de Mauricio Macri y en particular al secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, responsable de la implementación del nuevo sistema de transmisión electrónica de los telegramas para el cual se contrató a la empresa venezolana SmartMatic.
 
La oposición cuestiona la contratación  y la actitud de SmartMatic dado que tiene pésimos antecedentes. "Es conocida la mala reputación de la empresa alrededor del mundo, denunciada por irregularidades de los servicios que prestó en las elecciones que intervino en Filipinas, El Salvador, Uganda y sospechas en Bélgica".
 
Además de ese prontuario internacional, la empresa ya tiene inconvenientes en Argentina. No cumplió con los plazos establecidos por la Cámara Nacional Electoral, según la cual debía entregar a los partidos el código fuente para que lo auditaran 30 días antes de las elecciones. Es decir, tenía que entregar el software del escrutinio provisorio hace 25 días y todavía no lo hizo. Crece la sospecha que el Gobierno de Macri, nervioso ante la posible derrota, pretende manipular la carga de datos para instalar un resultado falso de las elecciones.
 
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Amparo contra el escrutinio de Smartmatic
 
Los jueces Corcuera y Dalla Vía recordaron los numerosos antecedentes jurídicos sobre este tema. Ya en 2003 reconocieron, en línea con el artículo 108 del Código Electoral, el derecho de los partidos a acceder al software utilizado para el "procesamiento de los resultados provisorios, con el objeto deefectuar las comprobaciones pertinentes".
 
En 2005, dado que la legislación se refiere sólo a que el material deberá estar disponible "con suficiente antelación" y no fija plazos precisos, establecieron que dicho software debe estar "a disposición de las agrupaciones que participen en los comicios 30 días antes del acto electoral".
 
Esta fecha límite fue ratificada en 2017, cuando la CNE fijó los "requisitos y condiciones mínimas para la realización del escrutinio provisorio".
 
Allí dijo que "el programa de escrutinio provisorio, incluyendo sus códigos fuente, y los demás componentes de software que eventualmente estuviesen involucrados (...) deberán ponerse a disposición de las agrupaciones políticas que participen en los comicios con la mayor antelación posible y al menos treinta (30) días antes de la fecha del acto electoral".
 
La propia CNE lo reclamó mediante un oficio a la Dirección Nacional Electoral, a cargo de Rodrigo Conte Grand y bajo la secretaría de Pérez. Sin embargo, el Gobierno le respondió que recién entregaría el material "48 horas antes de la fecha establecida para cada jornada electoral". Para Corcuera y Dalla Vía, ese plazo "resulta a todas luces insuficiente para el cumplimiento de su finalidad".
 
La pelota quedó en manos del Poder Ejecutivo. Desde la Dirección Nacional Electoral informaron que este miércoles se hará una reunión del Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y  Nacionales del 2019, en el Correo Oficial, y que allí, con los apoderados de los partidos, "se realizará el proceso de firma digital de las copias de resguardo del software de escaneo y transmisión de los  telegramas de resultados de mesa y del software de recuento provisional  de resultados, para su posterior remisión a la Cámara Nacional  Electoral".
 
 
El amparo
 
Luego de las inconsistencias observadas en los distintos simulacros y tras el alerta emitida por un grupo de especialistas en seguridad informática, el frente que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner resolvió avanzar con la solicitud de una medida cautelar para que "se ordene el apartamiento inmediato de la empresa SmartMatic del proceso electoral en las PASO, las generales y eventual segunda vuelta".
 
El Frente de Todos reclamó también la designación de "interventores veedores judiciales para presenciar todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección y para la realización de auditorías" posteriormente. Además, le propusieron a la jueza electoral María Romilda Servini que, en el caso de considerarlo necesario, requiera la "colaboración técnica del Consejo Interuniversitario Nacional".
 
Tras citar la legislación electoral y la Convención Americana de Derechos Humanos, los apoderados del FdT advirtieron que "al día de la fecha nos encontramos en absoluta incertidumbre respecto a las modalidades que va a asumir tanto la transmisión de los resultados provisorios como su cómputo".
 
Entre los principales cuestionamientos, se destaca que el archivo que surge de la digitalización del telegrama es modificado para su envío al centro de cómputos. "Esto quiere decir que la imagen, el dato que llega para su carga NO es el archivo original, sino que sufre una transformación en la transferencia de un sistema a otro, lo que hace imposible constatar la integridad y la trazabilidad del archivo original", advierten.
 
 "Este es el tiempo mínimo necesario para realizar las comprobaciones que se requieran del sistema empleado", remarcaron desde el FdT y denunciaron que "encontrándose vencido dicho plazo, las agrupaciones políticas no contamos ni siquiera con los elementos documentales requeridos para la adecuada interpretación de las características funcionales y operativas del sistema".
 
Otro motivo de preocupación del Frente de Todos está vinculado con el personal que trabajará durante el escrutinio provisorio. Según denuncian, el Correo Argentino habría contratado de manera transitoria a 12 mil personas, que estarían afectadas a distintas tareas relacionadas con la transmisión digital de los telegramas. Esta situación, sostienen, "deja en un área gris las eventuales responsabilidades administrativas o judiciales que pudieran suscitarse".
 
Landau señaló que el espacio opositor apunta a que "el domingo a la noche la transmisión de datos que se haga refleje lo que la gente votó, lo que ocurrió en cada mesa de votación en todo el país".
 
Por Sebastián Abrevaya
 
Fuente: Página12
 

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El Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, el macrista Adrián Pérez, responsable directo del desaguisado.
21-01-2020 / 10:01
El asesinato de Fernando Báez Sosa que la UAR (Unión Argentina de Rugby) llamó fallecimiento es apenas una parte -la más importante-, de un combo letal.
 
La tipificación jurídica, responsabilidad penal y carradas de opiniones sobre el crimen, con mayor o menor espesura analítica, no le devolverán la vida al joven de 19 años y nos colocan en una endeble situación argumentativa.
 
Las sucesivas agresiones de rugbiers que terminan en muertes o sin ellas, con premeditación y alevosía, con el afán de destruir al otro por ser diferente, por las razones que fueren, son una noticia incómoda para un deporte que se arroga ciertos valores.
 
Los casos anteriores tuvieron una efímera visibilidad mediática. Algunos siguen impunes, como el asesinato de Ariel Malvino, a quien tres correntinos mataron en 2006 en Ferrugem, todos de familias influyentes en esa provincia.
 
Esa muerte y la de Báez Sosa tienen un componente clasista que deviene de la posición social de estas manadas de criminales musculados.
 
El rugby estigmatizado refuerza esa concepción de deporte cheto cuando ya no lo es. Hace tiempo dejó de serlo. Lo juegan los pueblos originarios en sus territorios, los pobres en las villas, los presos en las cárceles, crece entre las mujeres de cualquier condición social.
 
En la gran mayoría de estos crímenes no se percibe con claridad un ingrediente de consumo social que cruza a muchos de los victimarios. La ingesta desenfrenada de alcohol que confirman todas las estadísticas y en especial de la cerveza.
 
Cualquier campaña de concientización que busque antídotos contra la brutalidad de una manada de rugbiers, debería tomar en cuenta cuál es la única droga social legalizada y cuyo consumo está lejos de llegar a su techo.

20-01-2020 / 11:01
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó a distintos funcionarios, -en su mayoría gerentes y directivos- de empresas públicas que ingresaron con cargos políticos al Estado durante el Gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, y que en este nuevo período gubernamental no quieren dejar sus cargos en las diferentes dependencias estatales.
 
Massa denunció que dichos funcionarios, en caso de irse, piden doble indemnización y los definió como "okupas". Fuentes de distintos organismos estatales explicaron cómo esta situación afecta a la implementación de proyectos y políticas públicas.
 
El Presidente de la Cámara baja aseguró que "son unos inmorales", y que "no sólo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno".
 
Massa se refería a esto ya que el 20 de mayo de 2016 Macri había vetado la ley de Emergencia Ocupacional, que fue sancionada por ambas cámaras legislativas y que pretendía prohibir los despidos por 180 días e implementar la doble indemnización.
 
Es decir, los funcionarios de Cambiemos que aún quedan en el estado, piden para irse la doble indemnización mientras que su gobierno estaba en contra de aplicar ese resarcimiento a los trabajadores despedidos.
 
Massa detalló que se trata de "gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y de otras empresas públicas, que se hacen los distraídos esperando que los echen para pedir que les liquiden la doble indemnización".
 
"Esta gente no llegó con los clasificados bajo el brazo sino que fue designada políticamente y ahora pide una doble indemnización que el mismo Gobierno anterior vetó cuando el Congreso aprobó la Ley", agregó el funcionario. 

19-01-2020 / 18:01
Al grito de "¡no fue suicidio, fue un magnicidio!" un grupo de manifestantes antiperonistas se movilizó a la Plaza del Vaticano, para recordar al fiscal Alberto Nisman a cinco años de su muerte. Los manifestantes se ufanaron de "no llevar banderas políticas". Sin embargo, en el discurso dispararon contra el presidente, Alberto Fernández, y festejaron la presencia de dirigentes del macrismo.
 
Todo el acto fue en línea con los dichos bolzonaristas de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich en los últimos días. La ex funcionaria acusó al jefe de Estado de haber pactado "la demolición de la causa del Memorándum con Irán" que tiene como acusada a Cristina Fernández. Aunque varios dirigentes opositores confirmaron que no judicializarán esta acusación.
 
La ceremonia tuvo de invitados estrellas a los mediáticos diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, ambos del PRO. De la Coalición Cívica hicieron su aparición Elisa Carrió y su heredero político Maximilano Ferraro. No solo legisladores gurkas del macrismo asistieron, en las primeras filas estaba el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi y el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro. Con estos dirigentes macristas bien presentes, los oradores seguían jurando la "independencia política" del acto.
 
Lo que hace varias semanas parecía que iba a ser un acto cargado de contenido opositor con concurrencia masiva, se fue desinflando en los últimos días a medida de que las distintas organizaciones de la comunidad judía en la Argentina anunciaron que no participarían. Tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) decidieron no participar de esta movilización que pedía "Justicia por el asesinato del fiscal", cuando a cinco años de su muerte la Justicia aun no encontró pruebas que definan al caso. Es una muerte utilizada por el macrismo para reforzar la demonización del kirchnerismo.
 
Su ex pareja y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, y sus hijas tampoco asistieron. Incluso, algunos meses atrás dejaron de ser querellantes en la causa que investiga la muerte de Nisman. Sin embargo, los manifestantes colmaron la pequeña Plaza del Vaticano.
 
La previa fue caliente: intimidaciones a periodistas y reproches entre los manifestantes por la escasez de jóvenes en este acto. Lo cierto es que el calor en una plaza seca, con poca sombra, generó molestia en una buena parte de los adultos mayores que se acercaron temprano.
 
Antes que comenzara el acto, desde la organización pidieron que "respetaran a todos los periodistas". La consigna no fue tomada de la mejor manera por los "defensores de la república", muchos abuchearon, otros chistaban por lo bajo, mientras que otros gritaron: "Son cómplices y corruptos".
 
La Opinión Popular

19-01-2020 / 11:01
En el siglo XX se firmaron, como jamás antes, tratados internacionales que limitan la violencia entre Estados, regulan el trato a prisioneros de guerra, refugiados y migrantes, prohíben la tortura y cien etcéteras. Rigen hoy en día, se amplían regularmente. Centenares de naciones adhieren, se celebran reuniones para ratificar principios universales.
 
Sin embargo el presidente de la mayor potencia del planeta --promotora y signataria de muchas de esas normas, sede física de organismos internacionales-- manda asesinar a un general de otro país. Sin que medie guerra declarada, sin cumplir las (de por sí laxas) leyes de su país. Los propios funcionarios de Donald Trump no alcanzan a justificar, ni siquiera a explicar, la movida. Los opositores la critican con ineficaz dureza.
 
El magnicidio es presenciado impávidamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el poder expuesto en carne viva. Suena cándido o sarcástico preguntarse qué habría pasado si el mandatario homicida fuera iraní, argentino o hasta belga.
 
El orden global siempre fue asimétrico, tendencia que se agrava en la era de la globalización financiera y la primacía de líderes de derecha, racistas, violentos, xenófobos, machistas. Hiper tácticos, predispuestos a adoptar decisiones tremendas mientras tuitean. A toda velocidad, a pura ligereza.
 
Cuando asumieron Trump y su colega brasileño Jair Bolsonaro algunos expertos predijeron que poderes establecidos de sus patrias les demarcarían límites. Las Agencias de Estados Unidos, su élite económica, el Departamento de Estado, allá en el Norte que manda.
 
Acá cerca, Itamaraty, la célebre y profesional Cancillería de Brasil que, se supone, ensilló a la dictadura militar o limó diferencias entre presidentes tan disímiles como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva.
 
Esos frenos y balances fracasaron, no actuaron, entraron en el pasado. Las mesas chicas de los presidentes del siglo XXI resultan ser minúsculas, a veces se superponen con la reunión familiar. Bolsonaro y sus críos, sin ir más lejos.
 
En ese contexto espantoso, volátil, filo indescifrable, el presidente Alberto Fernández intenta instalar un esquema de negociación de la deuda externa bastante novedoso (nada lo es del todo). Trata de conciliar ciertos principios básicos de soberanía y de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
 
Pagar pero supeditándose a la normalización de la economía, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la deuda interna. La oferta parece sensata, en particular porque la formula un país pacífico, sin violencia racial ni ansias bélicas, una suerte de remanso en el vecindario soliviantado.

18-01-2020 / 10:01
El "fifty-fifty" que proponía Juan Perón para la Argentina era un anhelo por el cual trabajadores y empresas se repartían en partes iguales, 50-50, los ingresos que genera el país. Más allá de que el fifty-fifty no sea un nivel de distribución ideal, el dato publicado por el Indec muestra que la dinámica tiende a alejarse.
 
Ya que, durante el cierre del período Cambiemos, los asalariados volvieron a perder porciones de la distribución del ingreso. Esta vez el fenómeno vino acompañado de una novedad: los empresarios no mejoraron su participación. Y es que los que capturaron la diferencia fueron los trabajadores no asalariados.
 
El cuentapropismo, surgido por la fuerte crisis económica del 2018-2019, creció con fuerza, creó 265.000 puestos de subsistencia, que no califican ni como asalariados ni como empresarios, y llevó a la participación del ingreso mixto a crecer hasta quedarse con el 12,6% de la torta.
 
En este caso, la mencionada torta es el valor agregado por la economía local. Sobre el total del producto nacional, los asalariados se quedaron con el 45,1%. Eso implicó una caída fuerte desde el 52% con el que se quedaba en el 2015, según los datos del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped).
 
El Indec comenzó a publicar sus números en el 2016 y en el tercer trimestre de ese año todavía era el 52,7%. El deterioro se aceleró durante la gestión Cambiemos.
 
Los empresarios se quedaron con el 44,4% durante el tercer trimestre del 2019. Fue la primera caída en mucho tiempo, ya que en el mismo período del 2018 habían obtenido el 44,9%. Mientras tanto, los cuentapropistas pasaron del 11,4% al 12,6%.
 
Los asalariados son tres cuartos de quienes generan el ingreso nacional y se quedan con el 45,1% del producto; los empresarios son apenas el 3,9% y se quedan con el 44,4%; los cuentapropistas son el 22,9% y se quedan sólo con el 12,6%.
 
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