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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 07-08-2019 / 09:08
EL FRENTE DE TODOS PRESENTA UN RECURSO EN LA JUSTICIA ELECTORAL

La oposición denuncia el "riesgo de la manipulación" de las PASO por parte de Cambiemos

La oposición denuncia el
Ante la falta de transparencia en el cambio del sistema de recuento provisorio en las próximas elecciones, el Frente de Todos presentó un amparo para que la Justicia ordene “el apartamiento inmediato” de la empresa SmartMatic. Horas después, la Cámara Electoral intimó al Gobierno a entregar el cuestionado software.
Cuando faltan pocos días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el escándalo en torno a los cambios en la realización del escrutinio provisorio continúa creciendo. A raíz de las vulnerabilidades y la falta de transparencia del software utilizado, la fuerza que lideran Alberto Fernández y Cristina Fernández reclamará que no se realice la transmisión electrónica de los telegramas.
 
La Cámara Nacional Electoral emitió una dura acordada en la que intimó al Gobierno a "dar inmediato cumplimiento a la entrega del software para el escrutinio provisorio". La resolución de los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía se produjo horas después de que los apoderados del Frente de Todos presentaran un amparo para impedir que la empresa SmartMatic realice la digitalización y transmisión de los telegramas de escrutinio desde los centros de votación, entre otras cosas, por no contar con el software utilizado para poder ejercer su control.
 
"No dudamos de la Justicia Electoral, del escrutinio definitivo, sí dudamos de lo que vaya a querer manipular el Gobierno el domingo a la noche", aseguró el apoderado del PJ, Jorge Landau. En ese contexto, funcionarios de la Dirección Nacional Electoral aseguraron que este miércoles presentarán ante los representantes de los partidos "las copias de resguardo del software de escaneo y transmisión de los telegramas" y "del software de recuento provisional de resultados", y que luego serán remitidos a la Cámara Nacional Electoral.
 
Mientras se acorta la cuenta regresiva para la votación, el conflicto en torno al escrutinio provisorio se agranda cada vez más. En apenas dos carillas, la máxima autoridad electoral del país le dio una contundente respuesta al gobierno de Mauricio Macri y en particular al secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, responsable de la implementación del nuevo sistema de transmisión electrónica de los telegramas para el cual se contrató a la empresa venezolana SmartMatic.
 
La oposición cuestiona la contratación  y la actitud de SmartMatic dado que tiene pésimos antecedentes. "Es conocida la mala reputación de la empresa alrededor del mundo, denunciada por irregularidades de los servicios que prestó en las elecciones que intervino en Filipinas, El Salvador, Uganda y sospechas en Bélgica".
 
Además de ese prontuario internacional, la empresa ya tiene inconvenientes en Argentina. No cumplió con los plazos establecidos por la Cámara Nacional Electoral, según la cual debía entregar a los partidos el código fuente para que lo auditaran 30 días antes de las elecciones. Es decir, tenía que entregar el software del escrutinio provisorio hace 25 días y todavía no lo hizo. Crece la sospecha que el Gobierno de Macri, nervioso ante la posible derrota, pretende manipular la carga de datos para instalar un resultado falso de las elecciones.
 
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Amparo contra el escrutinio de Smartmatic
 
Los jueces Corcuera y Dalla Vía recordaron los numerosos antecedentes jurídicos sobre este tema. Ya en 2003 reconocieron, en línea con el artículo 108 del Código Electoral, el derecho de los partidos a acceder al software utilizado para el "procesamiento de los resultados provisorios, con el objeto deefectuar las comprobaciones pertinentes".
 
En 2005, dado que la legislación se refiere sólo a que el material deberá estar disponible "con suficiente antelación" y no fija plazos precisos, establecieron que dicho software debe estar "a disposición de las agrupaciones que participen en los comicios 30 días antes del acto electoral".
 
Esta fecha límite fue ratificada en 2017, cuando la CNE fijó los "requisitos y condiciones mínimas para la realización del escrutinio provisorio".
 
Allí dijo que "el programa de escrutinio provisorio, incluyendo sus códigos fuente, y los demás componentes de software que eventualmente estuviesen involucrados (...) deberán ponerse a disposición de las agrupaciones políticas que participen en los comicios con la mayor antelación posible y al menos treinta (30) días antes de la fecha del acto electoral".
 
La propia CNE lo reclamó mediante un oficio a la Dirección Nacional Electoral, a cargo de Rodrigo Conte Grand y bajo la secretaría de Pérez. Sin embargo, el Gobierno le respondió que recién entregaría el material "48 horas antes de la fecha establecida para cada jornada electoral". Para Corcuera y Dalla Vía, ese plazo "resulta a todas luces insuficiente para el cumplimiento de su finalidad".
 
La pelota quedó en manos del Poder Ejecutivo. Desde la Dirección Nacional Electoral informaron que este miércoles se hará una reunión del Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y  Nacionales del 2019, en el Correo Oficial, y que allí, con los apoderados de los partidos, "se realizará el proceso de firma digital de las copias de resguardo del software de escaneo y transmisión de los  telegramas de resultados de mesa y del software de recuento provisional  de resultados, para su posterior remisión a la Cámara Nacional  Electoral".
 
 
El amparo
 
Luego de las inconsistencias observadas en los distintos simulacros y tras el alerta emitida por un grupo de especialistas en seguridad informática, el frente que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner resolvió avanzar con la solicitud de una medida cautelar para que "se ordene el apartamiento inmediato de la empresa SmartMatic del proceso electoral en las PASO, las generales y eventual segunda vuelta".
 
El Frente de Todos reclamó también la designación de "interventores veedores judiciales para presenciar todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección y para la realización de auditorías" posteriormente. Además, le propusieron a la jueza electoral María Romilda Servini que, en el caso de considerarlo necesario, requiera la "colaboración técnica del Consejo Interuniversitario Nacional".
 
Tras citar la legislación electoral y la Convención Americana de Derechos Humanos, los apoderados del FdT advirtieron que "al día de la fecha nos encontramos en absoluta incertidumbre respecto a las modalidades que va a asumir tanto la transmisión de los resultados provisorios como su cómputo".
 
Entre los principales cuestionamientos, se destaca que el archivo que surge de la digitalización del telegrama es modificado para su envío al centro de cómputos. "Esto quiere decir que la imagen, el dato que llega para su carga NO es el archivo original, sino que sufre una transformación en la transferencia de un sistema a otro, lo que hace imposible constatar la integridad y la trazabilidad del archivo original", advierten.
 
 "Este es el tiempo mínimo necesario para realizar las comprobaciones que se requieran del sistema empleado", remarcaron desde el FdT y denunciaron que "encontrándose vencido dicho plazo, las agrupaciones políticas no contamos ni siquiera con los elementos documentales requeridos para la adecuada interpretación de las características funcionales y operativas del sistema".
 
Otro motivo de preocupación del Frente de Todos está vinculado con el personal que trabajará durante el escrutinio provisorio. Según denuncian, el Correo Argentino habría contratado de manera transitoria a 12 mil personas, que estarían afectadas a distintas tareas relacionadas con la transmisión digital de los telegramas. Esta situación, sostienen, "deja en un área gris las eventuales responsabilidades administrativas o judiciales que pudieran suscitarse".
 
Landau señaló que el espacio opositor apunta a que "el domingo a la noche la transmisión de datos que se haga refleje lo que la gente votó, lo que ocurrió en cada mesa de votación en todo el país".
 
Por Sebastián Abrevaya
 
Fuente: Página12
 

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El Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, el macrista Adrián Pérez, responsable directo del desaguisado.
20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
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