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Nacionales - 07-08-2019 / 09:08
EL FRENTE DE TODOS PRESENTA UN RECURSO EN LA JUSTICIA ELECTORAL

La oposición denuncia el "riesgo de la manipulación" de las PASO por parte de Cambiemos

La oposición denuncia el
Ante la falta de transparencia en el cambio del sistema de recuento provisorio en las próximas elecciones, el Frente de Todos presentó un amparo para que la Justicia ordene “el apartamiento inmediato” de la empresa SmartMatic. Horas después, la Cámara Electoral intimó al Gobierno a entregar el cuestionado software.
Cuando faltan pocos días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el escándalo en torno a los cambios en la realización del escrutinio provisorio continúa creciendo. A raíz de las vulnerabilidades y la falta de transparencia del software utilizado, la fuerza que lideran Alberto Fernández y Cristina Fernández reclamará que no se realice la transmisión electrónica de los telegramas.
 
La Cámara Nacional Electoral emitió una dura acordada en la que intimó al Gobierno a "dar inmediato cumplimiento a la entrega del software para el escrutinio provisorio". La resolución de los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía se produjo horas después de que los apoderados del Frente de Todos presentaran un amparo para impedir que la empresa SmartMatic realice la digitalización y transmisión de los telegramas de escrutinio desde los centros de votación, entre otras cosas, por no contar con el software utilizado para poder ejercer su control.
 
"No dudamos de la Justicia Electoral, del escrutinio definitivo, sí dudamos de lo que vaya a querer manipular el Gobierno el domingo a la noche", aseguró el apoderado del PJ, Jorge Landau. En ese contexto, funcionarios de la Dirección Nacional Electoral aseguraron que este miércoles presentarán ante los representantes de los partidos "las copias de resguardo del software de escaneo y transmisión de los telegramas" y "del software de recuento provisional de resultados", y que luego serán remitidos a la Cámara Nacional Electoral.
 
Mientras se acorta la cuenta regresiva para la votación, el conflicto en torno al escrutinio provisorio se agranda cada vez más. En apenas dos carillas, la máxima autoridad electoral del país le dio una contundente respuesta al gobierno de Mauricio Macri y en particular al secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, responsable de la implementación del nuevo sistema de transmisión electrónica de los telegramas para el cual se contrató a la empresa venezolana SmartMatic.
 
La oposición cuestiona la contratación  y la actitud de SmartMatic dado que tiene pésimos antecedentes. "Es conocida la mala reputación de la empresa alrededor del mundo, denunciada por irregularidades de los servicios que prestó en las elecciones que intervino en Filipinas, El Salvador, Uganda y sospechas en Bélgica".
 
Además de ese prontuario internacional, la empresa ya tiene inconvenientes en Argentina. No cumplió con los plazos establecidos por la Cámara Nacional Electoral, según la cual debía entregar a los partidos el código fuente para que lo auditaran 30 días antes de las elecciones. Es decir, tenía que entregar el software del escrutinio provisorio hace 25 días y todavía no lo hizo. Crece la sospecha que el Gobierno de Macri, nervioso ante la posible derrota, pretende manipular la carga de datos para instalar un resultado falso de las elecciones.
 
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Amparo contra el escrutinio de Smartmatic
 
Los jueces Corcuera y Dalla Vía recordaron los numerosos antecedentes jurídicos sobre este tema. Ya en 2003 reconocieron, en línea con el artículo 108 del Código Electoral, el derecho de los partidos a acceder al software utilizado para el "procesamiento de los resultados provisorios, con el objeto deefectuar las comprobaciones pertinentes".
 
En 2005, dado que la legislación se refiere sólo a que el material deberá estar disponible "con suficiente antelación" y no fija plazos precisos, establecieron que dicho software debe estar "a disposición de las agrupaciones que participen en los comicios 30 días antes del acto electoral".
 
Esta fecha límite fue ratificada en 2017, cuando la CNE fijó los "requisitos y condiciones mínimas para la realización del escrutinio provisorio".
 
Allí dijo que "el programa de escrutinio provisorio, incluyendo sus códigos fuente, y los demás componentes de software que eventualmente estuviesen involucrados (...) deberán ponerse a disposición de las agrupaciones políticas que participen en los comicios con la mayor antelación posible y al menos treinta (30) días antes de la fecha del acto electoral".
 
La propia CNE lo reclamó mediante un oficio a la Dirección Nacional Electoral, a cargo de Rodrigo Conte Grand y bajo la secretaría de Pérez. Sin embargo, el Gobierno le respondió que recién entregaría el material "48 horas antes de la fecha establecida para cada jornada electoral". Para Corcuera y Dalla Vía, ese plazo "resulta a todas luces insuficiente para el cumplimiento de su finalidad".
 
La pelota quedó en manos del Poder Ejecutivo. Desde la Dirección Nacional Electoral informaron que este miércoles se hará una reunión del Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y  Nacionales del 2019, en el Correo Oficial, y que allí, con los apoderados de los partidos, "se realizará el proceso de firma digital de las copias de resguardo del software de escaneo y transmisión de los  telegramas de resultados de mesa y del software de recuento provisional  de resultados, para su posterior remisión a la Cámara Nacional  Electoral".
 
 
El amparo
 
Luego de las inconsistencias observadas en los distintos simulacros y tras el alerta emitida por un grupo de especialistas en seguridad informática, el frente que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner resolvió avanzar con la solicitud de una medida cautelar para que "se ordene el apartamiento inmediato de la empresa SmartMatic del proceso electoral en las PASO, las generales y eventual segunda vuelta".
 
El Frente de Todos reclamó también la designación de "interventores veedores judiciales para presenciar todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección y para la realización de auditorías" posteriormente. Además, le propusieron a la jueza electoral María Romilda Servini que, en el caso de considerarlo necesario, requiera la "colaboración técnica del Consejo Interuniversitario Nacional".
 
Tras citar la legislación electoral y la Convención Americana de Derechos Humanos, los apoderados del FdT advirtieron que "al día de la fecha nos encontramos en absoluta incertidumbre respecto a las modalidades que va a asumir tanto la transmisión de los resultados provisorios como su cómputo".
 
Entre los principales cuestionamientos, se destaca que el archivo que surge de la digitalización del telegrama es modificado para su envío al centro de cómputos. "Esto quiere decir que la imagen, el dato que llega para su carga NO es el archivo original, sino que sufre una transformación en la transferencia de un sistema a otro, lo que hace imposible constatar la integridad y la trazabilidad del archivo original", advierten.
 
 "Este es el tiempo mínimo necesario para realizar las comprobaciones que se requieran del sistema empleado", remarcaron desde el FdT y denunciaron que "encontrándose vencido dicho plazo, las agrupaciones políticas no contamos ni siquiera con los elementos documentales requeridos para la adecuada interpretación de las características funcionales y operativas del sistema".
 
Otro motivo de preocupación del Frente de Todos está vinculado con el personal que trabajará durante el escrutinio provisorio. Según denuncian, el Correo Argentino habría contratado de manera transitoria a 12 mil personas, que estarían afectadas a distintas tareas relacionadas con la transmisión digital de los telegramas. Esta situación, sostienen, "deja en un área gris las eventuales responsabilidades administrativas o judiciales que pudieran suscitarse".
 
Landau señaló que el espacio opositor apunta a que "el domingo a la noche la transmisión de datos que se haga refleje lo que la gente votó, lo que ocurrió en cada mesa de votación en todo el país".
 
Por Sebastián Abrevaya
 
Fuente: Página12
 

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El Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, el macrista Adrián Pérez, responsable directo del desaguisado.
21-11-2025 / 10:11
20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
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