16:57 | Martes 09 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 03-08-2019 / 17:08

PRESIDENTA DEL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE)

Juana Ávalos: “No queremos créditos, queremos mejores salarios”

La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juana Ávalos, indicó que el sector no quiere créditos: "Queremos llegar a fin de mes con nuestros salarios, no endeudarnos para sobrevivir".

Los créditos que promueve el gobierno de Macri a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) "son un salvavidas de plomo, ya que poseen altas tasas y su finalidad no es la de adquirir nuevos productos a largo plazo sino sobrevivir", advirtió Ávalos.

En ese sentido, apuntó que lo que se reclama al gobierno "son mejores jubilaciones y pensiones porque en estos años se perdió el poder adquisitivo producto de la fuerte inflación, que implicó el aumento de productos básicos, como alimentos y medicamentos, y servicios básicos como la luz, junto a los impuestos".

"Este tipo de paliativos promovidos por el gobierno nacional exponen crudamente que no están dispuestos a valorar la vida de los jubilados y pensionados, ya que lo que deben hacer es pagar el sueldo que corresponde, es decir, el 82 por ciento móvil a nivel nacional y, después de eso, lanzar créditos para estimular el consumo no para sobrellevar el día a día", remarcó la referente entrerriana".

Los jubilados argentinos pasan una situación muy delicada, ya que desde que asumió el gobierno de Cambiemos se implementaron una serie de reformas que perjudican drásticamente al sector: "Primero hicieron perder el poder adquisitivo, después vinieron los recortes en prestaciones en las obras sociales y la quita de medicamentos que debían garantizar, también ejecutaron una reforma negativa del sistema previsional".

"Todo lo que hacen es cínico, matan a jubilados por omisión. Porque cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones y vulnera derechos es una afronta a cada uno de los jubilados argentinos y no estamos dispuestos a seguir padeciendo este brutal ajuste que descargan sobre nosotros", remarcó Ávalos, quien agregó: "Desde Ate resistimos cada una de estas medidas, las denunciamos y las seguiremos combatiendo, porque el Estado debe hacerse cargo de garantizar derechos no de vulnerarlos".

Fuente: AIM

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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