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Nacionales - 31-07-2019 / 10:07
LA RENTABILIDAD DE LOS BANCOS Y FINANCIERAS EN LOS DOCE MESES PREVIOS A MAYO FUE DE 157% CONTRA UNA INFLACIÓN DE 57%

El FMI dirige la fiesta de los usureros nacionales e internacionales en la Argentina

El FMI dirige la fiesta de los usureros nacionales e internacionales en la Argentina
Mientras que la gran mayoría de los hogares perdieron poder de compra y los emprendimientos productivos y comerciales, en especial los integrados mayoritariamente por pymes, debieron afrontar fuertes reducciones de rentabilidad e incluso pérdidas, suspensiones y despidos, el sector financiero fue incrementando aceleradamente el ritmo de crecimiento de sus ganancias hasta un nivel que, por las pobres condiciones del resto de la economía nacional, es obsceno.
Desde que el FMI tomó el control de las decisiones económicas más importantes de Argentina, a mediados del año pasado, el sector financiero se consolidó como el rubro más favorecido por el modelo económico.
 
Mientras que la gran mayoría de los hogares perdieron poder de compra y los emprendimientos productivos y comerciales, en especial los integrados mayoritariamente por pymes, debieron afrontar fuertes reducciones de rentabilidad e incluso pérdidas, suspensiones y despidos, el sector financiero fue incrementando aceleradamente el ritmo de crecimiento de sus ganancias hasta un nivel que, por las pobres condiciones del resto de la economía nacional, es obsceno.
 
Y lo más lamentable es que esa dualidad observada que incrementa la desigualdad y la exclusión no es resultado del éxito derivado de decisiones estratégicas de inversión del sector privado, sino que ha dependido del tráfico de influencias para la aplicación de políticas públicas.
 
Desde niveles elevados, la rentabilidad de los bancos y financieras acumulada de los últimos doce meses registrados (de junio de 2018 a mayo de 2019) creció un 157%, contra una inflación que alcanzó, en el mismo período, un 57%, según el Indec. Medida en dólares, la mejora fue de 34% y la ganancia totalizó 6.609 millones de dólares.
 
Son valores de crecimiento de la rentabilidad inalcanzables en cualquier economía capitalista para un sector concentrado de la economía que, además, lo consigue en un escenario de recesión. Pero no es casualidad.
 
Es justamente el comportamiento abusivo de las políticas económicas en favor de sectores de poder aliados, como el financiero pero también de las empresas de servicios públicos concesionados, lo que genera una brutal transferencia de riquezas y el hundimiento de las actividades productivas y de los trabajadores.
 

 
La orientación de estos resultados no debería provocar sorpresa, aunque su magnitud sí impresiona. El FMI es la asociación más poderosa de representación del sector financiero a nivel mundial.
 
Bajo su injerencia y el mayor préstamo realizado en su historia, ha profundizado el rumbo de un gobierno que, con líderes en materia económica que provienen mayoritariamente también del sector financiero, enriquece a esos grupos de poder sin demasiado interés por su costo, más allá de su necesidad por sostener la gobernabilidad.
 
Al explorar entre los distintos grupos de bancos, los que más rentabilidad obtuvieron fueron los bancos extranjeros por amplio margen sobre el resto y, en particular, respecto a la banca pública. En el referido período analizado, los bancos extranjeros alcanzaron un incremento de su rentabilidad del 280%.
 
Recordemos que la inflación fue muy alta, pero el crecimiento de esas ganancias fue casi 5 veces superior. Son cifras extraordinarias que difícilmente tengan antecedentes a nivel mundial.
 
Hasta mayo de 2018 la banca extranjera había acumulado ganancias anuales en dólares por 1.345 millones y, en los siguientes 12 meses, a pesar de la devaluación que, en teoría, debería haber comprimido su capacidad de generar rentas en dólares, tuvo ganancias equivalentes a 2.565 millones de dólares, prácticamente el doble con una moneda local que pasó a valer alrededor de la mitad y sin que esas entidades tengan capacidad de exportación de sus servicios financieros.
 
La vedette de las decisiones a su favor fue la fijación de tasas de interés (leliqs de acceso exclusivo para bancos y prácticamente sin riesgos dado que el Banco Central a lo largo de su historia nunca dejó de pagar sus obligaciones) muy por encima de las expectativas de inflación y también de la inflación registrada.
 
Curiosamente, la banca pública, comandada por funcionarios nacionales con acceso a mejor información para la toma de decisiones o que podrían haber oxigenado con préstamos a la muy golpeada actividad productiva y al consumo, registró ganancias que crecieron 93% en pesos y 17% en dólares.
 
Estos porcentajes serían extraordinariamente altos para cualquier rama de la producción local pero que, en comparación con el resto de los sectores bancarios, fueron mediocres.
 
Con un poco más de conciencia y claridad sobre este fenómeno que no sólo empobrece a las familias y a las empresas productivas y comerciales, sino que también retrasa y disminuye la capacidad productiva, las declaraciones de Alberto Fernández no habrían generado tanta polémica respecto a la necesidad de regulación de las ganancias de los bancos a través de las leliqs y la necesidad de transferir ingresos a los sectores más vulnerables, como los jubilados.
 
Desgraciadamente, el gobierno repitió un modelo que, bajo el supuesto de único plan de acción posible, premia desenfrenadamente al negocio de los bancos y, a través de sus múltiples portavoces, advierte que cualquier salida implicaría un caos mucho peor de lo que ya estamos viviendo.
 
Es una falacia, el gobierno debe y puede cambiar los incentivos para que la actividad productiva vuelva a ser rentable. De otra forma, la riqueza decreciente que el país viene generando en los últimos casi cuatro años quedará aún más concentrada y el modelo solo podrá ser transitoriamente sostenido con más endeudamiento.
 
Por Mariano Kestelboim
 
Fuente: BAE Negocios
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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