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“Tenemos nuevas prioridades: combatir el hambre y la pobreza, encender la economía, reactivar el consumo y generar empleo”. Alberto Fernández
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Nacionales - 31-07-2019 / 10:07
LA RENTABILIDAD DE LOS BANCOS Y FINANCIERAS EN LOS DOCE MESES PREVIOS A MAYO FUE DE 157% CONTRA UNA INFLACIÓN DE 57%

El FMI dirige la fiesta de los usureros nacionales e internacionales en la Argentina

El FMI dirige la fiesta de los usureros nacionales e internacionales en la Argentina
Mientras que la gran mayoría de los hogares perdieron poder de compra y los emprendimientos productivos y comerciales, en especial los integrados mayoritariamente por pymes, debieron afrontar fuertes reducciones de rentabilidad e incluso pérdidas, suspensiones y despidos, el sector financiero fue incrementando aceleradamente el ritmo de crecimiento de sus ganancias hasta un nivel que, por las pobres condiciones del resto de la economía nacional, es obsceno.
Desde que el FMI tomó el control de las decisiones económicas más importantes de Argentina, a mediados del año pasado, el sector financiero se consolidó como el rubro más favorecido por el modelo económico.
 
Mientras que la gran mayoría de los hogares perdieron poder de compra y los emprendimientos productivos y comerciales, en especial los integrados mayoritariamente por pymes, debieron afrontar fuertes reducciones de rentabilidad e incluso pérdidas, suspensiones y despidos, el sector financiero fue incrementando aceleradamente el ritmo de crecimiento de sus ganancias hasta un nivel que, por las pobres condiciones del resto de la economía nacional, es obsceno.
 
Y lo más lamentable es que esa dualidad observada que incrementa la desigualdad y la exclusión no es resultado del éxito derivado de decisiones estratégicas de inversión del sector privado, sino que ha dependido del tráfico de influencias para la aplicación de políticas públicas.
 
Desde niveles elevados, la rentabilidad de los bancos y financieras acumulada de los últimos doce meses registrados (de junio de 2018 a mayo de 2019) creció un 157%, contra una inflación que alcanzó, en el mismo período, un 57%, según el Indec. Medida en dólares, la mejora fue de 34% y la ganancia totalizó 6.609 millones de dólares.
 
Son valores de crecimiento de la rentabilidad inalcanzables en cualquier economía capitalista para un sector concentrado de la economía que, además, lo consigue en un escenario de recesión. Pero no es casualidad.
 
Es justamente el comportamiento abusivo de las políticas económicas en favor de sectores de poder aliados, como el financiero pero también de las empresas de servicios públicos concesionados, lo que genera una brutal transferencia de riquezas y el hundimiento de las actividades productivas y de los trabajadores.
 

 
La orientación de estos resultados no debería provocar sorpresa, aunque su magnitud sí impresiona. El FMI es la asociación más poderosa de representación del sector financiero a nivel mundial.
 
Bajo su injerencia y el mayor préstamo realizado en su historia, ha profundizado el rumbo de un gobierno que, con líderes en materia económica que provienen mayoritariamente también del sector financiero, enriquece a esos grupos de poder sin demasiado interés por su costo, más allá de su necesidad por sostener la gobernabilidad.
 
Al explorar entre los distintos grupos de bancos, los que más rentabilidad obtuvieron fueron los bancos extranjeros por amplio margen sobre el resto y, en particular, respecto a la banca pública. En el referido período analizado, los bancos extranjeros alcanzaron un incremento de su rentabilidad del 280%.
 
Recordemos que la inflación fue muy alta, pero el crecimiento de esas ganancias fue casi 5 veces superior. Son cifras extraordinarias que difícilmente tengan antecedentes a nivel mundial.
 
Hasta mayo de 2018 la banca extranjera había acumulado ganancias anuales en dólares por 1.345 millones y, en los siguientes 12 meses, a pesar de la devaluación que, en teoría, debería haber comprimido su capacidad de generar rentas en dólares, tuvo ganancias equivalentes a 2.565 millones de dólares, prácticamente el doble con una moneda local que pasó a valer alrededor de la mitad y sin que esas entidades tengan capacidad de exportación de sus servicios financieros.
 
La vedette de las decisiones a su favor fue la fijación de tasas de interés (leliqs de acceso exclusivo para bancos y prácticamente sin riesgos dado que el Banco Central a lo largo de su historia nunca dejó de pagar sus obligaciones) muy por encima de las expectativas de inflación y también de la inflación registrada.
 
Curiosamente, la banca pública, comandada por funcionarios nacionales con acceso a mejor información para la toma de decisiones o que podrían haber oxigenado con préstamos a la muy golpeada actividad productiva y al consumo, registró ganancias que crecieron 93% en pesos y 17% en dólares.
 
Estos porcentajes serían extraordinariamente altos para cualquier rama de la producción local pero que, en comparación con el resto de los sectores bancarios, fueron mediocres.
 
Con un poco más de conciencia y claridad sobre este fenómeno que no sólo empobrece a las familias y a las empresas productivas y comerciales, sino que también retrasa y disminuye la capacidad productiva, las declaraciones de Alberto Fernández no habrían generado tanta polémica respecto a la necesidad de regulación de las ganancias de los bancos a través de las leliqs y la necesidad de transferir ingresos a los sectores más vulnerables, como los jubilados.
 
Desgraciadamente, el gobierno repitió un modelo que, bajo el supuesto de único plan de acción posible, premia desenfrenadamente al negocio de los bancos y, a través de sus múltiples portavoces, advierte que cualquier salida implicaría un caos mucho peor de lo que ya estamos viviendo.
 
Es una falacia, el gobierno debe y puede cambiar los incentivos para que la actividad productiva vuelva a ser rentable. De otra forma, la riqueza decreciente que el país viene generando en los últimos casi cuatro años quedará aún más concentrada y el modelo solo podrá ser transitoriamente sostenido con más endeudamiento.
 
Por Mariano Kestelboim
 
Fuente: BAE Negocios
 

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21-01-2020 / 10:01
El asesinato de Fernando Báez Sosa que la UAR (Unión Argentina de Rugby) llamó fallecimiento es apenas una parte -la más importante-, de un combo letal.
 
La tipificación jurídica, responsabilidad penal y carradas de opiniones sobre el crimen, con mayor o menor espesura analítica, no le devolverán la vida al joven de 19 años y nos colocan en una endeble situación argumentativa.
 
Las sucesivas agresiones de rugbiers que terminan en muertes o sin ellas, con premeditación y alevosía, con el afán de destruir al otro por ser diferente, por las razones que fueren, son una noticia incómoda para un deporte que se arroga ciertos valores.
 
Los casos anteriores tuvieron una efímera visibilidad mediática. Algunos siguen impunes, como el asesinato de Ariel Malvino, a quien tres correntinos mataron en 2006 en Ferrugem, todos de familias influyentes en esa provincia.
 
Esa muerte y la de Báez Sosa tienen un componente clasista que deviene de la posición social de estas manadas de criminales musculados.
 
El rugby estigmatizado refuerza esa concepción de deporte cheto cuando ya no lo es. Hace tiempo dejó de serlo. Lo juegan los pueblos originarios en sus territorios, los pobres en las villas, los presos en las cárceles, crece entre las mujeres de cualquier condición social.
 
En la gran mayoría de estos crímenes no se percibe con claridad un ingrediente de consumo social que cruza a muchos de los victimarios. La ingesta desenfrenada de alcohol que confirman todas las estadísticas y en especial de la cerveza.
 
Cualquier campaña de concientización que busque antídotos contra la brutalidad de una manada de rugbiers, debería tomar en cuenta cuál es la única droga social legalizada y cuyo consumo está lejos de llegar a su techo.

20-01-2020 / 11:01
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó a distintos funcionarios, -en su mayoría gerentes y directivos- de empresas públicas que ingresaron con cargos políticos al Estado durante el Gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, y que en este nuevo período gubernamental no quieren dejar sus cargos en las diferentes dependencias estatales.
 
Massa denunció que dichos funcionarios, en caso de irse, piden doble indemnización y los definió como "okupas". Fuentes de distintos organismos estatales explicaron cómo esta situación afecta a la implementación de proyectos y políticas públicas.
 
El Presidente de la Cámara baja aseguró que "son unos inmorales", y que "no sólo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno".
 
Massa se refería a esto ya que el 20 de mayo de 2016 Macri había vetado la ley de Emergencia Ocupacional, que fue sancionada por ambas cámaras legislativas y que pretendía prohibir los despidos por 180 días e implementar la doble indemnización.
 
Es decir, los funcionarios de Cambiemos que aún quedan en el estado, piden para irse la doble indemnización mientras que su gobierno estaba en contra de aplicar ese resarcimiento a los trabajadores despedidos.
 
Massa detalló que se trata de "gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y de otras empresas públicas, que se hacen los distraídos esperando que los echen para pedir que les liquiden la doble indemnización".
 
"Esta gente no llegó con los clasificados bajo el brazo sino que fue designada políticamente y ahora pide una doble indemnización que el mismo Gobierno anterior vetó cuando el Congreso aprobó la Ley", agregó el funcionario. 

19-01-2020 / 18:01
Al grito de "¡no fue suicidio, fue un magnicidio!" un grupo de manifestantes antiperonistas se movilizó a la Plaza del Vaticano, para recordar al fiscal Alberto Nisman a cinco años de su muerte. Los manifestantes se ufanaron de "no llevar banderas políticas". Sin embargo, en el discurso dispararon contra el presidente, Alberto Fernández, y festejaron la presencia de dirigentes del macrismo.
 
Todo el acto fue en línea con los dichos bolzonaristas de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich en los últimos días. La ex funcionaria acusó al jefe de Estado de haber pactado "la demolición de la causa del Memorándum con Irán" que tiene como acusada a Cristina Fernández. Aunque varios dirigentes opositores confirmaron que no judicializarán esta acusación.
 
La ceremonia tuvo de invitados estrellas a los mediáticos diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, ambos del PRO. De la Coalición Cívica hicieron su aparición Elisa Carrió y su heredero político Maximilano Ferraro. No solo legisladores gurkas del macrismo asistieron, en las primeras filas estaba el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi y el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro. Con estos dirigentes macristas bien presentes, los oradores seguían jurando la "independencia política" del acto.
 
Lo que hace varias semanas parecía que iba a ser un acto cargado de contenido opositor con concurrencia masiva, se fue desinflando en los últimos días a medida de que las distintas organizaciones de la comunidad judía en la Argentina anunciaron que no participarían. Tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) decidieron no participar de esta movilización que pedía "Justicia por el asesinato del fiscal", cuando a cinco años de su muerte la Justicia aun no encontró pruebas que definan al caso. Es una muerte utilizada por el macrismo para reforzar la demonización del kirchnerismo.
 
Su ex pareja y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, y sus hijas tampoco asistieron. Incluso, algunos meses atrás dejaron de ser querellantes en la causa que investiga la muerte de Nisman. Sin embargo, los manifestantes colmaron la pequeña Plaza del Vaticano.
 
La previa fue caliente: intimidaciones a periodistas y reproches entre los manifestantes por la escasez de jóvenes en este acto. Lo cierto es que el calor en una plaza seca, con poca sombra, generó molestia en una buena parte de los adultos mayores que se acercaron temprano.
 
Antes que comenzara el acto, desde la organización pidieron que "respetaran a todos los periodistas". La consigna no fue tomada de la mejor manera por los "defensores de la república", muchos abuchearon, otros chistaban por lo bajo, mientras que otros gritaron: "Son cómplices y corruptos".
 
La Opinión Popular

19-01-2020 / 11:01
En el siglo XX se firmaron, como jamás antes, tratados internacionales que limitan la violencia entre Estados, regulan el trato a prisioneros de guerra, refugiados y migrantes, prohíben la tortura y cien etcéteras. Rigen hoy en día, se amplían regularmente. Centenares de naciones adhieren, se celebran reuniones para ratificar principios universales.
 
Sin embargo el presidente de la mayor potencia del planeta --promotora y signataria de muchas de esas normas, sede física de organismos internacionales-- manda asesinar a un general de otro país. Sin que medie guerra declarada, sin cumplir las (de por sí laxas) leyes de su país. Los propios funcionarios de Donald Trump no alcanzan a justificar, ni siquiera a explicar, la movida. Los opositores la critican con ineficaz dureza.
 
El magnicidio es presenciado impávidamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el poder expuesto en carne viva. Suena cándido o sarcástico preguntarse qué habría pasado si el mandatario homicida fuera iraní, argentino o hasta belga.
 
El orden global siempre fue asimétrico, tendencia que se agrava en la era de la globalización financiera y la primacía de líderes de derecha, racistas, violentos, xenófobos, machistas. Hiper tácticos, predispuestos a adoptar decisiones tremendas mientras tuitean. A toda velocidad, a pura ligereza.
 
Cuando asumieron Trump y su colega brasileño Jair Bolsonaro algunos expertos predijeron que poderes establecidos de sus patrias les demarcarían límites. Las Agencias de Estados Unidos, su élite económica, el Departamento de Estado, allá en el Norte que manda.
 
Acá cerca, Itamaraty, la célebre y profesional Cancillería de Brasil que, se supone, ensilló a la dictadura militar o limó diferencias entre presidentes tan disímiles como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva.
 
Esos frenos y balances fracasaron, no actuaron, entraron en el pasado. Las mesas chicas de los presidentes del siglo XXI resultan ser minúsculas, a veces se superponen con la reunión familiar. Bolsonaro y sus críos, sin ir más lejos.
 
En ese contexto espantoso, volátil, filo indescifrable, el presidente Alberto Fernández intenta instalar un esquema de negociación de la deuda externa bastante novedoso (nada lo es del todo). Trata de conciliar ciertos principios básicos de soberanía y de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
 
Pagar pero supeditándose a la normalización de la economía, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la deuda interna. La oferta parece sensata, en particular porque la formula un país pacífico, sin violencia racial ni ansias bélicas, una suerte de remanso en el vecindario soliviantado.

18-01-2020 / 10:01
El "fifty-fifty" que proponía Juan Perón para la Argentina era un anhelo por el cual trabajadores y empresas se repartían en partes iguales, 50-50, los ingresos que genera el país. Más allá de que el fifty-fifty no sea un nivel de distribución ideal, el dato publicado por el Indec muestra que la dinámica tiende a alejarse.
 
Ya que, durante el cierre del período Cambiemos, los asalariados volvieron a perder porciones de la distribución del ingreso. Esta vez el fenómeno vino acompañado de una novedad: los empresarios no mejoraron su participación. Y es que los que capturaron la diferencia fueron los trabajadores no asalariados.
 
El cuentapropismo, surgido por la fuerte crisis económica del 2018-2019, creció con fuerza, creó 265.000 puestos de subsistencia, que no califican ni como asalariados ni como empresarios, y llevó a la participación del ingreso mixto a crecer hasta quedarse con el 12,6% de la torta.
 
En este caso, la mencionada torta es el valor agregado por la economía local. Sobre el total del producto nacional, los asalariados se quedaron con el 45,1%. Eso implicó una caída fuerte desde el 52% con el que se quedaba en el 2015, según los datos del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped).
 
El Indec comenzó a publicar sus números en el 2016 y en el tercer trimestre de ese año todavía era el 52,7%. El deterioro se aceleró durante la gestión Cambiemos.
 
Los empresarios se quedaron con el 44,4% durante el tercer trimestre del 2019. Fue la primera caída en mucho tiempo, ya que en el mismo período del 2018 habían obtenido el 44,9%. Mientras tanto, los cuentapropistas pasaron del 11,4% al 12,6%.
 
Los asalariados son tres cuartos de quienes generan el ingreso nacional y se quedan con el 45,1% del producto; los empresarios son apenas el 3,9% y se quedan con el 44,4%; los cuentapropistas son el 22,9% y se quedan sólo con el 12,6%.
 
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