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Nacionales - 28-07-2019 / 11:07

¿Cuáles son las graves causas por corrupción que involucran a Mauricio Macri?

¿Cuáles son las graves causas por corrupción que involucran a Mauricio Macri?
El Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura el Presidente Mauricio Macri. Pero las causas se mueven muy lentas.
El Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura el Presidente Mauricio Macri. Pero las causas se mueven muy lentas.
 
Dentro de ocho días, la Justicia debería avanzar sobre los gravísimos casos de corrupción en los que está involucrado el Presidente Mauricio Macri, su grupo empresario y los funcionarios que lo rodean.
 
Los escándalos suman, como mínimo, once mil millones de pesos. Abarcan la deuda en el Correo -que data de 2001, hace 18 años-, en la que se intentó una maniobra para esconder y cancelar no menos de 4.800 millones de pesos.
 
También figura la irregular compra de parques eólicos y la inmediata venta con una ganancia para la familia presidencial de 2.760 millones de pesos. En la maniobra tramposa utilizaron sociedades armadas incluso en Luxemburgo y un insólito préstamo de cinco millones de dólares al hermano presidencial.
 
En el listado aparecen las manipulaciones con la participación del Grupo Macri en Ausol, la empresa más importante de peajes. De ese negociado se llevaron, también irregularmente, 2.300 millones de pesos, después de aumentar el peaje 250 por ciento, la acción que vendieron pasó de cuatro pesos a 75,50 pesos.
 
No menos escandalosa fue la venta de Macair (Macri Air) a Avianca, aceitada con la promesa del propio gobierno de Macri de otorgarle 36 rutas aéreas, lo que le permitió una ganancia adicional de 460 millones de pesos. Avianca hoy dejó de volar y hay 200 empleados que no cobran hace dos meses.
 
En el paquete irregular entra también lo surgido de Panamá Papers, donde no se pueden explicar otros 460 millones de pesos transferidos entre sociedades fantasmas creadas por el Grupo Macri en Panamá, Bahamas, Brasil e Italia.
 
Para tapar tantos casos de corrupción y evasión, el presidente contó con el respaldo del aparato judicial de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente el escándalo y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando termine la feria judicial.
 

 
Fraude en el Correo
 
Mauricio Macri, gobierno, y Mauricio Macri, Correo, fueron sorprendidos cuando, estando de los dos lados del mostrador, trataron de cancelar toda la deuda que el Grupo Macri traía de 2002 por cánones que nunca pagó. Lo que deben los Macri, como mínimo, suma unos 4.800 millones de pesos.
 
La jugarreta -en la que se interpuso la fiscal Gabriela Boquín-- motivó una causa penal en la que fueron indagados, por el juez Ariel Lijo, el entonces titular del Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad; el director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente del Correo (Grupo Macri), Jaime Cibils Robirosa; y el tradicional apoderado de los Macri, Jaime Kleidermacher.
 
La indagatoria se concretó en marzo, hace más de cuatro meses, y sin embargo el magistrado todavía no resolvió los procesamientos por la maniobra que incluye los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, consignó Página/12.
 
En paralelo, respecto de la deuda misma, el Grupo Macri ofreció pagar 296 millones, que es lo que debía en 2002, pero sin tener en cuenta por ahora los intereses y actualizaciones que sumarían más de 4.500 millones, aunque hay cálculos que estiman la cifra en mucho mayor.
 
El Grupo Macri dice que pagaría intereses y actualizaciones si le gana juicios al estado por la estatización del Correo. Se trata de otra maniobra, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de esos juicios los empezó después de 2016, cuando ya negociaban con el actual gobierno.
 
La Procuración del Tesoro, en manos de un allegado al Grupo, el histórico abogado de los Macri, Bernardo Saravia Frías, tiene que responder sobre la burda oferta del Correo. Pero el caso va de escándalo en escándalo: la quiebra del Grupo Macri debió decretarse transcurridos dos años y el proceso ya lleva 18. Es el proceso de concursos y quiebras más largo de la historia argentina.
 
 
Estafa en el peaje II
 
Las maniobras con los peajes fueron asombrosas con el increíble aumento de las tarifas y la venta de acciones, pero hay una causa que ahora cobró vuelo. Antes de la feria judicial, el fiscal Carlos Stornelli impulsó la investigación contra Mauricio Macri por una maniobra previa a la venta de las acciones de Ausol --la que maneja la Panamericana--, empresa en la que el Grupo Macri tenía el siete por ciento. Como en el Correo, Macri estaba de los dos lados del mostrador: en la empresa y en el estado. El escándalo es de marca mayor, al punto que hasta a un fiscal como Stornelli, tan alineado con el gobierno y con Macri, lo obligó a abrir la causa.
 
Según denunciaron los diputados Tailhade, Moreau, Grana y Castagnetto, pocos días antes de asumir Macri, se armó a las apuradas una denuncia ante el CIADI, tribunal internacional del Banco Mundial, reclamándole al estado nacional la suma de 1.100 millones de dólares por atrasos tarifarios, publicó Página/12.
 
El gobierno de Macri accedió a pagarle a la empresa del Grupo Macri una reparación de 499 millones de dólares y utilizó la negociación del conflicto para concretar la renovación del contrato de peajes en la Panamericana, que era el verdadero objetivo.
 
El periodista Alejandro Bercovich reveló los datos de un expediente armado por la interventora de Ausol, Laura Andino, antes de la asunción del gobierno de Macri. La conclusión era que la empresa cubría con creces los costos y tenía uno de las rentabilidades más altas del país. De manera que la demanda en el CIADI era una trampa. El objetivo real fue cobrar la reparación de 499 millones de dólares y forzar la renovación.
 
La causa, que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, tiene una testigo clave: la ex directora de Asuntos Legales de Vialidad Nacional Julieta Ripoll. La letrada estuvo en las primeras reuniones de negociación con Ausol y luego fue despedida de su cargo.
 
Las maniobras, entonces, estuvieron en el pago de la reparación, en la renegociación de la concesión, en los aumentos desmedidos de peajes y en la venta de las acciones. Si se hace un cálculo basado en que el Grupo Macri y el presidente se beneficiaron sólo con el siete por ciento de la maniobra --hay sospechas de que tienen mucha mayor participación--, al final del proceso se quedaron con más de 2300 millones de pesos, limpitos. La denuncia fue presentada por Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara).
 
 
Estafa en los molinos
 
Hace un año y medio, en enero de 2018, se hizo la denuncia de que el Grupo Macri se quedó irregularmente con 48 millones de dólares en un pase de manos con parques eólicos. La causa la instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Eduardo Taiano. Hasta ahora no fue indagado nadie.
 
La empresa española Isolux Corsan, socia de los Macri en varios negocios, había ganado licitaciones por seis parques eólicos en Chubut durante el gobierno anterior. Sin embargo, estaba en crisis por las denuncias de corrupción en España. En la Argentina, había incumplido los compromisos de avanzar en los parques y sólo desarrolló uno, Loma Blanca IV. Para concretar el pase de manos, el histórico contador de los Macri, Mariano Payaslían, armó una serie de sociedades, tal como reveló en su momento la periodista Emilia Delfino, de Perfil. Esas sociedades compraron los parques eólicos en 25 millones de dólares, consignó Página/12.
 
Poco después, en 2017, Loma Blanca I, II, II se le vendieron a una empresa china, Goldwind, en 33 millones de dólares, mientras que Loma Blanca IV se vendió a una empresa del banquero Jorge Brito en 40 millones de dólares. Por la situación de créditos que tenían los españoles y por los términos de los pliegos, la venta de los parques requería autorización del Banco Nación y de Enarsa, ambos dependientes del gobierno. La falta de inversión también debió traducirse en la pérdida total de derechos de Isolux y la devolución de los parques al estado. Lo concreto es que la venta se permitió y en el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares.
 
A esta situación se sumó otra jugarreta. Isolux volvió a ganar una licitación en octubre de 2016 y consiguió los parques eólicos Miramar y Loma Blanca VI, también en Chubut. Las adjudicaciones fueron objetadas hasta por el ex ministro Juan José Aranguren, pero igual siguieron adelante. Lo cierto es que también esos parques fueron vendidos a sociedades vinculadas a Payaslian y terminaron en manos de la empresa china Goldwind. No se sabe cuándo dinero le quedó al Grupo Macri en esta última maniobra.
 
Según parece, las sociedades que compraron y vendieron los parques tienen accionistas escondidos en Luxemburgo y actúan bajo el nombre de la sociedad Rainbow Finances, que tiene siete socios. En el camino también aparecen dos cuentas del Grupo Macri en Estados Unidos.
 
Un detalle que agrava todavía más el cuadro, es que una de las sociedades sospechadas, Usir, le prestó 5 millones de dólares al hermano presidencial Gianfranco una maniobra inexplicable.
 
Los denunciantes son los diputados Tailhade y Doñate y los delitos son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
 
 
Estafa aérea
 
La operación de venta de Macair (Macri Air) presenta ilegalidades e irregularidades por donde se la mire. Hay numerosas denuncias que habrá que ver si terminan de arrancar después de la feria. En Comodoro Py dicen que son causas pisadas. Están imputados el propio presidente Mauricio Macri, el secretario de la Presidencia, De Andreis, y numerosos funcionarios. Los delitos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias e irregularidades en la administración del espacio aéreo.
 
El grupo Macri vendió la aerolínea sabiendo que el mismo gobierno de Macri le adjudicaría rutas, que es un activo para cualquier línea aérea. En total se le adjudicaron 36 rutas por 15 años. El gremio de pilotos explicó que la venta se hizo por 10 millones de dólares, cuando Macair tenía sólo tres o cuatro aviones valuados, en total, en 1.200.000 dólares. El resto del valor tenía que ver con las rutas. Parece cantado que cuando se concretó la operación, en octubre de 2016, ya había una promesa de que se le otorgarían rutas, cosa que ocurrió en febrero de 2017, publicó Página/12.
 
En las denuncias queda en claro que la subsidiaria de Avianca no tenía ni siquiera la documentación en regla para adjudicarse rutas, al punto que entregó una garantía de la empresa Sinergy Aerospace, que se completó recién después de la adjudicación de rutas. El gremio de pilotos denunció la "adjudicación fraudulenta".
 
Hoy en día la situación es de máxima gravedad. Avian suspendió sus vuelos 90 días, presentó un expediente de crisis y luego la convocatoria de acreedores. Hay 200 empleados que no cobran los sueldos desde hace cuatro meses y, por supuesto, no se hicieron los pagos de las cargas sociales. El rumor es que los que están detrás de Avián, colombianos--brasileños, no le pagaron la totalidad al grupo Macri, el gobierno le soltó la mano y la aerolínea entró en crisis.
 
Pero lo asombroso de Comodoro Py no es sólo la velocidad con la que avanza en las causas contra el anterior gobierno, sino la habilidad para enterrar causas donde figura el nombre Macri. Sin embargo, esos expedientes podrían revivir cuando ya no exista la cobertura política y mediática que tienen hoy. Hay medios del mundo extrañados con el manejo de causas judiciales de envergadura.
 
 
El show de Panamá
 
Como se sabe, el 3 de abril de 2016 estalló el escándalo conocido como Panamá Papers, la filtración que sacó a la luz a miles de sociedades armadas por el estudio panameño Mossack Fonseca y que luego se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales. Esperaban encontrar sociedades y cuentas K, pero resulta que encontraron sociedades y cuentas M. En total, aparecieron unas 50 sociedades vinculadas a la familia Macri.
 
La causa judicial fue instruida por el juez Sebastián Casanello y por el fiscal Federico Delgado y giró entorno de dos sociedades, Fleg Trading y Kagemusha. Ninguna de las dos figuró nunca en declaraciones juradas de Mauricio Macri quien aparecía como director de ambas sociedades. El presidente alegó que no tenían movimiento y por lo tanto no requerían declaración alguna, pero en el camino aparecieron 9,3 millones de dólares que se movieron de Fleg Trading de Bahamas a Owners do Brasil, Socma (Sociedades Macri) do Brasil y Fleg Traders de Brasil y que, según parece, después terminaron en Italia, en el hotel Nuraghe Porto Rotondo, de Cerdeña, propiedad de un amigo de la familia, Giorgio Nocella, publicó el diario Página/12.
 
El fiscal Delgado y el denunciante, el diputado Darío Martínez, dijeron que había que seguir investigando, pero el juez Casanello resolvió, tras un informe de la Unidad de Información Financiera, organismo alineado con el Poder Ejecutivo, que no había elementos para considerar el delito de lavado de dinero. El magistrado dictaminó que el caso se correspondía más con una evasión impositiva o, mejor dicho, una "omisión maliciosa" que es esconder un bien o una sociedad en las declaraciones impositivas. Con la ayuda del fiscal Germán Moldes, Macri logró zafar, básicamente echándole la culpa a su papá, Franco, quien --como siempre-- se hizo cargo de todo diciendo que las sociedades las armó él y que Mauricio no jugó ningún papel.
 
La causa está hoy dormida en el fuero Penal Económico. El Süddeutche Zeitung, diario que encabezó el consorcio internacional de periodistas que hizo la investigación de Panamá Papers, se sorprendió por el trato blando que recibió Mauricio Macri en la cobertura periodística.
 
Como mínimo, en el caso Panamá Papers, hay 460 millones de pesos en danza y quedan por investigar las 50 sociedades armadas por el Grupo Macri en distintos lugares: Panamá, Luxemburgo, Londres, Italia, Brasil, Bahamas.
 
 
Estafa en el peaje
 
Las acciones de Autopistas del Sol (Ausol), que maneja la Panamericana, valían cuatro (4) pesos en enero de 2015. Cuando asumió Mauricio Macri, sabiendo que el presidente era la cabeza del grupo que tenía una parte de Ausol, la acción ya estaba en 14,50. A partir de ese momento, Macri le aumentó la tarifa de peajes a Ausol entre un 200 y 270 por ciento, dependiendo del horario, y, por consiguiente, la acción trepó a 75,50. En ese momento, el grupo Macri vendió el siete por ciento que tenía de participación en la empresa a un valor de 19,7 millones de dólares. Con la acción a 4 pesos, la venta hubiera sido por dos o tres millones de dólares.
 
Aun así, muchos dicen que la venta fue simulada y que la compradora, Natal Inversiones, no tenía la menor experiencia en peajes ni se dedicaba al rubro. A tal punto que tuvo que cambiar sus estatutos. De inmediato, se firmó la renovación de la concesión con un simulacro evidente: la rúbrica la puso Gabriela Michetti, para que Macri no quedara aún más expuesto. La acción subió entonces a 103 pesos.
 
Hubo denuncia presentada por Margarita Stolbizer, el fiscal Guillermo Marijuán pidió medidas y luego no quiso avanzar más: desestimó la denuncia.
 
 
Blanqueo
 
La Corte Suprema debe resolver si el diputado Felipe Solá está legitimado para cuestionar judicialmente el blanqueo de los familiares de Mauricio Macri y los demás funcionarios del gobierno, algo que el presidente modificó por decreto. La ley no impedía, igualmente, el blanqueo de los hermanos.
 
Sin embargo, varias cosas resultaron llamativas de los 622 millones de pesos blanqueados por Gianfranco Macri, hermano presidencial. En primer lugar, la desproporción con los bienes declarados por el mandatario, apenas 126 millones de pesos, o sea que Mauricio --mucho más importante que Gianfranco en las empresas-- resultó ser infinitamente más pobre que su hermano.
 
Al mismo tiempo, Gianfranco le admitió al Consorcio Internacional de Periodistas que junto con otro hermano, Mariano, ocultaban cuatro millones de dólares, unos 170 millones de pesos a valores actuales, en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. El dinero había estado escondido en Hamburgo, pasó al país helvético y luego los hermanos aprovecharon el blanqueo.
 
Todo esto está, judicialmente hablando, todavía en la neblina.
 
 
Soterramiento, negocio y coima
 
El Grupo Macri, a través de Iecsa, se adjudicó una de las obras más importantes del país: el soterramiento del Sarmiento. El pliego incluía que el consorcio ganador debía garantizar el financiamiento, pero la alianza Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella no consiguieron el dinero. Macri salió al rescate con un decreto de necesidad y urgencia, derivando 40 mil millones de pesos para financiar la obra, publicó Página/12.
 
En Brasil, mientras tanto, los ejecutivos de Odebrecht confesaron que pagaron coimas a funcionarios del anterior gobierno. El juez de la causa es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Franco Picardi. Hasta el momento, el magistrado procesó a los ex funcionarios, pero le dictó la falta de mérito a los empresarios, entre ellos el primo presidencial, Angelo Calcaterra. Sin embargo, pocos días antes de la feria, la propia AFIP pidió la indagatoria del familiar de Macri porque quedó en claro que Iecsa armaba contratos por servicios inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas. Ya se demostró la falsedad de un contrato entre el consorcio y una empresa española, DCS, y otro contrato entre Iecsa y otra consultora, CAESA.
 
La mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió que hubo coimas, pero su testimonio no se homologó todavía. En Uruguay apareció una cuenta en la que supuestamente también se hicieron pagos: Jorge "El Corcho" Rodríguez es el apuntado por el fiscal, pero él afirma que nunca manejó esa cuenta en Montevideo, sino que fueron los propios ejecutivos uruguayos y brasileños. También hubo pagos a través de sociedades en Andorra y no deja de estar presente la sospecha de que funcionarios de las empresas decían que pagaban coimas, pero se quedaban con el dinero y realizaban inversiones en Miami. De hecho, aparecen ejecutivos de Odebrecht con importantes propiedades escondidas en La Florida.
 
Todo el negociado del soterramiento está sospechado. Desde la licitación hasta el financiamiento y, por supuesto, el pago de coimas millonarias.
 
Por Irina Hauser, Sofía Karam y Raul Kollmann
 
Fuente: Página12 
 

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21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

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