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Nacionales - 28-07-2019 / 11:07

¿Cuáles son las graves causas por corrupción que involucran a Mauricio Macri?

¿Cuáles son las graves causas por corrupción que involucran a Mauricio Macri?
El Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura el Presidente Mauricio Macri. Pero las causas se mueven muy lentas.
El Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura el Presidente Mauricio Macri. Pero las causas se mueven muy lentas.
 
Dentro de ocho días, la Justicia debería avanzar sobre los gravísimos casos de corrupción en los que está involucrado el Presidente Mauricio Macri, su grupo empresario y los funcionarios que lo rodean.
 
Los escándalos suman, como mínimo, once mil millones de pesos. Abarcan la deuda en el Correo -que data de 2001, hace 18 años-, en la que se intentó una maniobra para esconder y cancelar no menos de 4.800 millones de pesos.
 
También figura la irregular compra de parques eólicos y la inmediata venta con una ganancia para la familia presidencial de 2.760 millones de pesos. En la maniobra tramposa utilizaron sociedades armadas incluso en Luxemburgo y un insólito préstamo de cinco millones de dólares al hermano presidencial.
 
En el listado aparecen las manipulaciones con la participación del Grupo Macri en Ausol, la empresa más importante de peajes. De ese negociado se llevaron, también irregularmente, 2.300 millones de pesos, después de aumentar el peaje 250 por ciento, la acción que vendieron pasó de cuatro pesos a 75,50 pesos.
 
No menos escandalosa fue la venta de Macair (Macri Air) a Avianca, aceitada con la promesa del propio gobierno de Macri de otorgarle 36 rutas aéreas, lo que le permitió una ganancia adicional de 460 millones de pesos. Avianca hoy dejó de volar y hay 200 empleados que no cobran hace dos meses.
 
En el paquete irregular entra también lo surgido de Panamá Papers, donde no se pueden explicar otros 460 millones de pesos transferidos entre sociedades fantasmas creadas por el Grupo Macri en Panamá, Bahamas, Brasil e Italia.
 
Para tapar tantos casos de corrupción y evasión, el presidente contó con el respaldo del aparato judicial de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente el escándalo y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando termine la feria judicial.
 

 
Fraude en el Correo
 
Mauricio Macri, gobierno, y Mauricio Macri, Correo, fueron sorprendidos cuando, estando de los dos lados del mostrador, trataron de cancelar toda la deuda que el Grupo Macri traía de 2002 por cánones que nunca pagó. Lo que deben los Macri, como mínimo, suma unos 4.800 millones de pesos.
 
La jugarreta -en la que se interpuso la fiscal Gabriela Boquín-- motivó una causa penal en la que fueron indagados, por el juez Ariel Lijo, el entonces titular del Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad; el director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente del Correo (Grupo Macri), Jaime Cibils Robirosa; y el tradicional apoderado de los Macri, Jaime Kleidermacher.
 
La indagatoria se concretó en marzo, hace más de cuatro meses, y sin embargo el magistrado todavía no resolvió los procesamientos por la maniobra que incluye los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, consignó Página/12.
 
En paralelo, respecto de la deuda misma, el Grupo Macri ofreció pagar 296 millones, que es lo que debía en 2002, pero sin tener en cuenta por ahora los intereses y actualizaciones que sumarían más de 4.500 millones, aunque hay cálculos que estiman la cifra en mucho mayor.
 
El Grupo Macri dice que pagaría intereses y actualizaciones si le gana juicios al estado por la estatización del Correo. Se trata de otra maniobra, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de esos juicios los empezó después de 2016, cuando ya negociaban con el actual gobierno.
 
La Procuración del Tesoro, en manos de un allegado al Grupo, el histórico abogado de los Macri, Bernardo Saravia Frías, tiene que responder sobre la burda oferta del Correo. Pero el caso va de escándalo en escándalo: la quiebra del Grupo Macri debió decretarse transcurridos dos años y el proceso ya lleva 18. Es el proceso de concursos y quiebras más largo de la historia argentina.
 
 
Estafa en el peaje II
 
Las maniobras con los peajes fueron asombrosas con el increíble aumento de las tarifas y la venta de acciones, pero hay una causa que ahora cobró vuelo. Antes de la feria judicial, el fiscal Carlos Stornelli impulsó la investigación contra Mauricio Macri por una maniobra previa a la venta de las acciones de Ausol --la que maneja la Panamericana--, empresa en la que el Grupo Macri tenía el siete por ciento. Como en el Correo, Macri estaba de los dos lados del mostrador: en la empresa y en el estado. El escándalo es de marca mayor, al punto que hasta a un fiscal como Stornelli, tan alineado con el gobierno y con Macri, lo obligó a abrir la causa.
 
Según denunciaron los diputados Tailhade, Moreau, Grana y Castagnetto, pocos días antes de asumir Macri, se armó a las apuradas una denuncia ante el CIADI, tribunal internacional del Banco Mundial, reclamándole al estado nacional la suma de 1.100 millones de dólares por atrasos tarifarios, publicó Página/12.
 
El gobierno de Macri accedió a pagarle a la empresa del Grupo Macri una reparación de 499 millones de dólares y utilizó la negociación del conflicto para concretar la renovación del contrato de peajes en la Panamericana, que era el verdadero objetivo.
 
El periodista Alejandro Bercovich reveló los datos de un expediente armado por la interventora de Ausol, Laura Andino, antes de la asunción del gobierno de Macri. La conclusión era que la empresa cubría con creces los costos y tenía uno de las rentabilidades más altas del país. De manera que la demanda en el CIADI era una trampa. El objetivo real fue cobrar la reparación de 499 millones de dólares y forzar la renovación.
 
La causa, que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, tiene una testigo clave: la ex directora de Asuntos Legales de Vialidad Nacional Julieta Ripoll. La letrada estuvo en las primeras reuniones de negociación con Ausol y luego fue despedida de su cargo.
 
Las maniobras, entonces, estuvieron en el pago de la reparación, en la renegociación de la concesión, en los aumentos desmedidos de peajes y en la venta de las acciones. Si se hace un cálculo basado en que el Grupo Macri y el presidente se beneficiaron sólo con el siete por ciento de la maniobra --hay sospechas de que tienen mucha mayor participación--, al final del proceso se quedaron con más de 2300 millones de pesos, limpitos. La denuncia fue presentada por Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara).
 
 
Estafa en los molinos
 
Hace un año y medio, en enero de 2018, se hizo la denuncia de que el Grupo Macri se quedó irregularmente con 48 millones de dólares en un pase de manos con parques eólicos. La causa la instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Eduardo Taiano. Hasta ahora no fue indagado nadie.
 
La empresa española Isolux Corsan, socia de los Macri en varios negocios, había ganado licitaciones por seis parques eólicos en Chubut durante el gobierno anterior. Sin embargo, estaba en crisis por las denuncias de corrupción en España. En la Argentina, había incumplido los compromisos de avanzar en los parques y sólo desarrolló uno, Loma Blanca IV. Para concretar el pase de manos, el histórico contador de los Macri, Mariano Payaslían, armó una serie de sociedades, tal como reveló en su momento la periodista Emilia Delfino, de Perfil. Esas sociedades compraron los parques eólicos en 25 millones de dólares, consignó Página/12.
 
Poco después, en 2017, Loma Blanca I, II, II se le vendieron a una empresa china, Goldwind, en 33 millones de dólares, mientras que Loma Blanca IV se vendió a una empresa del banquero Jorge Brito en 40 millones de dólares. Por la situación de créditos que tenían los españoles y por los términos de los pliegos, la venta de los parques requería autorización del Banco Nación y de Enarsa, ambos dependientes del gobierno. La falta de inversión también debió traducirse en la pérdida total de derechos de Isolux y la devolución de los parques al estado. Lo concreto es que la venta se permitió y en el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares.
 
A esta situación se sumó otra jugarreta. Isolux volvió a ganar una licitación en octubre de 2016 y consiguió los parques eólicos Miramar y Loma Blanca VI, también en Chubut. Las adjudicaciones fueron objetadas hasta por el ex ministro Juan José Aranguren, pero igual siguieron adelante. Lo cierto es que también esos parques fueron vendidos a sociedades vinculadas a Payaslian y terminaron en manos de la empresa china Goldwind. No se sabe cuándo dinero le quedó al Grupo Macri en esta última maniobra.
 
Según parece, las sociedades que compraron y vendieron los parques tienen accionistas escondidos en Luxemburgo y actúan bajo el nombre de la sociedad Rainbow Finances, que tiene siete socios. En el camino también aparecen dos cuentas del Grupo Macri en Estados Unidos.
 
Un detalle que agrava todavía más el cuadro, es que una de las sociedades sospechadas, Usir, le prestó 5 millones de dólares al hermano presidencial Gianfranco una maniobra inexplicable.
 
Los denunciantes son los diputados Tailhade y Doñate y los delitos son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
 
 
Estafa aérea
 
La operación de venta de Macair (Macri Air) presenta ilegalidades e irregularidades por donde se la mire. Hay numerosas denuncias que habrá que ver si terminan de arrancar después de la feria. En Comodoro Py dicen que son causas pisadas. Están imputados el propio presidente Mauricio Macri, el secretario de la Presidencia, De Andreis, y numerosos funcionarios. Los delitos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias e irregularidades en la administración del espacio aéreo.
 
El grupo Macri vendió la aerolínea sabiendo que el mismo gobierno de Macri le adjudicaría rutas, que es un activo para cualquier línea aérea. En total se le adjudicaron 36 rutas por 15 años. El gremio de pilotos explicó que la venta se hizo por 10 millones de dólares, cuando Macair tenía sólo tres o cuatro aviones valuados, en total, en 1.200.000 dólares. El resto del valor tenía que ver con las rutas. Parece cantado que cuando se concretó la operación, en octubre de 2016, ya había una promesa de que se le otorgarían rutas, cosa que ocurrió en febrero de 2017, publicó Página/12.
 
En las denuncias queda en claro que la subsidiaria de Avianca no tenía ni siquiera la documentación en regla para adjudicarse rutas, al punto que entregó una garantía de la empresa Sinergy Aerospace, que se completó recién después de la adjudicación de rutas. El gremio de pilotos denunció la "adjudicación fraudulenta".
 
Hoy en día la situación es de máxima gravedad. Avian suspendió sus vuelos 90 días, presentó un expediente de crisis y luego la convocatoria de acreedores. Hay 200 empleados que no cobran los sueldos desde hace cuatro meses y, por supuesto, no se hicieron los pagos de las cargas sociales. El rumor es que los que están detrás de Avián, colombianos--brasileños, no le pagaron la totalidad al grupo Macri, el gobierno le soltó la mano y la aerolínea entró en crisis.
 
Pero lo asombroso de Comodoro Py no es sólo la velocidad con la que avanza en las causas contra el anterior gobierno, sino la habilidad para enterrar causas donde figura el nombre Macri. Sin embargo, esos expedientes podrían revivir cuando ya no exista la cobertura política y mediática que tienen hoy. Hay medios del mundo extrañados con el manejo de causas judiciales de envergadura.
 
 
El show de Panamá
 
Como se sabe, el 3 de abril de 2016 estalló el escándalo conocido como Panamá Papers, la filtración que sacó a la luz a miles de sociedades armadas por el estudio panameño Mossack Fonseca y que luego se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales. Esperaban encontrar sociedades y cuentas K, pero resulta que encontraron sociedades y cuentas M. En total, aparecieron unas 50 sociedades vinculadas a la familia Macri.
 
La causa judicial fue instruida por el juez Sebastián Casanello y por el fiscal Federico Delgado y giró entorno de dos sociedades, Fleg Trading y Kagemusha. Ninguna de las dos figuró nunca en declaraciones juradas de Mauricio Macri quien aparecía como director de ambas sociedades. El presidente alegó que no tenían movimiento y por lo tanto no requerían declaración alguna, pero en el camino aparecieron 9,3 millones de dólares que se movieron de Fleg Trading de Bahamas a Owners do Brasil, Socma (Sociedades Macri) do Brasil y Fleg Traders de Brasil y que, según parece, después terminaron en Italia, en el hotel Nuraghe Porto Rotondo, de Cerdeña, propiedad de un amigo de la familia, Giorgio Nocella, publicó el diario Página/12.
 
El fiscal Delgado y el denunciante, el diputado Darío Martínez, dijeron que había que seguir investigando, pero el juez Casanello resolvió, tras un informe de la Unidad de Información Financiera, organismo alineado con el Poder Ejecutivo, que no había elementos para considerar el delito de lavado de dinero. El magistrado dictaminó que el caso se correspondía más con una evasión impositiva o, mejor dicho, una "omisión maliciosa" que es esconder un bien o una sociedad en las declaraciones impositivas. Con la ayuda del fiscal Germán Moldes, Macri logró zafar, básicamente echándole la culpa a su papá, Franco, quien --como siempre-- se hizo cargo de todo diciendo que las sociedades las armó él y que Mauricio no jugó ningún papel.
 
La causa está hoy dormida en el fuero Penal Económico. El Süddeutche Zeitung, diario que encabezó el consorcio internacional de periodistas que hizo la investigación de Panamá Papers, se sorprendió por el trato blando que recibió Mauricio Macri en la cobertura periodística.
 
Como mínimo, en el caso Panamá Papers, hay 460 millones de pesos en danza y quedan por investigar las 50 sociedades armadas por el Grupo Macri en distintos lugares: Panamá, Luxemburgo, Londres, Italia, Brasil, Bahamas.
 
 
Estafa en el peaje
 
Las acciones de Autopistas del Sol (Ausol), que maneja la Panamericana, valían cuatro (4) pesos en enero de 2015. Cuando asumió Mauricio Macri, sabiendo que el presidente era la cabeza del grupo que tenía una parte de Ausol, la acción ya estaba en 14,50. A partir de ese momento, Macri le aumentó la tarifa de peajes a Ausol entre un 200 y 270 por ciento, dependiendo del horario, y, por consiguiente, la acción trepó a 75,50. En ese momento, el grupo Macri vendió el siete por ciento que tenía de participación en la empresa a un valor de 19,7 millones de dólares. Con la acción a 4 pesos, la venta hubiera sido por dos o tres millones de dólares.
 
Aun así, muchos dicen que la venta fue simulada y que la compradora, Natal Inversiones, no tenía la menor experiencia en peajes ni se dedicaba al rubro. A tal punto que tuvo que cambiar sus estatutos. De inmediato, se firmó la renovación de la concesión con un simulacro evidente: la rúbrica la puso Gabriela Michetti, para que Macri no quedara aún más expuesto. La acción subió entonces a 103 pesos.
 
Hubo denuncia presentada por Margarita Stolbizer, el fiscal Guillermo Marijuán pidió medidas y luego no quiso avanzar más: desestimó la denuncia.
 
 
Blanqueo
 
La Corte Suprema debe resolver si el diputado Felipe Solá está legitimado para cuestionar judicialmente el blanqueo de los familiares de Mauricio Macri y los demás funcionarios del gobierno, algo que el presidente modificó por decreto. La ley no impedía, igualmente, el blanqueo de los hermanos.
 
Sin embargo, varias cosas resultaron llamativas de los 622 millones de pesos blanqueados por Gianfranco Macri, hermano presidencial. En primer lugar, la desproporción con los bienes declarados por el mandatario, apenas 126 millones de pesos, o sea que Mauricio --mucho más importante que Gianfranco en las empresas-- resultó ser infinitamente más pobre que su hermano.
 
Al mismo tiempo, Gianfranco le admitió al Consorcio Internacional de Periodistas que junto con otro hermano, Mariano, ocultaban cuatro millones de dólares, unos 170 millones de pesos a valores actuales, en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. El dinero había estado escondido en Hamburgo, pasó al país helvético y luego los hermanos aprovecharon el blanqueo.
 
Todo esto está, judicialmente hablando, todavía en la neblina.
 
 
Soterramiento, negocio y coima
 
El Grupo Macri, a través de Iecsa, se adjudicó una de las obras más importantes del país: el soterramiento del Sarmiento. El pliego incluía que el consorcio ganador debía garantizar el financiamiento, pero la alianza Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella no consiguieron el dinero. Macri salió al rescate con un decreto de necesidad y urgencia, derivando 40 mil millones de pesos para financiar la obra, publicó Página/12.
 
En Brasil, mientras tanto, los ejecutivos de Odebrecht confesaron que pagaron coimas a funcionarios del anterior gobierno. El juez de la causa es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Franco Picardi. Hasta el momento, el magistrado procesó a los ex funcionarios, pero le dictó la falta de mérito a los empresarios, entre ellos el primo presidencial, Angelo Calcaterra. Sin embargo, pocos días antes de la feria, la propia AFIP pidió la indagatoria del familiar de Macri porque quedó en claro que Iecsa armaba contratos por servicios inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas. Ya se demostró la falsedad de un contrato entre el consorcio y una empresa española, DCS, y otro contrato entre Iecsa y otra consultora, CAESA.
 
La mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió que hubo coimas, pero su testimonio no se homologó todavía. En Uruguay apareció una cuenta en la que supuestamente también se hicieron pagos: Jorge "El Corcho" Rodríguez es el apuntado por el fiscal, pero él afirma que nunca manejó esa cuenta en Montevideo, sino que fueron los propios ejecutivos uruguayos y brasileños. También hubo pagos a través de sociedades en Andorra y no deja de estar presente la sospecha de que funcionarios de las empresas decían que pagaban coimas, pero se quedaban con el dinero y realizaban inversiones en Miami. De hecho, aparecen ejecutivos de Odebrecht con importantes propiedades escondidas en La Florida.
 
Todo el negociado del soterramiento está sospechado. Desde la licitación hasta el financiamiento y, por supuesto, el pago de coimas millonarias.
 
Por Irina Hauser, Sofía Karam y Raul Kollmann
 
Fuente: Página12 
 

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21-01-2020 / 10:01
El asesinato de Fernando Báez Sosa que la UAR (Unión Argentina de Rugby) llamó fallecimiento es apenas una parte -la más importante-, de un combo letal.
 
La tipificación jurídica, responsabilidad penal y carradas de opiniones sobre el crimen, con mayor o menor espesura analítica, no le devolverán la vida al joven de 19 años y nos colocan en una endeble situación argumentativa.
 
Las sucesivas agresiones de rugbiers que terminan en muertes o sin ellas, con premeditación y alevosía, con el afán de destruir al otro por ser diferente, por las razones que fueren, son una noticia incómoda para un deporte que se arroga ciertos valores.
 
Los casos anteriores tuvieron una efímera visibilidad mediática. Algunos siguen impunes, como el asesinato de Ariel Malvino, a quien tres correntinos mataron en 2006 en Ferrugem, todos de familias influyentes en esa provincia.
 
Esa muerte y la de Báez Sosa tienen un componente clasista que deviene de la posición social de estas manadas de criminales musculados.
 
El rugby estigmatizado refuerza esa concepción de deporte cheto cuando ya no lo es. Hace tiempo dejó de serlo. Lo juegan los pueblos originarios en sus territorios, los pobres en las villas, los presos en las cárceles, crece entre las mujeres de cualquier condición social.
 
En la gran mayoría de estos crímenes no se percibe con claridad un ingrediente de consumo social que cruza a muchos de los victimarios. La ingesta desenfrenada de alcohol que confirman todas las estadísticas y en especial de la cerveza.
 
Cualquier campaña de concientización que busque antídotos contra la brutalidad de una manada de rugbiers, debería tomar en cuenta cuál es la única droga social legalizada y cuyo consumo está lejos de llegar a su techo.

20-01-2020 / 11:01
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó a distintos funcionarios, -en su mayoría gerentes y directivos- de empresas públicas que ingresaron con cargos políticos al Estado durante el Gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, y que en este nuevo período gubernamental no quieren dejar sus cargos en las diferentes dependencias estatales.
 
Massa denunció que dichos funcionarios, en caso de irse, piden doble indemnización y los definió como "okupas". Fuentes de distintos organismos estatales explicaron cómo esta situación afecta a la implementación de proyectos y políticas públicas.
 
El Presidente de la Cámara baja aseguró que "son unos inmorales", y que "no sólo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno".
 
Massa se refería a esto ya que el 20 de mayo de 2016 Macri había vetado la ley de Emergencia Ocupacional, que fue sancionada por ambas cámaras legislativas y que pretendía prohibir los despidos por 180 días e implementar la doble indemnización.
 
Es decir, los funcionarios de Cambiemos que aún quedan en el estado, piden para irse la doble indemnización mientras que su gobierno estaba en contra de aplicar ese resarcimiento a los trabajadores despedidos.
 
Massa detalló que se trata de "gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y de otras empresas públicas, que se hacen los distraídos esperando que los echen para pedir que les liquiden la doble indemnización".
 
"Esta gente no llegó con los clasificados bajo el brazo sino que fue designada políticamente y ahora pide una doble indemnización que el mismo Gobierno anterior vetó cuando el Congreso aprobó la Ley", agregó el funcionario. 

19-01-2020 / 18:01
Al grito de "¡no fue suicidio, fue un magnicidio!" un grupo de manifestantes antiperonistas se movilizó a la Plaza del Vaticano, para recordar al fiscal Alberto Nisman a cinco años de su muerte. Los manifestantes se ufanaron de "no llevar banderas políticas". Sin embargo, en el discurso dispararon contra el presidente, Alberto Fernández, y festejaron la presencia de dirigentes del macrismo.
 
Todo el acto fue en línea con los dichos bolzonaristas de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich en los últimos días. La ex funcionaria acusó al jefe de Estado de haber pactado "la demolición de la causa del Memorándum con Irán" que tiene como acusada a Cristina Fernández. Aunque varios dirigentes opositores confirmaron que no judicializarán esta acusación.
 
La ceremonia tuvo de invitados estrellas a los mediáticos diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, ambos del PRO. De la Coalición Cívica hicieron su aparición Elisa Carrió y su heredero político Maximilano Ferraro. No solo legisladores gurkas del macrismo asistieron, en las primeras filas estaba el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi y el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro. Con estos dirigentes macristas bien presentes, los oradores seguían jurando la "independencia política" del acto.
 
Lo que hace varias semanas parecía que iba a ser un acto cargado de contenido opositor con concurrencia masiva, se fue desinflando en los últimos días a medida de que las distintas organizaciones de la comunidad judía en la Argentina anunciaron que no participarían. Tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) decidieron no participar de esta movilización que pedía "Justicia por el asesinato del fiscal", cuando a cinco años de su muerte la Justicia aun no encontró pruebas que definan al caso. Es una muerte utilizada por el macrismo para reforzar la demonización del kirchnerismo.
 
Su ex pareja y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, y sus hijas tampoco asistieron. Incluso, algunos meses atrás dejaron de ser querellantes en la causa que investiga la muerte de Nisman. Sin embargo, los manifestantes colmaron la pequeña Plaza del Vaticano.
 
La previa fue caliente: intimidaciones a periodistas y reproches entre los manifestantes por la escasez de jóvenes en este acto. Lo cierto es que el calor en una plaza seca, con poca sombra, generó molestia en una buena parte de los adultos mayores que se acercaron temprano.
 
Antes que comenzara el acto, desde la organización pidieron que "respetaran a todos los periodistas". La consigna no fue tomada de la mejor manera por los "defensores de la república", muchos abuchearon, otros chistaban por lo bajo, mientras que otros gritaron: "Son cómplices y corruptos".
 
La Opinión Popular

19-01-2020 / 11:01
En el siglo XX se firmaron, como jamás antes, tratados internacionales que limitan la violencia entre Estados, regulan el trato a prisioneros de guerra, refugiados y migrantes, prohíben la tortura y cien etcéteras. Rigen hoy en día, se amplían regularmente. Centenares de naciones adhieren, se celebran reuniones para ratificar principios universales.
 
Sin embargo el presidente de la mayor potencia del planeta --promotora y signataria de muchas de esas normas, sede física de organismos internacionales-- manda asesinar a un general de otro país. Sin que medie guerra declarada, sin cumplir las (de por sí laxas) leyes de su país. Los propios funcionarios de Donald Trump no alcanzan a justificar, ni siquiera a explicar, la movida. Los opositores la critican con ineficaz dureza.
 
El magnicidio es presenciado impávidamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el poder expuesto en carne viva. Suena cándido o sarcástico preguntarse qué habría pasado si el mandatario homicida fuera iraní, argentino o hasta belga.
 
El orden global siempre fue asimétrico, tendencia que se agrava en la era de la globalización financiera y la primacía de líderes de derecha, racistas, violentos, xenófobos, machistas. Hiper tácticos, predispuestos a adoptar decisiones tremendas mientras tuitean. A toda velocidad, a pura ligereza.
 
Cuando asumieron Trump y su colega brasileño Jair Bolsonaro algunos expertos predijeron que poderes establecidos de sus patrias les demarcarían límites. Las Agencias de Estados Unidos, su élite económica, el Departamento de Estado, allá en el Norte que manda.
 
Acá cerca, Itamaraty, la célebre y profesional Cancillería de Brasil que, se supone, ensilló a la dictadura militar o limó diferencias entre presidentes tan disímiles como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva.
 
Esos frenos y balances fracasaron, no actuaron, entraron en el pasado. Las mesas chicas de los presidentes del siglo XXI resultan ser minúsculas, a veces se superponen con la reunión familiar. Bolsonaro y sus críos, sin ir más lejos.
 
En ese contexto espantoso, volátil, filo indescifrable, el presidente Alberto Fernández intenta instalar un esquema de negociación de la deuda externa bastante novedoso (nada lo es del todo). Trata de conciliar ciertos principios básicos de soberanía y de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
 
Pagar pero supeditándose a la normalización de la economía, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la deuda interna. La oferta parece sensata, en particular porque la formula un país pacífico, sin violencia racial ni ansias bélicas, una suerte de remanso en el vecindario soliviantado.

18-01-2020 / 10:01
El "fifty-fifty" que proponía Juan Perón para la Argentina era un anhelo por el cual trabajadores y empresas se repartían en partes iguales, 50-50, los ingresos que genera el país. Más allá de que el fifty-fifty no sea un nivel de distribución ideal, el dato publicado por el Indec muestra que la dinámica tiende a alejarse.
 
Ya que, durante el cierre del período Cambiemos, los asalariados volvieron a perder porciones de la distribución del ingreso. Esta vez el fenómeno vino acompañado de una novedad: los empresarios no mejoraron su participación. Y es que los que capturaron la diferencia fueron los trabajadores no asalariados.
 
El cuentapropismo, surgido por la fuerte crisis económica del 2018-2019, creció con fuerza, creó 265.000 puestos de subsistencia, que no califican ni como asalariados ni como empresarios, y llevó a la participación del ingreso mixto a crecer hasta quedarse con el 12,6% de la torta.
 
En este caso, la mencionada torta es el valor agregado por la economía local. Sobre el total del producto nacional, los asalariados se quedaron con el 45,1%. Eso implicó una caída fuerte desde el 52% con el que se quedaba en el 2015, según los datos del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped).
 
El Indec comenzó a publicar sus números en el 2016 y en el tercer trimestre de ese año todavía era el 52,7%. El deterioro se aceleró durante la gestión Cambiemos.
 
Los empresarios se quedaron con el 44,4% durante el tercer trimestre del 2019. Fue la primera caída en mucho tiempo, ya que en el mismo período del 2018 habían obtenido el 44,9%. Mientras tanto, los cuentapropistas pasaron del 11,4% al 12,6%.
 
Los asalariados son tres cuartos de quienes generan el ingreso nacional y se quedan con el 45,1% del producto; los empresarios son apenas el 3,9% y se quedan con el 44,4%; los cuentapropistas son el 22,9% y se quedan sólo con el 12,6%.
 
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