03:05 | Lunes 05 de Enero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 28-07-2019 / 11:07

¿Cuáles son las graves causas por corrupción que involucran a Mauricio Macri?

El Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura el Presidente Mauricio Macri. Pero las causas se mueven muy lentas.

El Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones por corrupción en las que figura el Presidente Mauricio Macri. Pero las causas se mueven muy lentas.

Dentro de ocho días, la Justicia debería avanzar sobre los gravísimos casos de corrupción en los que está involucrado el Presidente Mauricio Macri, su grupo empresario y los funcionarios que lo rodean.

Los escándalos suman, como mínimo, once mil millones de pesos. Abarcan la deuda en el Correo -que data de 2001, hace 18 años-, en la que se intentó una maniobra para esconder y cancelar no menos de 4.800 millones de pesos.

También figura la irregular compra de parques eólicos y la inmediata venta con una ganancia para la familia presidencial de 2.760 millones de pesos. En la maniobra tramposa utilizaron sociedades armadas incluso en Luxemburgo y un insólito préstamo de cinco millones de dólares al hermano presidencial.

En el listado aparecen las manipulaciones con la participación del Grupo Macri en Ausol, la empresa más importante de peajes. De ese negociado se llevaron, también irregularmente, 2.300 millones de pesos, después de aumentar el peaje 250 por ciento, la acción que vendieron pasó de cuatro pesos a 75,50 pesos.

No menos escandalosa fue la venta de Macair (Macri Air) a Avianca, aceitada con la promesa del propio gobierno de Macri de otorgarle 36 rutas aéreas, lo que le permitió una ganancia adicional de 460 millones de pesos. Avianca hoy dejó de volar y hay 200 empleados que no cobran hace dos meses.

En el paquete irregular entra también lo surgido de Panamá Papers, donde no se pueden explicar otros 460 millones de pesos transferidos entre sociedades fantasmas creadas por el Grupo Macri en Panamá, Bahamas, Brasil e Italia.

Para tapar tantos casos de corrupción y evasión, el presidente contó con el respaldo del aparato judicial de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente el escándalo y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando termine la feria judicial.

Fraude en el Correo

Mauricio Macri, gobierno, y Mauricio Macri, Correo, fueron sorprendidos cuando, estando de los dos lados del mostrador, trataron de cancelar toda la deuda que el Grupo Macri traía de 2002 por cánones que nunca pagó. Lo que deben los Macri, como mínimo, suma unos 4.800 millones de pesos.

La jugarreta -en la que se interpuso la fiscal Gabriela Boquín-- motivó una causa penal en la que fueron indagados, por el juez Ariel Lijo, el entonces titular del Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad; el director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente del Correo (Grupo Macri), Jaime Cibils Robirosa; y el tradicional apoderado de los Macri, Jaime Kleidermacher.

La indagatoria se concretó en marzo, hace más de cuatro meses, y sin embargo el magistrado todavía no resolvió los procesamientos por la maniobra que incluye los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, consignó Página/12.

En paralelo, respecto de la deuda misma, el Grupo Macri ofreció pagar 296 millones, que es lo que debía en 2002, pero sin tener en cuenta por ahora los intereses y actualizaciones que sumarían más de 4.500 millones, aunque hay cálculos que estiman la cifra en mucho mayor.

El Grupo Macri dice que pagaría intereses y actualizaciones si le gana juicios al estado por la estatización del Correo. Se trata de otra maniobra, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de esos juicios los empezó después de 2016, cuando ya negociaban con el actual gobierno.

La Procuración del Tesoro, en manos de un allegado al Grupo, el histórico abogado de los Macri, Bernardo Saravia Frías, tiene que responder sobre la burda oferta del Correo. Pero el caso va de escándalo en escándalo: la quiebra del Grupo Macri debió decretarse transcurridos dos años y el proceso ya lleva 18. Es el proceso de concursos y quiebras más largo de la historia argentina.

Estafa en el peaje II

Las maniobras con los peajes fueron asombrosas con el increíble aumento de las tarifas y la venta de acciones, pero hay una causa que ahora cobró vuelo. Antes de la feria judicial, el fiscal Carlos Stornelli impulsó la investigación contra Mauricio Macri por una maniobra previa a la venta de las acciones de Ausol --la que maneja la Panamericana--, empresa en la que el Grupo Macri tenía el siete por ciento. Como en el Correo, Macri estaba de los dos lados del mostrador: en la empresa y en el estado. El escándalo es de marca mayor, al punto que hasta a un fiscal como Stornelli, tan alineado con el gobierno y con Macri, lo obligó a abrir la causa.

Según denunciaron los diputados Tailhade, Moreau, Grana y Castagnetto, pocos días antes de asumir Macri, se armó a las apuradas una denuncia ante el CIADI, tribunal internacional del Banco Mundial, reclamándole al estado nacional la suma de 1.100 millones de dólares por atrasos tarifarios, publicó Página/12.

El gobierno de Macri accedió a pagarle a la empresa del Grupo Macri una reparación de 499 millones de dólares y utilizó la negociación del conflicto para concretar la renovación del contrato de peajes en la Panamericana, que era el verdadero objetivo.

El periodista Alejandro Bercovich reveló los datos de un expediente armado por la interventora de Ausol, Laura Andino, antes de la asunción del gobierno de Macri. La conclusión era que la empresa cubría con creces los costos y tenía uno de las rentabilidades más altas del país. De manera que la demanda en el CIADI era una trampa. El objetivo real fue cobrar la reparación de 499 millones de dólares y forzar la renovación.

La causa, que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, tiene una testigo clave: la ex directora de Asuntos Legales de Vialidad Nacional Julieta Ripoll. La letrada estuvo en las primeras reuniones de negociación con Ausol y luego fue despedida de su cargo.

Las maniobras, entonces, estuvieron en el pago de la reparación, en la renegociación de la concesión, en los aumentos desmedidos de peajes y en la venta de las acciones. Si se hace un cálculo basado en que el Grupo Macri y el presidente se beneficiaron sólo con el siete por ciento de la maniobra --hay sospechas de que tienen mucha mayor participación--, al final del proceso se quedaron con más de 2300 millones de pesos, limpitos. La denuncia fue presentada por Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara).

Estafa en los molinos

Hace un año y medio, en enero de 2018, se hizo la denuncia de que el Grupo Macri se quedó irregularmente con 48 millones de dólares en un pase de manos con parques eólicos. La causa la instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Eduardo Taiano. Hasta ahora no fue indagado nadie.

La empresa española Isolux Corsan, socia de los Macri en varios negocios, había ganado licitaciones por seis parques eólicos en Chubut durante el gobierno anterior. Sin embargo, estaba en crisis por las denuncias de corrupción en España. En la Argentina, había incumplido los compromisos de avanzar en los parques y sólo desarrolló uno, Loma Blanca IV. Para concretar el pase de manos, el histórico contador de los Macri, Mariano Payaslían, armó una serie de sociedades, tal como reveló en su momento la periodista Emilia Delfino, de Perfil. Esas sociedades compraron los parques eólicos en 25 millones de dólares, consignó Página/12.

Poco después, en 2017, Loma Blanca I, II, II se le vendieron a una empresa china, Goldwind, en 33 millones de dólares, mientras que Loma Blanca IV se vendió a una empresa del banquero Jorge Brito en 40 millones de dólares. Por la situación de créditos que tenían los españoles y por los términos de los pliegos, la venta de los parques requería autorización del Banco Nación y de Enarsa, ambos dependientes del gobierno. La falta de inversión también debió traducirse en la pérdida total de derechos de Isolux y la devolución de los parques al estado. Lo concreto es que la venta se permitió y en el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares.

A esta situación se sumó otra jugarreta. Isolux volvió a ganar una licitación en octubre de 2016 y consiguió los parques eólicos Miramar y Loma Blanca VI, también en Chubut. Las adjudicaciones fueron objetadas hasta por el ex ministro Juan José Aranguren, pero igual siguieron adelante. Lo cierto es que también esos parques fueron vendidos a sociedades vinculadas a Payaslian y terminaron en manos de la empresa china Goldwind. No se sabe cuándo dinero le quedó al Grupo Macri en esta última maniobra.

Según parece, las sociedades que compraron y vendieron los parques tienen accionistas escondidos en Luxemburgo y actúan bajo el nombre de la sociedad Rainbow Finances, que tiene siete socios. En el camino también aparecen dos cuentas del Grupo Macri en Estados Unidos.

Un detalle que agrava todavía más el cuadro, es que una de las sociedades sospechadas, Usir, le prestó 5 millones de dólares al hermano presidencial Gianfranco una maniobra inexplicable.

Los denunciantes son los diputados Tailhade y Doñate y los delitos son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

Estafa aérea

La operación de venta de Macair (Macri Air) presenta ilegalidades e irregularidades por donde se la mire. Hay numerosas denuncias que habrá que ver si terminan de arrancar después de la feria. En Comodoro Py dicen que son causas pisadas. Están imputados el propio presidente Mauricio Macri, el secretario de la Presidencia, De Andreis, y numerosos funcionarios. Los delitos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias e irregularidades en la administración del espacio aéreo.

El grupo Macri vendió la aerolínea sabiendo que el mismo gobierno de Macri le adjudicaría rutas, que es un activo para cualquier línea aérea. En total se le adjudicaron 36 rutas por 15 años. El gremio de pilotos explicó que la venta se hizo por 10 millones de dólares, cuando Macair tenía sólo tres o cuatro aviones valuados, en total, en 1.200.000 dólares. El resto del valor tenía que ver con las rutas. Parece cantado que cuando se concretó la operación, en octubre de 2016, ya había una promesa de que se le otorgarían rutas, cosa que ocurrió en febrero de 2017, publicó Página/12.

En las denuncias queda en claro que la subsidiaria de Avianca no tenía ni siquiera la documentación en regla para adjudicarse rutas, al punto que entregó una garantía de la empresa Sinergy Aerospace, que se completó recién después de la adjudicación de rutas. El gremio de pilotos denunció la "adjudicación fraudulenta".

Hoy en día la situación es de máxima gravedad. Avian suspendió sus vuelos 90 días, presentó un expediente de crisis y luego la convocatoria de acreedores. Hay 200 empleados que no cobran los sueldos desde hace cuatro meses y, por supuesto, no se hicieron los pagos de las cargas sociales. El rumor es que los que están detrás de Avián, colombianos--brasileños, no le pagaron la totalidad al grupo Macri, el gobierno le soltó la mano y la aerolínea entró en crisis.

Pero lo asombroso de Comodoro Py no es sólo la velocidad con la que avanza en las causas contra el anterior gobierno, sino la habilidad para enterrar causas donde figura el nombre Macri. Sin embargo, esos expedientes podrían revivir cuando ya no exista la cobertura política y mediática que tienen hoy. Hay medios del mundo extrañados con el manejo de causas judiciales de envergadura.

El show de Panamá

Como se sabe, el 3 de abril de 2016 estalló el escándalo conocido como Panamá Papers, la filtración que sacó a la luz a miles de sociedades armadas por el estudio panameño Mossack Fonseca y que luego se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales. Esperaban encontrar sociedades y cuentas K, pero resulta que encontraron sociedades y cuentas M. En total, aparecieron unas 50 sociedades vinculadas a la familia Macri.

La causa judicial fue instruida por el juez Sebastián Casanello y por el fiscal Federico Delgado y giró entorno de dos sociedades, Fleg Trading y Kagemusha. Ninguna de las dos figuró nunca en declaraciones juradas de Mauricio Macri quien aparecía como director de ambas sociedades. El presidente alegó que no tenían movimiento y por lo tanto no requerían declaración alguna, pero en el camino aparecieron 9,3 millones de dólares que se movieron de Fleg Trading de Bahamas a Owners do Brasil, Socma (Sociedades Macri) do Brasil y Fleg Traders de Brasil y que, según parece, después terminaron en Italia, en el hotel Nuraghe Porto Rotondo, de Cerdeña, propiedad de un amigo de la familia, Giorgio Nocella, publicó el diario Página/12.

El fiscal Delgado y el denunciante, el diputado Darío Martínez, dijeron que había que seguir investigando, pero el juez Casanello resolvió, tras un informe de la Unidad de Información Financiera, organismo alineado con el Poder Ejecutivo, que no había elementos para considerar el delito de lavado de dinero. El magistrado dictaminó que el caso se correspondía más con una evasión impositiva o, mejor dicho, una "omisión maliciosa" que es esconder un bien o una sociedad en las declaraciones impositivas. Con la ayuda del fiscal Germán Moldes, Macri logró zafar, básicamente echándole la culpa a su papá, Franco, quien --como siempre-- se hizo cargo de todo diciendo que las sociedades las armó él y que Mauricio no jugó ningún papel.

La causa está hoy dormida en el fuero Penal Económico. El Süddeutche Zeitung, diario que encabezó el consorcio internacional de periodistas que hizo la investigación de Panamá Papers, se sorprendió por el trato blando que recibió Mauricio Macri en la cobertura periodística.

Como mínimo, en el caso Panamá Papers, hay 460 millones de pesos en danza y quedan por investigar las 50 sociedades armadas por el Grupo Macri en distintos lugares: Panamá, Luxemburgo, Londres, Italia, Brasil, Bahamas.

Estafa en el peaje

Las acciones de Autopistas del Sol (Ausol), que maneja la Panamericana, valían cuatro (4) pesos en enero de 2015. Cuando asumió Mauricio Macri, sabiendo que el presidente era la cabeza del grupo que tenía una parte de Ausol, la acción ya estaba en 14,50. A partir de ese momento, Macri le aumentó la tarifa de peajes a Ausol entre un 200 y 270 por ciento, dependiendo del horario, y, por consiguiente, la acción trepó a 75,50. En ese momento, el grupo Macri vendió el siete por ciento que tenía de participación en la empresa a un valor de 19,7 millones de dólares. Con la acción a 4 pesos, la venta hubiera sido por dos o tres millones de dólares.

Aun así, muchos dicen que la venta fue simulada y que la compradora, Natal Inversiones, no tenía la menor experiencia en peajes ni se dedicaba al rubro. A tal punto que tuvo que cambiar sus estatutos. De inmediato, se firmó la renovación de la concesión con un simulacro evidente: la rúbrica la puso Gabriela Michetti, para que Macri no quedara aún más expuesto. La acción subió entonces a 103 pesos.

Hubo denuncia presentada por Margarita Stolbizer, el fiscal Guillermo Marijuán pidió medidas y luego no quiso avanzar más: desestimó la denuncia.

Blanqueo

La Corte Suprema debe resolver si el diputado Felipe Solá está legitimado para cuestionar judicialmente el blanqueo de los familiares de Mauricio Macri y los demás funcionarios del gobierno, algo que el presidente modificó por decreto. La ley no impedía, igualmente, el blanqueo de los hermanos.

Sin embargo, varias cosas resultaron llamativas de los 622 millones de pesos blanqueados por Gianfranco Macri, hermano presidencial. En primer lugar, la desproporción con los bienes declarados por el mandatario, apenas 126 millones de pesos, o sea que Mauricio --mucho más importante que Gianfranco en las empresas-- resultó ser infinitamente más pobre que su hermano.

Al mismo tiempo, Gianfranco le admitió al Consorcio Internacional de Periodistas que junto con otro hermano, Mariano, ocultaban cuatro millones de dólares, unos 170 millones de pesos a valores actuales, en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. El dinero había estado escondido en Hamburgo, pasó al país helvético y luego los hermanos aprovecharon el blanqueo.

Todo esto está, judicialmente hablando, todavía en la neblina.

Soterramiento, negocio y coima

El Grupo Macri, a través de Iecsa, se adjudicó una de las obras más importantes del país: el soterramiento del Sarmiento. El pliego incluía que el consorcio ganador debía garantizar el financiamiento, pero la alianza Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella no consiguieron el dinero. Macri salió al rescate con un decreto de necesidad y urgencia, derivando 40 mil millones de pesos para financiar la obra, publicó Página/12.

En Brasil, mientras tanto, los ejecutivos de Odebrecht confesaron que pagaron coimas a funcionarios del anterior gobierno. El juez de la causa es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Franco Picardi. Hasta el momento, el magistrado procesó a los ex funcionarios, pero le dictó la falta de mérito a los empresarios, entre ellos el primo presidencial, Angelo Calcaterra. Sin embargo, pocos días antes de la feria, la propia AFIP pidió la indagatoria del familiar de Macri porque quedó en claro que Iecsa armaba contratos por servicios inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas. Ya se demostró la falsedad de un contrato entre el consorcio y una empresa española, DCS, y otro contrato entre Iecsa y otra consultora, CAESA.

La mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió que hubo coimas, pero su testimonio no se homologó todavía. En Uruguay apareció una cuenta en la que supuestamente también se hicieron pagos: Jorge "El Corcho" Rodríguez es el apuntado por el fiscal, pero él afirma que nunca manejó esa cuenta en Montevideo, sino que fueron los propios ejecutivos uruguayos y brasileños. También hubo pagos a través de sociedades en Andorra y no deja de estar presente la sospecha de que funcionarios de las empresas decían que pagaban coimas, pero se quedaban con el dinero y realizaban inversiones en Miami. De hecho, aparecen ejecutivos de Odebrecht con importantes propiedades escondidas en La Florida.

Todo el negociado del soterramiento está sospechado. Desde la licitación hasta el financiamiento y, por supuesto, el pago de coimas millonarias.

Por Irina Hauser, Sofía Karam y Raul Kollmann

Fuente: Página12

04-01-2026 / 17:01

Trump consuma otro ciclo imperialista con la fuerza como único argumento

La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.

Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.

Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".

El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.

Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.

Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.

El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.

"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.

No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.