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Nacionales - 28-07-2019 / 09:07

Gobierno de Macri, medios hegemónicos y poder judicial, contra los derechos laborales

Gobierno de Macri, medios hegemónicos y poder judicial, contra los derechos laborales
El ataque a la libertad de expresión y al derecho de protesta de los pilotos propala una señal acerca de lo que persigue el presidente Macri, algo de lo que hará más rápido si gana las elecciones. No conformarse con lo realizado: empobrecer a los trabajadores, aumentar la masa de desempleados e informales, reducir el valor adquisitivo de sus sueldos. También restarles derechos.
Reclamo pacífico de los pilotos, sin interferencia en el servicio, en el lugar de trabajo... un clásico de la tradición gremial. Los viajeros siguen la rutina, ninguno se atribula, se encaminan a la manga del Aeroparque con los bagayos de mano a cuestas.
 
Uno de los tentáculos de la coalición gobernante, el Multimedios Clarín, magnifica el sucedido: le asigna el título de tapa. El gobierno de Mauricio Macri apela a la cooperación de otro tentáculo: una facción potente del Poder Judicial. Denuncia un delito.
 
Criminaliza el reclamo sindical sin tomarse siquiera la molestia administrativa de abrir un expediente en la minimizada Secretaría de Trabajo. Carlos Stornelli, el fiscal prófugo, quedó a cargo de la acusación. Un garante de la división de poderes.
 
La dirección de Aerolíneas habilita una línea para protestas de los pasajeros.
 
El periodista Sebastián Lacunza desnuda la falsía de la furia republicana PRO. Tuitea: "Se ve que los indignados con el comunicado de los pilotos no viajan en subte. Hace años que los monitores reproducen en loop propaganda de Larreta, Macri y cía. En el caso del subte E, más que público cautivo es privación ilegal de la libertad". Doble vara, cuándo no.
 
El oficialismo atiza el debate, pensando que funciona como distractivo en la campaña, una de las cortinas de humo que desvíen la atención respecto de la situación económico-social.
 
Parece equivocarse: la supuesta cortina de humo resalta un tema central porque describe el modelo de país soñado por el macrismo y sus objetivos futuros.
 
Aumentar la desigualdad entre clases. Potenciar la regresiva redistribución del ingreso, de la riqueza, de las expectativas padecida (o gozada según la posición previa de cada quién) desde diciembre de 2015.
 
El ataque a la libertad de expresión y al derecho de protesta de los pilotos propala una señal acerca de lo que persigue el presidente Macri, algo de lo que hará más rápido si gana las elecciones.
 
No conformarse con lo realizado: empobrecer a los trabajadores, aumentar la masa de desempleados e informales, reducir el valor adquisitivo de sus sueldos. También restarles derechos.
 
Ya no basta ensañarse con dirigentes, Secretarios Generales supuestamente corruptos. Llegó la hora de amenazar con la cárcel a laburantes rasos que planteen reivindicaciones democráticas.

 
El programa laboral del macrismo 
 
El avión está detenido, los pasajeros activan celulares, se van parando, recogen el equipaje, se agolpan en los pasillos. Se escucha la voz del piloto de Aerolíneas Argentinas quien se disculpa y lee el comunicado que todavía no es trending topic.
 
Este cronista, contento por haber llegado en hora, lo escucha y piensa que no parece que el hombre esté leyendo sino conversando. Cree en lo que dice, traduce uno que algo entiende de radio y discursos.
 
El piloto, cortés sin estridencias, se excusa de nuevo: remacha que todo se hace una vez terminado el vuelo. Arrancan aplausos, se suman otros, el cronista entre tantos. Al mismo tiempo procura mirar hacia atrás para medir el grado de adhesiones. Imposible medir porcentajes pero queda claro que son muchos.
 
No se escucha una voz disonante, una réplica, un bufido, un comentario como el que haría Luis Brandoni en una ocasión similar. La respuesta de los usuarios de ese vuelo es un síntoma que no vale como encuesta porque la muestra es chica y random.
 
 
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Descomer, descontratar, destratar
 
La flor y nata del gran empresariado increpa al gobierno de (su propia) clase. El deschave se incrusta en la campaña. Sin máscara, no hablan de ilusorias mesas de negociación, del Decálogo M (¿os acordáis, lectores?), de pactos sociales a la violeta, de vagarosas Moncloas.
 
Piden piedra libre para aumentar la explotación, acentuando la tendencia palpable. Se hace moda reclamar manos libres para "despedir sin causa".
 
El artículo 14 bis de la Constitución reconoce a los trabajadores "protección contra el despido arbitrario". Las leyes plasmaron que la protección consiste, en la mayoría de los casos, en el pago de una indemnización ("estabilidad impropia", en jerga jurídica).
 
La plena estabilidad solo rige para supuestos de excepción: durante el embarazo, padeciendo enfermedades, para quienes ejercen cargos sindicales constituyen algunos de los casos más conspicuos. Sin meternos en una casuística rica: en principio los patrones pueden despedir sin aducir causa, erogando una compensación.
 
Lo que exigen hoy en día es desamparar a sus empleados sin soltar una moneda. Algunos desvarían acerca de un improbable fondo de desempleo, acumulado por el propio empleado, similar al que "gozan" los trabajadores de la construcción.
 
Injusto en la percepción (un ahorro forzoso), irrisorios los montos que podrían percibirse cuando el empleado se queda en la calle, inaplicable para tutelar a personas que gozan de cierta antigüedad actual.
 
"Comer y descomer" había innovado el ex Secretario de Empleo Miguel Ponte, proveniente de Techint, naturalizando la destrucción de empresas y la desolación de los trabajadores. Pobre su lenguaje, carencia expandida en la crema de la clase dominante. Se ignora a quién atribuía la condición de excremento aunque es accesible imaginarlo.
 
"Contratar y descontratar" como si tal cosa re escribe Daniel Funes de Rioja, añejo capo de la Unión Industrial Argentina (UIA), con léxico menos ramplón sin resignar un ápice la prepotencia de los dueños del poder.
 
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El recurso a la mafia
 
Sergio Palazzo, Secretario General de la Bancaria, argumenta que Mercado Libre (ML), entre otras empresas Fintech, deben considerarse parte del sector financiero. Anuncia que propugnará que los empleados de la megaempresa se afilien a su gremio. Les conviene porque cobran mejores salarios y condiciones de trabajo.
 
No hay hechos de violencia: apenas un planteo de reafiliación, lícito hasta el caracú. El CEO de ML, Marcos Galperín, responde mediante un tuit despectivo, cuya arrogancia vale como autorretrato. Identifica a Palazzo con la CONMEBOL, símbolo de corrupción.
 
Concita adhesiones esperables: casi todas contienen la palabra "mafia". Un encefalograma de Cambiemos: el que discrepa no tiene rango de par, está en jaque su ciudadanía, queda a tiro de denuncia penal.
 
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"La Justicia" remolona
 
La Corte Suprema hiberna desde hace meses la sentencia de una demanda de Farmacity contra la provincia de Buenos Aires. Una ley prohíbe cadenas oligopólicas de farmacias-shopping para proteger a medianos y pequeños establecimientos arraigados en el territorio.
 
Mario Quintana, alfil del Gobierno, es o fue dueño de Farmacity. Los supremos le dan largas al reclamo que fue rechazado en las instancias previas, básicamente reconociendo la potestad provincial de dictar sus propias leyes.
 
Aplican cronoterapia, a la espera de los comicios. Si Macri es reelegido aumentan las perspectivas de una nueva forma de eutanasia para las Pymes, que sucumben en fila india.
 
El Máximo Tribunal falló corpo friendly en dos pleitos contra Santa Fe y Chaco: declaró inconstitucional el cobro de ingresos brutos. Hay casos similares en preembarque contra otras jurisdicciones. Hagan sus apuestas.
 
El empresariado que medra con el darwinismo neocon embiste en la previa, demarca el terreno. Jauja impositiva, desprotección laboral. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el gran demiurgo, presiona para la pronta salida de las reformas laboral y jubilatoria. Derribar la protección social existente no cava una grieta inventada: aspira a hundir más a los trabajadores.
 
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El encanto de andar en bici
 
Un anuncio publicitario añade otra postal de la época. Una de las nuevas empresas de delivery "embellece" la jornada de labor de pibas y pibes que laburan desprotegidos.
 
Los muestra andando en bicicleta, esquivando autos por un pelito, pasando entre dos rodados de milagro, cabalgando sobre dos ruedas para llegar rápido a destino. La alegría involuntariamente exhibe o hasta ostenta el funcionamiento salvaje de la nueva modalidad laboral mientras escamotea detalles significativos.
 
Los trabajadores cobran su mendrugo solo si llegan a tiempo, están sometidos a peligros para conseguirlo, padecen un índice de accidentalidad más alto que la media, de por sí preocupante.
 
Clarín los describe, tiernamente, como "trabajadores que andan en bici y no tienen ART". Escamotea algo esencial: las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo son obligatorias para las empresas. Su ausencia (como la de toda protección o el pago de las cargas sociales) es un incumplimiento patronal (eventualmente un delito) en vez de una nota de color o un flagelo de la naturaleza.
 
Según el Multimedio, el ministro de Trabajo y Producción Dante Sica carbura una "sorpresa" que es encasillarlos como trabajadores autónomos monotributistas. La sorpresa, sugiere el texto, es un avance.
 
No se ría quien lee esto: lo escriben en serio. No llore tampoco viendo el fraude laboral promovido por el Estado: es domingo, hay que pasarla bien, hoy se juega la Superliga.
 
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Lo que va de ayer a hoy
 
 Los bancarios y los pilotos la pasan mejor que la gran masa de sus compañeros de clase: están sindicalizados, son formales. Pensemos en los vendedores ambulantes ("manteros"), con frecuencia inmigrantes que disponen su modesta mercadería, soportan frío o calor y son reprimidos sistemáticamente por las fuerzas de seguridad.
 
Venden poco, la magnitud no compromete al comercio local, en verdad sojuzgado por la política económica del macrismo. De todas formas, caen sobre sus espaldas palos, insultos, "desalojos" vejatorios porque son discriminables por todos lados.
 
Extranjeros, negros a menudo, calzan en el estereotipo odiado por la ideología de derecha que copa el planeta, en Brasil, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en estas pampas feraces. Un episodio ocurrido en La Plata, que no abordaremos aquí, los volvió a poner en la agenda pública. A menudo en tono despectivo, acusándolos de ser agresores y no víctimas, negándoles el derecho a laburar contra magra paga, a sobrevivir.
 
La ofensiva que sobrevolamos se dirime en las votaciones de agosto, octubre y, por ahí, noviembre. Entre tanto la recesión se agrava, el desempleo crece, el macrismo real existente sigue su tarea de demolición dejando afuera todo lo que sobra.
 
 Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar  
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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