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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 28-07-2019 / 09:07

Gobierno de Macri, medios hegemónicos y poder judicial, contra los derechos laborales

Gobierno de Macri, medios hegemónicos y poder judicial, contra los derechos laborales
El ataque a la libertad de expresión y al derecho de protesta de los pilotos propala una señal acerca de lo que persigue el presidente Macri, algo de lo que hará más rápido si gana las elecciones. No conformarse con lo realizado: empobrecer a los trabajadores, aumentar la masa de desempleados e informales, reducir el valor adquisitivo de sus sueldos. También restarles derechos.
Reclamo pacífico de los pilotos, sin interferencia en el servicio, en el lugar de trabajo... un clásico de la tradición gremial. Los viajeros siguen la rutina, ninguno se atribula, se encaminan a la manga del Aeroparque con los bagayos de mano a cuestas.
 
Uno de los tentáculos de la coalición gobernante, el Multimedios Clarín, magnifica el sucedido: le asigna el título de tapa. El gobierno de Mauricio Macri apela a la cooperación de otro tentáculo: una facción potente del Poder Judicial. Denuncia un delito.
 
Criminaliza el reclamo sindical sin tomarse siquiera la molestia administrativa de abrir un expediente en la minimizada Secretaría de Trabajo. Carlos Stornelli, el fiscal prófugo, quedó a cargo de la acusación. Un garante de la división de poderes.
 
La dirección de Aerolíneas habilita una línea para protestas de los pasajeros.
 
El periodista Sebastián Lacunza desnuda la falsía de la furia republicana PRO. Tuitea: "Se ve que los indignados con el comunicado de los pilotos no viajan en subte. Hace años que los monitores reproducen en loop propaganda de Larreta, Macri y cía. En el caso del subte E, más que público cautivo es privación ilegal de la libertad". Doble vara, cuándo no.
 
El oficialismo atiza el debate, pensando que funciona como distractivo en la campaña, una de las cortinas de humo que desvíen la atención respecto de la situación económico-social.
 
Parece equivocarse: la supuesta cortina de humo resalta un tema central porque describe el modelo de país soñado por el macrismo y sus objetivos futuros.
 
Aumentar la desigualdad entre clases. Potenciar la regresiva redistribución del ingreso, de la riqueza, de las expectativas padecida (o gozada según la posición previa de cada quién) desde diciembre de 2015.
 
El ataque a la libertad de expresión y al derecho de protesta de los pilotos propala una señal acerca de lo que persigue el presidente Macri, algo de lo que hará más rápido si gana las elecciones.
 
No conformarse con lo realizado: empobrecer a los trabajadores, aumentar la masa de desempleados e informales, reducir el valor adquisitivo de sus sueldos. También restarles derechos.
 
Ya no basta ensañarse con dirigentes, Secretarios Generales supuestamente corruptos. Llegó la hora de amenazar con la cárcel a laburantes rasos que planteen reivindicaciones democráticas.

 
El programa laboral del macrismo 
 
El avión está detenido, los pasajeros activan celulares, se van parando, recogen el equipaje, se agolpan en los pasillos. Se escucha la voz del piloto de Aerolíneas Argentinas quien se disculpa y lee el comunicado que todavía no es trending topic.
 
Este cronista, contento por haber llegado en hora, lo escucha y piensa que no parece que el hombre esté leyendo sino conversando. Cree en lo que dice, traduce uno que algo entiende de radio y discursos.
 
El piloto, cortés sin estridencias, se excusa de nuevo: remacha que todo se hace una vez terminado el vuelo. Arrancan aplausos, se suman otros, el cronista entre tantos. Al mismo tiempo procura mirar hacia atrás para medir el grado de adhesiones. Imposible medir porcentajes pero queda claro que son muchos.
 
No se escucha una voz disonante, una réplica, un bufido, un comentario como el que haría Luis Brandoni en una ocasión similar. La respuesta de los usuarios de ese vuelo es un síntoma que no vale como encuesta porque la muestra es chica y random.
 
 
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Descomer, descontratar, destratar
 
La flor y nata del gran empresariado increpa al gobierno de (su propia) clase. El deschave se incrusta en la campaña. Sin máscara, no hablan de ilusorias mesas de negociación, del Decálogo M (¿os acordáis, lectores?), de pactos sociales a la violeta, de vagarosas Moncloas.
 
Piden piedra libre para aumentar la explotación, acentuando la tendencia palpable. Se hace moda reclamar manos libres para "despedir sin causa".
 
El artículo 14 bis de la Constitución reconoce a los trabajadores "protección contra el despido arbitrario". Las leyes plasmaron que la protección consiste, en la mayoría de los casos, en el pago de una indemnización ("estabilidad impropia", en jerga jurídica).
 
La plena estabilidad solo rige para supuestos de excepción: durante el embarazo, padeciendo enfermedades, para quienes ejercen cargos sindicales constituyen algunos de los casos más conspicuos. Sin meternos en una casuística rica: en principio los patrones pueden despedir sin aducir causa, erogando una compensación.
 
Lo que exigen hoy en día es desamparar a sus empleados sin soltar una moneda. Algunos desvarían acerca de un improbable fondo de desempleo, acumulado por el propio empleado, similar al que "gozan" los trabajadores de la construcción.
 
Injusto en la percepción (un ahorro forzoso), irrisorios los montos que podrían percibirse cuando el empleado se queda en la calle, inaplicable para tutelar a personas que gozan de cierta antigüedad actual.
 
"Comer y descomer" había innovado el ex Secretario de Empleo Miguel Ponte, proveniente de Techint, naturalizando la destrucción de empresas y la desolación de los trabajadores. Pobre su lenguaje, carencia expandida en la crema de la clase dominante. Se ignora a quién atribuía la condición de excremento aunque es accesible imaginarlo.
 
"Contratar y descontratar" como si tal cosa re escribe Daniel Funes de Rioja, añejo capo de la Unión Industrial Argentina (UIA), con léxico menos ramplón sin resignar un ápice la prepotencia de los dueños del poder.
 
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El recurso a la mafia
 
Sergio Palazzo, Secretario General de la Bancaria, argumenta que Mercado Libre (ML), entre otras empresas Fintech, deben considerarse parte del sector financiero. Anuncia que propugnará que los empleados de la megaempresa se afilien a su gremio. Les conviene porque cobran mejores salarios y condiciones de trabajo.
 
No hay hechos de violencia: apenas un planteo de reafiliación, lícito hasta el caracú. El CEO de ML, Marcos Galperín, responde mediante un tuit despectivo, cuya arrogancia vale como autorretrato. Identifica a Palazzo con la CONMEBOL, símbolo de corrupción.
 
Concita adhesiones esperables: casi todas contienen la palabra "mafia". Un encefalograma de Cambiemos: el que discrepa no tiene rango de par, está en jaque su ciudadanía, queda a tiro de denuncia penal.
 
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"La Justicia" remolona
 
La Corte Suprema hiberna desde hace meses la sentencia de una demanda de Farmacity contra la provincia de Buenos Aires. Una ley prohíbe cadenas oligopólicas de farmacias-shopping para proteger a medianos y pequeños establecimientos arraigados en el territorio.
 
Mario Quintana, alfil del Gobierno, es o fue dueño de Farmacity. Los supremos le dan largas al reclamo que fue rechazado en las instancias previas, básicamente reconociendo la potestad provincial de dictar sus propias leyes.
 
Aplican cronoterapia, a la espera de los comicios. Si Macri es reelegido aumentan las perspectivas de una nueva forma de eutanasia para las Pymes, que sucumben en fila india.
 
El Máximo Tribunal falló corpo friendly en dos pleitos contra Santa Fe y Chaco: declaró inconstitucional el cobro de ingresos brutos. Hay casos similares en preembarque contra otras jurisdicciones. Hagan sus apuestas.
 
El empresariado que medra con el darwinismo neocon embiste en la previa, demarca el terreno. Jauja impositiva, desprotección laboral. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el gran demiurgo, presiona para la pronta salida de las reformas laboral y jubilatoria. Derribar la protección social existente no cava una grieta inventada: aspira a hundir más a los trabajadores.
 
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El encanto de andar en bici
 
Un anuncio publicitario añade otra postal de la época. Una de las nuevas empresas de delivery "embellece" la jornada de labor de pibas y pibes que laburan desprotegidos.
 
Los muestra andando en bicicleta, esquivando autos por un pelito, pasando entre dos rodados de milagro, cabalgando sobre dos ruedas para llegar rápido a destino. La alegría involuntariamente exhibe o hasta ostenta el funcionamiento salvaje de la nueva modalidad laboral mientras escamotea detalles significativos.
 
Los trabajadores cobran su mendrugo solo si llegan a tiempo, están sometidos a peligros para conseguirlo, padecen un índice de accidentalidad más alto que la media, de por sí preocupante.
 
Clarín los describe, tiernamente, como "trabajadores que andan en bici y no tienen ART". Escamotea algo esencial: las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo son obligatorias para las empresas. Su ausencia (como la de toda protección o el pago de las cargas sociales) es un incumplimiento patronal (eventualmente un delito) en vez de una nota de color o un flagelo de la naturaleza.
 
Según el Multimedio, el ministro de Trabajo y Producción Dante Sica carbura una "sorpresa" que es encasillarlos como trabajadores autónomos monotributistas. La sorpresa, sugiere el texto, es un avance.
 
No se ría quien lee esto: lo escriben en serio. No llore tampoco viendo el fraude laboral promovido por el Estado: es domingo, hay que pasarla bien, hoy se juega la Superliga.
 
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Lo que va de ayer a hoy
 
 Los bancarios y los pilotos la pasan mejor que la gran masa de sus compañeros de clase: están sindicalizados, son formales. Pensemos en los vendedores ambulantes ("manteros"), con frecuencia inmigrantes que disponen su modesta mercadería, soportan frío o calor y son reprimidos sistemáticamente por las fuerzas de seguridad.
 
Venden poco, la magnitud no compromete al comercio local, en verdad sojuzgado por la política económica del macrismo. De todas formas, caen sobre sus espaldas palos, insultos, "desalojos" vejatorios porque son discriminables por todos lados.
 
Extranjeros, negros a menudo, calzan en el estereotipo odiado por la ideología de derecha que copa el planeta, en Brasil, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en estas pampas feraces. Un episodio ocurrido en La Plata, que no abordaremos aquí, los volvió a poner en la agenda pública. A menudo en tono despectivo, acusándolos de ser agresores y no víctimas, negándoles el derecho a laburar contra magra paga, a sobrevivir.
 
La ofensiva que sobrevolamos se dirime en las votaciones de agosto, octubre y, por ahí, noviembre. Entre tanto la recesión se agrava, el desempleo crece, el macrismo real existente sigue su tarea de demolición dejando afuera todo lo que sobra.
 
 Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar  
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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