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Nacionales - 28-07-2019 / 09:07

Gobierno de Macri, medios hegemónicos y poder judicial, contra los derechos laborales

Gobierno de Macri, medios hegemónicos y poder judicial, contra los derechos laborales
El ataque a la libertad de expresión y al derecho de protesta de los pilotos propala una señal acerca de lo que persigue el presidente Macri, algo de lo que hará más rápido si gana las elecciones. No conformarse con lo realizado: empobrecer a los trabajadores, aumentar la masa de desempleados e informales, reducir el valor adquisitivo de sus sueldos. También restarles derechos.
Reclamo pacífico de los pilotos, sin interferencia en el servicio, en el lugar de trabajo... un clásico de la tradición gremial. Los viajeros siguen la rutina, ninguno se atribula, se encaminan a la manga del Aeroparque con los bagayos de mano a cuestas.
 
Uno de los tentáculos de la coalición gobernante, el Multimedios Clarín, magnifica el sucedido: le asigna el título de tapa. El gobierno de Mauricio Macri apela a la cooperación de otro tentáculo: una facción potente del Poder Judicial. Denuncia un delito.
 
Criminaliza el reclamo sindical sin tomarse siquiera la molestia administrativa de abrir un expediente en la minimizada Secretaría de Trabajo. Carlos Stornelli, el fiscal prófugo, quedó a cargo de la acusación. Un garante de la división de poderes.
 
La dirección de Aerolíneas habilita una línea para protestas de los pasajeros.
 
El periodista Sebastián Lacunza desnuda la falsía de la furia republicana PRO. Tuitea: "Se ve que los indignados con el comunicado de los pilotos no viajan en subte. Hace años que los monitores reproducen en loop propaganda de Larreta, Macri y cía. En el caso del subte E, más que público cautivo es privación ilegal de la libertad". Doble vara, cuándo no.
 
El oficialismo atiza el debate, pensando que funciona como distractivo en la campaña, una de las cortinas de humo que desvíen la atención respecto de la situación económico-social.
 
Parece equivocarse: la supuesta cortina de humo resalta un tema central porque describe el modelo de país soñado por el macrismo y sus objetivos futuros.
 
Aumentar la desigualdad entre clases. Potenciar la regresiva redistribución del ingreso, de la riqueza, de las expectativas padecida (o gozada según la posición previa de cada quién) desde diciembre de 2015.
 
El ataque a la libertad de expresión y al derecho de protesta de los pilotos propala una señal acerca de lo que persigue el presidente Macri, algo de lo que hará más rápido si gana las elecciones.
 
No conformarse con lo realizado: empobrecer a los trabajadores, aumentar la masa de desempleados e informales, reducir el valor adquisitivo de sus sueldos. También restarles derechos.
 
Ya no basta ensañarse con dirigentes, Secretarios Generales supuestamente corruptos. Llegó la hora de amenazar con la cárcel a laburantes rasos que planteen reivindicaciones democráticas.

 
El programa laboral del macrismo 
 
El avión está detenido, los pasajeros activan celulares, se van parando, recogen el equipaje, se agolpan en los pasillos. Se escucha la voz del piloto de Aerolíneas Argentinas quien se disculpa y lee el comunicado que todavía no es trending topic.
 
Este cronista, contento por haber llegado en hora, lo escucha y piensa que no parece que el hombre esté leyendo sino conversando. Cree en lo que dice, traduce uno que algo entiende de radio y discursos.
 
El piloto, cortés sin estridencias, se excusa de nuevo: remacha que todo se hace una vez terminado el vuelo. Arrancan aplausos, se suman otros, el cronista entre tantos. Al mismo tiempo procura mirar hacia atrás para medir el grado de adhesiones. Imposible medir porcentajes pero queda claro que son muchos.
 
No se escucha una voz disonante, una réplica, un bufido, un comentario como el que haría Luis Brandoni en una ocasión similar. La respuesta de los usuarios de ese vuelo es un síntoma que no vale como encuesta porque la muestra es chica y random.
 
 
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Descomer, descontratar, destratar
 
La flor y nata del gran empresariado increpa al gobierno de (su propia) clase. El deschave se incrusta en la campaña. Sin máscara, no hablan de ilusorias mesas de negociación, del Decálogo M (¿os acordáis, lectores?), de pactos sociales a la violeta, de vagarosas Moncloas.
 
Piden piedra libre para aumentar la explotación, acentuando la tendencia palpable. Se hace moda reclamar manos libres para "despedir sin causa".
 
El artículo 14 bis de la Constitución reconoce a los trabajadores "protección contra el despido arbitrario". Las leyes plasmaron que la protección consiste, en la mayoría de los casos, en el pago de una indemnización ("estabilidad impropia", en jerga jurídica).
 
La plena estabilidad solo rige para supuestos de excepción: durante el embarazo, padeciendo enfermedades, para quienes ejercen cargos sindicales constituyen algunos de los casos más conspicuos. Sin meternos en una casuística rica: en principio los patrones pueden despedir sin aducir causa, erogando una compensación.
 
Lo que exigen hoy en día es desamparar a sus empleados sin soltar una moneda. Algunos desvarían acerca de un improbable fondo de desempleo, acumulado por el propio empleado, similar al que "gozan" los trabajadores de la construcción.
 
Injusto en la percepción (un ahorro forzoso), irrisorios los montos que podrían percibirse cuando el empleado se queda en la calle, inaplicable para tutelar a personas que gozan de cierta antigüedad actual.
 
"Comer y descomer" había innovado el ex Secretario de Empleo Miguel Ponte, proveniente de Techint, naturalizando la destrucción de empresas y la desolación de los trabajadores. Pobre su lenguaje, carencia expandida en la crema de la clase dominante. Se ignora a quién atribuía la condición de excremento aunque es accesible imaginarlo.
 
"Contratar y descontratar" como si tal cosa re escribe Daniel Funes de Rioja, añejo capo de la Unión Industrial Argentina (UIA), con léxico menos ramplón sin resignar un ápice la prepotencia de los dueños del poder.
 
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El recurso a la mafia
 
Sergio Palazzo, Secretario General de la Bancaria, argumenta que Mercado Libre (ML), entre otras empresas Fintech, deben considerarse parte del sector financiero. Anuncia que propugnará que los empleados de la megaempresa se afilien a su gremio. Les conviene porque cobran mejores salarios y condiciones de trabajo.
 
No hay hechos de violencia: apenas un planteo de reafiliación, lícito hasta el caracú. El CEO de ML, Marcos Galperín, responde mediante un tuit despectivo, cuya arrogancia vale como autorretrato. Identifica a Palazzo con la CONMEBOL, símbolo de corrupción.
 
Concita adhesiones esperables: casi todas contienen la palabra "mafia". Un encefalograma de Cambiemos: el que discrepa no tiene rango de par, está en jaque su ciudadanía, queda a tiro de denuncia penal.
 
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"La Justicia" remolona
 
La Corte Suprema hiberna desde hace meses la sentencia de una demanda de Farmacity contra la provincia de Buenos Aires. Una ley prohíbe cadenas oligopólicas de farmacias-shopping para proteger a medianos y pequeños establecimientos arraigados en el territorio.
 
Mario Quintana, alfil del Gobierno, es o fue dueño de Farmacity. Los supremos le dan largas al reclamo que fue rechazado en las instancias previas, básicamente reconociendo la potestad provincial de dictar sus propias leyes.
 
Aplican cronoterapia, a la espera de los comicios. Si Macri es reelegido aumentan las perspectivas de una nueva forma de eutanasia para las Pymes, que sucumben en fila india.
 
El Máximo Tribunal falló corpo friendly en dos pleitos contra Santa Fe y Chaco: declaró inconstitucional el cobro de ingresos brutos. Hay casos similares en preembarque contra otras jurisdicciones. Hagan sus apuestas.
 
El empresariado que medra con el darwinismo neocon embiste en la previa, demarca el terreno. Jauja impositiva, desprotección laboral. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el gran demiurgo, presiona para la pronta salida de las reformas laboral y jubilatoria. Derribar la protección social existente no cava una grieta inventada: aspira a hundir más a los trabajadores.
 
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El encanto de andar en bici
 
Un anuncio publicitario añade otra postal de la época. Una de las nuevas empresas de delivery "embellece" la jornada de labor de pibas y pibes que laburan desprotegidos.
 
Los muestra andando en bicicleta, esquivando autos por un pelito, pasando entre dos rodados de milagro, cabalgando sobre dos ruedas para llegar rápido a destino. La alegría involuntariamente exhibe o hasta ostenta el funcionamiento salvaje de la nueva modalidad laboral mientras escamotea detalles significativos.
 
Los trabajadores cobran su mendrugo solo si llegan a tiempo, están sometidos a peligros para conseguirlo, padecen un índice de accidentalidad más alto que la media, de por sí preocupante.
 
Clarín los describe, tiernamente, como "trabajadores que andan en bici y no tienen ART". Escamotea algo esencial: las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo son obligatorias para las empresas. Su ausencia (como la de toda protección o el pago de las cargas sociales) es un incumplimiento patronal (eventualmente un delito) en vez de una nota de color o un flagelo de la naturaleza.
 
Según el Multimedio, el ministro de Trabajo y Producción Dante Sica carbura una "sorpresa" que es encasillarlos como trabajadores autónomos monotributistas. La sorpresa, sugiere el texto, es un avance.
 
No se ría quien lee esto: lo escriben en serio. No llore tampoco viendo el fraude laboral promovido por el Estado: es domingo, hay que pasarla bien, hoy se juega la Superliga.
 
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Lo que va de ayer a hoy
 
 Los bancarios y los pilotos la pasan mejor que la gran masa de sus compañeros de clase: están sindicalizados, son formales. Pensemos en los vendedores ambulantes ("manteros"), con frecuencia inmigrantes que disponen su modesta mercadería, soportan frío o calor y son reprimidos sistemáticamente por las fuerzas de seguridad.
 
Venden poco, la magnitud no compromete al comercio local, en verdad sojuzgado por la política económica del macrismo. De todas formas, caen sobre sus espaldas palos, insultos, "desalojos" vejatorios porque son discriminables por todos lados.
 
Extranjeros, negros a menudo, calzan en el estereotipo odiado por la ideología de derecha que copa el planeta, en Brasil, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en estas pampas feraces. Un episodio ocurrido en La Plata, que no abordaremos aquí, los volvió a poner en la agenda pública. A menudo en tono despectivo, acusándolos de ser agresores y no víctimas, negándoles el derecho a laburar contra magra paga, a sobrevivir.
 
La ofensiva que sobrevolamos se dirime en las votaciones de agosto, octubre y, por ahí, noviembre. Entre tanto la recesión se agrava, el desempleo crece, el macrismo real existente sigue su tarea de demolición dejando afuera todo lo que sobra.
 
 Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar  
 

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20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

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