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Nacionales - 24-07-2019 / 10:07
EL CANDIDATO DEL FRENTE DE TODOS FUE ENTREVISTADO EN TN

Alberto Fernández dejó sin palabras al fanático macrista Morales Solá

Alberto Fernández dejó sin palabras al fanático macrista Morales Solá
Fue un diálogo tenso el que mantuvieron Alberto Fernández y el ultra macrista Joaquín Morales Solá en la pantalla de TN. Se trató de una de las entrevistas en las que el precandidato presidencial por el Frente de Todos logró rebatir uno por uno los penales que le pateó el fanático periodista del grupo Clarín, quien en más de una ocasión intentó relativizar el poder con el que contaría su entrevistado en una dupla con Cristina.
El ex jefe de Gabinete retrucó las chicanas del columnista ultra macrista del diario La Nación y realizó una dura crítica al gobierno de Mauricio Macri. Además, desarrolló como será la relación con CFK, la prensa, el FMI y los Estados Unidos, entre otros.
 
"¿Usted piensa que yo voy a poner el cepo? ¿Seriamente, después de lo que lo critiqué?". En línea con la política de dar entrevistas a periodistas muy afines al macrismo, Alberto Fernández protagonizó varios contrapuntos que dejaron sin respuesta a Joaquín Morales Solá.
 
Durante una nota en la señal del macrista Grupo Clarín, el precandidato del Frente de Todos sostuvo sus críticas a la gestión de Cristina y, al mismo tiempo, celebró que sea su compañera de fórmula.
 
También rescató a los integrantes de la Corte Suprema, desmintió los fantasmas sobre una eventual injerencia suya en el Poder Judicial y reiteró sus cuestionamientos a los jueces federales por las "detenciones arbitrarias".
 
"¿Usted no ve nada? ¿Usted se dio cuenta lo que pasó?", le retrucó al columnista del diario La Nación luego de desmenuzar la política "desastrosa" que llevó adelante Mauricio Macri.
 
"Cristina es una dirigente política de gran magnitud y la verdad es que es alguien que quiere colaborar a sacar a la Argentina de este tema", aseguró Alberto Fernández ante las reiteradas preguntas de Morales Solá sobre quién gobernará en caso de un triunfo del Frente de Todos.
 
En cuanto a la situación económica, Fernández sostuvo que la gestión de Cristina "dejó tres problemas: el cepo, la inflación y el déficit fiscal". En ese contexto, apuntó contra las políticas adoptadas por Macri para atacarlos.
 
"¿El cepo como lo resolvió Macri? lo levantó irresponsablemente y el primer año terminamos con un 40 por ciento de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el cepo evitaba? con la toma de deuda. ¿Cómo terminamos? con la soga al cuello, endeudados al 95 por ciento del PBI".
 
"Cristina le dejó 25 puntos de inflación. ¿En cuánto estamos? En 55, ¿qué tiene que ver Cristina?", completó y remató con el tercer problema: "Cristina dejó 1,8, en algunos casos, 3 puntos, según quien lo tome. Tenemos más de 6 puntos de déficit fiscal. ¿La culpa de Cristina, Joaquín? Por favor, seamos serios".
 
Desorientado, el columnista del diario La Nación sostuvo que sus fuentes le daban otras cifras: "Usted me confunde porque acá la mayoría de los economistas, en este programa, dicen que Cristina dejó un déficit de 7 puntos". "Eso no es lo que dijo el Indec de Macri", lo remató Alberto.

 
Al referirse a la llamada "grieta", el ex jefe de Gabinete señaló que "la Argentina no soporta más la división que nació en la época de Cristina pero que nadie la explotó más que el macrismo". "Este conflicto no es solamente de un espacio. Es un conflicto generalizado. Estoy harto de soportar el juego de los trolls que viven haciendo cosas para ensuciarme", disparó y advirtió que con esta situación "lo que más se ha afectado es la convivencia democrática".
 
En otro tramo de la nota, Alberto Fernández desnudó la presión del Poder Ejecutivo sobre los medios críticos. "Han puestos presos a dueños de canales opositores". "¿Cuál dueño? ¿Cristóbal López? --interrumpió Morales Solá-- él no está preso por ser dueño de un medio sino porque se quedó con 8 mil millones de pesos".
 
La réplica no le dejó mucho margen al editorialista de La Nación: "No, está preso porque le aplicaron una doctrina vergonzosa para tenerlo detenido. Podría estar procesado, en libertad. Pero por algo lo apresaron. Yo quisiera que el sistema judicial argentino funcionara de otro modo".
 
Sobre los episodios de los últimos días, en los que discutió con periodistas como el conductor cordobés Mario Pereyra, Fernández fue categórico: "el derecho de expresión lo tenemos todos pero un periodista no tiene derecho a llamarme mentiroso, como él me trató".
 
"El periodista no tiene derecho a ponerse en rol de opositor mío, puede no pensar como yo pero declararse opositor y hacer un reportaje franco es una contradicción", insistió. De todas maneras, recordó que él fue crítico del Gobierno durante las épocas de confrontación con un sector del periodismo antikirchnerista.
 
"Ningún periodista va a tener ningún problema en Argentina. Porque el problema de la Argentina no es el periodismo. El problema que tiene la Argentina es la pobreza, la desocupación, es la marginación", señaló. 
 
"Usted dijo que se van a revisar decisiones de la Justicia...", señaló el conductor del programa Desde el llano. Antes de que pudiera terminar, Fernández le salió al cruce "No dije eso. Eso malintencionadamente se interpretó así", remarcó y reveló que en un almuerzo le consultaron qué haría con la Corte Suprema en caso de llegar al poder.
 
"Nada hay que hacer con la Corte. La Corte tiene cinco jueces dignos. Tres de la gestión nuestra y los dos nuevos. A mí me puede gustar más o menos lo que Rosenkrantz resuelve pero es un hombre con antecedentes académicos incontrastables. Así como digo que con la Corte Suprema no hay que hacer absolutamente nada, le digo también que hay casos de la justicia federal ha dicho cosas increíbles. Yo no sé si Cristóbal López es inocente o culpable. Lo que sí le puedo decir es que en un Estado de Derecho que funciona a pleno no tiene ningún motivo para llevar dos años preso. Las detenciones arbitrarias han sido una regla de la justicia federal".
 
"Usted quiere que todos los presos estén en su casa", lo chicaneó Morales Solá. El ex jefe de Gabinete le respondió con sus herramientas de profesor de derecho penal: "No. Yo quiero que se haga justicia. Yo no defiendo gente, defiendo el Estado de derecho. Defiendalo usted también. Porque lo hacen hoy con ellos lo pueden hacer con usted también", le advirtió.
 
Además, volvió a repetir que con "revisar los fallos judiciales" no se refiere a una intervención del Poder Ejecutivo sino a que sea el Consejo de la Magistratura el que analice las decisiones de los magistrados de Comodoro Py. Además señaló que algunas decisiones de primera instancia fueron ratificadas sólo porque "el gobierno de Macri vació la Cámara Federal para llenarla de jueces amigos".
 
"Yo cuando a usted lo perseguían opinaba y estuve del lado suyo. Cuando se hacían los juicios públicos en la plaza de mayo. Siempre estuve del lado de ustedes ¿por qué piensan que voy a estar en contra?", insistió.
 
 
El FMI y la deuda
  
JMS: "¿Cómo va a ser la relación con el Fondo?"
 
AF: "La misma que tuvimos en el 2004. ¿O nosotros no recuperamos la relación con el Fondo y le terminamos pagando? El que no le puede pagar es Macri. Y el fondo lo sabe".
 
JMS: "Ninguno va a poder pagar..."
 
AF: "La Argentina no va a poder pagar por las condiciones que dejó Macri. No me eche la culpa a mí, lo hizo Macri. Eso es lo que hay que asumir, Joaquín. Vamos a tener un serio problema pero hay que resolverlo. Ya los resolvimos en 2003. Eran problemas muy parecidos."
 
Consultado por una medida positiva de la actual gestión, Fernández rescató la recuperación de la confianza en las estadísticas públicas. Sin embargo, cuestionó la campaña que hace el oficialismo en torno al supuesto desarrollo de la obra pública. "Los gobernadores me cuentan que tuvieron que terminar un montón de obra pública dejó sin hacer porque se ocupó de hacerla en la provincia de Buenos Aires y dejó sin hacerla el resto del país", señaló.
 
 
Mercosur - Unión Europea
 
El precandidato del Frente de Todos aseguró que la primera reunión activa para avanzar en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se realizó durante su gestión como jefe de Gabinete, en 2006. Sin embargo, advirtió que lo que inicialmente consensuó el presidente Macri "no ha tenido en cuenta un montón de zonas sensibles que se descuidaron en la lógica de apertura". "Yo no tengo un problema con la apertura, tengo un problema si la apertura se lleva puesta a la Argentina", remarcó y remató: "esto que se firmó fue otra mentira de Macri. No fue un acuerdo con la Unión Europea, fue el comienzo de las negociaciones de 12 años".
 
 
La relación con EEUU
  
JMS: ¿Qué relación tendría usted con el gobierno de Trump que es un gobierno difícil?
 
AF: La que corresponde con un país como Estados Unidos. Con EEUU hay que convivir, simplemente. Hay que respetarse. ¿Si nosotros convivimos con Bush, como no vamos a poder convivir con Trump también? Esas son ficciones que ustedes crean. Miedos que crean los analistas. No es razonable.
 
 
Venezuela
  
JMS: "¿Qué piensa usted de lo que está pasando en Venezuela?"
 
AF: "Estoy muy preocupado. Hace mucho tiempo que vengo planteando que el gobierno de Venezuela tiene un sesgo autoritario. Que le ha dado un enorme problema institucional y un enorme problema autoritario. Tengo una enorme preocupación, que creció cuando vi el informe de Michelle Bachelet, que reveló una serie de datos que no conocía. Dicho esto, creo que la salida no es correr detrás de Trump y los marines. Eso es promover una guerra civil en Venezuela".
 
JMS: "No, pero tampoco ponerse del lado de Maduro".
 
AF: "No. La solución es hacer lo que propuso dignamente Uruguay y México. Generar un canal de diálogo que se abra y reponga institucionalidad y recupere la convivencia democrática y sale a Venezuela de la crisis humanitaria en la que está".
 
Fuente: Página12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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