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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 21-07-2019 / 09:07

El FMI extendería el acuerdo a 10 años a cambio de las reformas laboral, previsional y tributaria

El FMI extendería el acuerdo a 10 años a cambio de las reformas laboral, previsional y tributaria
El Fondo está predispuesto a refinanciar los vencimientos, convirtiendo el stand by en un programa denominado Extended Fund Facility, de hasta 10 años.Todo este esquema de colaboración del FMI viene con una exigencia: instrumentar las reformas laboral, previsional y tributaria, además de continuar con el ajuste fiscal.
La economía a partir del 2020 estará muy condicionada por la herencia macrista. El stock de deuda equivalente a casi el 90 por ciento del Producto Interno Bruto es una carga muy pesada. Si a este ya potente limitante se le agrega que el Fondo Monetario Internacional es auditor de la gestión de gobierno y uno de los principales acreedores, la capacidad de desplegar una política económica con cierto margen de autonomía se reduce considerablemente. 
 
Es una restricción fundamental para las perspectivas de un gobierno diferente al actual, incluso también para un escenario de Mauricio Macri reelecto. Lo que sucede es que no hay misterios acerca de qué pasará en un segundo mandato macrista.
 
No habrá una estrategia para tratar de administrar esa restricción, sino que el sendero anunciado es hacer lo mismo pero más rápido, lo que tendrá como consecuencia la profundización de la actual crisis socioeconómica. Cada una de las variables congeladas a presión (dólar y tarifas ) tiene destino de estallido, el cual sería más intenso que los desbordes padecidos en estos años de macrismo. En ese panorama crítico, el Fondo estará omnipresente en la vida cotidiana indicando la hoja de ruta que pretende para la economía argentina.
 
El gobierno de Macri convocó nuevamente al país al FMI, con todo lo que eso significa, no sólo como proveedor de dólares -además acreedor privilegiado-, sino como auditor dominante de la política económica. No son secretas las exigencias que planteará la tecnoburocracia de Washington para el gobierno 2020. El camino que han trazado es:
 
1. Como el programa financiero definido con el gobierno de Macri es un desastre, al concentrar el 90 por ciento del crédito entre junio de 2018 y diciembre de 2019, y que ha sido diseñado para financiar la campaña electoral del oficialismo, a mediados del año próximo será necesaria la redefinición de los vencimientos, concentrados en 2021 y 2022.
2. El Fondo está predispuesto a refinanciar los vencimientos, convirtiendo el stand by en un programa denominado Extended Fund Facility, de hasta 10 años.
3. El paso previo que propondrá es colaborar en el "reperfilamiento" de la deuda con el sector privado. Como lo ha dejado escrito en el memorándum de entendimiento del stand by y en cada una de sus revisiones, la deuda argentina es "insustentable con elevada probabilidad".
4. Todo este esquema de colaboración del FMI viene con una exigencia: instrumentar las reformas laboral, previsional y tributaria, además de continuar con el ajuste fiscal. 


Es una hoja de ruta que muestra disposición a ayudar a administrar la carga pesada de la deuda, pero con un condicionamiento fulminante para cualquier política que aspire a mejorar el bienestar general.

 
Deuda
 
El reporte de la cuarta revisión del acuerdo stand by, aprobado por el directorio del FMI y que significó el giro de unos 5400 millones de dólares para engordar las reservas del Banco Central, vuelve a afirmar que "existen riesgos significativos para la sostenibilidad de la deuda". Los riesgos más evidentes a corto plazo que menciona son los siguientes:
· El monto elevado de las necesidades de financiamiento bruto en un escenario estresado para la economía argentina.
 
· La posibilidad de la irrupción de perturbaciones en el mercado cambiario en el período preelectoral, que podría traducirse en un aumento del riesgo país y en una mayor devaluación.
 
· Gran parte de la deuda está nominada en moneda extranjera, lo que hace que la dinámica de la deuda sea sensible a los movimientos del tipo de cambio real.
 
· Las grandes necesidades de financiamiento externo de la economía, que en pasadas crisis de mercados emergentes ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda.
 
· El hecho de que el ajuste fiscal es ambicioso en relación con situaciones similares en otros países, al ubicarse entre el 5 por ciento de los programas más exigentes.
 
· El acuerdo stand by cubre sólo la deuda del gobierno nacional y, por lo tanto, se subestima la sostenibilidad del total de deuda externa del país, que incluye a la de las provincias emitida en dólares.
 
· El gobierno nacional enfrenta pasivos contingentes por la necesidad de recapitalizar el Banco Central y cubrir el déficit del sistema de pensiones.
 
El factor que actúa parcialmente como compensador es que gran parte de los acreedores -evalúan los técnicos del FMI- va a renovar al momento del vencimiento.
 
 
Fondo
 
El actual stock de deuda pública es insustentable en una economía con el freno de mano del FMI. La cuestión paradójica es que el Fondo comparte la primera parte de esta sentencia, pero su receta es la de profundizar el ajuste fiscal, lo que terminará hundiendo a la economía y, por lo tanto, reafirmando la insustentabilidad de la deuda.
 
La estrategia del Fondo es conocida porque ya la aplicó en Ucrania en 2015. Los técnicos que se ocupan de la economía argentina no tienen duda de que la deuda es impagable con su actual horizonte de vencimientos y por estar gran parte nominada en dólares. También consideran que es muy difícil cumplir con el plazo de reembolso del crédito stand by entregado para la campaña electoral de Macri.
 
La propuesta 2020 del Fondo será entonces convertir el programa stand by en un Extended Fund Facility, a un plazo de hasta 10 años, con una tasa un poco más baja y hasta con la posibilidad de recibir una ampliación del monto del préstamo de 10.000 a 15.000 millones de dólares.
 
A cambio de esta flexibilización para el repago de la deuda pedirá la instrumentación de reformas estructurales y la continuación del ajuste fiscal y monetario. Es el combo de la ortodoxia para evitar el estrangulamiento externo por la imposibilidad de cumplir con los vencimientos de la deuda, que implica consolidar una pauta de distribución regresiva del ingreso con pérdida de derechos laborales y sociales.
 
Con los acreedores privados, el FMI se ofrece para colaborar en la reestructuración de la deuda, que la presenta como "reperfilamiento" de los vencimientos. Pero para convencer a los fondos de inversión que acumulan más bonos de deuda, la condición que ponen es que el gobierno acepte primero transformar el stand by en un programa EFF. Como se explicó, el EFF viene a cambio de las reformas estructurales.
 
El recorrido para crear el condicionamiento a la economía es sencillo de comprender: entregar un préstamo millonario, el más abultado de la historia del Fondo a un país, en este caso para salvar del default al gobierno de Macri, con un esquema financiero desastroso que hace casi imposible su repago; el paso siguiente es ofrecer reconvertir ese programa en otro de largo plazo sólo si se acepta avanzar en las reformas laboral, previsional y tributaria; para finalmente determinar que se concretará ese nuevo acuerdo siempre y cuando se consiga la reestructuración de deuda con los acreedores privados.
 
 
Ucrania
 
La descripción de esta hoja de ruta del FMI no es ni teoría ni especulación. Es la misma que tuvo Ucrania y que ha comenzado a transitar la economía macrista. Cuando la deuda ucraniana había superado el 80 por ciento en relación al Producto Interno Bruto y con un stand by en vigencia, el FMI ofreció cambiarlo a un Extended Fund Facility y encarar el "reperfilamiento" de los vencimientos de la deuda externa con acreedores privados. La promesa fue que de ese modo la deuda pasaba a ser "sustentable".
 
El Fondo intervino como uno de los principales acreedores del gobierno de Kiev y como operador privilegiado ante los grandes fondos de inversión internacional. El fantasma del default fue el argumento central para convencerlos. Después de cuatro meses de negociaciones, los cuatro grandes fondos con deuda ucraniana (Templeton, BlackRock, Pimco y Fidelity), los mismos que acumulan gran cantidad de deuda argentina, sellaron la reestructuración con una quita del 20 por ciento del capital, extensión de los plazos (en cuatro años), un leve aumento de la tasa de interés (medio punto más) y un cupón PIB.
 
El involucramiento del FMI para resolver el frente de la deuda ucraniana tuvo también un motivo geopolítico para las potencias europeas (Alemania y Francia) y Estados Unidos: fortalecer al gobierno de Kiev ante las tensiones políticas y militares con Rusia.
 
 
Alianza
 
Las experiencias de gobiernos anteriores enseñan que las relaciones de poder, internas e internacionales, juegan un papel relevante en la administración de una crisis, como la que existe hoy con el FMI como acreedor privilegiado.
 
La economía macrista está sumergida en una crisis de proporciones, que en estos meses hasta diciembre seguirá acumulando tensiones. Intervenir sobre ella para que no sea pagada por los sectores vulnerados (trabajadores, jubilados y pymes) requerirá, por lo tanto, de la conformación de una amplia alianza política, económica (sindicatos y empresas) y social. Incluso con ese activo la tarea puede ser fallida.
 
Como se mencionó, la presión sobre la política económica de un stock de deuda tan abultado, con la economía estancada y el FMI exigiendo ajuste y reformas estructurales, resulta un fuerte condicionamiento. Si bien las condiciones históricas y de contexto político eran diferentes a las actuales, el primer gobierno de la recuperación democrática liderado por Raúl Alfonsín tuvo que lidiar con la pesada herencia de la deuda de la dictadura militar. Después de intentar sin éxito la renegociación de la deuda y encarar una dura negociación con el FMI, sucumbió en el frente económico. Con la deuda como condicionante y el FMI como gendarme, el Plan Austral fue el puente de la agonía hacia la hiperinflación que acabó con el ciclo alfonsinista.
 
Ese colapso es ilustrativo de que el simple voluntarismo no servirá para emprender el camino de la reconstrucción. Ni tampoco servirá la visión tecnocrática que piensa que por conocer las leyes del mercado financiero internacional la negociación con el Fondo Monetario y acreedores privados será más fácil.
 
 
Pasión igualitaria
 
La obsesión enfermiza de frenar el populismo que tienen empresarios del grupo de WhatsApp "Nuestra voz" y una red de periodistas y medios conservadores está siendo otro factor importante para mantener a la economía en una de sus peores crisis. El inmenso blindaje mediático y la protección de Estados Unidos-FMI articulan el mecanismo de distracción de la sociedad, con la aceitada política de la mentira planificada liderada por la Jefatura de Gabinete, con el exclusivo objetivo de que Macri pueda competir con chances en las elecciones PASO (agosto) y de primera vuelta (octubre).
 
Pero los costos económicos para cumplir con ese objetivo son inmensos; también lo son en el ámbito social de convivencia democrática con un oficialismo fomentando el odio, la estigmatización y la persecución del adversario. La estrategia electoral del macrismo acentúa la grieta del enfrentamiento social, con la desesperada misión de acercarse a un triunfo en las urnas, sin importar las consecuencias que tiene en la reconstrucción del tejido social y la confianza para la inversión. La falsa ilusión de las corporaciones de enterrar al populismo se ha convertido en una maquinaria lubricada para destruir capacidades económicas y lazos sociales.
 
La deuda y el FMI son la principal restricción económica inmediata, que está montada en una estructural resumida en el concepto de "la grieta", alentada hasta el extremo por el poder económico. En estos días de mención vulgar del marxismo, los grupos más reaccionarios son los que se han arrojado a liderar una implacable lucha de clases, pero no es el trabajador el sujeto activo de esa puja para alcanzar la revolución, sino que el capital concentrado se ha puesto el objetivo de barrer con derechos de trabajadores y jubilados, para moldear una sociedad sometida y sin "la pasión igualitaria".
 
En estos casi cuatro años de macrismo, esa lucha de clase está reflejada en la destrucción de empleo registrado, aumento del empleo precario y fuerte caída de la participación de los trabajadores en el ingreso.
 
La pasión igualitaria es considerada por los intelectuales del régimen como el pecado original de la decadencia argentina, que consiste en que las familias argentinas consideran la equidad como un valor político relevante. Afirman, a contramano de la evidencia empírica de otros países, que esa búsqueda de la equidad limita la posibilidad de desarrollo. Combaten entonces el crecimiento e inclusión de la industrialización, la protección social y los altos salarios.
 
El macrismo viene a cumplir entonces la tarea de derrotar en política (en las urnas) y culturalmente (en el sentido común) al populismo, que está asociado a la pasión igualitaria de los argentinos. Y para vencerlo apela a herramientas del marketing electoral hasta niveles de exacerbar el enfrentamiento social con el despliegue de un fulminante aparato de la mentira sociopolítica.
 
 Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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