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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 21-07-2019 / 09:07

El FMI extendería el acuerdo a 10 años a cambio de las reformas laboral, previsional y tributaria

El FMI extendería el acuerdo a 10 años a cambio de las reformas laboral, previsional y tributaria
El Fondo está predispuesto a refinanciar los vencimientos, convirtiendo el stand by en un programa denominado Extended Fund Facility, de hasta 10 años.Todo este esquema de colaboración del FMI viene con una exigencia: instrumentar las reformas laboral, previsional y tributaria, además de continuar con el ajuste fiscal.
La economía a partir del 2020 estará muy condicionada por la herencia macrista. El stock de deuda equivalente a casi el 90 por ciento del Producto Interno Bruto es una carga muy pesada. Si a este ya potente limitante se le agrega que el Fondo Monetario Internacional es auditor de la gestión de gobierno y uno de los principales acreedores, la capacidad de desplegar una política económica con cierto margen de autonomía se reduce considerablemente. 
 
Es una restricción fundamental para las perspectivas de un gobierno diferente al actual, incluso también para un escenario de Mauricio Macri reelecto. Lo que sucede es que no hay misterios acerca de qué pasará en un segundo mandato macrista.
 
No habrá una estrategia para tratar de administrar esa restricción, sino que el sendero anunciado es hacer lo mismo pero más rápido, lo que tendrá como consecuencia la profundización de la actual crisis socioeconómica. Cada una de las variables congeladas a presión (dólar y tarifas ) tiene destino de estallido, el cual sería más intenso que los desbordes padecidos en estos años de macrismo. En ese panorama crítico, el Fondo estará omnipresente en la vida cotidiana indicando la hoja de ruta que pretende para la economía argentina.
 
El gobierno de Macri convocó nuevamente al país al FMI, con todo lo que eso significa, no sólo como proveedor de dólares -además acreedor privilegiado-, sino como auditor dominante de la política económica. No son secretas las exigencias que planteará la tecnoburocracia de Washington para el gobierno 2020. El camino que han trazado es:
 
1. Como el programa financiero definido con el gobierno de Macri es un desastre, al concentrar el 90 por ciento del crédito entre junio de 2018 y diciembre de 2019, y que ha sido diseñado para financiar la campaña electoral del oficialismo, a mediados del año próximo será necesaria la redefinición de los vencimientos, concentrados en 2021 y 2022.
2. El Fondo está predispuesto a refinanciar los vencimientos, convirtiendo el stand by en un programa denominado Extended Fund Facility, de hasta 10 años.
3. El paso previo que propondrá es colaborar en el "reperfilamiento" de la deuda con el sector privado. Como lo ha dejado escrito en el memorándum de entendimiento del stand by y en cada una de sus revisiones, la deuda argentina es "insustentable con elevada probabilidad".
4. Todo este esquema de colaboración del FMI viene con una exigencia: instrumentar las reformas laboral, previsional y tributaria, además de continuar con el ajuste fiscal. 


Es una hoja de ruta que muestra disposición a ayudar a administrar la carga pesada de la deuda, pero con un condicionamiento fulminante para cualquier política que aspire a mejorar el bienestar general.

 
Deuda
 
El reporte de la cuarta revisión del acuerdo stand by, aprobado por el directorio del FMI y que significó el giro de unos 5400 millones de dólares para engordar las reservas del Banco Central, vuelve a afirmar que "existen riesgos significativos para la sostenibilidad de la deuda". Los riesgos más evidentes a corto plazo que menciona son los siguientes:
· El monto elevado de las necesidades de financiamiento bruto en un escenario estresado para la economía argentina.
 
· La posibilidad de la irrupción de perturbaciones en el mercado cambiario en el período preelectoral, que podría traducirse en un aumento del riesgo país y en una mayor devaluación.
 
· Gran parte de la deuda está nominada en moneda extranjera, lo que hace que la dinámica de la deuda sea sensible a los movimientos del tipo de cambio real.
 
· Las grandes necesidades de financiamiento externo de la economía, que en pasadas crisis de mercados emergentes ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda.
 
· El hecho de que el ajuste fiscal es ambicioso en relación con situaciones similares en otros países, al ubicarse entre el 5 por ciento de los programas más exigentes.
 
· El acuerdo stand by cubre sólo la deuda del gobierno nacional y, por lo tanto, se subestima la sostenibilidad del total de deuda externa del país, que incluye a la de las provincias emitida en dólares.
 
· El gobierno nacional enfrenta pasivos contingentes por la necesidad de recapitalizar el Banco Central y cubrir el déficit del sistema de pensiones.
 
El factor que actúa parcialmente como compensador es que gran parte de los acreedores -evalúan los técnicos del FMI- va a renovar al momento del vencimiento.
 
 
Fondo
 
El actual stock de deuda pública es insustentable en una economía con el freno de mano del FMI. La cuestión paradójica es que el Fondo comparte la primera parte de esta sentencia, pero su receta es la de profundizar el ajuste fiscal, lo que terminará hundiendo a la economía y, por lo tanto, reafirmando la insustentabilidad de la deuda.
 
La estrategia del Fondo es conocida porque ya la aplicó en Ucrania en 2015. Los técnicos que se ocupan de la economía argentina no tienen duda de que la deuda es impagable con su actual horizonte de vencimientos y por estar gran parte nominada en dólares. También consideran que es muy difícil cumplir con el plazo de reembolso del crédito stand by entregado para la campaña electoral de Macri.
 
La propuesta 2020 del Fondo será entonces convertir el programa stand by en un Extended Fund Facility, a un plazo de hasta 10 años, con una tasa un poco más baja y hasta con la posibilidad de recibir una ampliación del monto del préstamo de 10.000 a 15.000 millones de dólares.
 
A cambio de esta flexibilización para el repago de la deuda pedirá la instrumentación de reformas estructurales y la continuación del ajuste fiscal y monetario. Es el combo de la ortodoxia para evitar el estrangulamiento externo por la imposibilidad de cumplir con los vencimientos de la deuda, que implica consolidar una pauta de distribución regresiva del ingreso con pérdida de derechos laborales y sociales.
 
Con los acreedores privados, el FMI se ofrece para colaborar en la reestructuración de la deuda, que la presenta como "reperfilamiento" de los vencimientos. Pero para convencer a los fondos de inversión que acumulan más bonos de deuda, la condición que ponen es que el gobierno acepte primero transformar el stand by en un programa EFF. Como se explicó, el EFF viene a cambio de las reformas estructurales.
 
El recorrido para crear el condicionamiento a la economía es sencillo de comprender: entregar un préstamo millonario, el más abultado de la historia del Fondo a un país, en este caso para salvar del default al gobierno de Macri, con un esquema financiero desastroso que hace casi imposible su repago; el paso siguiente es ofrecer reconvertir ese programa en otro de largo plazo sólo si se acepta avanzar en las reformas laboral, previsional y tributaria; para finalmente determinar que se concretará ese nuevo acuerdo siempre y cuando se consiga la reestructuración de deuda con los acreedores privados.
 
 
Ucrania
 
La descripción de esta hoja de ruta del FMI no es ni teoría ni especulación. Es la misma que tuvo Ucrania y que ha comenzado a transitar la economía macrista. Cuando la deuda ucraniana había superado el 80 por ciento en relación al Producto Interno Bruto y con un stand by en vigencia, el FMI ofreció cambiarlo a un Extended Fund Facility y encarar el "reperfilamiento" de los vencimientos de la deuda externa con acreedores privados. La promesa fue que de ese modo la deuda pasaba a ser "sustentable".
 
El Fondo intervino como uno de los principales acreedores del gobierno de Kiev y como operador privilegiado ante los grandes fondos de inversión internacional. El fantasma del default fue el argumento central para convencerlos. Después de cuatro meses de negociaciones, los cuatro grandes fondos con deuda ucraniana (Templeton, BlackRock, Pimco y Fidelity), los mismos que acumulan gran cantidad de deuda argentina, sellaron la reestructuración con una quita del 20 por ciento del capital, extensión de los plazos (en cuatro años), un leve aumento de la tasa de interés (medio punto más) y un cupón PIB.
 
El involucramiento del FMI para resolver el frente de la deuda ucraniana tuvo también un motivo geopolítico para las potencias europeas (Alemania y Francia) y Estados Unidos: fortalecer al gobierno de Kiev ante las tensiones políticas y militares con Rusia.
 
 
Alianza
 
Las experiencias de gobiernos anteriores enseñan que las relaciones de poder, internas e internacionales, juegan un papel relevante en la administración de una crisis, como la que existe hoy con el FMI como acreedor privilegiado.
 
La economía macrista está sumergida en una crisis de proporciones, que en estos meses hasta diciembre seguirá acumulando tensiones. Intervenir sobre ella para que no sea pagada por los sectores vulnerados (trabajadores, jubilados y pymes) requerirá, por lo tanto, de la conformación de una amplia alianza política, económica (sindicatos y empresas) y social. Incluso con ese activo la tarea puede ser fallida.
 
Como se mencionó, la presión sobre la política económica de un stock de deuda tan abultado, con la economía estancada y el FMI exigiendo ajuste y reformas estructurales, resulta un fuerte condicionamiento. Si bien las condiciones históricas y de contexto político eran diferentes a las actuales, el primer gobierno de la recuperación democrática liderado por Raúl Alfonsín tuvo que lidiar con la pesada herencia de la deuda de la dictadura militar. Después de intentar sin éxito la renegociación de la deuda y encarar una dura negociación con el FMI, sucumbió en el frente económico. Con la deuda como condicionante y el FMI como gendarme, el Plan Austral fue el puente de la agonía hacia la hiperinflación que acabó con el ciclo alfonsinista.
 
Ese colapso es ilustrativo de que el simple voluntarismo no servirá para emprender el camino de la reconstrucción. Ni tampoco servirá la visión tecnocrática que piensa que por conocer las leyes del mercado financiero internacional la negociación con el Fondo Monetario y acreedores privados será más fácil.
 
 
Pasión igualitaria
 
La obsesión enfermiza de frenar el populismo que tienen empresarios del grupo de WhatsApp "Nuestra voz" y una red de periodistas y medios conservadores está siendo otro factor importante para mantener a la economía en una de sus peores crisis. El inmenso blindaje mediático y la protección de Estados Unidos-FMI articulan el mecanismo de distracción de la sociedad, con la aceitada política de la mentira planificada liderada por la Jefatura de Gabinete, con el exclusivo objetivo de que Macri pueda competir con chances en las elecciones PASO (agosto) y de primera vuelta (octubre).
 
Pero los costos económicos para cumplir con ese objetivo son inmensos; también lo son en el ámbito social de convivencia democrática con un oficialismo fomentando el odio, la estigmatización y la persecución del adversario. La estrategia electoral del macrismo acentúa la grieta del enfrentamiento social, con la desesperada misión de acercarse a un triunfo en las urnas, sin importar las consecuencias que tiene en la reconstrucción del tejido social y la confianza para la inversión. La falsa ilusión de las corporaciones de enterrar al populismo se ha convertido en una maquinaria lubricada para destruir capacidades económicas y lazos sociales.
 
La deuda y el FMI son la principal restricción económica inmediata, que está montada en una estructural resumida en el concepto de "la grieta", alentada hasta el extremo por el poder económico. En estos días de mención vulgar del marxismo, los grupos más reaccionarios son los que se han arrojado a liderar una implacable lucha de clases, pero no es el trabajador el sujeto activo de esa puja para alcanzar la revolución, sino que el capital concentrado se ha puesto el objetivo de barrer con derechos de trabajadores y jubilados, para moldear una sociedad sometida y sin "la pasión igualitaria".
 
En estos casi cuatro años de macrismo, esa lucha de clase está reflejada en la destrucción de empleo registrado, aumento del empleo precario y fuerte caída de la participación de los trabajadores en el ingreso.
 
La pasión igualitaria es considerada por los intelectuales del régimen como el pecado original de la decadencia argentina, que consiste en que las familias argentinas consideran la equidad como un valor político relevante. Afirman, a contramano de la evidencia empírica de otros países, que esa búsqueda de la equidad limita la posibilidad de desarrollo. Combaten entonces el crecimiento e inclusión de la industrialización, la protección social y los altos salarios.
 
El macrismo viene a cumplir entonces la tarea de derrotar en política (en las urnas) y culturalmente (en el sentido común) al populismo, que está asociado a la pasión igualitaria de los argentinos. Y para vencerlo apela a herramientas del marketing electoral hasta niveles de exacerbar el enfrentamiento social con el despliegue de un fulminante aparato de la mentira sociopolítica.
 
 Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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