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Nacionales - 21-07-2019 / 09:07

El FMI extendería el acuerdo a 10 años a cambio de las reformas laboral, previsional y tributaria

El FMI extendería el acuerdo a 10 años a cambio de las reformas laboral, previsional y tributaria
El Fondo está predispuesto a refinanciar los vencimientos, convirtiendo el stand by en un programa denominado Extended Fund Facility, de hasta 10 años.Todo este esquema de colaboración del FMI viene con una exigencia: instrumentar las reformas laboral, previsional y tributaria, además de continuar con el ajuste fiscal.
La economía a partir del 2020 estará muy condicionada por la herencia macrista. El stock de deuda equivalente a casi el 90 por ciento del Producto Interno Bruto es una carga muy pesada. Si a este ya potente limitante se le agrega que el Fondo Monetario Internacional es auditor de la gestión de gobierno y uno de los principales acreedores, la capacidad de desplegar una política económica con cierto margen de autonomía se reduce considerablemente. 
 
Es una restricción fundamental para las perspectivas de un gobierno diferente al actual, incluso también para un escenario de Mauricio Macri reelecto. Lo que sucede es que no hay misterios acerca de qué pasará en un segundo mandato macrista.
 
No habrá una estrategia para tratar de administrar esa restricción, sino que el sendero anunciado es hacer lo mismo pero más rápido, lo que tendrá como consecuencia la profundización de la actual crisis socioeconómica. Cada una de las variables congeladas a presión (dólar y tarifas ) tiene destino de estallido, el cual sería más intenso que los desbordes padecidos en estos años de macrismo. En ese panorama crítico, el Fondo estará omnipresente en la vida cotidiana indicando la hoja de ruta que pretende para la economía argentina.
 
El gobierno de Macri convocó nuevamente al país al FMI, con todo lo que eso significa, no sólo como proveedor de dólares -además acreedor privilegiado-, sino como auditor dominante de la política económica. No son secretas las exigencias que planteará la tecnoburocracia de Washington para el gobierno 2020. El camino que han trazado es:
 
1. Como el programa financiero definido con el gobierno de Macri es un desastre, al concentrar el 90 por ciento del crédito entre junio de 2018 y diciembre de 2019, y que ha sido diseñado para financiar la campaña electoral del oficialismo, a mediados del año próximo será necesaria la redefinición de los vencimientos, concentrados en 2021 y 2022.
2. El Fondo está predispuesto a refinanciar los vencimientos, convirtiendo el stand by en un programa denominado Extended Fund Facility, de hasta 10 años.
3. El paso previo que propondrá es colaborar en el "reperfilamiento" de la deuda con el sector privado. Como lo ha dejado escrito en el memorándum de entendimiento del stand by y en cada una de sus revisiones, la deuda argentina es "insustentable con elevada probabilidad".
4. Todo este esquema de colaboración del FMI viene con una exigencia: instrumentar las reformas laboral, previsional y tributaria, además de continuar con el ajuste fiscal. 


Es una hoja de ruta que muestra disposición a ayudar a administrar la carga pesada de la deuda, pero con un condicionamiento fulminante para cualquier política que aspire a mejorar el bienestar general.

 
Deuda
 
El reporte de la cuarta revisión del acuerdo stand by, aprobado por el directorio del FMI y que significó el giro de unos 5400 millones de dólares para engordar las reservas del Banco Central, vuelve a afirmar que "existen riesgos significativos para la sostenibilidad de la deuda". Los riesgos más evidentes a corto plazo que menciona son los siguientes:
· El monto elevado de las necesidades de financiamiento bruto en un escenario estresado para la economía argentina.
 
· La posibilidad de la irrupción de perturbaciones en el mercado cambiario en el período preelectoral, que podría traducirse en un aumento del riesgo país y en una mayor devaluación.
 
· Gran parte de la deuda está nominada en moneda extranjera, lo que hace que la dinámica de la deuda sea sensible a los movimientos del tipo de cambio real.
 
· Las grandes necesidades de financiamiento externo de la economía, que en pasadas crisis de mercados emergentes ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda.
 
· El hecho de que el ajuste fiscal es ambicioso en relación con situaciones similares en otros países, al ubicarse entre el 5 por ciento de los programas más exigentes.
 
· El acuerdo stand by cubre sólo la deuda del gobierno nacional y, por lo tanto, se subestima la sostenibilidad del total de deuda externa del país, que incluye a la de las provincias emitida en dólares.
 
· El gobierno nacional enfrenta pasivos contingentes por la necesidad de recapitalizar el Banco Central y cubrir el déficit del sistema de pensiones.
 
El factor que actúa parcialmente como compensador es que gran parte de los acreedores -evalúan los técnicos del FMI- va a renovar al momento del vencimiento.
 
 
Fondo
 
El actual stock de deuda pública es insustentable en una economía con el freno de mano del FMI. La cuestión paradójica es que el Fondo comparte la primera parte de esta sentencia, pero su receta es la de profundizar el ajuste fiscal, lo que terminará hundiendo a la economía y, por lo tanto, reafirmando la insustentabilidad de la deuda.
 
La estrategia del Fondo es conocida porque ya la aplicó en Ucrania en 2015. Los técnicos que se ocupan de la economía argentina no tienen duda de que la deuda es impagable con su actual horizonte de vencimientos y por estar gran parte nominada en dólares. También consideran que es muy difícil cumplir con el plazo de reembolso del crédito stand by entregado para la campaña electoral de Macri.
 
La propuesta 2020 del Fondo será entonces convertir el programa stand by en un Extended Fund Facility, a un plazo de hasta 10 años, con una tasa un poco más baja y hasta con la posibilidad de recibir una ampliación del monto del préstamo de 10.000 a 15.000 millones de dólares.
 
A cambio de esta flexibilización para el repago de la deuda pedirá la instrumentación de reformas estructurales y la continuación del ajuste fiscal y monetario. Es el combo de la ortodoxia para evitar el estrangulamiento externo por la imposibilidad de cumplir con los vencimientos de la deuda, que implica consolidar una pauta de distribución regresiva del ingreso con pérdida de derechos laborales y sociales.
 
Con los acreedores privados, el FMI se ofrece para colaborar en la reestructuración de la deuda, que la presenta como "reperfilamiento" de los vencimientos. Pero para convencer a los fondos de inversión que acumulan más bonos de deuda, la condición que ponen es que el gobierno acepte primero transformar el stand by en un programa EFF. Como se explicó, el EFF viene a cambio de las reformas estructurales.
 
El recorrido para crear el condicionamiento a la economía es sencillo de comprender: entregar un préstamo millonario, el más abultado de la historia del Fondo a un país, en este caso para salvar del default al gobierno de Macri, con un esquema financiero desastroso que hace casi imposible su repago; el paso siguiente es ofrecer reconvertir ese programa en otro de largo plazo sólo si se acepta avanzar en las reformas laboral, previsional y tributaria; para finalmente determinar que se concretará ese nuevo acuerdo siempre y cuando se consiga la reestructuración de deuda con los acreedores privados.
 
 
Ucrania
 
La descripción de esta hoja de ruta del FMI no es ni teoría ni especulación. Es la misma que tuvo Ucrania y que ha comenzado a transitar la economía macrista. Cuando la deuda ucraniana había superado el 80 por ciento en relación al Producto Interno Bruto y con un stand by en vigencia, el FMI ofreció cambiarlo a un Extended Fund Facility y encarar el "reperfilamiento" de los vencimientos de la deuda externa con acreedores privados. La promesa fue que de ese modo la deuda pasaba a ser "sustentable".
 
El Fondo intervino como uno de los principales acreedores del gobierno de Kiev y como operador privilegiado ante los grandes fondos de inversión internacional. El fantasma del default fue el argumento central para convencerlos. Después de cuatro meses de negociaciones, los cuatro grandes fondos con deuda ucraniana (Templeton, BlackRock, Pimco y Fidelity), los mismos que acumulan gran cantidad de deuda argentina, sellaron la reestructuración con una quita del 20 por ciento del capital, extensión de los plazos (en cuatro años), un leve aumento de la tasa de interés (medio punto más) y un cupón PIB.
 
El involucramiento del FMI para resolver el frente de la deuda ucraniana tuvo también un motivo geopolítico para las potencias europeas (Alemania y Francia) y Estados Unidos: fortalecer al gobierno de Kiev ante las tensiones políticas y militares con Rusia.
 
 
Alianza
 
Las experiencias de gobiernos anteriores enseñan que las relaciones de poder, internas e internacionales, juegan un papel relevante en la administración de una crisis, como la que existe hoy con el FMI como acreedor privilegiado.
 
La economía macrista está sumergida en una crisis de proporciones, que en estos meses hasta diciembre seguirá acumulando tensiones. Intervenir sobre ella para que no sea pagada por los sectores vulnerados (trabajadores, jubilados y pymes) requerirá, por lo tanto, de la conformación de una amplia alianza política, económica (sindicatos y empresas) y social. Incluso con ese activo la tarea puede ser fallida.
 
Como se mencionó, la presión sobre la política económica de un stock de deuda tan abultado, con la economía estancada y el FMI exigiendo ajuste y reformas estructurales, resulta un fuerte condicionamiento. Si bien las condiciones históricas y de contexto político eran diferentes a las actuales, el primer gobierno de la recuperación democrática liderado por Raúl Alfonsín tuvo que lidiar con la pesada herencia de la deuda de la dictadura militar. Después de intentar sin éxito la renegociación de la deuda y encarar una dura negociación con el FMI, sucumbió en el frente económico. Con la deuda como condicionante y el FMI como gendarme, el Plan Austral fue el puente de la agonía hacia la hiperinflación que acabó con el ciclo alfonsinista.
 
Ese colapso es ilustrativo de que el simple voluntarismo no servirá para emprender el camino de la reconstrucción. Ni tampoco servirá la visión tecnocrática que piensa que por conocer las leyes del mercado financiero internacional la negociación con el Fondo Monetario y acreedores privados será más fácil.
 
 
Pasión igualitaria
 
La obsesión enfermiza de frenar el populismo que tienen empresarios del grupo de WhatsApp "Nuestra voz" y una red de periodistas y medios conservadores está siendo otro factor importante para mantener a la economía en una de sus peores crisis. El inmenso blindaje mediático y la protección de Estados Unidos-FMI articulan el mecanismo de distracción de la sociedad, con la aceitada política de la mentira planificada liderada por la Jefatura de Gabinete, con el exclusivo objetivo de que Macri pueda competir con chances en las elecciones PASO (agosto) y de primera vuelta (octubre).
 
Pero los costos económicos para cumplir con ese objetivo son inmensos; también lo son en el ámbito social de convivencia democrática con un oficialismo fomentando el odio, la estigmatización y la persecución del adversario. La estrategia electoral del macrismo acentúa la grieta del enfrentamiento social, con la desesperada misión de acercarse a un triunfo en las urnas, sin importar las consecuencias que tiene en la reconstrucción del tejido social y la confianza para la inversión. La falsa ilusión de las corporaciones de enterrar al populismo se ha convertido en una maquinaria lubricada para destruir capacidades económicas y lazos sociales.
 
La deuda y el FMI son la principal restricción económica inmediata, que está montada en una estructural resumida en el concepto de "la grieta", alentada hasta el extremo por el poder económico. En estos días de mención vulgar del marxismo, los grupos más reaccionarios son los que se han arrojado a liderar una implacable lucha de clases, pero no es el trabajador el sujeto activo de esa puja para alcanzar la revolución, sino que el capital concentrado se ha puesto el objetivo de barrer con derechos de trabajadores y jubilados, para moldear una sociedad sometida y sin "la pasión igualitaria".
 
En estos casi cuatro años de macrismo, esa lucha de clase está reflejada en la destrucción de empleo registrado, aumento del empleo precario y fuerte caída de la participación de los trabajadores en el ingreso.
 
La pasión igualitaria es considerada por los intelectuales del régimen como el pecado original de la decadencia argentina, que consiste en que las familias argentinas consideran la equidad como un valor político relevante. Afirman, a contramano de la evidencia empírica de otros países, que esa búsqueda de la equidad limita la posibilidad de desarrollo. Combaten entonces el crecimiento e inclusión de la industrialización, la protección social y los altos salarios.
 
El macrismo viene a cumplir entonces la tarea de derrotar en política (en las urnas) y culturalmente (en el sentido común) al populismo, que está asociado a la pasión igualitaria de los argentinos. Y para vencerlo apela a herramientas del marketing electoral hasta niveles de exacerbar el enfrentamiento social con el despliegue de un fulminante aparato de la mentira sociopolítica.
 
 Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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