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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 21-07-2019 / 09:07

El FMI extendería el acuerdo a 10 años a cambio de las reformas laboral, previsional y tributaria

El FMI extendería el acuerdo a 10 años a cambio de las reformas laboral, previsional y tributaria
El Fondo está predispuesto a refinanciar los vencimientos, convirtiendo el stand by en un programa denominado Extended Fund Facility, de hasta 10 años.Todo este esquema de colaboración del FMI viene con una exigencia: instrumentar las reformas laboral, previsional y tributaria, además de continuar con el ajuste fiscal.
La economía a partir del 2020 estará muy condicionada por la herencia macrista. El stock de deuda equivalente a casi el 90 por ciento del Producto Interno Bruto es una carga muy pesada. Si a este ya potente limitante se le agrega que el Fondo Monetario Internacional es auditor de la gestión de gobierno y uno de los principales acreedores, la capacidad de desplegar una política económica con cierto margen de autonomía se reduce considerablemente. 
 
Es una restricción fundamental para las perspectivas de un gobierno diferente al actual, incluso también para un escenario de Mauricio Macri reelecto. Lo que sucede es que no hay misterios acerca de qué pasará en un segundo mandato macrista.
 
No habrá una estrategia para tratar de administrar esa restricción, sino que el sendero anunciado es hacer lo mismo pero más rápido, lo que tendrá como consecuencia la profundización de la actual crisis socioeconómica. Cada una de las variables congeladas a presión (dólar y tarifas ) tiene destino de estallido, el cual sería más intenso que los desbordes padecidos en estos años de macrismo. En ese panorama crítico, el Fondo estará omnipresente en la vida cotidiana indicando la hoja de ruta que pretende para la economía argentina.
 
El gobierno de Macri convocó nuevamente al país al FMI, con todo lo que eso significa, no sólo como proveedor de dólares -además acreedor privilegiado-, sino como auditor dominante de la política económica. No son secretas las exigencias que planteará la tecnoburocracia de Washington para el gobierno 2020. El camino que han trazado es:
 
1. Como el programa financiero definido con el gobierno de Macri es un desastre, al concentrar el 90 por ciento del crédito entre junio de 2018 y diciembre de 2019, y que ha sido diseñado para financiar la campaña electoral del oficialismo, a mediados del año próximo será necesaria la redefinición de los vencimientos, concentrados en 2021 y 2022.
2. El Fondo está predispuesto a refinanciar los vencimientos, convirtiendo el stand by en un programa denominado Extended Fund Facility, de hasta 10 años.
3. El paso previo que propondrá es colaborar en el "reperfilamiento" de la deuda con el sector privado. Como lo ha dejado escrito en el memorándum de entendimiento del stand by y en cada una de sus revisiones, la deuda argentina es "insustentable con elevada probabilidad".
4. Todo este esquema de colaboración del FMI viene con una exigencia: instrumentar las reformas laboral, previsional y tributaria, además de continuar con el ajuste fiscal. 


Es una hoja de ruta que muestra disposición a ayudar a administrar la carga pesada de la deuda, pero con un condicionamiento fulminante para cualquier política que aspire a mejorar el bienestar general.

 
Deuda
 
El reporte de la cuarta revisión del acuerdo stand by, aprobado por el directorio del FMI y que significó el giro de unos 5400 millones de dólares para engordar las reservas del Banco Central, vuelve a afirmar que "existen riesgos significativos para la sostenibilidad de la deuda". Los riesgos más evidentes a corto plazo que menciona son los siguientes:
· El monto elevado de las necesidades de financiamiento bruto en un escenario estresado para la economía argentina.
 
· La posibilidad de la irrupción de perturbaciones en el mercado cambiario en el período preelectoral, que podría traducirse en un aumento del riesgo país y en una mayor devaluación.
 
· Gran parte de la deuda está nominada en moneda extranjera, lo que hace que la dinámica de la deuda sea sensible a los movimientos del tipo de cambio real.
 
· Las grandes necesidades de financiamiento externo de la economía, que en pasadas crisis de mercados emergentes ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda.
 
· El hecho de que el ajuste fiscal es ambicioso en relación con situaciones similares en otros países, al ubicarse entre el 5 por ciento de los programas más exigentes.
 
· El acuerdo stand by cubre sólo la deuda del gobierno nacional y, por lo tanto, se subestima la sostenibilidad del total de deuda externa del país, que incluye a la de las provincias emitida en dólares.
 
· El gobierno nacional enfrenta pasivos contingentes por la necesidad de recapitalizar el Banco Central y cubrir el déficit del sistema de pensiones.
 
El factor que actúa parcialmente como compensador es que gran parte de los acreedores -evalúan los técnicos del FMI- va a renovar al momento del vencimiento.
 
 
Fondo
 
El actual stock de deuda pública es insustentable en una economía con el freno de mano del FMI. La cuestión paradójica es que el Fondo comparte la primera parte de esta sentencia, pero su receta es la de profundizar el ajuste fiscal, lo que terminará hundiendo a la economía y, por lo tanto, reafirmando la insustentabilidad de la deuda.
 
La estrategia del Fondo es conocida porque ya la aplicó en Ucrania en 2015. Los técnicos que se ocupan de la economía argentina no tienen duda de que la deuda es impagable con su actual horizonte de vencimientos y por estar gran parte nominada en dólares. También consideran que es muy difícil cumplir con el plazo de reembolso del crédito stand by entregado para la campaña electoral de Macri.
 
La propuesta 2020 del Fondo será entonces convertir el programa stand by en un Extended Fund Facility, a un plazo de hasta 10 años, con una tasa un poco más baja y hasta con la posibilidad de recibir una ampliación del monto del préstamo de 10.000 a 15.000 millones de dólares.
 
A cambio de esta flexibilización para el repago de la deuda pedirá la instrumentación de reformas estructurales y la continuación del ajuste fiscal y monetario. Es el combo de la ortodoxia para evitar el estrangulamiento externo por la imposibilidad de cumplir con los vencimientos de la deuda, que implica consolidar una pauta de distribución regresiva del ingreso con pérdida de derechos laborales y sociales.
 
Con los acreedores privados, el FMI se ofrece para colaborar en la reestructuración de la deuda, que la presenta como "reperfilamiento" de los vencimientos. Pero para convencer a los fondos de inversión que acumulan más bonos de deuda, la condición que ponen es que el gobierno acepte primero transformar el stand by en un programa EFF. Como se explicó, el EFF viene a cambio de las reformas estructurales.
 
El recorrido para crear el condicionamiento a la economía es sencillo de comprender: entregar un préstamo millonario, el más abultado de la historia del Fondo a un país, en este caso para salvar del default al gobierno de Macri, con un esquema financiero desastroso que hace casi imposible su repago; el paso siguiente es ofrecer reconvertir ese programa en otro de largo plazo sólo si se acepta avanzar en las reformas laboral, previsional y tributaria; para finalmente determinar que se concretará ese nuevo acuerdo siempre y cuando se consiga la reestructuración de deuda con los acreedores privados.
 
 
Ucrania
 
La descripción de esta hoja de ruta del FMI no es ni teoría ni especulación. Es la misma que tuvo Ucrania y que ha comenzado a transitar la economía macrista. Cuando la deuda ucraniana había superado el 80 por ciento en relación al Producto Interno Bruto y con un stand by en vigencia, el FMI ofreció cambiarlo a un Extended Fund Facility y encarar el "reperfilamiento" de los vencimientos de la deuda externa con acreedores privados. La promesa fue que de ese modo la deuda pasaba a ser "sustentable".
 
El Fondo intervino como uno de los principales acreedores del gobierno de Kiev y como operador privilegiado ante los grandes fondos de inversión internacional. El fantasma del default fue el argumento central para convencerlos. Después de cuatro meses de negociaciones, los cuatro grandes fondos con deuda ucraniana (Templeton, BlackRock, Pimco y Fidelity), los mismos que acumulan gran cantidad de deuda argentina, sellaron la reestructuración con una quita del 20 por ciento del capital, extensión de los plazos (en cuatro años), un leve aumento de la tasa de interés (medio punto más) y un cupón PIB.
 
El involucramiento del FMI para resolver el frente de la deuda ucraniana tuvo también un motivo geopolítico para las potencias europeas (Alemania y Francia) y Estados Unidos: fortalecer al gobierno de Kiev ante las tensiones políticas y militares con Rusia.
 
 
Alianza
 
Las experiencias de gobiernos anteriores enseñan que las relaciones de poder, internas e internacionales, juegan un papel relevante en la administración de una crisis, como la que existe hoy con el FMI como acreedor privilegiado.
 
La economía macrista está sumergida en una crisis de proporciones, que en estos meses hasta diciembre seguirá acumulando tensiones. Intervenir sobre ella para que no sea pagada por los sectores vulnerados (trabajadores, jubilados y pymes) requerirá, por lo tanto, de la conformación de una amplia alianza política, económica (sindicatos y empresas) y social. Incluso con ese activo la tarea puede ser fallida.
 
Como se mencionó, la presión sobre la política económica de un stock de deuda tan abultado, con la economía estancada y el FMI exigiendo ajuste y reformas estructurales, resulta un fuerte condicionamiento. Si bien las condiciones históricas y de contexto político eran diferentes a las actuales, el primer gobierno de la recuperación democrática liderado por Raúl Alfonsín tuvo que lidiar con la pesada herencia de la deuda de la dictadura militar. Después de intentar sin éxito la renegociación de la deuda y encarar una dura negociación con el FMI, sucumbió en el frente económico. Con la deuda como condicionante y el FMI como gendarme, el Plan Austral fue el puente de la agonía hacia la hiperinflación que acabó con el ciclo alfonsinista.
 
Ese colapso es ilustrativo de que el simple voluntarismo no servirá para emprender el camino de la reconstrucción. Ni tampoco servirá la visión tecnocrática que piensa que por conocer las leyes del mercado financiero internacional la negociación con el Fondo Monetario y acreedores privados será más fácil.
 
 
Pasión igualitaria
 
La obsesión enfermiza de frenar el populismo que tienen empresarios del grupo de WhatsApp "Nuestra voz" y una red de periodistas y medios conservadores está siendo otro factor importante para mantener a la economía en una de sus peores crisis. El inmenso blindaje mediático y la protección de Estados Unidos-FMI articulan el mecanismo de distracción de la sociedad, con la aceitada política de la mentira planificada liderada por la Jefatura de Gabinete, con el exclusivo objetivo de que Macri pueda competir con chances en las elecciones PASO (agosto) y de primera vuelta (octubre).
 
Pero los costos económicos para cumplir con ese objetivo son inmensos; también lo son en el ámbito social de convivencia democrática con un oficialismo fomentando el odio, la estigmatización y la persecución del adversario. La estrategia electoral del macrismo acentúa la grieta del enfrentamiento social, con la desesperada misión de acercarse a un triunfo en las urnas, sin importar las consecuencias que tiene en la reconstrucción del tejido social y la confianza para la inversión. La falsa ilusión de las corporaciones de enterrar al populismo se ha convertido en una maquinaria lubricada para destruir capacidades económicas y lazos sociales.
 
La deuda y el FMI son la principal restricción económica inmediata, que está montada en una estructural resumida en el concepto de "la grieta", alentada hasta el extremo por el poder económico. En estos días de mención vulgar del marxismo, los grupos más reaccionarios son los que se han arrojado a liderar una implacable lucha de clases, pero no es el trabajador el sujeto activo de esa puja para alcanzar la revolución, sino que el capital concentrado se ha puesto el objetivo de barrer con derechos de trabajadores y jubilados, para moldear una sociedad sometida y sin "la pasión igualitaria".
 
En estos casi cuatro años de macrismo, esa lucha de clase está reflejada en la destrucción de empleo registrado, aumento del empleo precario y fuerte caída de la participación de los trabajadores en el ingreso.
 
La pasión igualitaria es considerada por los intelectuales del régimen como el pecado original de la decadencia argentina, que consiste en que las familias argentinas consideran la equidad como un valor político relevante. Afirman, a contramano de la evidencia empírica de otros países, que esa búsqueda de la equidad limita la posibilidad de desarrollo. Combaten entonces el crecimiento e inclusión de la industrialización, la protección social y los altos salarios.
 
El macrismo viene a cumplir entonces la tarea de derrotar en política (en las urnas) y culturalmente (en el sentido común) al populismo, que está asociado a la pasión igualitaria de los argentinos. Y para vencerlo apela a herramientas del marketing electoral hasta niveles de exacerbar el enfrentamiento social con el despliegue de un fulminante aparato de la mentira sociopolítica.
 
 Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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