17:12 | Sabado 03 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 21-07-2019 / 09:07

El FMI extendería el acuerdo a 10 años a cambio de las reformas laboral, previsional y tributaria

El Fondo está predispuesto a refinanciar los vencimientos, convirtiendo el stand by en un programa denominado Extended Fund Facility, de hasta 10 años.Todo este esquema de colaboración del FMI viene con una exigencia: instrumentar las reformas laboral, previsional y tributaria, además de continuar con el ajuste fiscal.

La economía a partir del 2020 estará muy condicionada por la herencia macrista. El stock de deuda equivalente a casi el 90 por ciento del Producto Interno Bruto es una carga muy pesada. Si a este ya potente limitante se le agrega que el Fondo Monetario Internacional es auditor de la gestión de gobierno y uno de los principales acreedores, la capacidad de desplegar una política económica con cierto margen de autonomía se reduce considerablemente.

Es una restricción fundamental para las perspectivas de un gobierno diferente al actual, incluso también para un escenario de Mauricio Macri reelecto. Lo que sucede es que no hay misterios acerca de qué pasará en un segundo mandato macrista.

No habrá una estrategia para tratar de administrar esa restricción, sino que el sendero anunciado es hacer lo mismo pero más rápido, lo que tendrá como consecuencia la profundización de la actual crisis socioeconómica. Cada una de las variables congeladas a presión (dólar y tarifas ) tiene destino de estallido, el cual sería más intenso que los desbordes padecidos en estos años de macrismo. En ese panorama crítico, el Fondo estará omnipresente en la vida cotidiana indicando la hoja de ruta que pretende para la economía argentina.

El gobierno de Macri convocó nuevamente al país al FMI, con todo lo que eso significa, no sólo como proveedor de dólares -además acreedor privilegiado-, sino como auditor dominante de la política económica. No son secretas las exigencias que planteará la tecnoburocracia de Washington para el gobierno 2020. El camino que han trazado es:

1. Como el programa financiero definido con el gobierno de Macri es un desastre, al concentrar el 90 por ciento del crédito entre junio de 2018 y diciembre de 2019, y que ha sido diseñado para financiar la campaña electoral del oficialismo, a mediados del año próximo será necesaria la redefinición de los vencimientos, concentrados en 2021 y 2022.
2. El Fondo está predispuesto a refinanciar los vencimientos, convirtiendo el stand by en un programa denominado Extended Fund Facility, de hasta 10 años.
3. El paso previo que propondrá es colaborar en el "reperfilamiento" de la deuda con el sector privado. Como lo ha dejado escrito en el memorándum de entendimiento del stand by y en cada una de sus revisiones, la deuda argentina es "insustentable con elevada probabilidad".
4. Todo este esquema de colaboración del FMI viene con una exigencia: instrumentar las reformas laboral, previsional y tributaria, además de continuar con el ajuste fiscal.

Es una hoja de ruta que muestra disposición a ayudar a administrar la carga pesada de la deuda, pero con un condicionamiento fulminante para cualquier política que aspire a mejorar el bienestar general.

Deuda

El reporte de la cuarta revisión del acuerdo stand by, aprobado por el directorio del FMI y que significó el giro de unos 5400 millones de dólares para engordar las reservas del Banco Central, vuelve a afirmar que "existen riesgos significativos para la sostenibilidad de la deuda". Los riesgos más evidentes a corto plazo que menciona son los siguientes:
· El monto elevado de las necesidades de financiamiento bruto en un escenario estresado para la economía argentina.

· La posibilidad de la irrupción de perturbaciones en el mercado cambiario en el período preelectoral, que podría traducirse en un aumento del riesgo país y en una mayor devaluación.

· Gran parte de la deuda está nominada en moneda extranjera, lo que hace que la dinámica de la deuda sea sensible a los movimientos del tipo de cambio real.

· Las grandes necesidades de financiamiento externo de la economía, que en pasadas crisis de mercados emergentes ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda.

· El hecho de que el ajuste fiscal es ambicioso en relación con situaciones similares en otros países, al ubicarse entre el 5 por ciento de los programas más exigentes.

· El acuerdo stand by cubre sólo la deuda del gobierno nacional y, por lo tanto, se subestima la sostenibilidad del total de deuda externa del país, que incluye a la de las provincias emitida en dólares.

· El gobierno nacional enfrenta pasivos contingentes por la necesidad de recapitalizar el Banco Central y cubrir el déficit del sistema de pensiones.

El factor que actúa parcialmente como compensador es que gran parte de los acreedores -evalúan los técnicos del FMI- va a renovar al momento del vencimiento.

Fondo

El actual stock de deuda pública es insustentable en una economía con el freno de mano del FMI. La cuestión paradójica es que el Fondo comparte la primera parte de esta sentencia, pero su receta es la de profundizar el ajuste fiscal, lo que terminará hundiendo a la economía y, por lo tanto, reafirmando la insustentabilidad de la deuda.

La estrategia del Fondo es conocida porque ya la aplicó en Ucrania en 2015. Los técnicos que se ocupan de la economía argentina no tienen duda de que la deuda es impagable con su actual horizonte de vencimientos y por estar gran parte nominada en dólares. También consideran que es muy difícil cumplir con el plazo de reembolso del crédito stand by entregado para la campaña electoral de Macri.

La propuesta 2020 del Fondo será entonces convertir el programa stand by en un Extended Fund Facility, a un plazo de hasta 10 años, con una tasa un poco más baja y hasta con la posibilidad de recibir una ampliación del monto del préstamo de 10.000 a 15.000 millones de dólares.

A cambio de esta flexibilización para el repago de la deuda pedirá la instrumentación de reformas estructurales y la continuación del ajuste fiscal y monetario. Es el combo de la ortodoxia para evitar el estrangulamiento externo por la imposibilidad de cumplir con los vencimientos de la deuda, que implica consolidar una pauta de distribución regresiva del ingreso con pérdida de derechos laborales y sociales.

Con los acreedores privados, el FMI se ofrece para colaborar en la reestructuración de la deuda, que la presenta como "reperfilamiento" de los vencimientos. Pero para convencer a los fondos de inversión que acumulan más bonos de deuda, la condición que ponen es que el gobierno acepte primero transformar el stand by en un programa EFF. Como se explicó, el EFF viene a cambio de las reformas estructurales.

El recorrido para crear el condicionamiento a la economía es sencillo de comprender: entregar un préstamo millonario, el más abultado de la historia del Fondo a un país, en este caso para salvar del default al gobierno de Macri, con un esquema financiero desastroso que hace casi imposible su repago; el paso siguiente es ofrecer reconvertir ese programa en otro de largo plazo sólo si se acepta avanzar en las reformas laboral, previsional y tributaria; para finalmente determinar que se concretará ese nuevo acuerdo siempre y cuando se consiga la reestructuración de deuda con los acreedores privados.

Ucrania

La descripción de esta hoja de ruta del FMI no es ni teoría ni especulación. Es la misma que tuvo Ucrania y que ha comenzado a transitar la economía macrista. Cuando la deuda ucraniana había superado el 80 por ciento en relación al Producto Interno Bruto y con un stand by en vigencia, el FMI ofreció cambiarlo a un Extended Fund Facility y encarar el "reperfilamiento" de los vencimientos de la deuda externa con acreedores privados. La promesa fue que de ese modo la deuda pasaba a ser "sustentable".

El Fondo intervino como uno de los principales acreedores del gobierno de Kiev y como operador privilegiado ante los grandes fondos de inversión internacional. El fantasma del default fue el argumento central para convencerlos. Después de cuatro meses de negociaciones, los cuatro grandes fondos con deuda ucraniana (Templeton, BlackRock, Pimco y Fidelity), los mismos que acumulan gran cantidad de deuda argentina, sellaron la reestructuración con una quita del 20 por ciento del capital, extensión de los plazos (en cuatro años), un leve aumento de la tasa de interés (medio punto más) y un cupón PIB.

El involucramiento del FMI para resolver el frente de la deuda ucraniana tuvo también un motivo geopolítico para las potencias europeas (Alemania y Francia) y Estados Unidos: fortalecer al gobierno de Kiev ante las tensiones políticas y militares con Rusia.

Alianza

Las experiencias de gobiernos anteriores enseñan que las relaciones de poder, internas e internacionales, juegan un papel relevante en la administración de una crisis, como la que existe hoy con el FMI como acreedor privilegiado.

La economía macrista está sumergida en una crisis de proporciones, que en estos meses hasta diciembre seguirá acumulando tensiones. Intervenir sobre ella para que no sea pagada por los sectores vulnerados (trabajadores, jubilados y pymes) requerirá, por lo tanto, de la conformación de una amplia alianza política, económica (sindicatos y empresas) y social. Incluso con ese activo la tarea puede ser fallida.

Como se mencionó, la presión sobre la política económica de un stock de deuda tan abultado, con la economía estancada y el FMI exigiendo ajuste y reformas estructurales, resulta un fuerte condicionamiento. Si bien las condiciones históricas y de contexto político eran diferentes a las actuales, el primer gobierno de la recuperación democrática liderado por Raúl Alfonsín tuvo que lidiar con la pesada herencia de la deuda de la dictadura militar. Después de intentar sin éxito la renegociación de la deuda y encarar una dura negociación con el FMI, sucumbió en el frente económico. Con la deuda como condicionante y el FMI como gendarme, el Plan Austral fue el puente de la agonía hacia la hiperinflación que acabó con el ciclo alfonsinista.

Ese colapso es ilustrativo de que el simple voluntarismo no servirá para emprender el camino de la reconstrucción. Ni tampoco servirá la visión tecnocrática que piensa que por conocer las leyes del mercado financiero internacional la negociación con el Fondo Monetario y acreedores privados será más fácil.

Pasión igualitaria

La obsesión enfermiza de frenar el populismo que tienen empresarios del grupo de WhatsApp "Nuestra voz" y una red de periodistas y medios conservadores está siendo otro factor importante para mantener a la economía en una de sus peores crisis. El inmenso blindaje mediático y la protección de Estados Unidos-FMI articulan el mecanismo de distracción de la sociedad, con la aceitada política de la mentira planificada liderada por la Jefatura de Gabinete, con el exclusivo objetivo de que Macri pueda competir con chances en las elecciones PASO (agosto) y de primera vuelta (octubre).

Pero los costos económicos para cumplir con ese objetivo son inmensos; también lo son en el ámbito social de convivencia democrática con un oficialismo fomentando el odio, la estigmatización y la persecución del adversario. La estrategia electoral del macrismo acentúa la grieta del enfrentamiento social, con la desesperada misión de acercarse a un triunfo en las urnas, sin importar las consecuencias que tiene en la reconstrucción del tejido social y la confianza para la inversión. La falsa ilusión de las corporaciones de enterrar al populismo se ha convertido en una maquinaria lubricada para destruir capacidades económicas y lazos sociales.

La deuda y el FMI son la principal restricción económica inmediata, que está montada en una estructural resumida en el concepto de "la grieta", alentada hasta el extremo por el poder económico. En estos días de mención vulgar del marxismo, los grupos más reaccionarios son los que se han arrojado a liderar una implacable lucha de clases, pero no es el trabajador el sujeto activo de esa puja para alcanzar la revolución, sino que el capital concentrado se ha puesto el objetivo de barrer con derechos de trabajadores y jubilados, para moldear una sociedad sometida y sin "la pasión igualitaria".

En estos casi cuatro años de macrismo, esa lucha de clase está reflejada en la destrucción de empleo registrado, aumento del empleo precario y fuerte caída de la participación de los trabajadores en el ingreso.

La pasión igualitaria es considerada por los intelectuales del régimen como el pecado original de la decadencia argentina, que consiste en que las familias argentinas consideran la equidad como un valor político relevante. Afirman, a contramano de la evidencia empírica de otros países, que esa búsqueda de la equidad limita la posibilidad de desarrollo. Combaten entonces el crecimiento e inclusión de la industrialización, la protección social y los altos salarios.

El macrismo viene a cumplir entonces la tarea de derrotar en política (en las urnas) y culturalmente (en el sentido común) al populismo, que está asociado a la pasión igualitaria de los argentinos. Y para vencerlo apela a herramientas del marketing electoral hasta niveles de exacerbar el enfrentamiento social con el despliegue de un fulminante aparato de la mentira sociopolítica.

Por Alfredo Zaiat

Fuente: pagina12.com.ar

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".