La Opinión Popular
                  20:42  |  Sabado 07 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
Recomendar Imprimir
Nacionales - 18-07-2019 / 10:07
APERTURA INDISCRIMINADA DE IMPORTACIONES

¿Condenados a la extinción?: el Gobierno intenta silenciar a "perdedores" del tratado con la Unión Europea

¿Condenados a la extinción?: el Gobierno intenta silenciar a
El acuerdo no es bueno para las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque la Argentina acumula un serio problema de competitividad sistémica. No pueden pelear con una de las cargas impositivas más altas del mundo o una de las mayores tasas de financiamiento. Salir a firmar acuerdos de este nivel y teniendo tantas falencias en lo macro es poner en riesgo la industria nacional y el empleo.
Mientras Mauricio Macri es uno de los protagonistas de la cumbre del Mercosur, que se realiza en Santa Fe, los representantes de los sectores industriales siguen desfilando por los despachos del Ministerio de Producción. Este jueves, por ejemplo, es el turno del rubro juguetero.
 
El objetivo de todos estos encuentros individuales entre funcionarios del área de Comercio Exterior, técnicos y algunos pocos integrantes de las cámaras sectoriales tienen un único fin: pasar en limpio los detalles de la letra chica del acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea para cada rubro en particular y, sobre todo, llevarles tranquilidad.
 
En general, los representantes de todas las ramas de actividad ya conocían de antemano los lineamientos del tratado de libre comercio entre ambos bloques. Sin embargo, aunque parezca llamativo, aspectos puntuales pero decisivos para cada industria -como los niveles y los plazos de desgravación arancelaria exactos para cada producto- no se hicieron públicos tan al detalle.
 
En cada mano a mano, los empresarios también aprovecharon para conocer más a fondo otra letra chica que los inquieta: las reglas de origen. Esto es, qué porcentaje de los componentes de un producto final fabricado en el bloque europeo pueden provenir de terceros mercados, sin perder el beneficio del arancel 0% para entrar al Mercosur.
 
Es que uno de los mayores temores de los industriales es que Europa termine reexportando artículos con un alto contenido de insumos chinos pero con el sello de la UE.
 
"Fue exactamente como consultar al médico. Uno va con alguna expectativa pero también con algo de miedo, esperando en cualquier momento una mala noticia", se sinceró el gerente de una cámara que tuvo la oportunidad de dialogar con los responsables de la Secretaría de Comercio Exterior hace unos días.
 
El acuerdo no es bueno para las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque la Argentina acumula un serio problema de competitividad sistémica. No pueden pelear con una de las cargas impositivas más altas del mundo o una de las mayores tasas de financiamiento. Salir a firmar acuerdos de este nivel y teniendo tantas falencias en lo macro es poner en riesgo la industria nacional y el empleo.

 
Competitividad, la cuestión de fondo
  
Seguramente, parte del temor responde a una palabra que viene pisándoles los talones a muchos rubros industriales conformados por Pymes y que se pronuncia cada vez que se habla del TLC entre el Mercosur y la UE: "Competitividad".
 
El presidente del grupo Los Grobo, Gustavo Grobocopatel lo planteó de manera muy cruda, cuando dijo que había que "permitir que haya sectores que desaparezcan".
 
Si bien luego dijo que su error fue hablar "de sectores y no de empresas", su reflexión no hizo más que poner en el centro del debate lo que vienen alertando diversas industrias: que con las fuertes asimetrías entre uno y otro bloque, y las que muestra la Argentina en particular, se hará difícil competir.
 
Así lo plantea un informe de la Red de Observatorios de la Argentina, que alerta que "pese a que quintuplica en PBI al Mercosur, registra casi 10 veces más patentes al año, y más que duplicó sus exportaciones a la región en los últimos diez años, la UE ha obtenido un sinnúmero de concesiones en materia de desgravación de bienes, reglas de origen, compras públicas, servicios y establecimiento y propiedad intelectual, entre otras".
 
Frente a las voces críticas que comenzaron a alzarse por parte de algunos sectores industriales y sindicales, desde Cancillería aclararon que el pacto "no implica una apertura inmediata: el 60% de la oferta del Mercosur se desgravará en un plazo de 10 años o más, un porcentaje muy relevante si se considera que otros países con acuerdos con la UE lograron plazos más breves para la mayoría de los productos".
 
Además, agregaron que "el acuerdo consiguió plazos extensos para la entrada en vigor de las mejoras arancelarias, lo que permite continuar el programa de transformación productiva y mejora de la competitividad del Mercosur".
 
Desde el IERAL, el economista Jorge Vasconcelos afirmó que es cierto que "el acuerdo obliga a la Argentina a ser más competitiva". Pero acto seguido, disparó: "¿Qué tiene de malo?". Sin embargo, entre los empresarios Pyme reina la desconfianza cuando se les habla de "reconversión" o "transformación".
 
Básicamente porque ven que se prometió mucho desde las esferas oficiales pero todavía subsisten muchas cuentas pendientes. De hecho, todavía recuerdan las palabras de Alfonso Prat Gay, quien en 2016, cuando era ministro de Hacienda, aseguró que se les iba a dar tiempo y ayuda a los sectores poco competitivos para que pudieran mejorar su nivel de productividad.
 
"Les damos a los empresarios argentinos cuatro años para ir al gimnasio, entrenar, prepararse y en cuatro años salen a la cancha", graficó, seguramente sin saber que prácticamente estaba vaticinando la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
 
Sin embargo, ya pasaron tres de esos cuatro años desde que Prat Gay llamara a los industriales a calzarse las zapatillas y salir a entrenar, y los avances en esa materia lucen escasos. De hecho, en la actualidad la Argentina ocupa el puesto 92 entre un total de 137 países en el ranking global de competitividad, según el World Economic Forum.
 
Problemas en cuanto a la estabilidad macroeconómica, en el desarrollo del mercado financiero, falta de eficiencia en el mercado laboral y en terrenos como tecnología e infraestructura son algunas de las áreas donde aparecen muchas luces amarillas, de acuerdo con la publicación. Es decir, todavía hay numerosas cuentas pendientes que deberá atender éste y el próximo Gobierno, sea cual fuere el signo político.
 
 
Industrias, entre temores y quejas
 
El acuerdo dividió las aguas en varios sectores. Y dejó al descubierto, por ejemplo, una grieta en la Unión Industrial Argentina, con un vice afirmando que el TLC "no es una buena noticia" para las empresas nacionales y, posteriormente, su titular afirmando que nadie en la cámara "se opone a abrir el mercado".
 
Pero las quejas se potencian cuanto más sensibles son los sectores frente a cualquier aumento de la importación. En el rubro autopartista, por ejemplo, reina la preocupación: vienen de cerrar un 2018 en el que el déficit trepó hasta los u$s6.830 millones, equivalente a 1,7 veces el rojo que sufrió la Argentina en su conjunto. Además, la Unión Europea explicó el 25% de ese total.
 
"El acuerdo puede ser una oportunidad pero también una amenaza, en función de cuánto se trabaje sobre la competitividad estructural. Si seguimos como estamos, no hay dudas de que vamos a estar muy complicados en unos años", apuntaron desde AFAC, la principal cámara de esta rama de actividad.
 
"Es imprescindible avanzar con reformas en materia tributaria y laboral y mejorar la infraestructura, porque si nos guiamos por la foto que tenemos hoy, el sector va a estar muy expuesto", agregaron.
 
Además, se quejaron de que las reglas de origen son demasiado laxas y que el sector quedó preso de un acuerdo "leonino". Desde la cámara plantean que el TLC habilitará a que el 75% del total de componentes para fabricar un vehículo -medidas en valores- puedan ingresar "extra bloque" y que quedará apenas un 25% por repartirse entre los fabricantes de la UE y el Mercosur.
 
Entre las visiones más tremendistas están las del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior (ODEP), que conduce Paula Español, que en un reciente informe alertó que, entre las Pymes autopartistas y las terminales, corrían riesgo de perderse 40.000 puestos de trabajo, más de la mitad de los 76.500 que ocupa esta rama en su conjunto.
 
Sin embargo, desde el IERAL plantearon el escenario opuesto: reconocieron que la integración con la UE "puede desplazar a algunas empresas y actividades manufactureras". Pero aseguraron que el sector industrial tenderá a crecer.
 
Y pusieron como ejemplo lo que sucedió con la marca Seat: "Producía vehículos de baja calidad en la España protegida pero, de a poco, tras la integración con Europea, se transformó en un competidor global".
 
En el caso de la Argentina, auguraron que habrá más exportaciones por la especialización en el segmento de las pick ups. "Esto no es 'gana el campo, pierde la industria'", remataron.
 
En el caso de la industria juguetera, no ven mayores beneficios al acuerdo. Fuentes del sector aseguraron que la baja de aranceles no representará una oportunidad para salir a exportar masivamente a la UE, cuando enfrente está China, el principal jugador a nivel mundial. "Sí podría haber alguna oportunidad en algunos nichos, como juguetes con diseño como factor de valor agregado", señalaron.
 
Visto desde la perspectiva del mercado interno, las preocupaciones están a la orden del día. "La libre competencia llegará en diez años y obviamente va a haber una exposición mayor a la competencia y nos preocupa. Para que esto deje de ser una amenaza va a ser decisivo que se mejore la competitividad estructural", insistieron, al igual que otros rubros.
 
Pero el mayor temor, como pasa en otras industrias, es que los juguetes chinos "se vistan" de europeos.
 
"Nos preocupa que se genere un proceso llamado de 'acumulación diagonal': es decir, que el nuevo socio tome como originarios insumos de países con los que también tiene libre comercio y, de esa manera, el grado de componentes importados sea mayor que el acordado en el TLC", planteó el industrial juguetero que ya debió sortear varias crisis.
 
Incluso, alertó que "no hay que descartar futuras relocalizaciones de fábricas asiáticas para aprovechar las nuevas preferencias arancelarias". Parte de estas dudas que hoy tiene el sector se irán despejando a partir del encuentro de este jueves.
 
En el sector textil, un industrial que forma parte de la mesa de ProTejer también alzó su voz de alerta por la situación que podría avecinarse para el sector textil.
 
"El acuerdo no es bueno para las pequeñas empresas textiles", disparó el empresario. ¿Por qué? "Porque la Argentina acumula un serio problema de competitividad sistémica. No podemos pelear con una de las cargas fiscales más altas del mundo o una de las mayores tasas de financiamiento. Salir a firmar acuerdos de este nivel y teniendo tantas falencias en lo macro es poner en riesgo a nuestro sector", recalcó.
 
En el rubro calzado, en tanto, evalúan el TLC menos dramáticamente. Es que los productos que ingresen por debajo de los 35 euros deberán estar fabricados con al menos un 70% de insumos europeos. En un principio, esto evitaría una entrada masiva de artículos chinos ensamblados en el Viejo Mundo.
 
"Tenemos buen cuero, tenemos mano de obra calificada y excelente diseño. Creemos que puede haber una oportunidad de exportar", agregó.
 
El tema son los antecedentes: según el industrial, "los acuerdos de libre comercio que firmaron Chile, Colombia y México con la UE fueron negativos para la industria del calzado, porque sus exportaciones se mantuvieron pero las importaciones desde ese origen se les dispararon más de un 100%".
 
En este contesto, la entidad que nuclea a las firmas solicitó una nueva reunión con Producción para ver qué posibilidades hay de introducir algunos cambios en el acuerdo.
 
Sin embargo, en el Gobierno defienden a rajatabla el pacto y pregonan sobre el efecto positivo de insertarse en el mundo.
 
Y son numerosos los economistas que acompañan esta visión. Como Vasconcelos, del IERAL, quien planteó que el "escudo" arancelario, que hoy asegura un mejor acceso al mercado brasileño, se convirtió más en un problema que en un beneficio, dado que hizo más dependiente a la industria local de la economía vecina -arrastrándola cada vez que cae- y nunca incentivó la salida a otros destinos.
 
Además, recordó que en México, cuando se discutía el acuerdo NAFTA, se hablaba del riesgo de "primarización" de la economía.
 
Sin embargo, "ese país se transformó en una potencia exportadora de manufacturas", que incluso pasó a competir con China para atraer inversiones.
 
Por Juan Diego Wasilevsky
 
Fuente: iProfesional
 

Agreganos como amigo a Facebook
07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
La Opinión Popular
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar