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Nacionales - 18-07-2019 / 10:07
APERTURA INDISCRIMINADA DE IMPORTACIONES

¿Condenados a la extinción?: el Gobierno intenta silenciar a "perdedores" del tratado con la Unión Europea

¿Condenados a la extinción?: el Gobierno intenta silenciar a
El acuerdo no es bueno para las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque la Argentina acumula un serio problema de competitividad sistémica. No pueden pelear con una de las cargas impositivas más altas del mundo o una de las mayores tasas de financiamiento. Salir a firmar acuerdos de este nivel y teniendo tantas falencias en lo macro es poner en riesgo la industria nacional y el empleo.
Mientras Mauricio Macri es uno de los protagonistas de la cumbre del Mercosur, que se realiza en Santa Fe, los representantes de los sectores industriales siguen desfilando por los despachos del Ministerio de Producción. Este jueves, por ejemplo, es el turno del rubro juguetero.
 
El objetivo de todos estos encuentros individuales entre funcionarios del área de Comercio Exterior, técnicos y algunos pocos integrantes de las cámaras sectoriales tienen un único fin: pasar en limpio los detalles de la letra chica del acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea para cada rubro en particular y, sobre todo, llevarles tranquilidad.
 
En general, los representantes de todas las ramas de actividad ya conocían de antemano los lineamientos del tratado de libre comercio entre ambos bloques. Sin embargo, aunque parezca llamativo, aspectos puntuales pero decisivos para cada industria -como los niveles y los plazos de desgravación arancelaria exactos para cada producto- no se hicieron públicos tan al detalle.
 
En cada mano a mano, los empresarios también aprovecharon para conocer más a fondo otra letra chica que los inquieta: las reglas de origen. Esto es, qué porcentaje de los componentes de un producto final fabricado en el bloque europeo pueden provenir de terceros mercados, sin perder el beneficio del arancel 0% para entrar al Mercosur.
 
Es que uno de los mayores temores de los industriales es que Europa termine reexportando artículos con un alto contenido de insumos chinos pero con el sello de la UE.
 
"Fue exactamente como consultar al médico. Uno va con alguna expectativa pero también con algo de miedo, esperando en cualquier momento una mala noticia", se sinceró el gerente de una cámara que tuvo la oportunidad de dialogar con los responsables de la Secretaría de Comercio Exterior hace unos días.
 
El acuerdo no es bueno para las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque la Argentina acumula un serio problema de competitividad sistémica. No pueden pelear con una de las cargas impositivas más altas del mundo o una de las mayores tasas de financiamiento. Salir a firmar acuerdos de este nivel y teniendo tantas falencias en lo macro es poner en riesgo la industria nacional y el empleo.

 
Competitividad, la cuestión de fondo
  
Seguramente, parte del temor responde a una palabra que viene pisándoles los talones a muchos rubros industriales conformados por Pymes y que se pronuncia cada vez que se habla del TLC entre el Mercosur y la UE: "Competitividad".
 
El presidente del grupo Los Grobo, Gustavo Grobocopatel lo planteó de manera muy cruda, cuando dijo que había que "permitir que haya sectores que desaparezcan".
 
Si bien luego dijo que su error fue hablar "de sectores y no de empresas", su reflexión no hizo más que poner en el centro del debate lo que vienen alertando diversas industrias: que con las fuertes asimetrías entre uno y otro bloque, y las que muestra la Argentina en particular, se hará difícil competir.
 
Así lo plantea un informe de la Red de Observatorios de la Argentina, que alerta que "pese a que quintuplica en PBI al Mercosur, registra casi 10 veces más patentes al año, y más que duplicó sus exportaciones a la región en los últimos diez años, la UE ha obtenido un sinnúmero de concesiones en materia de desgravación de bienes, reglas de origen, compras públicas, servicios y establecimiento y propiedad intelectual, entre otras".
 
Frente a las voces críticas que comenzaron a alzarse por parte de algunos sectores industriales y sindicales, desde Cancillería aclararon que el pacto "no implica una apertura inmediata: el 60% de la oferta del Mercosur se desgravará en un plazo de 10 años o más, un porcentaje muy relevante si se considera que otros países con acuerdos con la UE lograron plazos más breves para la mayoría de los productos".
 
Además, agregaron que "el acuerdo consiguió plazos extensos para la entrada en vigor de las mejoras arancelarias, lo que permite continuar el programa de transformación productiva y mejora de la competitividad del Mercosur".
 
Desde el IERAL, el economista Jorge Vasconcelos afirmó que es cierto que "el acuerdo obliga a la Argentina a ser más competitiva". Pero acto seguido, disparó: "¿Qué tiene de malo?". Sin embargo, entre los empresarios Pyme reina la desconfianza cuando se les habla de "reconversión" o "transformación".
 
Básicamente porque ven que se prometió mucho desde las esferas oficiales pero todavía subsisten muchas cuentas pendientes. De hecho, todavía recuerdan las palabras de Alfonso Prat Gay, quien en 2016, cuando era ministro de Hacienda, aseguró que se les iba a dar tiempo y ayuda a los sectores poco competitivos para que pudieran mejorar su nivel de productividad.
 
"Les damos a los empresarios argentinos cuatro años para ir al gimnasio, entrenar, prepararse y en cuatro años salen a la cancha", graficó, seguramente sin saber que prácticamente estaba vaticinando la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
 
Sin embargo, ya pasaron tres de esos cuatro años desde que Prat Gay llamara a los industriales a calzarse las zapatillas y salir a entrenar, y los avances en esa materia lucen escasos. De hecho, en la actualidad la Argentina ocupa el puesto 92 entre un total de 137 países en el ranking global de competitividad, según el World Economic Forum.
 
Problemas en cuanto a la estabilidad macroeconómica, en el desarrollo del mercado financiero, falta de eficiencia en el mercado laboral y en terrenos como tecnología e infraestructura son algunas de las áreas donde aparecen muchas luces amarillas, de acuerdo con la publicación. Es decir, todavía hay numerosas cuentas pendientes que deberá atender éste y el próximo Gobierno, sea cual fuere el signo político.
 
 
Industrias, entre temores y quejas
 
El acuerdo dividió las aguas en varios sectores. Y dejó al descubierto, por ejemplo, una grieta en la Unión Industrial Argentina, con un vice afirmando que el TLC "no es una buena noticia" para las empresas nacionales y, posteriormente, su titular afirmando que nadie en la cámara "se opone a abrir el mercado".
 
Pero las quejas se potencian cuanto más sensibles son los sectores frente a cualquier aumento de la importación. En el rubro autopartista, por ejemplo, reina la preocupación: vienen de cerrar un 2018 en el que el déficit trepó hasta los u$s6.830 millones, equivalente a 1,7 veces el rojo que sufrió la Argentina en su conjunto. Además, la Unión Europea explicó el 25% de ese total.
 
"El acuerdo puede ser una oportunidad pero también una amenaza, en función de cuánto se trabaje sobre la competitividad estructural. Si seguimos como estamos, no hay dudas de que vamos a estar muy complicados en unos años", apuntaron desde AFAC, la principal cámara de esta rama de actividad.
 
"Es imprescindible avanzar con reformas en materia tributaria y laboral y mejorar la infraestructura, porque si nos guiamos por la foto que tenemos hoy, el sector va a estar muy expuesto", agregaron.
 
Además, se quejaron de que las reglas de origen son demasiado laxas y que el sector quedó preso de un acuerdo "leonino". Desde la cámara plantean que el TLC habilitará a que el 75% del total de componentes para fabricar un vehículo -medidas en valores- puedan ingresar "extra bloque" y que quedará apenas un 25% por repartirse entre los fabricantes de la UE y el Mercosur.
 
Entre las visiones más tremendistas están las del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior (ODEP), que conduce Paula Español, que en un reciente informe alertó que, entre las Pymes autopartistas y las terminales, corrían riesgo de perderse 40.000 puestos de trabajo, más de la mitad de los 76.500 que ocupa esta rama en su conjunto.
 
Sin embargo, desde el IERAL plantearon el escenario opuesto: reconocieron que la integración con la UE "puede desplazar a algunas empresas y actividades manufactureras". Pero aseguraron que el sector industrial tenderá a crecer.
 
Y pusieron como ejemplo lo que sucedió con la marca Seat: "Producía vehículos de baja calidad en la España protegida pero, de a poco, tras la integración con Europea, se transformó en un competidor global".
 
En el caso de la Argentina, auguraron que habrá más exportaciones por la especialización en el segmento de las pick ups. "Esto no es 'gana el campo, pierde la industria'", remataron.
 
En el caso de la industria juguetera, no ven mayores beneficios al acuerdo. Fuentes del sector aseguraron que la baja de aranceles no representará una oportunidad para salir a exportar masivamente a la UE, cuando enfrente está China, el principal jugador a nivel mundial. "Sí podría haber alguna oportunidad en algunos nichos, como juguetes con diseño como factor de valor agregado", señalaron.
 
Visto desde la perspectiva del mercado interno, las preocupaciones están a la orden del día. "La libre competencia llegará en diez años y obviamente va a haber una exposición mayor a la competencia y nos preocupa. Para que esto deje de ser una amenaza va a ser decisivo que se mejore la competitividad estructural", insistieron, al igual que otros rubros.
 
Pero el mayor temor, como pasa en otras industrias, es que los juguetes chinos "se vistan" de europeos.
 
"Nos preocupa que se genere un proceso llamado de 'acumulación diagonal': es decir, que el nuevo socio tome como originarios insumos de países con los que también tiene libre comercio y, de esa manera, el grado de componentes importados sea mayor que el acordado en el TLC", planteó el industrial juguetero que ya debió sortear varias crisis.
 
Incluso, alertó que "no hay que descartar futuras relocalizaciones de fábricas asiáticas para aprovechar las nuevas preferencias arancelarias". Parte de estas dudas que hoy tiene el sector se irán despejando a partir del encuentro de este jueves.
 
En el sector textil, un industrial que forma parte de la mesa de ProTejer también alzó su voz de alerta por la situación que podría avecinarse para el sector textil.
 
"El acuerdo no es bueno para las pequeñas empresas textiles", disparó el empresario. ¿Por qué? "Porque la Argentina acumula un serio problema de competitividad sistémica. No podemos pelear con una de las cargas fiscales más altas del mundo o una de las mayores tasas de financiamiento. Salir a firmar acuerdos de este nivel y teniendo tantas falencias en lo macro es poner en riesgo a nuestro sector", recalcó.
 
En el rubro calzado, en tanto, evalúan el TLC menos dramáticamente. Es que los productos que ingresen por debajo de los 35 euros deberán estar fabricados con al menos un 70% de insumos europeos. En un principio, esto evitaría una entrada masiva de artículos chinos ensamblados en el Viejo Mundo.
 
"Tenemos buen cuero, tenemos mano de obra calificada y excelente diseño. Creemos que puede haber una oportunidad de exportar", agregó.
 
El tema son los antecedentes: según el industrial, "los acuerdos de libre comercio que firmaron Chile, Colombia y México con la UE fueron negativos para la industria del calzado, porque sus exportaciones se mantuvieron pero las importaciones desde ese origen se les dispararon más de un 100%".
 
En este contesto, la entidad que nuclea a las firmas solicitó una nueva reunión con Producción para ver qué posibilidades hay de introducir algunos cambios en el acuerdo.
 
Sin embargo, en el Gobierno defienden a rajatabla el pacto y pregonan sobre el efecto positivo de insertarse en el mundo.
 
Y son numerosos los economistas que acompañan esta visión. Como Vasconcelos, del IERAL, quien planteó que el "escudo" arancelario, que hoy asegura un mejor acceso al mercado brasileño, se convirtió más en un problema que en un beneficio, dado que hizo más dependiente a la industria local de la economía vecina -arrastrándola cada vez que cae- y nunca incentivó la salida a otros destinos.
 
Además, recordó que en México, cuando se discutía el acuerdo NAFTA, se hablaba del riesgo de "primarización" de la economía.
 
Sin embargo, "ese país se transformó en una potencia exportadora de manufacturas", que incluso pasó a competir con China para atraer inversiones.
 
Por Juan Diego Wasilevsky
 
Fuente: iProfesional
 

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21-01-2020 / 10:01
El asesinato de Fernando Báez Sosa que la UAR (Unión Argentina de Rugby) llamó fallecimiento es apenas una parte -la más importante-, de un combo letal.
 
La tipificación jurídica, responsabilidad penal y carradas de opiniones sobre el crimen, con mayor o menor espesura analítica, no le devolverán la vida al joven de 19 años y nos colocan en una endeble situación argumentativa.
 
Las sucesivas agresiones de rugbiers que terminan en muertes o sin ellas, con premeditación y alevosía, con el afán de destruir al otro por ser diferente, por las razones que fueren, son una noticia incómoda para un deporte que se arroga ciertos valores.
 
Los casos anteriores tuvieron una efímera visibilidad mediática. Algunos siguen impunes, como el asesinato de Ariel Malvino, a quien tres correntinos mataron en 2006 en Ferrugem, todos de familias influyentes en esa provincia.
 
Esa muerte y la de Báez Sosa tienen un componente clasista que deviene de la posición social de estas manadas de criminales musculados.
 
El rugby estigmatizado refuerza esa concepción de deporte cheto cuando ya no lo es. Hace tiempo dejó de serlo. Lo juegan los pueblos originarios en sus territorios, los pobres en las villas, los presos en las cárceles, crece entre las mujeres de cualquier condición social.
 
En la gran mayoría de estos crímenes no se percibe con claridad un ingrediente de consumo social que cruza a muchos de los victimarios. La ingesta desenfrenada de alcohol que confirman todas las estadísticas y en especial de la cerveza.
 
Cualquier campaña de concientización que busque antídotos contra la brutalidad de una manada de rugbiers, debería tomar en cuenta cuál es la única droga social legalizada y cuyo consumo está lejos de llegar a su techo.

20-01-2020 / 11:01
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó a distintos funcionarios, -en su mayoría gerentes y directivos- de empresas públicas que ingresaron con cargos políticos al Estado durante el Gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, y que en este nuevo período gubernamental no quieren dejar sus cargos en las diferentes dependencias estatales.
 
Massa denunció que dichos funcionarios, en caso de irse, piden doble indemnización y los definió como "okupas". Fuentes de distintos organismos estatales explicaron cómo esta situación afecta a la implementación de proyectos y políticas públicas.
 
El Presidente de la Cámara baja aseguró que "son unos inmorales", y que "no sólo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno".
 
Massa se refería a esto ya que el 20 de mayo de 2016 Macri había vetado la ley de Emergencia Ocupacional, que fue sancionada por ambas cámaras legislativas y que pretendía prohibir los despidos por 180 días e implementar la doble indemnización.
 
Es decir, los funcionarios de Cambiemos que aún quedan en el estado, piden para irse la doble indemnización mientras que su gobierno estaba en contra de aplicar ese resarcimiento a los trabajadores despedidos.
 
Massa detalló que se trata de "gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y de otras empresas públicas, que se hacen los distraídos esperando que los echen para pedir que les liquiden la doble indemnización".
 
"Esta gente no llegó con los clasificados bajo el brazo sino que fue designada políticamente y ahora pide una doble indemnización que el mismo Gobierno anterior vetó cuando el Congreso aprobó la Ley", agregó el funcionario. 

19-01-2020 / 18:01
Al grito de "¡no fue suicidio, fue un magnicidio!" un grupo de manifestantes antiperonistas se movilizó a la Plaza del Vaticano, para recordar al fiscal Alberto Nisman a cinco años de su muerte. Los manifestantes se ufanaron de "no llevar banderas políticas". Sin embargo, en el discurso dispararon contra el presidente, Alberto Fernández, y festejaron la presencia de dirigentes del macrismo.
 
Todo el acto fue en línea con los dichos bolzonaristas de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich en los últimos días. La ex funcionaria acusó al jefe de Estado de haber pactado "la demolición de la causa del Memorándum con Irán" que tiene como acusada a Cristina Fernández. Aunque varios dirigentes opositores confirmaron que no judicializarán esta acusación.
 
La ceremonia tuvo de invitados estrellas a los mediáticos diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, ambos del PRO. De la Coalición Cívica hicieron su aparición Elisa Carrió y su heredero político Maximilano Ferraro. No solo legisladores gurkas del macrismo asistieron, en las primeras filas estaba el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi y el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro. Con estos dirigentes macristas bien presentes, los oradores seguían jurando la "independencia política" del acto.
 
Lo que hace varias semanas parecía que iba a ser un acto cargado de contenido opositor con concurrencia masiva, se fue desinflando en los últimos días a medida de que las distintas organizaciones de la comunidad judía en la Argentina anunciaron que no participarían. Tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) decidieron no participar de esta movilización que pedía "Justicia por el asesinato del fiscal", cuando a cinco años de su muerte la Justicia aun no encontró pruebas que definan al caso. Es una muerte utilizada por el macrismo para reforzar la demonización del kirchnerismo.
 
Su ex pareja y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, y sus hijas tampoco asistieron. Incluso, algunos meses atrás dejaron de ser querellantes en la causa que investiga la muerte de Nisman. Sin embargo, los manifestantes colmaron la pequeña Plaza del Vaticano.
 
La previa fue caliente: intimidaciones a periodistas y reproches entre los manifestantes por la escasez de jóvenes en este acto. Lo cierto es que el calor en una plaza seca, con poca sombra, generó molestia en una buena parte de los adultos mayores que se acercaron temprano.
 
Antes que comenzara el acto, desde la organización pidieron que "respetaran a todos los periodistas". La consigna no fue tomada de la mejor manera por los "defensores de la república", muchos abuchearon, otros chistaban por lo bajo, mientras que otros gritaron: "Son cómplices y corruptos".
 
La Opinión Popular

19-01-2020 / 11:01
En el siglo XX se firmaron, como jamás antes, tratados internacionales que limitan la violencia entre Estados, regulan el trato a prisioneros de guerra, refugiados y migrantes, prohíben la tortura y cien etcéteras. Rigen hoy en día, se amplían regularmente. Centenares de naciones adhieren, se celebran reuniones para ratificar principios universales.
 
Sin embargo el presidente de la mayor potencia del planeta --promotora y signataria de muchas de esas normas, sede física de organismos internacionales-- manda asesinar a un general de otro país. Sin que medie guerra declarada, sin cumplir las (de por sí laxas) leyes de su país. Los propios funcionarios de Donald Trump no alcanzan a justificar, ni siquiera a explicar, la movida. Los opositores la critican con ineficaz dureza.
 
El magnicidio es presenciado impávidamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el poder expuesto en carne viva. Suena cándido o sarcástico preguntarse qué habría pasado si el mandatario homicida fuera iraní, argentino o hasta belga.
 
El orden global siempre fue asimétrico, tendencia que se agrava en la era de la globalización financiera y la primacía de líderes de derecha, racistas, violentos, xenófobos, machistas. Hiper tácticos, predispuestos a adoptar decisiones tremendas mientras tuitean. A toda velocidad, a pura ligereza.
 
Cuando asumieron Trump y su colega brasileño Jair Bolsonaro algunos expertos predijeron que poderes establecidos de sus patrias les demarcarían límites. Las Agencias de Estados Unidos, su élite económica, el Departamento de Estado, allá en el Norte que manda.
 
Acá cerca, Itamaraty, la célebre y profesional Cancillería de Brasil que, se supone, ensilló a la dictadura militar o limó diferencias entre presidentes tan disímiles como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva.
 
Esos frenos y balances fracasaron, no actuaron, entraron en el pasado. Las mesas chicas de los presidentes del siglo XXI resultan ser minúsculas, a veces se superponen con la reunión familiar. Bolsonaro y sus críos, sin ir más lejos.
 
En ese contexto espantoso, volátil, filo indescifrable, el presidente Alberto Fernández intenta instalar un esquema de negociación de la deuda externa bastante novedoso (nada lo es del todo). Trata de conciliar ciertos principios básicos de soberanía y de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
 
Pagar pero supeditándose a la normalización de la economía, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la deuda interna. La oferta parece sensata, en particular porque la formula un país pacífico, sin violencia racial ni ansias bélicas, una suerte de remanso en el vecindario soliviantado.

18-01-2020 / 10:01
El "fifty-fifty" que proponía Juan Perón para la Argentina era un anhelo por el cual trabajadores y empresas se repartían en partes iguales, 50-50, los ingresos que genera el país. Más allá de que el fifty-fifty no sea un nivel de distribución ideal, el dato publicado por el Indec muestra que la dinámica tiende a alejarse.
 
Ya que, durante el cierre del período Cambiemos, los asalariados volvieron a perder porciones de la distribución del ingreso. Esta vez el fenómeno vino acompañado de una novedad: los empresarios no mejoraron su participación. Y es que los que capturaron la diferencia fueron los trabajadores no asalariados.
 
El cuentapropismo, surgido por la fuerte crisis económica del 2018-2019, creció con fuerza, creó 265.000 puestos de subsistencia, que no califican ni como asalariados ni como empresarios, y llevó a la participación del ingreso mixto a crecer hasta quedarse con el 12,6% de la torta.
 
En este caso, la mencionada torta es el valor agregado por la economía local. Sobre el total del producto nacional, los asalariados se quedaron con el 45,1%. Eso implicó una caída fuerte desde el 52% con el que se quedaba en el 2015, según los datos del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped).
 
El Indec comenzó a publicar sus números en el 2016 y en el tercer trimestre de ese año todavía era el 52,7%. El deterioro se aceleró durante la gestión Cambiemos.
 
Los empresarios se quedaron con el 44,4% durante el tercer trimestre del 2019. Fue la primera caída en mucho tiempo, ya que en el mismo período del 2018 habían obtenido el 44,9%. Mientras tanto, los cuentapropistas pasaron del 11,4% al 12,6%.
 
Los asalariados son tres cuartos de quienes generan el ingreso nacional y se quedan con el 45,1% del producto; los empresarios son apenas el 3,9% y se quedan con el 44,4%; los cuentapropistas son el 22,9% y se quedan sólo con el 12,6%.
 
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