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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 16-07-2019 / 09:07
PREGUNTA A LA MILITANCIA ENCUESTADORA MACRISTA

¿Cómo hará Macri para ganar en primera vuelta con 35% del electorado pobre?

¿Cómo hará Macri para ganar en primera vuelta con 35% del electorado pobre?
Los 4 años de gestión, los terminará el gobierno de Mauricio Macri, de confirmarse el anticipo del instituto de estudios católico, con un índice de pobreza muy superior al que recibiera del kirchnerismo.
El próximo reporte oficial de pobreza, que abarca el primer semestre de este año, se conocerá recién en setiembre, casi en vísperas de la elección general a Presidente y gobiernos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, pero el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA ya dio una idea de que aumentó a "valores cercanos al 35%".

O sea que los 4 años de gestión, los terminará el gobierno de Mauricio Macri, de confirmarse el anticipo del instituto de estudios católico, con un índice de pobreza muy superior al que recibiera del kirchnerismo.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA le cambió la cara al habitual mensajero de la mala noticia que aumenta la pobreza, Agustín Salvia, y fue el investigador Eduardo Donza el encargado de anticipar que el indicador oficial del primer semestre de este año, que se difunde en setiembre, dará "valores cercanos al 35%", cuando al finalizar 2018 había sido del 32%.

Los alimentos, que ocupan la mayor proporción del gasto de los más necesitados, siguen subiendo a un ritmo que triplica al nivel general de los precios, y les ciñe con más fuerza la soga en el cuello.

Aun con el dólar tranquilo, sin pass through en el último trimestre, los bienes que integran la canasta básica, provistos en gran parte por industrias concentradas a centros comerciales también concentrados, no pararon de ser remarcados, aun cuando desde mayo el gobierno escondió la lapicera antes que autorizar tarifazos en luz, agua y transporte.

No sólo la cuerda de la pobreza y la indigencia enlazó a más habitantes, sino en general, para devolver el ingreso de las familias en valores de 2015, deberían ser mejorados en torno del 30%, estima la UCA.

La pobreza, es la marca indeleble que arrastra la gestión Macri. En todo caso, la responsabilidad de la Administración Macrista es:
 
** haber carecido de un diagnóstico de la situación social recibida,
** haber subestimado la profundidad de la pobreza creyendo que con multiplicar los bolsones de alimentos estaba resuelto el problema, y
** haber errado en elaborar una estrategia contra la pobreza.
 

 
Esta vez, tocó al investigador Eduardo Donza difundir el dato públicamente, en declaraciones a FM Milenium, cuando quien suele hacerlo es su jefe, Agustín Salvia.
 
Donza atribuyó el comportamiento ascendente de la pobreza, hasta el 35% y de la indigencia a 7% hacia fin del mandato de Macri, entre otras razones, a que "durante los primeros meses del año, los aumentos de los alimentos fueron mayores al promedio general", para considerar que "todavía no hay una recuperación".
 
El último parte del INdEC publicado en marzo, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), correspondió al 2do semestre de 2018 y ya había llegado al 32%, pero los efectos de la devaluación continuaban carcomiendo el poder adquisitivo del índice que más se ajusta a la realidad de los hogares humildes: la canasta alimenticia.
 
En tal sentido, contrasta el cálculo que el gobierno festeja de reducción del IPC de mayo del 3,1% y el de junio por conocerse, que podría andar en torno del 2,5%, con el relevamiento de 689 productos realizado para junio por la consultora Focus Market, que puso sobre la mesa los aumentos que impactan de lleno a los más vulnerables, como ser: 
 
** alimentos congelados, 9,3%; 
** arroz, 9%; 
** premezclas, 8,6%; 
** mermeladas, 6,8 %; 
** azúcar, 6,1%; 
** quesos untables, 5,9%; 
** cervezas/vinos, 5,3%; 
** aguas, 4,8%; 
** jabón en barra, 4,8%; y 
** yerba mate, 4,8%.

 
En los 5 meses que van de 2019, la canasta básica total (CBT) trepó 19% y la CBA (canasta básica de alimentos), 18,5%, mientras en el año la medición de pobreza se encareció 61,1% y la de indigencia, 61,7%, de acuerdo con los datos oficiales. 
Fue la suba de alimentos del último año, del 64,9%, la que disparó la valorización de las canastas que se emplean para demarcar las líneas de pobreza e indigencia.
 
Sin duda, el salto cambiario fue el gran verdugo de los ingresos de la población, en especial, de quienes los consagran íntegramente a la subsistencia.
 
"Tenemos una economía que reacciona muy rápido con relación a la cotización del dólar", remarcó Donza y argumentó: "Cuando tenemos devaluaciones, que son muchas veces bruscas, las subas muy grandes de precios son muy grandes y en un mercado de trabajo que está más precarizado".
 
Esto lleva a Urgente24 a preguntarse: ¿Cómo es que no está en debate, en especial en el oficialismo, qué se piensa hacer con el ajuste del tipo de cambio pendiente hasta después de las elecciones, y que tal como todo indica, será de considerable magnitud?
 
Así como el ajuste anterior del tipo de cambio, contra la voluntad de la Administración Macri, casi puso en riesgo la precandidatura de Mauricio Macri, es muy probable que el próximo ajuste licúe el optimismo de quien haya triunfado. Pero de esto no se habla.
 
De modo que los salarios en general ajustan muy por debajo de los aumentos de precios, que sólo se aplacan con una estabilización del tipo de cambio, aunque sea para no empeorar.
 
Aunque el dólar lleve casi 3 meses con inclinación a buscar la parte más baja de la línea de flotación dispuesta por el Banco Central que la más alta y que desde mayo los remarcadores de tarifas se hayan tomado un respiro preelectoral, los alimentos no les aflojan a los incrementos. 
 
El diario opositor BAE Negocios afirma en su edición dominical que "siguen con fuerza los aumentos de precios en todos los productos, con picos de hasta 10%". 
 
Con datos recogidos en los establecimientos mayoristas asociados en la cámara Cadam; supermercados provinciales nucleados en las cámaras CAS y FASA; y en la federación de autoservicios y almacenes de la provincia de Buenos Aires (FABA), identifica los mayores movimientos entre fines de junio y comienzos de julio en lácteos, yerba, harina, aceite, jugos, artículos de limpieza, principalmente.
 
Brinda como ejemplo de firmas industriales que elevaron nuevos listados a los supermercados a Molinos, Arcor, Danone, Unilever, Johnson&Johnson (subió 10% varios de sus productos) y hasta las pilas Rayovac (12%).
 
 
Mucho más que una delimitación estadística 
 
El neurocirujano Facundo Manes trasciende la frustración del Presidente por haber prometido pobreza 0 y que haya subido en su mandato, y señala en una entrevista publicada en la web Infobae que "el problema que tenemos muchos es que no vamos a ver el país que soñamos, con tanta desigualdad, con tanta pobreza. Esto va a requerir años, pero nos gustaría estar en el camino correcto". 
 
En lo estructural, llama la atención de que "la mitad de los adolescentes vive en la pobreza. Entonces no nos salvó la soja, aunque nos dio mucho y el campo dio mucho. Tampoco nos va a salvar Vaca Muerta, aunque va a ser una ayuda. Esos pensamientos mágicos nos matan", para exhortar a que se haga "un proyecto de país que se proponga duplicar el PBI, la riqueza del país en 10, 15 años, y hacerlo en base a generar valor agregado en serio, mediante ciencia y tecnología propia vinculada a la producción".
 
Él sostiene que si de ese modo se gestara un proyecto de país basado en exportar valor agregado, "y que esto cree empleo de calidad, salarios más dignos y se pudiera redistribuir esta riqueza para achicar la desigualdad, ahí tendríamos que educar más a la sociedad", concluye.
 
En realidad, y para dejar en claro una vez más que Urgente24 no está en la estúpida grieta que los parió, Macri no es el culpable ni la oveja negra de la región en materia de pobreza.
 
En el informe realizado por el ex ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, con la colaboración de Lucas Pina y Nicolás Constante, se pone de relieve que la desigualdad en Latinoamérica "es una característica histórica y estructural que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de prosperidad económica". 
 
Aunque manifiesta que hubo avances importantes en los últimos 15 años, América Latina (AL) sigue siendo la región más desigual del mundo, por sobre el África Subsahariana (la segunda región más desigual), y presenta un índice de Gini (de bienestar) promedio casi un tercio superior al de Europa y Asia Central.
 
Sostiene el reporte que "los altos niveles de desigualdad traban el desarrollo y son una barrera a la erradicación de la pobreza, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática".
 
Destaca que "lo mismo sucede cuando se implementan medidas (por ejemplo, impuestos o excesivas regulaciones) que dificultan o impiden la expansión de los factores de producción, como la inversión, el trabajo y la tecnología. Porque si no se genera riqueza y producción no hay posibilidades de mejorar la distribución juntamente con el aumento del ingreso personal". 
 
Descarta que deba ser un objetivo de política que todos sean iguales económicamente, aunque apenas les alcance para comer. 
Y pone el broche recordando lo sucedido con la distribución en AL a partir de 2011 cuando dejó de crecer como antes de la gran recesión: "Se debe a la caída de los precios internacionales que habían aumentado aceleradamente después de 2003, y también a no haber aprovechado esa bonanza para capitalizarse a fin de generar riqueza en el futuro", concluye.
 
Por Rubén Chorny
 
Fuente: Urgente24
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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