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Paraná - 04-07-2019 / 11:07
CAUSA MARCOMUNICIPIO VARISQUISTA

Aunque está preso, el concejal radical Pablo Hernández nunca dejó de cobrar su sueldo y en un año acumuló $1.590.000

Aunque está preso, el concejal radical Pablo Hernández nunca dejó de cobrar su sueldo y en un año acumuló $1.590.000
El concejal radical Pablo Hernández está preso en la Unidad Penal 1 de Paraná desde el 4 de junio de 2018, en el marco de la causa denominado narco municipio. Pese a ello, nunca dejó de percibir su sueldo.
 
El concejal radical Pablo Hernández está preso en la Unidad Penal 1 de Paraná desde el 4 de junio de 2018, en el marco de la causa denominado narco municipio, que provocó una particular conmoción pública el año pasado y determinó un fuerte desgaste político al intendente Sergio Varisco, imputado en la causa federal que irá a juicio en septiembre próximo. Pese a ello, nunca dejó de percibir su sueldo.
 
Siempre se sostuvo que el edil oficialista fue quien hizo de nexo político con Daniel "Tavi" Celis, uno de los principales jefes del narcotráfico en Entre Ríos, con varias causas sobre sus espaldas. Celis pactó con Varisco a partir de las relaciones de Hernández, quien conoce al jefe narco desde hace muchos años y en especial por ser vecinos de un mismo barrio. 
 
Hernández está detenido, sin función alguna en el Concejo Deliberante de la capital entrerriana, pero sigue cobrando religiosamente su sueldo como si nunca hubiera pasado nada. En un año, cobró 1.590.000 pesos. Su empleado auxiliar -que tampoco tiene funciones-, percibió cerca de 800 mil pesos en ese mismo lapso.
 

 
El concejal entre rejas tiene una remuneración mensual de 74.300 pesos, pero al municipio le sale 122.300 pesos, teniendo en cuenta los aportes patronales y la ART. Es decir que Hernández, en un año, percibió de la Municipalidad de Paraná un total de 1.590.000 pesos y a nadie se le movió un pelo. Son doce meses y dos y medio aguinaldos; es decir, algo así como 13 sueldos.
 
No es la única persona que percibe una remuneración. También cobra un salario mensual una asistente auxiliar que dispone, que sería la actual esposa de Hernández. En realidad, Hernández tenía un grupo de más personas percibiendo dineros públicos a su alrededor, pero solamente quedó una sola. El sueldo de esa persona -que no tiene función alguna hace un año- es de 41.100 pesos, que pasa a 60.500 pesos con aportes. O sea que en un año cobró 786.000 pesos del Estado municipal.
 
Nadie del bloque varisquista hizo planteo alguno en estos 365 días que pasaron, para pedir la remoción de Hernández. Ni siquiera para concretar un descuento en su sueldo, como hubiese correspondido, como un gesto mínimo. Los concejales de Cambiemos, Paraná de Pié y el Frente Renovador lo podrían haber hecho después de la tercera falta consecutiva. Saliendo Hernández, por un delito grave, como sus vinculaciones con el narcotráfico, podía haber sido automáticamente reemplazado por Francisco Avero. De esa manera lograban los dos tercios del cuerpo deliberativo y la mayoría especial. Pero prefirieron darle cobertura a Hernández y ceder a las presiones que pudo haber ejercido el grupo narco ligado al municipio, en vez de decidir por una cuestión lógica e institucional.
 
Quizás si ello pasaba, quedaban al descubierto otras anomalías en el Concejo. El edil de Cambiemos, el ex peronista Santiago Gaitán, está condenado, desde junio de 2017, a dos años y seis meses de prisión condicional por los delitos de Fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa y Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública en concurso ideal. La sentencia también comprendía la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero Gaitán siguió en su banca.
 
Y no fueron los únicos relacionados con causas judiciales. La concejal Claudia Acevedo y pareja de Varisco, está también imputada por el delito de robo de energía eléctrica en la vivienda que alquilaban con el intendente y su otra compañera de bancada, la edil María Marta Zuiani, aparece rozada en la causa de la Mutual Modelo, donde próximamente se lo juzgará al presidente comunal por hacer un giro millonario de dinero a la entidad crediticia ni bien asumió su mandato, tres años y medio atrás. Evidentemente, las cosas no funcionaron bien en la bancada oficialista de la capital entrerriana y siempre fue mejor esconder la basura debajo de la alfombra.
 
Fuente: Cuestión de Fondo/Análisis Digital
 

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Ayer por la mañana, en Paraná, comenzó la primera audiencia del juicio oral por presunto financiamiento de una banda dedicada al narcotráfico que se sigue al intendente local, Sergio Varisco, una ex policía, un concejal y otros 31 imputados.
 
Antes del inicio de la jornada, el fiscal José Candiotti aseguró que hay "prueba irrefutable de la actividad que se desarrollaba" con anuencia y participación de funcionarios municipales, y que de acuerdo con la acusación incluía un pacto con un proveedor de droga para financiar y facilitar la venta en Paraná, Concordia y Ciudad de Buenos Aires.
 
Entre esas actividades acreditadas, recordó el fiscal, se encuentra "la llegada de una avioneta con un cargamento de más de 300 kilos de estupefacientes" para cuyos aterrizaje "hasta hubo que alquilar campos para la pista clandestina". El detalle de la prueba incluye, también, dinero, seguimientos, cateos y escuchas telefónicas.
 
Varisco, que insólitamente sigue en su puesto de intendente, llegó a los tribunales al mediodía, en medio de un despliegue de policías y gendarmes. Al ingresar al edificio donde funciona el Tribunal Oral Federal (TOF), el funcionario aseguró que se siente "muy tranquilo de mi pasado, presente y futuro". Poco antes, por redes sociales, había señalado que la jornada era "clave" para su carrera política. "El intendente que votaron es un hombre inocente", remató.
 
A media mañana declaró la ex policía y subsecretaria de Seguridad municipal Griselda Bordeira, considerada por la acusación como "adquiriente colaboradora" en el esquema ilícito. Entre los imputados también se encuentra Daniel "Tavi" Celis, señalado como líder de la organización y cuya pareja, Luciana Lemos, también declaró ante el tribunal, al que llegó como autora del cuaderno con anotaciones detalladas de las operaciones que vinculaban a políticos y tráfico de drogas.
 
En el juicio se unificaron dos causas: una por el hallazgo de estupefacientes en una avioneta; la otra por la utilización de fondos, infraestructura y camiones de la Municipalidad de Paraná para la distribución de cocaína en Entre Ríos y otras provincias. Los hechos delictivos en la comuna comenzaron con la asunción de Varisco como intendente, en diciembre de 2015.
 
En el texto de la elevación a juicio, el juez federal Leandro Ríos acusó a Varisco de haber hecho "un acuerdo" con Celis para comercializar estupefacientes. Varisco, Bordeira y el concejal Pablo Hernández están procesados por "financiamiento, comercialización y adquisición de material estupefaciente". El intendente está acusado también de "peculado".
 
Según la acusación, Varisco "se comprometió a entregar $50.000 mensuales para financiar el comercio de estupefacientes". Como parte del acuerdo, Celis y Varisco, "comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada".
 
La Opinión Popular

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