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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 31-05-2019 / 08:05
MACRI INTENTÓ DESACREDITAR LA MEDIDA DE FUERZA CON ARGUMENTOS INCONSISTENTES Y FALSOS

El Gobierno pretende explicar el impacto económico del paro con razonamientos absurdos

El Gobierno pretende explicar el impacto económico del paro con razonamientos absurdos
Por lo absurdo del razonamiento, los números del Gobierno sobre el paro no cierran por ningún lado. Los que sí cierran son los de la pérdida de poder adquisitivo. Que se traducen en cierre de fábricas, cierre de comercios y cierre de planes a futuro.
Dos pérdidas. Con los datos oficiales sobre salarios que el Indec difundió ayer se llega a la conclusión de que sólo en el mes de marzo de este año los asalariados en blanco del sector público y del sector privado perdieron poder de compra por 44.000 millones de pesos respecto a un año atrás.
 
Otra vez para que quede claro: sólo en un mes perdieron 44.000 millones de pesos. Esa pérdida se elevaría muchísimo si se calculara la pérdida acumulada mes a mes, teniendo en cuenta que en el último año los salarios vienen perdiendo la carrera contra la inflación. Y subiría aún más si se agregara lo que ha perdido el tercio de los trabajadores no registrados.
 
Por otro lado el gobierno de Macri sostuvo anteayer que el paro le generó a la economía una pérdida de 40.500 millones de pesos. Se trata de dos números muy parecidos: 44.000 millones perdieron los asalariados en blanco en un mes, y 40.500 millones habría perdido la economía por un día de paro, según el gobierno.
 
La lógica en la que se basa es tan sencilla como que lo que se deja de producir ese día constituye una pérdida. Es una idea fácilmente comprensible que se acomoda a un sentido común superficial. Pero más allá de que sea correcta en algún caso, como conclusión global para el conjunto de la economía es una burda falacia. Capaz de confundir y engañar a muchos, pero impropia de gente que sabe economía.
 
Es indiscutible que para el conductor de un taxi, para una línea de colectivos o para el sistema ferroviario, casi todos los viajes que no se hicieron el día del paro no se harán nunca, y eso significará que esas actividades habrán perdido producción que no recuperarán. Pero ese razonamiento válido para esas actividades y algunas otras, no opera en absoluto para el grueso del resto de la economía.
 
Valga como ejemplo el de una empresa de alimentación que fue paralizada por completo. Es obvio que lo que no pudo producir ese día, lo compensará de alguna manera con tal de abastecer su demanda. Puede ocurrir que lo tenga que hacer con un turno extra pagando un plus salarial. En ese caso lo que habrá perdido la empresa es un poco de rentabilidad, y los trabajadores compensarán parte de lo que se les podría haber descontado por la falta, o perdido por incumplir el presentismo. Pero para la economía el impacto es poco relevante.
 
Suponer que lo que no se produjo el miércoles resta al Producto Bruto porque no se lo va a producir nunca más, es tan absurdo como creer que si un trabajador que adhirió al paro aprovechó el día para salir de compras o ir al cine, estaría aumentando el consumo y el PBI. Su nivel de consumo está determinado por sus ingresos, así como lo que produce una empresa está básicamente en función de lo que le demanden.
 
Por lo absurdo del razonamiento ya explicado, los números del Gobierno sobre el paro no cierran por ningún lado. Los que sí cierran son los de la pérdida de poder adquisitivo. Que se traducen en cierre de fábricas, cierre de comercios y cierre de planes a futuro.

 
MACRI BUSCÓ EXPLICAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL PARO CON RAZONAMIENTOS ABSURDOS QUE NO CIERRAN POR NINGÚN LADO
 
Las pérdidas del Gobierno
 
Dos pérdidas. Con los datos oficiales sobre salarios que el Indec difundió ayer se llega a la conclusión de que sólo en el mes de marzo de este año los asalariados en blanco del sector público y del sector privado perdieron poder de compra por 44.000 millones de pesos respecto a un año atrás. Otra vez para que quede claro: sólo en un mes perdieron 44.000 millones de pesos. Esa pérdida se elevaría muchísimo si se calculara la pérdida acumulada mes a mes, teniendo en cuenta que en el último año los salarios vienen perdiendo la carrera contra la inflación. Y subiría aún más si se agregara lo que ha perdido el tercio de los trabajadores no registrados.
 
Por otro lado el ministerio de Hacienda sostuvo anteayer que el paro le generó a la economía una pérdida de 40.500 millones de pesos. Se trata de dos números muy parecidos: 44.000 millones perdieron los asalariados en blanco en un mes, y 40.500 millones habría perdido la economía por un día de paro, según el gobierno.
 
Pero más allá de ese parecido casual, entre ambos números hay una diferencia sustancial. Mientras los 44.000 millones de pérdida de poder adquisitivo es una cifra que surge de cálculos muy sencillos e inobjetables basados en datos oficiales, los 40.500 millones de pérdida por el paro resultan de un razonamiento absurdo y falaz.
 
A los 44.000 millones se llega de la siguiente manera. Según la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en marzo de 2018 la remuneración promedio de los 6,2 millones de trabajadores registrados del sector privado era de 29.146 pesos. Asumiendo que los 3,1 millones de trabajadores del sector público cobraban lo mismo, se tiene que la masa salarial de esos 9,3 millones de trabajadores sumaba en marzo del año pasado 270.000 millones de pesos.
 
Si esa masa salarial hubiera aumentado desde entonces hasta marzo pasado al ritmo de la inflación (54,7 por ciento), hubiera alcanzado los 417.000 millones de pesos. Pero como el Indec informó ayer que el aumento de ese período fue de 38,2 por ciento, la masa salarial fue de 373.000 millones de pesos.
 
EL GOBIERNO INTENTÓ DESACREDITAR LA MEDIDA DE FUERZA DEL MIÉRCOLES PASADO CON UN ARGUMENTO INCONSISTENTE Y FALSO
La diferencia entre haber mantenido el poder de compra y lo que realmente ocurrió es de 44.000 millones de pesos. Nuevamente, es la pérdida de un solo mes.
 
Por su parte, el Gobierno intentó desacreditar la medida de fuerza del miércoles pasado con un argumento inconsistente y falso. A través de un comunicado del ministerio de Hacienda pretendió mostrar que el paro del miércoles implicó una pérdida para el país de 40.500 millones de pesos, equivalente al 0,22 por ciento del Producto Bruto Interno del año.
 
La lógica en la que se basa es tan sencilla como que lo que se deja de producir ese día constituye una pérdida. Es una idea fácilmente comprensible que se acomoda a un sentido común superficial. Pero más allá de que sea correcta en algún caso, como conclusión global para el conjunto de la economía es una burda falacia. Capaz de confundir y engañar a muchos, pero impropia de gente que sabe economía.
 
Es indiscutible que para el conductor de un taxi, para una línea de colectivos o para el sistema ferroviario, casi todos los viajes que no se hicieron el día del paro no se harán nunca, y eso significará que esas actividades habrán perdido producción que no recuperarán.
 
Pero ese razonamiento válido para esas actividades y algunas otras (por ejemplo un restaurante que no abrió), no opera en absoluto para el grueso del resto de la economía.
 
Valga como ejemplo el de una empresa de alimentación que fue paralizada por completo. Es obvio que lo que no pudo producir ese día, lo compensará de alguna manera con tal de abastecer su correspondiente demanda. Puede ocurrir que lo tenga que hacer con un turno extra pagando un plus salarial.
 
En ese caso lo que habrá perdido la empresa es un poco de rentabilidad, y los trabajadores compensarán parte de lo que se les podría haber descontado por la falta, o perdido por incumplir el presentismo. Pero para la economía el impacto es poco relevante.
 
Suponer que lo que no se produjo el miércoles resta al Producto Bruto porque no se lo va a producir nunca más, es tan absurdo como creer que si un trabajador que adhirió al paro aprovechó el día para salir de compras o ir al cine, estaría aumentando el consumo y el PBI. Su nivel de consumo está determinado por sus ingresos, así como lo que produce una empresa está básicamente en función de lo que le demanden.
 
Qué pasó con el consumo eléctrico
 
Además, hay otros datos bien objetivos que revelan que el impacto del paro sobre el nivel de actividad global es muy inferior al que sostiene el Gobierno. Por ejemplo, observando qué sucedió con el consumo de electricidad.
 
El miércoles a las 17 horas la gerencia de Análisis y Control Global de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista S.A.) emitió un informe de situación firmado por el gerente de Operaciones Daniel Kaller dando cuenta que hasta ese momento la caída en el uso de energía eléctrica era de apenas el 6 por ciento comparado con el miércoles de la semana anterior. Cierto es que se trató de un día algo más frío que el miércoles previo, lo que pudo haber incidido en un mayor consumo, pero de todos modos la caída no fue muy significativa.
 
Alguien podría contra-argumentar que la ausencia laboral aumentó el uso residencial y bajó mucho el consumo de electricidad para la producción. Sin embargo, otro informe de Cammesa diluye esa especulación. Hubo una diferencia máxima de 2.000 Megawatts a las 8 de la mañana, que se fue  reduciendo hasta casi equipararse a partir de las 13 horas. Es decir que en los típicos horarios de mayor actividad productiva la menor demanda osciló entre un 5 y un 13 por ciento.
 
Esos porcentajes dejan en ridículo la estimación de que el paro implicó una pérdida equivalente al 0,22 por ciento del PBI anual.
 
El ridículo también se desprende del siguiente razonamiento. Si el nivel de actividad económica fuera el mismo todos los días del año, cada día representaría el 0,27 por ciento (100 / 365). Por supuesto que eso no es así, dado que los feriados y fines de semana se produce muchísimo menos. Estimando que un día laborable normal se produce el 0,40 por ciento, el dato que revoleó el Gobierno del 0,22 por ciento de pérdida del PBI anual implicaría que el paro destruyó definitivamente la producción de más de medio día.
 
Por lo absurdo del razonamiento ya explicado y por las cifras de Cammesa, los números del Gobierno sobre el paro no cierran por ningún lado.
 
Los que sí cierran son los de la pérdida de poder adquisitivo. Que se traducen en cierre de fábricas, cierre de comercios y cierre de planes a futuro.
 
Por Marcelo Zlotogwiazda
 
Fuente: Infobae
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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