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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 15-05-2019 / 09:05
NO VA MÁS

Por fin: La CGT llamó a Paro General y será el 29 de mayo, a medio siglo del Cordobazo

Por fin: La CGT llamó a Paro General y será el 29 de mayo, a medio siglo del Cordobazo
Acorralados por la exigencia de las bases y los gremios combativos, la Confederación General del Trabajo decidió dejar de lado la genuflexión al gobierno de Macri. El Consejo Directivo de la central obrera anunció este martes un paro general contra el Gobierno que se realizará el próximo miércoles 29 de mayo. Pide el cambio del modelo económico neoliberal y de las estrategias para reactivar el país. “La protesta es en solidaridad con los trabajadores en conflicto y ante la grave situación del mercado interno, la producción, el consumo y los despidos”, dijo Daer.
El gobierno de Mauricio Macri se debilita y no logra contener el desbande de las variables económicas y mucho menos las expresiones de rechazo desde la oposición política y sindical. En este contexto, la CGT por fin decretó un paro general.
 
"Después de un análisis pormenorizado, en forma unánime, el Consejo Directivo ha decidido convocar a un paro de 24 horas para el 29 de mayo", anunció Héctor Daer la esperada y reclamada medida de fuerza. Este será el quinto paro contra el gobierno de Mauricio Macri y su nefasto plan económico neoliberal.
 
El dirigente cegetista aseguró, durante una conferencia de prensa, que no habrá marcha atrás con esta determinación ante la posibilidad de que el Gobierno intente abrir un canal de diálogo para desactivar la medida. También aclaró que no incluye movilización.
 
La unanimidad de la decisión fue alcanzada luego de una extensa discusión entre los miembros del consejo donde no sólo la crisis económica y sus negativas consecuencias influyeron en la decisión final. También tuvo su grado de injerencia el paro realizado por los gremios del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) el 30 de abril.
 
Uno de los participantes del cónclave reconoció que la mayoría de los sindicalistas llegaron sin ánimo de lanzar una medida de fuerza pero aclaró que la discusión sobre la realidad política, económica y social del país, al que le sumaron la situación particular de cada rama sindical, los llevó a la decisión unánime de decretar un paro general.
 
En estos días el Gobierno de Macri, consciente de la posibilidad de una reacción de la CGT, había dado señales para intentar evitar la medida. Una de ellas fue la acreditación de 2100 millones de pesos destinadas a las obras sociales sindicales y también una promesa por parte del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, de estudiar la forma de reducir el impacto del impuesto a las ganancias principalmente en los sindicatos del transporte. Pero ese dulce no surtió el efecto esperado.
 
Los gremios del transporte, con el ferroviario Omar Maturano (La Fraternidad) a la cabeza, tiraron sobre la mesa la necesidad de discutir una medida de fuerza inmediata. La vehemencia de Maturano fue inusual, sobre todo porque en las pocas reuniones del consejo en lo que va del año no se mostró proclive a una medida de fuerza.
 
Uno de los que también se sumó al reclamo fue el representante del personal de maestranza, Oscar Rojas, que responde a las huestes del gastronómico Luis Barrionuevo. La balanza, poco a poco se iba inclinando hacia el paro. Carlos Frigerio de los cerveceros le respondió a algunos de los miembros del consejo que no estaban convencidos de la medida de fuerza. "Es cierto que un paro no cambia el modelo económico pero no podemos quedarnos sin hacer nada y pasar a la historia como una CGT tibia", dijo y calentó algunas frías almas.
 
La Opinión Popular
 

 
TRAS UN ARDUO DEBATE LA CGT CONVOCÓ A UNA HUELGA PARA EL 29
  
Paro nacional: pusieron fecha
 
Tal como se venía perfilando, la CGT llamó al paro general antes de que termine el mes: será el próximo miércoles 29 de mayo, día en que se conmemoran los 50 años del Cordobazo, la quinta huelga al gobierno de Cambiemos, sexta si se cuenta la medida de fuerza concretada el pasado 30A por un fuerte entramado sindical.
 
"Es ni más ni menos que una medida de fuerza en reclamo de que se modifique la aceleración de la decadencia de la economía de nuestros hogares y para encontrar un punto de reactivación económica para un país de inclusión", sostuvo el co-titular cegetista Héctor Daer, voz cantante de la decisión del consejo directivo, que fue unánime, destacó, a la par que ahuyentó fantasmas de toda disuasión por negociaciones con operadores del gobierno: "No empecemos con que se discute: el 29 hay paro", sentenció.
 
La mesa chica de la CGT venía soportando intensas presiones -en particular desde el interior del país, donde finalmente "empezó a llegar el cambio" y ya se sienten en toda su dimensión los efectos- que se evidenciaron en la protesta del 30 de abril, a las que a alianza del moyanismo con gremios industriales como Smata y de servicios como La Bancaria (el Frente Sindical para el Modelo Nacional) y las dos CTA se les acoplaron decenas de regionales cegetistas, entre ellas todas las que conforman el Movimiento Obrero Santafesino: CGT Regional Reconquista, CGT Esperanza, CGT Venado Tuerto, CGT Santa Fe, CGT San Lorenzo y CGT Rafaela.
 
Al paro no adhirieron, en cambio, fuertes gremios como los ferroviarios, que sí se acoplaron a la medida de fuerza resuelta por la Catt, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte para el día siguiente, el 1° de mayo. Es parte del calendario resuelto por la organización sindical -una de las más poderosas, al reunir a casi todos los gremios del transporte de cargas y personas por tierra, agua y aire- para todos los días feriados que vienen, en reclamo por el Impuesto a las Ganancias y un aumento de emergencia para jubilados, entre otros puntos y la situación que se generó fue paradójica: la huelga dejó un día sin bancos, clases, servicios ni producción varios sectores fabriles, pero con transporte; mientras que al día siguiente, feriado por el Día de los Trabajadores, la actividad de todas las ramas fue mínima por la jornada festiva pero no hubo colectivos de corta, media y larga distancia, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se plegó a la protesta de la Catt.
 
Ahora, el paro del 29 de mayo, surgido del seno de la CGT se encamina a ser masivo. Se cumple la premisa de UTA -lo convoca la central obrera a la que pertenece- y se descuenta la adhesión tanto de las CTA como del ala combativa cegetista. Y esta vez tanto los gremios conocidos como "Independientes" (entre ellos los que responden al Masa, Movimiento de Acción Sindical Argentino) y los "Gordos" (grandes gremios estatales de servicios, como UPCN y Luz y Fuerza) plegarán a sus federaciones nacionales, al igual que sindicatos fabriles como la UOM, que tiene distancia tanto del moyanismo como de la cúpula cegetista, la que abandonó tiempo atrás.
 
Y también el barrionuevismo hace punta: de hecho junto a Daer (de Atsa, el gremio de la Sanidad) acompañó el anuncio su par Carlos Acuña, de la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, que viene de la CGT Azul y Blanca.
 
"Algunos sindicatos están diciendo a fines de mayo, otros la primera de junio. Hoy tiene que salir la protesta y vamos a ver si se hace poniéndole horario, 24 o 36 y el día", había metido presión apenas antes de la reunión que arrancó a las 14 de ayer en Azopardo 802, el maquinista Omar Maturano, líder de La Fraternidad.
 
Y así ocurrió, cumpliendo con la hoja de ruta que establecía escuchar este lunes a la misión del Fondo Monetario Internacional que desembarcó nuevamente en el país y, con información extra,  decidir sobre una nueva huelga general si no había percepción de otra cosa que no fuera más ajuste.
 
 
Por ahora al locro del 25 no se va a poder ir en colectivo
  
La Unión Tranviarios Automotor ratificó que durante el feriado del sábado 25 de mayo no habrá transporte público, tal como ocurrió el pasado 1° de mayo, Día de los Trabajadores. Así lo indicó el secretario de Prensa del sindicato, Mario Calegari, quien marcó que la medida abarca a colectiveros de corta, media y larga distancia. Empero, a diferencia del paro general convocado por la CGT, el de la UTA y la representación sindical que la contiene (Catt) sí puede ser desactivado por medidas del gobierno nacional, y así lo dejó ver el propio gremio.
 
La protesta, que forma parte del conjunto de medidas de fuerza lanzadas por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, tiene un pliego de reclamos, que en el caso de la UTA apunta a que se elimine del cálculo del Impuesto a las Ganancias el plus que los choferes perciben por trabajar -precisamente- los días feriados, lo que les aumenta el descuento sobre sus salarios.
 
Calegari explicó que, ante la falta de respuestas del gobierno nacional, "en principio" el paro se sostiene.
 
"Por ahora no hemos recibido respuesta satisfactoria, esperamos una respuesta positiva tanto de Trabajo como de Transporte".
 
El mes pasado, el secretario General de la UTA, Roberto Fernández, advirtió que el sector pararía "todos los feriados", medida que hasta ahora se cumplió una vez, la inicial.
 
Fuente: elciudadanoweb.com
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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