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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 11-05-2019 / 10:05
DEJA AL DESNUDO LA ESENCIA DE SU IDEOLOGÍA

El Gobierno de Macri propone un pobre acuerdo para un país con mucha pobreza

El Gobierno de Macri propone un pobre acuerdo para un país con mucha pobreza
Cada tanto el Gobierno de Mauricio Macri deja al desnudo la esencia de su ideología, ese concepto del cual ellos reniegan como contraposición al pragmatismo, pero que inconscientemente se revela con frecuencia. El ejemplo más inmediato son los diez puntos del acuerdo básico que pretenden establecer con la oposición, donde no figuran las palabras crecimiento, pobreza y desigualdad.
Cada tanto el Gobierno de Mauricio Macri deja al desnudo la esencia de su ideología, ese concepto del cual ellos reniegan como contraposición al pragmatismo, pero que inconscientemente se revela con frecuencia. El ejemplo más inmediato son los diez puntos del acuerdo básico que pretenden establecer con la oposición, donde no figuran las palabras crecimiento, pobreza y desigualdad.
 
Es obvio y bien sabido que el objetivo primordial de esa iniciativa es el último punto, el del compromiso de cumplir con las obligaciones con los acreedores, de forma tal de despejar las dudas que al respecto tiene buena parte del mundillo financiero local y extranjero, al establishment tradicional y a muchos de los economistas que los asesoran. Dudas que sin duda perturban la estabilidad cambiaria y macroeconómica.
 
Ni siquiera han tenido el reflejo de incluir en los anteriores nueve puntos objetivos tan fundamentales como el impulso al crecimiento y a la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
 
Hay quienes pueden atribuir esas ausencias a una mera distracción propia de un gobierno en apuros, pero sería ingenuo no interpretarlo como síntoma ideológico.
 
Una idea que se ve reforzada al observar que el tema que encabeza el decálogo es el logro y mantenimiento del equilibrio fiscal. Y en el medio se cuelan las reformas laboral y previsional, que sin alcanzar la importancia de garantizar el pago de la deuda externa son cambios que contribuirían a regenerar confianza en los mercados a los que el gobierno les habla.
 
Las omisiones quedaron tan expuestas que desde la oposición fueron resaltadas con la rapidez de reflejos que el Gobierno viene perdiendo. Roberto Lavagna salió de inmediato a marcar que el documento no contemplaba una condición necesaria elemental como el crecimiento. Y Sergio Massa hizo extensiva la crítica a la omisión de temas como la pobreza, la desigualdad y la falta de empleo.
 
Lavagna y Massa no sólo rechazaron la invitación a refrendar lo que el Gobierno ya está haciendo y lo que haría en caso de ser reelecto, sino que además contraatacaron con sus respectivos diez puntos básicos, que en ambos casos incluyen lo que el Gobierno excluyó.
 

 
En los lineamientos del denominado Consenso 19 que pretende Lavagna con el fin articular un "gobierno de unidad nacional" están presentes el "crecimiento sustentable", el "mejoramiento en el nivel de vida de nuestro pueblo", "la necesidad de un Estado fuerte, activo y eficiente, puesto al servicio del progreso social y el bienestar general".
 
E incluso promueve una "reforma impositiva progresiva que reduzca la exorbitante presión fiscal que asfixia a la producción y al trabajo de los argentinos, debiendo ir hacia una carga que recaiga de manera virtuosa y efectiva sobre aquellos que más tienen y más ganan".
 
Y si bien titula uno de los diez capítulos con el vidrioso y equívoco concepto de "igualdad de oportunidades", lo fundamenta con argumentos inusuales en una plataforma política.
 
Porque pasando por alto que en una sociedad no hay posibilidad alguna de que exista igualdad de oportunidades en la medida que unos nacen en cuna de oro y muchos a la intemperie y que la educación a la que acceden los ricos es más y mejor que la del resto, al menos este documento propone como respuesta "encarar una verdadera revolución de la educación y el trabajo, que promueva las condiciones para que todas las personas puedan participar activamente de los beneficios científicos y tecnológicos de este nuevo tiempo".
 
El decálogo de Massa es menos detallado aunque tampoco omite lo que el acuerdo impulsado por Gobierno ignora en cuestiones de crecimiento, pobreza y desigualdad.
 
Pero es menos audaz en materia tributaria, insiste con una medida regresiva y a contramano de lo que ocurre en la mayoría de los países desarrollados o emergentes como ser la eliminación del impuesto a las Ganancias en beneficio de todos, e incurre en demagogia: la punitiva y pidiendo que se arancele la universidad para los extranjeros.
 
Es más audaz que Lavagna en relación a los jubilados, para los que propone que reciban un Haber 14 financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, y en relación al presupuesto educativo, que elevaría del actual 6 por ciento del Producto Bruto Interno establecido por ley a un 8 por ciento. Por otra parte se refiere expresamente a la necesidad de elevar el acceso a las redes de agua y cloacas, una de las características paradigmáticas de los más pobres.
 
 
Pobreza estructural
 
Al respecto, el Indec publicó esta semana la información más ilustrativa que existe acerca de la pobreza estructural en el informe sobre Indicadores de Condiciones de Vida de los Hogares. Algunos datos que muestran la gravedad de la situación que se vive en los 31 aglomerados urbanos donde habitan casi 28 millones de personas:
 
- 34,5 por ciento de las personas, es decir 9,6 millones, no tienen conexión con la red cloacal
- 34,7 por ciento, 8,7 millones de personas, no tienen gas por red
- 11,9 por ciento, 3,3 millones de personas carece de agua corriente
- 23,7 por ciento vive en hogares con calidad de materiales total o parcialmente insuficiente
- 13,4 por ciento, 3,7 millones, vive en zonas inundables
- 2,8 millones son ocupantes irregulares de sus hogares (ni dueños, ni inquilinos)
- 124.000 chicos de 4 a 14 años no asiste a la escuela, sobre un total de 4,5 millones
- 107.000 adolescentes de 15 a 17 años tampoco, sobre un total de 1,3 millones
 
El Gobierno que "olvidó" la pobreza en su propuesta de acuerdos básicos, sí reconoce que la pobreza por ingresos (los que no llegan a cubrir una canasta básica de consumo) empeoró mucho. Pero insiste en instalar la idea de que la pobreza estructural está disminuyendo de manera considerable.
 
El informe del Indec no avala semejante idea.
 
Por ejemplo, comparando el segundo semestre de 2018 con el del 2016 (que son los datos disponibles en el informe) se observa que la cantidad de personas que habitan viviendas sin conexión cloacal pasó de 34,7 a 34,5 por ciento, una variación ínfima, que considerando el aumento vegetativo anularía ese aumento mínimo.
 
El porcentaje de personas que viven en zonas inundadas no varió: se mantiene en el mismo 13,4 por ciento que dos años atrás.
 
No muy diferente es lo que sucedió con la falta de acceso a agua corriente, que bajó en esos dos años nada más que de 12,2 a 11,9 por ciento.
 
En cuanto al gas por red, la inaccesibilidad directamente subió del 34,3 al 34,5 por ciento.
 
Y si se toma en cuenta la proporción de personas que no acceden a al menos uno de esos tres servicios públicos básicos (agua, cloacas, gas), el porcentaje retrocede apenas del 50,6 al 50,3 por ciento.
 
En otras palabras, más de la mitad de la población urbana carece de al menos uno de esos tres servicios elementales.
 
Vale aclarar, además, que las leves mejoras no marcan puntos de inflexión respecto a lo que pasaba antes, sino que mantienen una tendencia.
 
Es en esta Argentina donde todas las fuerzas política más importantes (el jueves se sumó Cristina Fernández de Kirchner) hablan de acuerdos, consensos y pactos para modificar una realidad dramática para millones.
 
Millones que están al margen de esas discusiones que muy improbablemente lleguen a algún acuerdo que les cambie la vida.
 
Por Marcelo Zlotogwiazda
 
Fuente: Infobae
 

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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

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