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Sociedad e Interés General - 22-04-2019 / 08:04
EFEMÉRIDES POPULARES. EL 22 DE ABRIL DE 1985 SE INICIA EL JUICIO A LAS JUNTAS MILITARES

Hace 34 años comenzaba el juicio a los militares genocidas

Hace 34 años comenzaba el juicio a los militares genocidas
El 22 de abril de 1985 se inicia el Juicio a las Juntas Militares, por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín contra las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) debido a las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas en ese período.
En un día como hoy, se iniciada el Juicio a las Juntas llevado adelante por la justicia civil, por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín contra las tres primeras juntas militares de la dictadura genocida autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, por las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas en ese período que culminó en sentencia con severas penas.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, integrada por personalidades independientes relevó, documentó y registró casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundó así el juicio a las juntas militares.

La sentencia condenó a los integrantes de las tres primeras juntas militares a severas penas. Éstos fueron indultados en 1990 por el presidente Carlos Saúl Menem. A partir de 2006 la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos decretados.

Por Carlos Morales


El 22 de abril de 1985 se inicia el Juicio a las Juntas Militares
 
Se conoce como Juicio a las Juntas el proceso judicial realizado por la justicia civil (por oposición a la justicia militar) en la Argentina en 1985, por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín contra las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) debido a las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas en ese período.
 
La sentencia condenó a algunos integrantes de las tres primeras juntas militares a severas penas. Estos fueron indultados en 1990 por el presidente Carlos Menem. A partir de 2006 la justicia comenzó a declarar inconstitucional los indultos decretados.
 

Se ordenaba procesar a las juntas militares
 
El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, sancionó los decretos 157 y 158. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas.

El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundar así el juicio a las juntas militares.


La CONADEP

Con el fin de dar un fuerte apoyo a la investigación sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura, el presidente Alfonsín creó una comisión de ciudadanos notables, que llamó Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

La CONADEP estuvo integrada por ocho miembros elegidos por el presidente, tres miembros elegidos por la Cámara de Diputados, y cinco secretarios. Entre ellos se encontraban el escritor Ernesto Sabato, el médico René Favaloro, el científico Gregorio Klimovsky, el rabino Marshall T. Meyer, el pastor evangélico Carlos Gattinoni, el sacerdote católico Jaime de Nevares, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú y la activista de derechos humanos Graciela Fernández Meijide.

Los miembros de la CONADEP recorrieron la Argentina, España, Francia, México y otros países entrevistando a eventuales testigos de violaciones de derechos humanos. Tuvo la virtud de promover la confianza para que esos testimonios salieran a la luz.

El resultado fue un cuadro aterrador que superó las peores evaluaciones previas. Fundamentalmente quedó en evidencia que las violaciones masivas de derechos humanos fueron ejecutadas sistemáticamente obedeciendo a un plan decidido en los niveles más altos del gobierno militar.

La comisión trabajó nueve meses y elaboró un informe de 50.000 páginas que está considerado como un monumento jurídico y uno de los documentos más importantes de la historia de los derechos humanos.
La CONADEP documentó acabadamente alrededor de 9.000 casos concretos de violaciones de derechos humanos. Por su seriedad y neutralidad, el Informe Nunca Más no solo constituyó una prueba fundamental en el Juicio contra las Juntas, sino que produjo un impacto cultural de enorme magnitud en la sociedad argentina.

En 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado "Nunca Más" y sus miembros concurrieron a entregarlo al presidente Alfonsín a la Casa Rosada acompañada de una multitud de 70.000 personas.


Puja entre la justicia militar y la justicia civil

Luego de la sanción del Decreto 158/83, las juntas militares comenzaron a ser enjuiciadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el 28 de diciembre de 1983, debido a que en ese momento las leyes vigentes establecían que los militares solo podían ser enjuiciados por tribunales militares, sin importar el delito cometido.

Las demoras y la falta de voluntad en las Fuerzas Armadas para enjuiciar realmente a los jefes militares se hicieron evidentes desde un comienzo. El 13 de febrero de 1984 el Congreso sancionó la Ley 23.049 de reforma del Código de Justicia Militar estableciendo que la justicia militar sólo atendería delitos de tipo militar (abandono de guardia, deserción, insubordinación, etc.).

Cualquier otro delito cometido por un militar debía ser atendido por la justicia civil. Además, se estableció que las sentencias de los tribunales militares podían ser apeladas ante la Cámara Federal (tribunal civil) y que si el juicio se demoraba injustificadamente, la Cámara Federal podía hacerse cargo directamente de la causa.

El 11 de julio de 1984 la Cámara Federal le indicó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que investigara si hubo un método en la violación de derechos humanos y si ello pudo haber sido responsabilidad de los miembros de las juntas militares y que le informara en 30 días. Ante la inmovilidad del tribunal militar, el 22 de agosto la Cámara Federal le concedió una ampliación del plazo por 30 días más.

El 25 de septiembre el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas comunicó una resolución en la que sostenía:

Se hace constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables".

Ante la evidencia de la demora injustificada de la justicia militar para enjuiciar a las juntas militares, el 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal (tribunal civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente de la causa.

En ese momento el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas sólo había tomado declaración indagatoria y dictado prisión preventiva al almirante Emilio Massera.


El juicio

Los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal que juzgó a las Juntas Militares fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D'Alessio. Durante el juicio, los jueces rotaron cada semana en la presidencia del tribunal.

El fiscal fue Julio César Strassera con quien colaboró el fiscal adjunto, Luis Gabriel Moreno Ocampo. Todos los demás funcionarios a los que se solicitó colaboración se negaron a ello con diversas excusas.[3]
Poco antes de iniciarse el juicio se intentó una operación para evitar el juicio promovida por sectores de la Unión Cívica Radical y el General Albano Harguindeguy, ex Jefe del Ejército durante la dictadura militar.

 
Debido a que la cantidad de delitos sobre los que existían constancias superaban los diez mil, el fiscal Strassera tomó la decisión de recurrir a un mecanismo utilizado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, sobre la base de casos paradigmáticos. La fiscalía presentó entonces 709 casos, de los cuales el tribunal decidió examinar 280.

Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la audiencia pública. En ella declararon 833 personas. Las atrocidades que revelaron muchos de esos testimonios sacudieron hondamente la conciencia de la opinión pública argentina y mundial. El escritor Jorge Luis Borges, quien asistiera a una de ellas, relató su vivencia en un artículo para la agencia española EFE con el título de "Lunes, 22 de julio de 1985".

En una parte de dicho relato dice:

De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó, para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares (repito las palabras del huésped). Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el Señor de ese Infierno y les deseó Feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal.

Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985 el fiscal Julio César Strassera realizó el alegato de la fiscalía, que luego ha sido considerado como una pieza histórica. La fiscalía consideraba que la responsabilidad por cada delito debía ser compartida por los miembros de cada junta a la que se le había probado participación. Finalmente el tribunal no aceptó este criterio, sosteniendo que las responsabilidades debían ser asignadas por cada fuerza armada, lo que produjo una considerable reducción de las penas para los miembros de la Fuerza Aérea.

Strassera cerró su alegato con esta frase:

Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: 'Nunca más".

Entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre se realizaron las defensas de los Jefes Militares, que básicamente sostuvieron que se había tratado de una guerra, y que los actos develados debían ser considerados como circunstancias inevitables de toda guerra.


La sentencia

El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Los acusados Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo no fueron condenados por no haberse podido probar los delitos que se les imputaban.

La sentencia fue leída por León Arslanián en su condición de presidente de la Cámara Federal. Fundamentalmente el fallo reconoció que las juntas diseñaron e implementaron un plan criminal y rechazó la ley amnistía sancionada por el último gobierno militar. Señala también que cada fuerza actuó autónomamente y que las penas deben ser graduadas en función de ello. Finalmente, concluyó que la fiscalía no pudo probar que, con posterioridad a 1980 se hubieran cometido crímenes que pudieran ser responsabilidad de la junta militar, exculpando así a la tercera junta (Galtieri-Amaya-Lami Dozo).

En uno de los párrafos de la extensa sentencia puede leerse:

En suma puede afirmarse que los comandantes establecieron secretamente, un modo criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o justicia), la libertad o, simplemente, la eliminación física.


Trascendencia del fallo

Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en América Latina, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
Por primera vez militares latinoamericanos que planearon y realizaron un golpe de estado contra un gobierno constitucional fueron enjuiciado y condenados por un tribunal civil.

Fuente: Wikipedia

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24-05-2019 / 18:05
24-05-2019 / 18:05
En 1809, la Junta Central de Sevilla envió como nuevo virrey del Río de la Plata a Baltazar Hidalgo de Cisneros, quien ordenó la desmovilización de las milicias que habían defendido Buenos Aires de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, además de exigir el restablecimiento del monopolio comercial español. Los criollos bonaerenses rechazaron ambas medidas.
 
Mantuvieron sus tropas armadas y presionaron por la tolerancia de comercio con Inglaterra, que ahora era aliada de la Junta Central de España en la guerra contra Napoleón. El virrey, consciente de la debilidad de sus fuerzas y sin esperanza de recibir ayuda de la metrópoli, aceptó las demandas de Buenos Aires.
 
Un grupo de criollos se reunía secretamente discutiendo diversos planes para derrocar al virrey. Los más activos eran los militares Cornelio Saavedra Miguel de Azcuénaga, los abogados Manuel Belgrano, José Castelli y Mariano Moreno, y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Matheu.
 
El 17 de mayo de 1810 llegó una noticia que desencadenó la revolución. En España había caído la Junta Central, la que había nombrado virrey a Cisneros, y se había instalado un Consejo de Regencia, arrogándose la representatividad de España y las colonias. En los días siguientes, los conspiradores bonaerenses movilizaron las milicias y convocaron al pueblo a Cabildo Abierto y destituyeron al virrey, declarando que su autoridad era ilegítima, al no existir la Junta que le había otorgado el cargo.

La Revolución de Mayo inició el proceso de surgimiento del Estado Argentino sin proclamación de la independencia formal, ya que la Primera Junta no reconocía la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, pero aún gobernaba nominalmente en nombre del rey de España, Fernando VII, quien había sido depuesto por las Abdicaciones de Bayona y su lugar ocupado por el francés José Bonaparte.
 
Aun así, dicha manifestación de lealtad, conocida como la máscara de Fernando VII, es considerada una maniobra política que ocultaba las intenciones independentistas de los revolucionarios, inspirados en la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos. Así, el 25 de mayo de 1810 tiene más valor simbólico que histórico. Valor simbólico de un hecho fundacional que todo pueblo necesita reconocer para afianzar su identidad.
 
No hubo violencia, que es una de las características ineludibles que tiene el vocablo revolución, ni hubo cambios radicales. No fue tampoco una gran movilización popular como lo fue la reconquista de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. No fue un gesto imperativo de la masa sublevada como el 17 de octubre de 1945, pero tampoco una decisión tomada exclusivamente por los doctores y la "gente decente" como lo cuenta la historia liberal mitrista.
 
No declaró la independencia pues se hizo en nombre de Fernando VII. Destituyó un virrey, pero ese hecho ya tenía antecedentes con la destitución de Sobremonte cuando se eligió a Liniers. No existieron las escarapelas celestes y blancas que nos enseñó falsamente la historia oficial porque se repartían estampitas con la efigie de Fernando VII, con un tono rojizo como el de la bandera española.
 
Por último, aunque parece evidente que no puede asignarse a un día y a un hecho puntual la carga simbólica de la independencia y constitución de la Argentina libre y soberana, hay quienes consideran el 9 de julio, fecha de la declaración de la Independencia, como ícono del nacimiento del país, y otros, a la fecha del 25 de mayo.
 
Uno de los motivos del debate tiene que ver con el hecho de que hay quienes consideran que la Revolución de Mayo fue un acontecimiento protagonizado solo por Buenos Aires mientras que la Declaración de la Independencia fue un acto que contó con la activa participación de las provincias. Parece claro, eso sí, que la Revolución de Mayo es la celebración del inicio de una serie de acontecimientos que desembocaron en la formalización de la independencia en 1816.
 
La Opinión Popular



24-05-2019 / 18:05
El Club Atlético River Plate es un club deportivo de la ciudad de Buenos Aires. Es el equipo que ganó más campeonatos locales de índole profesional en la Argentina. Fue fundado, de acuerdo a la versión oficial del club, el 25 de mayo de 1901.
 
Originalmente instalado en el barrio de La Boca, luego se mudó al barrio de Palermo, donde tenía su propio estadio, pero con el paso de los años el club creció en popularidad y tuvo que trasladarse en 1938 al barrio de Belgrano, al norte de la ciudad de Buenos Aires, donde se ubican sus instalaciones, aunque generalmente se relaciona la ubicación del club con el barrio de Núñez. Su histórico rival es el Club Atlético Boca Juniors, con quien disputa el llamado Superclásico del fútbol argentino.
 
Es el club más ganador del profesionalismo, con 56 títulos. En el plano nacional, ostenta el récord de haber ganado 36 campeonatos de Primera División (1 durante el amateurismo y 35 en el profesionalismo), lo que lo hace el máximo campeón del fútbol argentino. Además, también alcanzó el título de campeón en 8 copas nacionales oficiales (1 en la era amateur y 7 en la profesional) y 2 títulos de Segunda División (1 en la era amateur y 1 en la era profesional).
 
El club también posee 15 títulos internacionales oficiales de mayores,16 entre los que se cuentan una Copa Intercontinental, tres Copas Libertadores, una Copa Interamericana, una Copa Sudamericana, una Supercopa Sudamericana, una Recopa Sudamericana y una Copa Suruga Bank, todos ellos organizados por la Conmebol.
 
La Opinión Popular

24-05-2019 / 18:05
24-05-2019 / 17:05
Néstor Carlos Kirchner fue una figura política decisiva en la  Argentina de los últimos tiempos. Asumió como presidente el 25 de mayo de 2003 y su gobierno generó un estilo que rescató la política del descrédito en que había caído, privilegió la militancia y jerarquizó la figura presidencial y su autoridad, degradada después de la crisis de 2001.
 
Significó un cambio total respecto al nefasto modelo neoliberal que se implantó con el golpe militar de 1976, se profundizó en la década de los 90 con el menemismo, explotó con la crisis de 2001 y terminó con el gobierno radical de la Alianza.
 
Hoy todos debemos reconocer los logros concretos de su gestión, como: el crecimiento económico; el desarrollo de la industria nacional y la importante contracción de la tasa del desempleo; las mejoras salariales en la mayoría de las actividades, que han superado las proyecciones inflacionarias; el auge del consumo y el crédito; la ampliación de los beneficios jubilatorios para personas que no habían hecho aportes; la función activa del Estado desplazando al "mercado".
 
Además, el discurso reivindicativo, nacional y popular, frente a las grandes corporaciones empresariales y a organismos internacionales como el FMI; la renovación de la Corte Suprema; el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional; la política de Derechos Humanos y la nulidad de las leyes de obediencia debida: la integración regional... Por todo esto, ya tiene un lugar en la historia, con toda justicia.
 
El oficialismo quiso construir un mito con la figura de Néstor Kirchner, para que cumpla una función unificadora de los K, corriendo el riesgo de transformarlo en fábula. Antes de convertirlo en mito, sus seguidores deberían darle la oportunidad de ser juzgado sin pasiones, simplemente como un hombre de su tiempo.  
 
Lo real es que Néstor Kirchner ha marcado un antes y un después. Es parte fundamental en la realidad argentina, vive en el corazón de su pueblo, porque puso nuevamente en marcha un proyecto político peronista transformador que forjó nuevos derechos, en la pelea por la igualdad de oportunidades y la equidad social, en la lucha permanente de la causa nacional y popular por: la Soberanía Política, la Independencia Económica y la Justicia Social.
 
Transcribimos aquí su discurso completo en la asunción presidencial en la Asamblea Nacional.
 
Por Blas García

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