22:40 | Viernes 26 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 19-03-2019 / 08:03
POR INVESTIGAR UNA RED DE ESPIONAJE Y EXTORSIÓN QUE SALPICA AL MACRISMO
Macri exigió la destitución del juez Alejo Ramos Padilla
El destape del caso que involucra al fiscal Stornelli, al periodista de Clarín, Daniel Santoro; al Gobierno y al "submundo" de los servicios de Inteligencia, causa el enojo del Poder Ejecutivo y de Cambiemos. La presentación de Padilla en el Congreso abrió un abanico de posibilidades. ¿Qué es lo que vuelve sospechosa esta indignación del Gobierno? Cuando Ramos Padilla pidió que fuera D'Alessio a declarar a Dolores, desde el Servicio Penitenciario -que depende del Ministerio de Justicia- dijeron: “No podemos mandar al testigo porque no tenemos nafta”. Es evidente que el macrismo no quiere que se investigue lo que está investigando Ramos Padilla.
En un grave hecho de intromisión en la Justicia, el gobierno de Mauricio Macri concretó el pedido de juicio político al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre la base que habló en el Congreso nacional. Cometió el pecado de investigar a quienes ahora están en el poder. Curiosamente, mientras el oficialismo lo acusa, también lo está citando a la comisión bicameral de Inteligencia.
Ramos Padilla denunció en el Congreso la existencia de una red de inteligencia paralela, que quedó al descubierto con la detención del falso abogado Marcelo D´Alessio. Por esa acción, el Gobierno de Macri lo puso en la mira y lo denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura.
En su paso por el Congreso, Ramos Padilla mencionó a la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y a la legisladora porteña Paula Oliveto -una de sus principales denunciadoras-, como parte de los contactos de D´Alessio con la política. Ambas recibieron información de escuchas sobre los presos K en Ezeiza que anticipaban una maniobra contra el fiscal Carlos Stornelli.
Esa jugada se concretó, pero todavía no quedó claro si las escuchas fueron legales. La interceptación de los llamados no fue requerida a la oficina de escuchas que ahora funciona bajo la jurisdicción directa de la Corte Suprema de Justicia. Las miradas se dirigen a los organismos de inteligencia oficiales.
El caso de Padilla es el último de una lista en los que se observa con nitidez la manipulación de Macri en la Justicia. Acusan al magistrado de haberse prestado a los intereses K -que busca desacreditar la causa de los cuadernos y en especial a Stornelli-, que se manifiesta la reacción destemplada del Presidente al ordenar la remoción de un juez que llevó malas noticias para el Gobierno y sus aliados.
Posiblemente, el Consejo de la Magistratura no reunirá la mayoría especial necesaria para destituirlo por mal desempeño. Aunque para que avance un jury por mal desempeño, hacen falta causales más concretas que la supuesta motivación política.
En ese organismo encargado de seleccionar, controlar y remover a los jueces se registra actualmente un juego de oficialistas (7 integrantes) y opositores (6), que no le permite a los primeros formar las mayorías especiales (9) necesarias para destituir a un juez, salvo que cuenten con el apoyo de al menos dos opositores.
"No hay ninguna chance de que eso pase", anticipó en reserva un integrante del Consejo de la Magistratura. En ese cuerpo, como así también en la Corte Suprema, existe un clima poco favorable al Gobierno, en el sentido de que tanto los supremos como los consejeros no están dispuestos a seguir a pies juntillas lo que se decida en la Casa Rosada. Poro, es un drama que voces muy destacadas de la Justicia mantengan un silencio que aturde ante la desmesura del Presidente.
La Opinión Popular
Ramos Padilla denunció en el Congreso la existencia de una red de inteligencia paralela, que quedó al descubierto con la detención del falso abogado Marcelo D´Alessio. Por esa acción, el Gobierno de Macri lo puso en la mira y lo denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura.
En su paso por el Congreso, Ramos Padilla mencionó a la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y a la legisladora porteña Paula Oliveto -una de sus principales denunciadoras-, como parte de los contactos de D´Alessio con la política. Ambas recibieron información de escuchas sobre los presos K en Ezeiza que anticipaban una maniobra contra el fiscal Carlos Stornelli.
Esa jugada se concretó, pero todavía no quedó claro si las escuchas fueron legales. La interceptación de los llamados no fue requerida a la oficina de escuchas que ahora funciona bajo la jurisdicción directa de la Corte Suprema de Justicia. Las miradas se dirigen a los organismos de inteligencia oficiales.
El caso de Padilla es el último de una lista en los que se observa con nitidez la manipulación de Macri en la Justicia. Acusan al magistrado de haberse prestado a los intereses K -que busca desacreditar la causa de los cuadernos y en especial a Stornelli-, que se manifiesta la reacción destemplada del Presidente al ordenar la remoción de un juez que llevó malas noticias para el Gobierno y sus aliados.
Posiblemente, el Consejo de la Magistratura no reunirá la mayoría especial necesaria para destituirlo por mal desempeño. Aunque para que avance un jury por mal desempeño, hacen falta causales más concretas que la supuesta motivación política.
En ese organismo encargado de seleccionar, controlar y remover a los jueces se registra actualmente un juego de oficialistas (7 integrantes) y opositores (6), que no le permite a los primeros formar las mayorías especiales (9) necesarias para destituir a un juez, salvo que cuenten con el apoyo de al menos dos opositores.
"No hay ninguna chance de que eso pase", anticipó en reserva un integrante del Consejo de la Magistratura. En ese cuerpo, como así también en la Corte Suprema, existe un clima poco favorable al Gobierno, en el sentido de que tanto los supremos como los consejeros no están dispuestos a seguir a pies juntillas lo que se decida en la Casa Rosada. Poro, es un drama que voces muy destacadas de la Justicia mantengan un silencio que aturde ante la desmesura del Presidente.
La Opinión Popular
Acusado por el delito de ir al Congreso
El Gobierno concretó el pedido de destitución del juez Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de espionaje y extorsión que podría alcanzar a sectores del oficialismo.
Por orden del presidente Mauricio Macri, el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahíques, hizo una presentación de cinco carillas que está completamente basada en la presentación que hizo el juez ante el Congreso. Curiosamente, mientras el oficialismo lo acusa, también lo está citando a la comisión bicameral de Inteligencia.
El Presidente sostuvo el domingo que Ramos Padilla "no es un juez que actúe con ecuanimidad. Se presta a un show mediático. Además, ya se mandó varias". No especificó cuáles serían esas "varias". "Espero que el Consejo evalúe con todas las pruebas que hay y determine si hay que destituirlo", agregó Macri. Su representante hasta ahora solo presentó como "prueba" que el juez fue al Congreso.
Siguiendo la directiva presidencial, Mahíques presentó un escrito de cinco carillas -a las que tuvo acceso PáginaI12- en las que le solicita al presidente del Consejo, Ricardo Recondo, que dé intervención a la comisión de Disciplina para destituir al juez Ramos Padilla.
Mahíques advierte que la denuncia la hace por orden del ministro de Justicia, Germán Garavano. En el sorteo, la instrucción de la acusación quedó en manos del macrista Pablo Tonelli, uno de los más fervientes defensores de la destitución.
En el texto, asegura que en su presentación ante el Congreso Ramos Padilla "reveló cuestiones vinculadas a dicha investigación en curso, lo que demuestra una irregular actuación, violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas".
"Durante el transcurso de la audiencia, el magistrado expuso acerca de detalles de la causa en trámite, lo que representa una evidente infracción al deber de reserva", sostuvo el representante del Ejecutivo, que insistió en que "el magistrado hizo de su investigación una cuestión pública, política y mediática, alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial, poniendo gravemente en crisis la confianza de los habitantes".
No hay en el texto otros elementos para acusar a Ramos Padilla. Toda la presentación está basada en distintas consideraciones y adjetivaciones sobre su paso por el Congreso, donde denunció una red de espionaje que podría involucrar a sectores de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, ya que habría diputados involucrados, como Paula Oliveto, de la Coalición Cívica. Sobre todo esto, el juez mostró parte de la prueba que existe en la causa.
No obstante, para el representante del Ejecutivo Ramos Padilla tuvo "una actitud confrontativa para con algunos legisladores, lo que demuestra un accionar contrario con la prudencia y el decoro que se espera de un juez federal". No aclaró a qué legisladores se refería, dado que el bloque oficialista vació la exposición, a la que calificó de "farsa".
"Después de su insólitamente extensa exposición ante la comisión, Ramos Padilla afirmó como verdaderos diversos extremos de la investigación que, según sus propios dichos, todavía no han sido verificados", sostuvo Mahíques, sumando adjetivos al texto.
"Cuestionó e involucró a otros magistrados y diputados, lo que resulta, además de imprudente, contradictorio y constitutivo de inaceptable prejuzgamiento", arguyó, en línea con la defensa del fiscal Carlos Stornelli. Sostuvo que su "actuación habla de una pérdida total de ecuanimidad".
En el escrito, también cuestiona que el juez se haya presentado en la comisión de Libertad de Expresión y no en la comisión bicameral de Inteligencia, pero omite un detalle: el oficialismo venía bloqueando la exposición de juez en esta última.
Recién después de que reveló la gravedad de los hechos investigados, el presidente de esa comisión, el radical Juan Carlos Marino, lo citó. Tampoco se explica desde el oficialismo cómo lo citan de nuevo al Congreso y, al mismo tiempo, lo acusan por haber ido al Poder Legislativo.
En suma, no hay otra prueba que no sea la presentación de Ramos Padilla ante el Congreso. En su primera declaración al respecto, Macri sostuvo que el juez "ya se había mandado varias", pero el Poder Ejecutivo no pudo informar al Consejo de la Magistratura cuáles serían esas "varias". Solo mencionó un hecho.
El ministro Garavano aseguró que "es extraño que un juez vaya al Congreso y haga presentaciones extrañas y pedidos extraños que no siguen lo que marca la ley". "No es una causa que perturbe al Gobierno: el Gobierno ve que alguien lo quiere involucrar en una causa en la que no tenemos ninguna vinculación. Se hace un show político en un año electoral", dijo, aunque las acciones del Ejecutivo parecen indicar lo contrario.
Por Werner Pertot
Fuente: Página12
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