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Sociedad e Interés General - 28-01-2019 / 23:01
EFEMÉRIDES POPULARES
Vuelve a ser puesto en vigencia, por el gobierno de Frondizi, el plan represivo antiperonista
El gobierno de Frondizi puso en marcha el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) dando lugar a una ola de allanamientos y arrestos en todo el país. El objetivo era terminar con la conflictividad obrera que obstaculizaba sus planes de gobierno y para concretarlo acudió a las Fuerzas Armadas. Con el plan Conintes, el gobierno permitía la aplicación de las penas previstas por el Código de Justicia Militar, entre ellas, el juicio sumario.
En marzo de 1960, el gobierno de Arturo Frondizi, jaqueado por paros y movilizaciones de obreros peronistas y estudiantes, sanciona el Plan Conintes que suspende los derechos constitucionales de huelga, y llena las cárceles de militantes gremiales y políticos opuestos a la entrega del país a los monopolios extranjeros que comienza a perpetrarse. El Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) fue un plan represivo que permitía al presidente restringir la vigencia de los derechos y garantías constitucionales y habilitando la militarización de la sociedad, que se mantuvo vigente hasta agosto de 1961.
Pero, el 29 de enero de 1962, el presidente Frondizi y los tres secretarios militares firman un acta comprometiéndose a la proscripción de Juan Perón: «El retorno de Perón es imposible». Vuelven a habilitar el decreto 4161, que ilegaliza el peronismo (que en las últimas elecciones libres, en 1954, había ganado por el 62 % de los votos). Y vuelve a quedar prohibido pronunciar el nombre de Perón (que mencionan elípticamente como «el tirano prófugo»).
Comenzaba otra etapa en la vida política argentina con decenas de dirigentes sindicales encarcelados y con movilizaciones de trabajadores que exigían la vuelta al sistema constitucional, el retorno de Perón a la Patria y al poder; y la restauración de las conquistas sociales obtenidas por la clase obrera durante el gobierno justicialista.
Por Blas García
Pero, el 29 de enero de 1962, el presidente Frondizi y los tres secretarios militares firman un acta comprometiéndose a la proscripción de Juan Perón: «El retorno de Perón es imposible». Vuelven a habilitar el decreto 4161, que ilegaliza el peronismo (que en las últimas elecciones libres, en 1954, había ganado por el 62 % de los votos). Y vuelve a quedar prohibido pronunciar el nombre de Perón (que mencionan elípticamente como «el tirano prófugo»).
Comenzaba otra etapa en la vida política argentina con decenas de dirigentes sindicales encarcelados y con movilizaciones de trabajadores que exigían la vuelta al sistema constitucional, el retorno de Perón a la Patria y al poder; y la restauración de las conquistas sociales obtenidas por la clase obrera durante el gobierno justicialista.
Por Blas García
Represión anpiperonista y Plan CONINTES
El Pacto Perón- Frondizi fue un acuerdo que hizo que Frondizi ganara las elecciones las de 1958. Por ello, inicialmente el gobierno de Frondizi derogó varios instrumentos de represión contra el peronismo y el movimiento obrero.
En esa línea, el 26 de junio de 1958, el Congreso Nacional derogó el decreto ley 4161/56 sancionado por la dictadura para prohibir al peronismo, y sancionó una ley de amnistía que dejó en libertad a los miles de peronistas y sindicalistas encarcelados por la Revolución Libertadora. También derogó la Ley de Residencia n.º 4144, dictada en 1902, que el sindicalismo argentino venía denunciando desde su misma sanción.
Sin embargo, su política económica y educativa antipopular generaron gran resistencia entre los sindicatos y el movimiento estudiantil, como las grandes huelgas de los trabajadores petroleros, ferroviarios, de la carne, bancarios y metalúrgicos, y las grandes movilizaciones obrero-estudiantiles, organizadas por la FUA contra las universidades privadas conocidas por uno de sus eslóganes, «Laica o libre».
En 1958, a poco de asumir como presidente de la Nación, Arturo Frondizi dictó el decreto secreto 9880/1958, del 14 de noviembre, que permitía al presidente declarar el «estado conintes» (conmoción interna del estado), restringiendo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales y habilitando la militarización de la sociedad y la declaración del estado de sitio.
El Plan Conintes de Frondizi permitía declarar zonas militarizadas a los principales centros o ciudades industriales como La Plata, y autorizaba a las fuerzas armadas a realizar allanamientos y detenciones (en las cuales se interrogaban a sindicalistas y peronistas) sin cumplir las normas constitucionales. Además, durante el «estado conintes» se declararon ilegales las huelgas y manifestaciones.
Hubo 1566 atentados realizados durante el gobierno de Frondizi -de donde resultaron asesinadas 17 personas entre civiles y militares- lo que determinó que en la reunión entre el presidente y los comandantes de las tres armas del 14 de marzo se dispusiera poner en ejecución el plan Conintes.
En un principio los militares requerían otras medidas, como la ley marcial, la cual conllevaba la posibilidad de aplicar la pena de muerte. El teniente general Carlos Severo Toranzo Montero le había dicho al presidente: «(...) y con expresa constancia de fusilar a todo aquel que sea descubierto in fraganti. La ley marcial, de esta manera, va a limitar el terrorismo».
Para evitar esto, Frondizi dio ejecución por segunda vez el Plan CONINTES. Así fue que el 14 de marzo de 1960, con el fin de reprimir las huelgas y protestas estudiantiles, el presidente Frondizi aplicó otra vez el Plan CONINTES y declaró a todo el país en «estado de conmoción interior del Estado».
Bajo el estado conintes, el Gobierno de Frondizi detuvo a cientos de opositores, sindicalistas y activistas estudiantiles; a estos presos se los llamó «presos Conintes». También intervino a los sindicatos.
Para concentrar a los detenidos, Frondizi habilitó las prisiones militares de Magdalena y Punta del Indio, y reabrió la cárcel de Tierra del Fuego, instalada en la Isla de los Estados, que Perón había clausurado en 1947. Algunos de los presos famosos de ese momento fueron el comunista Rubens Íscaro, los peronistas Andrés Framini y José Ignacio Rucci, y el folclorista paraguayo José Asunción Flores.
Recién el 2 de agosto de 1961, Frondizi dio por terminado el estado conintes. Pero, el 29 de enero de 1962, el presidente Arturo Frondizi y los tres secretarios militares firman un acta comprometiéndose a la proscripción de Juan Domingo Perón: «El retorno de Perón es imposible». Vuelven a habilitar el decreto 4161, que ilegaliza el peronismo (que en las últimas elecciones libres, en 1954, había ganado por el 62 % de los votos). Vuelve a quedar prohibido pronunciar el nombre de Perón (que la dictadura menciona elípticamente como «el tirano prófugo»).
Estas normas fueron impugnadas en varios casos y llevó a que la Corte Suprema de Justicia nombrada en 1958 por el presidente constitucional Frondizi con acuerdo del Senado de la Nación, se pronunciara a favor de la validez constitucional de las leyes 13.234 y 14.785, y de los decretos 2628/60 y 2639/60.
En esos fallos la Corte sostuvo que era "notoria la existencia del estado de subversión y violencia generalizada" y convalidó "las tareas de investigación, para el arresto, la intervención de los Consejos de Guerra Especiales, el allanamiento de domicilios y la adopción de los procedimientos sumarios del Código de Justicia Militar", aclarando que como el decreto 6495/61 derogó los decretos 9680/58 y 2628/60, no subsistían las condenas militares impugnadas legalmente.
Un fallo ha considerado al Plan Conintes como un antecedente inmediato de la doctrina de seguridad nacional.
Fuente: Wikipedia
El Pacto Perón- Frondizi fue un acuerdo que hizo que Frondizi ganara las elecciones las de 1958. Por ello, inicialmente el gobierno de Frondizi derogó varios instrumentos de represión contra el peronismo y el movimiento obrero.
En esa línea, el 26 de junio de 1958, el Congreso Nacional derogó el decreto ley 4161/56 sancionado por la dictadura para prohibir al peronismo, y sancionó una ley de amnistía que dejó en libertad a los miles de peronistas y sindicalistas encarcelados por la Revolución Libertadora. También derogó la Ley de Residencia n.º 4144, dictada en 1902, que el sindicalismo argentino venía denunciando desde su misma sanción.
Sin embargo, su política económica y educativa antipopular generaron gran resistencia entre los sindicatos y el movimiento estudiantil, como las grandes huelgas de los trabajadores petroleros, ferroviarios, de la carne, bancarios y metalúrgicos, y las grandes movilizaciones obrero-estudiantiles, organizadas por la FUA contra las universidades privadas conocidas por uno de sus eslóganes, «Laica o libre».
En 1958, a poco de asumir como presidente de la Nación, Arturo Frondizi dictó el decreto secreto 9880/1958, del 14 de noviembre, que permitía al presidente declarar el «estado conintes» (conmoción interna del estado), restringiendo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales y habilitando la militarización de la sociedad y la declaración del estado de sitio.
El Plan Conintes de Frondizi permitía declarar zonas militarizadas a los principales centros o ciudades industriales como La Plata, y autorizaba a las fuerzas armadas a realizar allanamientos y detenciones (en las cuales se interrogaban a sindicalistas y peronistas) sin cumplir las normas constitucionales. Además, durante el «estado conintes» se declararon ilegales las huelgas y manifestaciones.
Hubo 1566 atentados realizados durante el gobierno de Frondizi -de donde resultaron asesinadas 17 personas entre civiles y militares- lo que determinó que en la reunión entre el presidente y los comandantes de las tres armas del 14 de marzo se dispusiera poner en ejecución el plan Conintes.
En un principio los militares requerían otras medidas, como la ley marcial, la cual conllevaba la posibilidad de aplicar la pena de muerte. El teniente general Carlos Severo Toranzo Montero le había dicho al presidente: «(...) y con expresa constancia de fusilar a todo aquel que sea descubierto in fraganti. La ley marcial, de esta manera, va a limitar el terrorismo».
Para evitar esto, Frondizi dio ejecución por segunda vez el Plan CONINTES. Así fue que el 14 de marzo de 1960, con el fin de reprimir las huelgas y protestas estudiantiles, el presidente Frondizi aplicó otra vez el Plan CONINTES y declaró a todo el país en «estado de conmoción interior del Estado».
Bajo el estado conintes, el Gobierno de Frondizi detuvo a cientos de opositores, sindicalistas y activistas estudiantiles; a estos presos se los llamó «presos Conintes». También intervino a los sindicatos.
Para concentrar a los detenidos, Frondizi habilitó las prisiones militares de Magdalena y Punta del Indio, y reabrió la cárcel de Tierra del Fuego, instalada en la Isla de los Estados, que Perón había clausurado en 1947. Algunos de los presos famosos de ese momento fueron el comunista Rubens Íscaro, los peronistas Andrés Framini y José Ignacio Rucci, y el folclorista paraguayo José Asunción Flores.
Recién el 2 de agosto de 1961, Frondizi dio por terminado el estado conintes. Pero, el 29 de enero de 1962, el presidente Arturo Frondizi y los tres secretarios militares firman un acta comprometiéndose a la proscripción de Juan Domingo Perón: «El retorno de Perón es imposible». Vuelven a habilitar el decreto 4161, que ilegaliza el peronismo (que en las últimas elecciones libres, en 1954, había ganado por el 62 % de los votos). Vuelve a quedar prohibido pronunciar el nombre de Perón (que la dictadura menciona elípticamente como «el tirano prófugo»).
Estas normas fueron impugnadas en varios casos y llevó a que la Corte Suprema de Justicia nombrada en 1958 por el presidente constitucional Frondizi con acuerdo del Senado de la Nación, se pronunciara a favor de la validez constitucional de las leyes 13.234 y 14.785, y de los decretos 2628/60 y 2639/60.
En esos fallos la Corte sostuvo que era "notoria la existencia del estado de subversión y violencia generalizada" y convalidó "las tareas de investigación, para el arresto, la intervención de los Consejos de Guerra Especiales, el allanamiento de domicilios y la adopción de los procedimientos sumarios del Código de Justicia Militar", aclarando que como el decreto 6495/61 derogó los decretos 9680/58 y 2628/60, no subsistían las condenas militares impugnadas legalmente.
Un fallo ha considerado al Plan Conintes como un antecedente inmediato de la doctrina de seguridad nacional.
Fuente: Wikipedia
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