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Nacionales - 11-10-2018 / 10:10

A pesar que Macri defendió el aumento retroactivo del gas, tuvo que recular ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas en Cambiemos

A pesar que Macri defendió el aumento retroactivo del gas, tuvo que recular ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas en Cambiemos
FALLÓ EL “SI PASA, PASA”. A pesar de que Macri e Iguacel defendieron el nuevo tarifazo en el gas hasta último momento, el Gobierno tuvo que ceder ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas desatadas en Cambiemos. Las empresas igual se benefician: la “compensación” por la devaluación la pondrá el Estado
Para evitar el rotundo revés parlamentario con la oposición, aún más repudio generalizado por parte de la sociedad, el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás con el cobro retroactivo en 24 cuotas del aumento por la devaluación, reclamado por las insaciables empresas energéticas.
 
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al salir de una reunión con los presidentes de los distintos bloques del Senado, dijo que el desfasaje por la mega devaluación estimado en $ 20.000 millones no se cobrará a los usuarios, sino que el Gobierno lo pagará en 30 cuotas.
 
Mientras recortan las partidas sociales en el Presupuesto de 2019, no se cuestiona destinar millones para las privatizadas. No hay déficit cero para las energéticas, se sigue priorizando las ganancias empresarias. El Estado -o sea todos nosotros- absorberá la deuda que le generó la mega devaluación a las empresas de gas, que siempre han ganado. El pago ya no aparecerá en las facturas, pero igualmente lo pagaremos bajo la forma de impuestos o nuevos tarifazos hasta que haya finalizado la gestión de Macri.
 
Esta simulada marcha atrás del Ejecutivo, con un subsidio que, pese a la crisis que sufrimos todos, seguirá garantizando las ganancias de empresas que se da luego de que el fiscal Guillermo Marijuán denunciara al secretario de Energía, Javier Iguacel, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
 
El gobierno de los CEOs está pagando otra vez el costo de tener que dar marcha atrás con una medida de gestión que había defendido a rajatabla durante 48 horas. Las razones que dio Iguacel, que intentó justificar la medida en una ley de la época de la convertibilidad, en desuso desde entonces, y que sostuvo aún en la retirada, están basados en legislación que no tiene en cuenta la brutal devaluación que produjo su propio gobierno.
 
Esta vez, el límite no se lo puso solamente la calle y la oposición, sino sus propios aliados de Cambiemos, a partir de una propuesta que promovió el radicalismo y que dio cuenta de que la movida opositora en el Congreso, para voltear el pago de las compensaciones, iba a tener mucho apoyo y cruzar transversalmente a las fuerzas políticas.
 
Antes, como ahora, el Gobierno de los Ricos favorece a las grandes empresas monopólicas: con boletas más caras, y con un nuevo subsidio, que aunque no aparecerá en las facturas, saldrá de nuestros bolsillos, para que las millonarias ganancias en dólares de las empresas no se vean afectadas por la devaluación, mientras se sigue cargando el ajuste sobre los bolsillos populares que sienten la presión de la fuerte pérdida del poder adquisitivo.
 
La Opinión Popular

 
FALLÓ EL "SI PASA, PASA"
 
No pasó
 
La compensación a las gasíferas por la devaluación la pagará el Estado pero recién después de las elecciones. Luego de varios días de intentar defender a capa y espada la medida, el Gobierno dio marcha atrás con el traslado a los usuarios de la supuesta pérdida de las distribuidoras por la suba del dólar durante los meses de alto consumo en invierno.
 
El retroceso fue comunicado oficialmente por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, durante una reunión con los jefes de bloque del Senado.
 
Según confirmó el funcionario, las empresas absorberían la mitad del aumento del costo, que el sector estima en unos 20.000 millones de pesos, y del resto se hará cargo el Estado mediante 30 cuotas, un plan de pagos más generoso que el que se imponía a los usuarios, de 24.
 
Consultados por este diario, fuentes oficiales aseguraron que todavía no se definió si será de 24 o 30 y no detallaron si se aplicará la misma tasa del Banco Nación para indexar las cuotas ni cómo se instrumentará la operación. Sin embargo, el subsidio del Estado a las distribuidoras arranca en octubre del año próximo.
 
El cambio, que el Gobierno intenta presentar como una solución de "sacrificio compartido", corresponde a la propuesta elevada por el radicalismo, cuyo rechazo a la compensación había sumado malestar dentro de la crujiente alianza Cambiemos. En el Senado se aprobó la anulación de la resolución del pago extra y se encomendó a Nación buscar una solución que no recaiga en los usuarios.
 
El viernes se publicó en el Boletín Oficial una compensación a las firmas distribuidoras de gas por la suba del dólar, derivado de que el Gobierno haya dolarizado el mercado energético y luego dejado escapar el precio de la divisa un 100 por ciento en un semestre.
 
La supuesta pérdida para las empresas se habría originado entre los 20 pesos del dólar al momento del compromiso de compra del gas a las productoras para su distribución y los 40 pesos que tocó la divisa en agosto en pleno abastecimiento de ese recurso energético.
 
Para asegurarles la rentabilidad, el secretario de Energía, Javier Iguacel, había "negociado" con las empresas que los usuarios se hagan cargo de esa diferencia a partir de enero en 24 cuotas indexadas por la tasa pasiva del Banco Nación, en torno al 20 por ciento anual.
 
El titular de Energía intentó justificar la medida en una ley de la época de la convertibilidad, en desuso desde entonces, y afirmó que se trataban de cuotas promedio que partían entre los 90 y 110 pesos. El presidente Mauricio Macri durante la mañana había vuelto a defender en declaraciones radiales la medida: "La energía hay que pagarla. Aquello que te regalan, a la larga te a va a costar más".
 
La compensación extra se sumaba al aumento de 35 por ciento sobre la tarifa de gas desde octubre y una segunda cuota de hasta 15 por ciento a partir de enero. La medida recogió el rechazo de todo el arco político opositor e incluso del radicalismo dentro de Cambiemos.
 
Asociaciones de consumidores y usuarios en forma particular realizaron presentaciones judiciales para que se reconozca que el servicio ya había sido abonado y que no se podía desconocer el pago y realizar un ajuste retroactivo.
 
El fiscal federal Guillermo Marijuan incluso denunció por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" al secretario de Energía. "Es un problema entre los usuarios y las empresas y no nos vamos a meter en el medio", consideró Iguacel al ser consultado sobre el aluvión de demandas.
 
Desde los bloques opositores se había solicitado una sesión especial para la próxima semana en Diputados para analizar cómo frenar la medida.
 
Los gremios comenzaron a utilizar la figura de la compensación para reclamar reapertura de paritarias que permitan recuperar la pérdida en los salarios por la devaluación. La situación se había tensado demasiado y el radicalismo cercano al Gobierno propuso que el Estado se haga cargo.
 
Frigerio fue el encargado de pedir una tregua antes de que se descontrole la situación y, si bien ratificó que habrá compensación y que la pagarán los contribuyentes, informó que será el Estado y no el usuario de manera directa quien lo abone.
 
Según la propuesta del radicalismo sobre la que negocia Energía con las empresas, el desfasaje en el precio al productor provocado por la megadevaluación se compartiría entre las distribuidoras y el Estado.
 
La UCR propuso que 10.000 millones de pesos los absorba el Estado nacional y los financie con el cobro a las nuevas exportaciones de gas, mientras que el resto deberían correr por cuenta de las compañías, donde la estatal YPF es una de las principales prestadoras.
 
Todavía no se confirmó si serán 24 0 30 cuotas pero está asegurado que será luego de octubre del año próximo, luego de las elecciones presidenciales.
 
Mientras, Frigerio negocia con la oposición para incluir en el proyecto de ley de Presupuesto del año próximo -a pedido de los bloques-un artículo para que se elimine la disposición vigente y que las empresas, de ahora en más, se hagan cargo de la diferencias por precio o devaluación y el Estado pague sólo los intereses generados.
 
Por Cristian Carrillo
 
Fuente: Página 12
 

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15-02-2019 / 11:02
El presidente Mauricio Macri volvió a ser cacheteado por el INDEC. Luego de asegurar -otra vez- que "la inflación está bajando", contra todos los pronósticos del Gobierno la inflación en lugar de caer volvió a acelerarse.
 
El Indec reconoció una suba del 2,9%, muy por encima del 2,6% de diciembre. Si se toman los últimos doce meses, llega a 49,3%, la más alta desde enero de 1992. Los alimentos empujaron la escalada. En la Ciudad de Buenos Aires, la suba de los precios minoristas fue de 3,8 por ciento en enero.
 
La inflación de enero fue impulsada por alimentos y bebidas, servicios públicos, comunicación y turismo. En alimentos y bebidas, que compone el centro de la canasta básica, el aumento de los precios en los últimos doce meses es del 53%, lo cual explica el fuerte aumento de los indicadores de pobreza e indigencia en la última parte del año pasado.
 
La inercia inflacionaria de 2018, junto a los aumentos de costos derivados de la devaluación que todavía no se trasladaron a los precios minoristas y la catarata de aumentos de servicios públicos determinan que la expectativa de inflación para este año no baje del 30%.
 
La inflación de 2,9% en enero es sorprendente en una economía en donde el consumo interno está muy debilitado y el dólar no registró mucha movilidad en el marco de un profundo ajuste fiscal y monetario. Sin embargo, la suba del dólar de 120% el año pasado junto a los grandes tarifazos sobre una economía cuyos precios se movía al 25 % anual antes de la crisis cambiaria multiplicó la inercia inflacionaria.
 
Esto quiere decir que los actores económicos incorporaron la indexación de los precios con números cada vez más grandes. Además, todavía existe una brecha de 20 puntos entre la suba que registran los precios mayoristas y el incremento de los minoristas.
 
El dato del 49,3% es horrible porque pone en tela de juicio el sentido del enorme sacrificio que Macri le pide a la sociedad, con el único objetivo visible de equilibrar el déficit para bajar la inflación. Sería difícil esperar que febrero muestre un incremento de precios menor al de enero. Este mes empezaron a regir nuevos aumentos en el transporte, la luz, las prepagas y la garrafa social. También se preparan nuevos aumentos en el gas (de 35 %).
 
Aunque los medios afines al gobierno se empeñan en pronosticar para el año una inflación por debajo de 30 %, las decisiones oficiales le meten fuerte presión a los precios. Según transcendidos periodísticos, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne le advirtió a Macri que no va a bajar hasta mayo pero, ¿si tampoco baja en mayo?
 
La Opinión Popular

14-02-2019 / 10:02
14-02-2019 / 10:02
Una multitud marchó "contra el hambre y los tarifazos" del gobierno de Mauricio Macri, convocada por los movimientos sociales y organismos sindicales. Frente al Ministerio de Desarrollo Social y en manifestaciones en distintas provincias, reclamaron alimentos para los comedores populares y aumentos en los salarios sociales y en la Asignación Universal por Hijo.
 
Ante el despacho de Carolina Stanley, los movimientos populares protestaron por la crítica situación social. "Hay hechos dramáticos, difíciles de contar. Miles de Pymes están bajando la persiana: son los principales lugares de empleo y cierran. Si las tarifas se volvieron imposibles de pagar para la clase media, imaginen qué pasa con nuestros compañeros en los barrios de la periferia..."
 
"La única salida que tenemos es engancharnos de la luz y eso nos pone en el lugar de la marginalidad", acusó, durante el acto frente al Ministerio de Desarrollo Social, el titular de la CTEP, Esteban Castro. La jornada se realizó con la consigna "contra el hambre y los tarifazos". En la víspera, la ministra Stanley, que acusó a los movimientos de usar "métodos extorsivos", admitió que el índice de pobreza del Indec volverá a subir en marzo.
 
El reclamo fue convocado por "los cayetanos", la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha.
 
Son el conjunto de organizaciones sociales que hoy concentran la mayor capacidad de movilización y, al mismo tiempo, de negociación con el Gobierno a través de la Mesa de Diálogo, una instancia abierta a inicios de la gestión de Cambiemos con la intermediación de la Iglesia católica, que funciona más o menos espasmódicamente.
 
Desde ahí, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social motorizó el salario social complementario como reemplazo de los programas de empleo del gobierno anterior. O decidió, sobre finales del año, un bono para los beneficiarios de planes sociales, que en cambio no llegó a los jubilados.
 
Las denuncias sobre la brutal situación del pueblo trabajadores que se hicieron durante la marcha y desde el palco son correctas, pero la política de "los cayetanos" tiene además otros objetivos. Por un lado, organizar y contener a los sectores más precarizados de la clase trabajadora, que hoy sobreviven con planes de 6000 pesos o son directamente desocupados. Esa política tiene la bendición del Papa Francisco.
 
Por otro, que más allá de las movilizaciones, la bronca contra el ajuste sea canalizada a través de un amplio frente "anti Macri" que se exprese en las urnas a fin de año. Es lo que discuten las organizaciones junto a la CGT, gobernadores y las distintas alas del peronismo.
 
La Opinión Popular

13-02-2019 / 11:02
13-02-2019 / 08:02
Como consecuencia del modelo neoliberal de Mauricio Macri, casi la mitad de las maquinarias industriales se mantuvieron inactivas durante diciembre. La Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII) fue de 56,6%, lo que implicó una caída interanual de 7,4 puntos. Fue el peor mes del gobierno de Macri en lo productivo y el peor diciembre desde que el Indec publica datos, desde el 2002.
 
Gracias a las políticas de ajuste de Macri y del FMI, la industria automotriz mantuvo al 74,4% de sus líneas completamente desactivadas y la textil usó sólo el 32,3%. Por el lado de la demanda, la caída del consumo interno siguió golpeando, e incluso se intensificó y fue la principal explicación del desplome de la automotriz y de la textil y de la contracción de las alimenticias, entre otras.
 
La propia recesión fabril golpeó a otros sectores como la siderurgia, que llevó a las metálicas básicas a una caída interanual de 4 puntos de su uso de la capacidad instalada hasta una de 69,4%. También tiró para abajo a la química, que se contrajo 2,5 puntos en la comparación interanual.
 
Para colmo, el ajuste fiscal desactivó al componente de la demanda que había traccionado durante el cierre del 2017: la construcción. La fortísima caída de 20,5% en ese sector, que es a la vez un gran demandante de distintos productos fabriles, fue la causa principal de la mayor cantidad de maquinarias apagadas en rubros como los minerales no metálicos, que sufrieron un desplome extraordinario de 15,2 puntos. También golpeó a la metalmecánica, que contrajo en 12,8 puntos su uso de capacidad instalada.
 
Los datos del desplome productivo se suceden a la par de ciertos tímidos festejos de Cambiemos que genera la caída relativa de la tasa de interés, que aun así sigue generando un acceso prohibitivo al crédito productivo, con una tasa de 51,85% para los adelantos en cuenta corriente. Hoy la prioridad del Gobierno es estabilizar y por eso las tasas y el gasto le ponen más freezer a la economía.
 
La pregunta es hasta qué punto podrán seguir achicándose las fábricas sin verse obligadas a cerrar. Este nivel de uso de la capacidad instalada es más que crítico ya, de cierre de empresas. En diciembre crecieron las paradas programadas, por el escaso nivel de actividad. Hacia adelante la perspectiva tampoco es muy positiva. Durante este primer trimestre la dinámica no va a cambiar porque ninguna de las palancas de la economía, desde la oferta o la demanda, permiten avizorar un repunte.
 
Para el Gobierno, desde el segundo trimestre el escenario más optimista es uno de estabilidad cambiaria y recesión. Y el escenario pesimista es uno de inestabilidad y que sigan cayendo el poder adquisitivo y la inversión. Es el resultado de la lógica financiera sobre la productiva. La conclusión es clara: difícilmente llegue una lluvia de inversiones si de las maquinarias ya existentes sólo se está usando la mitad.
 
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