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“Macri es hoy un amontonamiento de promesas fracasadas, de frustraciones sin rumbo ni sentido, de soberbia mezclada con impericia, un nuevo gestor impostado en el imperio de la desesperanza”. Julio Bárbaro
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Nacionales - 11-10-2018 / 10:10

A pesar que Macri defendió el aumento retroactivo del gas, tuvo que recular ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas en Cambiemos

A pesar que Macri defendió el aumento retroactivo del gas, tuvo que recular ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas en Cambiemos
FALLÓ EL “SI PASA, PASA”. A pesar de que Macri e Iguacel defendieron el nuevo tarifazo en el gas hasta último momento, el Gobierno tuvo que ceder ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas desatadas en Cambiemos. Las empresas igual se benefician: la “compensación” por la devaluación la pondrá el Estado
Para evitar el rotundo revés parlamentario con la oposición, aún más repudio generalizado por parte de la sociedad, el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás con el cobro retroactivo en 24 cuotas del aumento por la devaluación, reclamado por las insaciables empresas energéticas.
 
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al salir de una reunión con los presidentes de los distintos bloques del Senado, dijo que el desfasaje por la mega devaluación estimado en $ 20.000 millones no se cobrará a los usuarios, sino que el Gobierno lo pagará en 30 cuotas.
 
Mientras recortan las partidas sociales en el Presupuesto de 2019, no se cuestiona destinar millones para las privatizadas. No hay déficit cero para las energéticas, se sigue priorizando las ganancias empresarias. El Estado -o sea todos nosotros- absorberá la deuda que le generó la mega devaluación a las empresas de gas, que siempre han ganado. El pago ya no aparecerá en las facturas, pero igualmente lo pagaremos bajo la forma de impuestos o nuevos tarifazos hasta que haya finalizado la gestión de Macri.
 
Esta simulada marcha atrás del Ejecutivo, con un subsidio que, pese a la crisis que sufrimos todos, seguirá garantizando las ganancias de empresas que se da luego de que el fiscal Guillermo Marijuán denunciara al secretario de Energía, Javier Iguacel, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
 
El gobierno de los CEOs está pagando otra vez el costo de tener que dar marcha atrás con una medida de gestión que había defendido a rajatabla durante 48 horas. Las razones que dio Iguacel, que intentó justificar la medida en una ley de la época de la convertibilidad, en desuso desde entonces, y que sostuvo aún en la retirada, están basados en legislación que no tiene en cuenta la brutal devaluación que produjo su propio gobierno.
 
Esta vez, el límite no se lo puso solamente la calle y la oposición, sino sus propios aliados de Cambiemos, a partir de una propuesta que promovió el radicalismo y que dio cuenta de que la movida opositora en el Congreso, para voltear el pago de las compensaciones, iba a tener mucho apoyo y cruzar transversalmente a las fuerzas políticas.
 
Antes, como ahora, el Gobierno de los Ricos favorece a las grandes empresas monopólicas: con boletas más caras, y con un nuevo subsidio, que aunque no aparecerá en las facturas, saldrá de nuestros bolsillos, para que las millonarias ganancias en dólares de las empresas no se vean afectadas por la devaluación, mientras se sigue cargando el ajuste sobre los bolsillos populares que sienten la presión de la fuerte pérdida del poder adquisitivo.
 
La Opinión Popular

 
FALLÓ EL "SI PASA, PASA"
 
No pasó
 
La compensación a las gasíferas por la devaluación la pagará el Estado pero recién después de las elecciones. Luego de varios días de intentar defender a capa y espada la medida, el Gobierno dio marcha atrás con el traslado a los usuarios de la supuesta pérdida de las distribuidoras por la suba del dólar durante los meses de alto consumo en invierno.
 
El retroceso fue comunicado oficialmente por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, durante una reunión con los jefes de bloque del Senado.
 
Según confirmó el funcionario, las empresas absorberían la mitad del aumento del costo, que el sector estima en unos 20.000 millones de pesos, y del resto se hará cargo el Estado mediante 30 cuotas, un plan de pagos más generoso que el que se imponía a los usuarios, de 24.
 
Consultados por este diario, fuentes oficiales aseguraron que todavía no se definió si será de 24 o 30 y no detallaron si se aplicará la misma tasa del Banco Nación para indexar las cuotas ni cómo se instrumentará la operación. Sin embargo, el subsidio del Estado a las distribuidoras arranca en octubre del año próximo.
 
El cambio, que el Gobierno intenta presentar como una solución de "sacrificio compartido", corresponde a la propuesta elevada por el radicalismo, cuyo rechazo a la compensación había sumado malestar dentro de la crujiente alianza Cambiemos. En el Senado se aprobó la anulación de la resolución del pago extra y se encomendó a Nación buscar una solución que no recaiga en los usuarios.
 
El viernes se publicó en el Boletín Oficial una compensación a las firmas distribuidoras de gas por la suba del dólar, derivado de que el Gobierno haya dolarizado el mercado energético y luego dejado escapar el precio de la divisa un 100 por ciento en un semestre.
 
La supuesta pérdida para las empresas se habría originado entre los 20 pesos del dólar al momento del compromiso de compra del gas a las productoras para su distribución y los 40 pesos que tocó la divisa en agosto en pleno abastecimiento de ese recurso energético.
 
Para asegurarles la rentabilidad, el secretario de Energía, Javier Iguacel, había "negociado" con las empresas que los usuarios se hagan cargo de esa diferencia a partir de enero en 24 cuotas indexadas por la tasa pasiva del Banco Nación, en torno al 20 por ciento anual.
 
El titular de Energía intentó justificar la medida en una ley de la época de la convertibilidad, en desuso desde entonces, y afirmó que se trataban de cuotas promedio que partían entre los 90 y 110 pesos. El presidente Mauricio Macri durante la mañana había vuelto a defender en declaraciones radiales la medida: "La energía hay que pagarla. Aquello que te regalan, a la larga te a va a costar más".
 
La compensación extra se sumaba al aumento de 35 por ciento sobre la tarifa de gas desde octubre y una segunda cuota de hasta 15 por ciento a partir de enero. La medida recogió el rechazo de todo el arco político opositor e incluso del radicalismo dentro de Cambiemos.
 
Asociaciones de consumidores y usuarios en forma particular realizaron presentaciones judiciales para que se reconozca que el servicio ya había sido abonado y que no se podía desconocer el pago y realizar un ajuste retroactivo.
 
El fiscal federal Guillermo Marijuan incluso denunció por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" al secretario de Energía. "Es un problema entre los usuarios y las empresas y no nos vamos a meter en el medio", consideró Iguacel al ser consultado sobre el aluvión de demandas.
 
Desde los bloques opositores se había solicitado una sesión especial para la próxima semana en Diputados para analizar cómo frenar la medida.
 
Los gremios comenzaron a utilizar la figura de la compensación para reclamar reapertura de paritarias que permitan recuperar la pérdida en los salarios por la devaluación. La situación se había tensado demasiado y el radicalismo cercano al Gobierno propuso que el Estado se haga cargo.
 
Frigerio fue el encargado de pedir una tregua antes de que se descontrole la situación y, si bien ratificó que habrá compensación y que la pagarán los contribuyentes, informó que será el Estado y no el usuario de manera directa quien lo abone.
 
Según la propuesta del radicalismo sobre la que negocia Energía con las empresas, el desfasaje en el precio al productor provocado por la megadevaluación se compartiría entre las distribuidoras y el Estado.
 
La UCR propuso que 10.000 millones de pesos los absorba el Estado nacional y los financie con el cobro a las nuevas exportaciones de gas, mientras que el resto deberían correr por cuenta de las compañías, donde la estatal YPF es una de las principales prestadoras.
 
Todavía no se confirmó si serán 24 0 30 cuotas pero está asegurado que será luego de octubre del año próximo, luego de las elecciones presidenciales.
 
Mientras, Frigerio negocia con la oposición para incluir en el proyecto de ley de Presupuesto del año próximo -a pedido de los bloques-un artículo para que se elimine la disposición vigente y que las empresas, de ahora en más, se hagan cargo de la diferencias por precio o devaluación y el Estado pague sólo los intereses generados.
 
Por Cristian Carrillo
 
Fuente: Página 12
 

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18-10-2018 / 11:10
"La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar". "Si no baja, será mi responsabilidad". Pero "eliminarla será la cosa más simple que tenga que hacer si soy Presidente", fruteaba Mauricio Macri en campaña. La demagogia era fácil en esos tiempos, todo parecía sencillo, nada podía ser peor, prometía entonces el actual presidente.
 
Pero, a punto de cumplir tres años de mandato, ayer el Indec anunció una inflación del 6,5%, la mayor del año, más alta que en diciembre de 2015 e igual a su propio récord registrado en abril de 2016. Para encontrar una inflación más alta hay que remontarse a abril de 2002, cuando la suba fue del 10,4%.
 
Hoy, el índice de septiembre representa el 65% de la inflación prevista en el Presupuesto 2018, para cuando el Gobierno esperaba un 10%. Y, aunque parezca mentira, más alta que la inflación que tuvieron 145 países a lo largo de todo el año 2017.
 
Realismo mágico lejano al calor de una coyuntura en la que la devaluación del peso supera el 100% y la inflación se encamina hacia el 45%, ganándole por varias cabezas a los salarios, hundiendo el poder adquisitivo de las familias de trabajadores y jubilados.
 
En el año, la suba en los precios acumula el 32,4% y trepa al 40,5% si se toman los últimos doce meses. Encabezan el incremento los rubros de transporte, vestimenta y calzado y alimentos. Desde la mega devaluación de abril, productos básicos como la harina duplicaron su precio, el aceite subió un 60%, la manteca un 30%, los fideos un 74,6%, los precios de los principales cortes de carne treparon entre 35 y 45% sobre valores que ya eran relativamente altos respecto de alimentos más baratos.
 
De ahí que cada vez más familias se hayan visto obligadas a recortar gastos y a prescindir de alimentos antes infaltables en la mesa de los argentinos: en el último tiempo, el 54% disminuyó el consumo de carnes; el 34% bajó la compra de lácteos; el 44% de gaseosas, jugos y soda, 69% de salidas y esparcimiento y 39% de combustibles, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
 
Septiembre fue malo y octubre también lo será, admitió ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el hombre del FMI en el Gobierno de los Ricos, en referencia a la inflación que seguirá su rumbo, empujada por los tarifazos en el gas y la luz, la suba en el transporte y los combustibles que terminan impactando en las góndolas.
 
El ministro sostuvo que "septiembre y octubre van a ser el pico del año" en materia de suba de precios. "La inflación va a bajar, sin duda, pero tenemos que esperar", dijo, sin aclarar que la vía para ese descenso será una mayor recesión, un enfriamiento del consumo como causa de un poder adquisitivo dañado, tasas de interés imposibles, y un tendal de trabajadores en la calle. Así gobierna este "equipazo" de funcionarios millonarios e incapaces.
 
La Opinión Popular

18-10-2018 / 09:10
El peronismo festejó el Día de la Lealtad con diferentes actos en el país. Tucumán, Corrientes y el distrito de Merlo en el conurbano fueron los lugares centrales elegidos por los distintos sectores del peronismo para conmemorar una fecha entrañable a su tradición.
 
Uno de los principales fue el que encabezó el PJ "alternativo", convocado por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur. Las figuras que lo acompañaron en primera fila fueron el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto; el exgobernador bonaerense, Daniel Scioli; el dirigente de la CGT, Héctor Daer; la diputada Graciela Camaño; entre otros.
 
El gobernador Juan Schiaretti se refugió en Córdoba y tampoco asistió Juan Manuel Urtubey. El Frente Sindical liderado por Hugo Moyano realizó el acto en la sede de la Ciudad de Buenos Aires del Smata, convocatoria a la que también se sumaron Hugo Yasky y Omar Plaini.
 
En el distrito de Merlo se convocó el peronismo bonaerense liderado por Gustavo Menéndez. El acto fue encabezado por Máximo Kirchner y contó también con intendentes como Martín Insaurralde, de la Tercera Sección donde Cristina mantienen su centro de gravedad electoral.
 
Por otra parte el cristinismo organizó un acto en la provincia de Corrientes, que fue encabezado por Agustín Rossi y José Luis Gioja y que contó con la presencia de sectores de La Cámpora. La elección de Corrientes no parece casual: los K intentan fortalecerse en el litoral, para desde allí contrapesar los territorios comandados por el PJ, en el caso que tengan que enfrentarlo.
 
En Tucumán, uno de los temas principales que se planteó desde el escenario fue la estrategia del peronismo para las próximas elecciones. En ese sentido, el mandatario tucumano Manzur sostuvo que, en 2019, el partido "tiene y debe de ir unido" a las urnas y debe encontrar "a los mejores hombres y mujeres para recuperar el gobierno de la Nación. Ese es el objetivo, para eso es el esfuerzo". Y no dudó en apuntar directamente contra Mauricio Macri y su rumbo económico: "Hoy este modelo nacional está destruyendo a la clase media".
 
La diputada Graciela Camaño fue otra de las oradoras. La legisladora del Frente Renovador le dedicó gran parte de su discurso a la política económica neoliberal de Cambiemos. "A la mierda los prolijitos, nos están llevando a la ruina e hipotecando el país", expresó en un encendido discurso. En la misma línea crítica, aseveró que "la Patria está en peligro" y que las economías regionales "agonizan por un gobierno liberal e individualista".
 
Manzur, Héctor Daer y Camaño, los tres oradores de un acto con 100.000 peronistas, coincidieron en la necesidad de unificar a las distintas vertientes del justicialismo para recuperar el Gobierno en 2019.
 
La Opinión Popular

17-10-2018 / 12:10
El juez Luis Silvio Carzoglio desestimó este martes por la mañana el pedido de prisión, que había solicitado el fiscal Sebastián Scalera, para Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita contra el Club Independiente.
 
En su fallo escribió: "las presuntas acciones y conductas de Moyano de ningún modo, y por el momento, pueden considerarse abarcadas por los delitos que se le pretenden endilgar". Esa decisión desató un vendaval político.
 
En horas de la tarde el juez dio una conferencia de prensa denunciando aprietes, amenazas telefónicas a él y a su esposa y una campaña de los "grupos mediáticos Clarín y La Nación" y adjudicó la filtración de la resolución que desestima el pedido de prisión para el Secretario General de Camioneros, al personal de la fiscalía General de Cámara de Lomas de Zamora.
 
El juez de Lomas de Zamora afirmó que: "apenas retirado del juzgado el expediente, a los 20 minutos ya estaba en las redes la resolución" y agregó que la información dada por el diario Clarín y La Nación es la mitad verdadera y la otra mitad mentira: "son los famosos carpetazos y a mí no me van a correr con carpetazos".
 
Tanto Hugo Moyano como la oposición K reivindicaron la figura del juez, como la de un magistrado imparcial que al fin se le anima al poder.
 
Mientras los voceros no oficiales de Cambiemos (los principales medios), con La Nación y Clarín a la cabeza se encargaban de publicar el "curriculum" de Carzoglio, un hombre ligado al PJ bonaerense desde que Cacho Álvarez, que hoy integra la pata peronista de Cambiemos en Avellaneda, era intendente de esa localidad. Hoy Álvarez está enfrentado al intendente K, Jorge Ferraresi.
 
Sucede que el gobierno de Mauricio Macri utiliza, e impulsa, las causas judiciales contra Moyano como una forma de acorralar al dirigente sindical opositor, pero también es una manera de cargar contra las organizaciones sindicales. Las causas judiciales contra los Moyano, más allá del origen verdadero de las acusaciones, que deberán ser probadas, apunta a ese fin último: la persecución a los sindicatos que reclaman.
 
Además, la alianza anti peronista Cambiemos viene dando sobradas muestras, desde que asumió, que la defensa "republicana" de la independencia de poderes era solo un slogan de campaña.
 
La Opinión Popular
17-10-2018 / 12:10
El pasado 4 de octubre se conocía el decreto (882/2018) a través del cual Mauricio Macri se excusaba de intervención alguna en la causa del Correo Argentino y la millonaria deuda que arrastra con el Estado desde el año 2001. Así, en una maniobra para mostrar transparencia donde no la hay, el Presidente delegó las responsabilidades en la Vicepresidenta, "en tanto sus familiares mantengan sus participaciones" en la firma.
 
Hoy apenas 12 días después, la vicepresidente Gabriela Michetti firmó un decreto (907/2018) en el cual cierra la investigación administrativa impulsada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
 
Dicha investigación fue abierta en 2017, cuando junto con la causa penal en la que se encuentran imputados Macri, el actual ministro de Defensa Oscar Aguad y el funcionario Juan Manuel Mocoroa se abrieron dos expedientes administrativos: uno en la Oficina Anticorrupción y otro en la Procuración del Tesoro.
 
¿El motivo? el escandaloso acuerdo registrado a mediados del 2016 entre el Correo Argentino y el Gobierno de Macri, que implicaba una quita del 98,82 % del total de la deuda cuando finalizara de pagarse la última cuota en el año 2033. En total, la familia Macri se ahorraba unos 70.000 millones de pesos, según la proyección.
 
A pesar del enorme beneficio que recibía la familia Macri gracias al acuerdo entre el Correo y el Ejecutivo, tanto la OA que conduce la militante macrista Laura Alonso como la Procuración del Tesoro concluyeron en que no hubo irregularidades. Sin embargo, la resolución de esta última fue apelada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
 
Entre las idas y vuelta de la causa, en junio pasado, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías -un hombre puesto por Macri luego de que saltara el escándalo- resolvió dar por terminado el sumario donde se investigaba la posible responsabilidad administrativa. Pero Rodríguez apeló la medida a través de un "recurso jerárquico" en el que advertía que no se hizo una investigación completa de los hechos.
 
Ese último recurso fue el que rechazó Michetti en el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial. Y en el texto afirma que "con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa". Ahora tras este guiño de Michetti, al fiscal Rodríguez se le agotaron las vías administrativas y le queda solo pedir un recurso de reconsideración, para poder continuar la investigación sobre esta gran estafa.
 
En resumen, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y que firmaron la vicepresidente Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se enterró la investigación por el autoperdón de $ 70 mil millones de Macri a la familia Macri por el Correo Argentino.
 
La Opinión Popular

16-10-2018 / 19:10
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