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Nacionales - 11-10-2018 / 10:10

A pesar que Macri defendió el aumento retroactivo del gas, tuvo que recular ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas en Cambiemos

A pesar que Macri defendió el aumento retroactivo del gas, tuvo que recular ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas en Cambiemos
FALLÓ EL “SI PASA, PASA”. A pesar de que Macri e Iguacel defendieron el nuevo tarifazo en el gas hasta último momento, el Gobierno tuvo que ceder ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas desatadas en Cambiemos. Las empresas igual se benefician: la “compensación” por la devaluación la pondrá el Estado
Para evitar el rotundo revés parlamentario con la oposición, aún más repudio generalizado por parte de la sociedad, el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás con el cobro retroactivo en 24 cuotas del aumento por la devaluación, reclamado por las insaciables empresas energéticas.
 
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al salir de una reunión con los presidentes de los distintos bloques del Senado, dijo que el desfasaje por la mega devaluación estimado en $ 20.000 millones no se cobrará a los usuarios, sino que el Gobierno lo pagará en 30 cuotas.
 
Mientras recortan las partidas sociales en el Presupuesto de 2019, no se cuestiona destinar millones para las privatizadas. No hay déficit cero para las energéticas, se sigue priorizando las ganancias empresarias. El Estado -o sea todos nosotros- absorberá la deuda que le generó la mega devaluación a las empresas de gas, que siempre han ganado. El pago ya no aparecerá en las facturas, pero igualmente lo pagaremos bajo la forma de impuestos o nuevos tarifazos hasta que haya finalizado la gestión de Macri.
 
Esta simulada marcha atrás del Ejecutivo, con un subsidio que, pese a la crisis que sufrimos todos, seguirá garantizando las ganancias de empresas que se da luego de que el fiscal Guillermo Marijuán denunciara al secretario de Energía, Javier Iguacel, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
 
El gobierno de los CEOs está pagando otra vez el costo de tener que dar marcha atrás con una medida de gestión que había defendido a rajatabla durante 48 horas. Las razones que dio Iguacel, que intentó justificar la medida en una ley de la época de la convertibilidad, en desuso desde entonces, y que sostuvo aún en la retirada, están basados en legislación que no tiene en cuenta la brutal devaluación que produjo su propio gobierno.
 
Esta vez, el límite no se lo puso solamente la calle y la oposición, sino sus propios aliados de Cambiemos, a partir de una propuesta que promovió el radicalismo y que dio cuenta de que la movida opositora en el Congreso, para voltear el pago de las compensaciones, iba a tener mucho apoyo y cruzar transversalmente a las fuerzas políticas.
 
Antes, como ahora, el Gobierno de los Ricos favorece a las grandes empresas monopólicas: con boletas más caras, y con un nuevo subsidio, que aunque no aparecerá en las facturas, saldrá de nuestros bolsillos, para que las millonarias ganancias en dólares de las empresas no se vean afectadas por la devaluación, mientras se sigue cargando el ajuste sobre los bolsillos populares que sienten la presión de la fuerte pérdida del poder adquisitivo.
 
La Opinión Popular

 
FALLÓ EL "SI PASA, PASA"
 
No pasó
 
La compensación a las gasíferas por la devaluación la pagará el Estado pero recién después de las elecciones. Luego de varios días de intentar defender a capa y espada la medida, el Gobierno dio marcha atrás con el traslado a los usuarios de la supuesta pérdida de las distribuidoras por la suba del dólar durante los meses de alto consumo en invierno.
 
El retroceso fue comunicado oficialmente por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, durante una reunión con los jefes de bloque del Senado.
 
Según confirmó el funcionario, las empresas absorberían la mitad del aumento del costo, que el sector estima en unos 20.000 millones de pesos, y del resto se hará cargo el Estado mediante 30 cuotas, un plan de pagos más generoso que el que se imponía a los usuarios, de 24.
 
Consultados por este diario, fuentes oficiales aseguraron que todavía no se definió si será de 24 o 30 y no detallaron si se aplicará la misma tasa del Banco Nación para indexar las cuotas ni cómo se instrumentará la operación. Sin embargo, el subsidio del Estado a las distribuidoras arranca en octubre del año próximo.
 
El cambio, que el Gobierno intenta presentar como una solución de "sacrificio compartido", corresponde a la propuesta elevada por el radicalismo, cuyo rechazo a la compensación había sumado malestar dentro de la crujiente alianza Cambiemos. En el Senado se aprobó la anulación de la resolución del pago extra y se encomendó a Nación buscar una solución que no recaiga en los usuarios.
 
El viernes se publicó en el Boletín Oficial una compensación a las firmas distribuidoras de gas por la suba del dólar, derivado de que el Gobierno haya dolarizado el mercado energético y luego dejado escapar el precio de la divisa un 100 por ciento en un semestre.
 
La supuesta pérdida para las empresas se habría originado entre los 20 pesos del dólar al momento del compromiso de compra del gas a las productoras para su distribución y los 40 pesos que tocó la divisa en agosto en pleno abastecimiento de ese recurso energético.
 
Para asegurarles la rentabilidad, el secretario de Energía, Javier Iguacel, había "negociado" con las empresas que los usuarios se hagan cargo de esa diferencia a partir de enero en 24 cuotas indexadas por la tasa pasiva del Banco Nación, en torno al 20 por ciento anual.
 
El titular de Energía intentó justificar la medida en una ley de la época de la convertibilidad, en desuso desde entonces, y afirmó que se trataban de cuotas promedio que partían entre los 90 y 110 pesos. El presidente Mauricio Macri durante la mañana había vuelto a defender en declaraciones radiales la medida: "La energía hay que pagarla. Aquello que te regalan, a la larga te a va a costar más".
 
La compensación extra se sumaba al aumento de 35 por ciento sobre la tarifa de gas desde octubre y una segunda cuota de hasta 15 por ciento a partir de enero. La medida recogió el rechazo de todo el arco político opositor e incluso del radicalismo dentro de Cambiemos.
 
Asociaciones de consumidores y usuarios en forma particular realizaron presentaciones judiciales para que se reconozca que el servicio ya había sido abonado y que no se podía desconocer el pago y realizar un ajuste retroactivo.
 
El fiscal federal Guillermo Marijuan incluso denunció por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" al secretario de Energía. "Es un problema entre los usuarios y las empresas y no nos vamos a meter en el medio", consideró Iguacel al ser consultado sobre el aluvión de demandas.
 
Desde los bloques opositores se había solicitado una sesión especial para la próxima semana en Diputados para analizar cómo frenar la medida.
 
Los gremios comenzaron a utilizar la figura de la compensación para reclamar reapertura de paritarias que permitan recuperar la pérdida en los salarios por la devaluación. La situación se había tensado demasiado y el radicalismo cercano al Gobierno propuso que el Estado se haga cargo.
 
Frigerio fue el encargado de pedir una tregua antes de que se descontrole la situación y, si bien ratificó que habrá compensación y que la pagarán los contribuyentes, informó que será el Estado y no el usuario de manera directa quien lo abone.
 
Según la propuesta del radicalismo sobre la que negocia Energía con las empresas, el desfasaje en el precio al productor provocado por la megadevaluación se compartiría entre las distribuidoras y el Estado.
 
La UCR propuso que 10.000 millones de pesos los absorba el Estado nacional y los financie con el cobro a las nuevas exportaciones de gas, mientras que el resto deberían correr por cuenta de las compañías, donde la estatal YPF es una de las principales prestadoras.
 
Todavía no se confirmó si serán 24 0 30 cuotas pero está asegurado que será luego de octubre del año próximo, luego de las elecciones presidenciales.
 
Mientras, Frigerio negocia con la oposición para incluir en el proyecto de ley de Presupuesto del año próximo -a pedido de los bloques-un artículo para que se elimine la disposición vigente y que las empresas, de ahora en más, se hagan cargo de la diferencias por precio o devaluación y el Estado pague sólo los intereses generados.
 
Por Cristian Carrillo
 
Fuente: Página 12
 

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03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
La Opinión Popular
 

02-02-2026 / 11:02
El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.
 
Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.
 
Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.
 
A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."
 
Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.
 
Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar.  Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."
 
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.
 
La Opinión Popular
 

01-02-2026 / 10:02
Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier "Pinocho" Milei construyó un relato épico de gestión que, al ser contrastado con datos verificables, empieza a mostrar fisuras cada vez más profundas. Promesas infladas, cifras manipuladas, logros magnificados y afirmaciones directamente falsas forman parte de un patrón comunicacional que ya no puede explicarse como simples errores.
 
Se trata, cada vez más claramente, de una estrategia política basada en la distorsión sistemática de la realidad. Organizaciones especializadas en verificación de datos, como Chequeado, desmintieron en reiteradas oportunidades afirmaciones centrales del discurso presidencial. Uno de los ejemplos más notorios fue la declaración en la que Milei aseguró haber sacado a diez millones de argentinos de la pobreza.
 
El número, ampliamente difundido por el oficialismo, resultó ser metodológicamente incorrecto, engañoso y sin respaldo estadístico sólido. Si bien algunos indicadores mostraron leves mejoras, la magnitud del cambio real está muy lejos del relato triunfalista que el prescindente intenta instalar. Algo similar ocurrió con su afirmación de haber eliminado los piquetes en todo el país. Lejos de desaparecer, los cortes de calles continuaron registrándose, aunque con menor visibilidad y mayor intervención de las fuerzas de seguridad.
 
La reducción de protestas no equivale a su erradicación, pero Milei optó por presentar una victoria absoluta que los datos desmienten. La manipulación también alcanza el terreno histórico. En reiteradas ocasiones, el mandatario afirmó que la Argentina fue uno de los 3 países más ricos del mundo, una afirmación que no resiste el menor análisis serio de los registros económicos internacionales.
 
Esta construcción mítica, repetida hasta el cansancio, busca reforzar la narrativa del "paraíso perdido" arruinado por la política tradicional, aun cuando carece de sustento empírico. El uso irresponsable de información falsa no se limita a discursos oficiales. En redes sociales, Milei llegó a difundir encuestas inexistentes, atribuidas falsamente a la Fundación FOPEA, con el objetivo de desacreditar al periodismo.
 
La propia organización salió a desmentir públicamente la información, dejando al descubierto una práctica preocupante: la utilización deliberada de datos falsos para atacar a la prensa crítica. Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una lógica de comunicación basada en la confrontación permanente, la exageración de logros, la victimización y la construcción de enemigos internos.
 
La distorsión de cifras y hechos se convierte así en una herramienta política para sostener un relato épico que muchas veces choca contra la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, la recesión golpea al consumo y el ajuste impacta con fuerza en jubilados, trabajadores y sectores medios, el discurso presidencial insiste en mostrar una Argentina idealizada que pocos logran reconocer en su vida diaria.
 
En este contexto, la manipulación informativa no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que también debilita el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado con veracidad. Gobernar a base de datos falsos puede rendir frutos comunicacionales de corto plazo, pero tiene costos profundos. Cuando la mentira se convierte en política de Estado, la confianza pública se deteriora, la institucionalidad se debilita y el vínculo entre gobernantes y sociedad se vuelve cada vez más frágil. En definitiva, más que errores ocasionales, las distorsiones discursivas de Milei parecen responder a una estrategia clara: imponer un relato antes que explicar la realidad. Una apuesta peligrosa que, tarde o temprano, termina chocando contra los hechos.
 
La Opinión Popular
 

31-01-2026 / 09:01
Décadas de globalización con la lógica del mercado se desplomaron sobre los argentinos con Javier Milei gritando el Rock del Gato mientras cinco provincias se incendiaban fuera de control y la mayoría de los gobernadores se sometían a ser extorsionados para aprobar la reforma laboral.
 
Décadas de erosión de la democracia y el medio ambiente cayeron sobre los argentinos con el florecimiento del libertarismo autoritario, que es como decir silencio atronador o fuego helado. Las dos cosas no van juntas. El resultado es libertad para pocos y autoritarismo para los demás.
 
Rocca, Magnetto y Galperín fueron algunos de los creadores del Golem esquizofrénico. Lo construyeron para que los proteja, financiaron sus campañas, le dieron letra con leyes para proteger sus intereses y publicaron loas en los medios que controlan. Pero en este momento parte de sus intereses entraron en colisión con el rumbo aperturista total del gobierno y sus alianzas.
 
Las elecciones de medio término en una sociedad que perdió el sentido, fragmentada, extenuada por la inflación y la pandemia, le dieron un impulso que se multiplicó con el respaldo de la Casa Blanca.
 
Ese paralelismo crispado de un imperio en decadencia encontró un aliado incondicional en la subordinación total de Milei. No hay término medio en las Casas Blanca y Rosada. Una decisión absoluta de dominio se complementó con una decisión absoluta de sumisión.
 
Con la apertura que impulsaron los grandes empresarios, y que implementó este Gobierno, entró una avalancha de productos chinos. El capital concentrado creyó que tenía espalda para sobrevivir al exterminio de sus competidores de la pequeña y mediana industria y comercio y que podría deglutir esos espacios que quedaban libres.
 
Pero el ímpetu del comercio chino, ultra tecnológico, con cadenas de suministro ultra coordinadas y eficientes, se llevó puestos hasta los tubos de Techint y metió en problemas a la gran aplicación comercial de Marcos Galperín, el hombre más rico del país.
 
Galperín reside en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina, donde creció su empresa, Mercado Libre. Impulsó con entusiasmo el discurso libertario contra los subsidios estatales y contra la regulación de los mercados.
 
Desde la pandemia, el campeón antisubsidios recibió subsidios por 370 millones de dólares. Y ahora, el también campeón de la apertura de las importaciones, le exigió al gobierno que regule a Temu, la aplicación de comercio china que le arrebató una porción de la torta.
 
Paolo Rocca, que colocó a su ex empleado Horacio Marín como CEO de YPF, recurrió a la Justicia por la licitación de tubos para un gasoducto que perdió ante una firma india que fabrica tubos con acero chino. Galperín hizo lo mismo con Temu. Y Magnetto afronta problemas parecidos con la compra de Telefónica por el Grupo Clarín.
 
Son contradicciones fuertes en el capital hegemónico, que el gobierno sobrelleva con enormes ofrendas, como la reforma laboral. El triunfalismo que invadió a la Casa Rosada por el resultado electoral se enfocó en su primera cosecha. La ley de trabajo propuesta incluyó un artículo sobre el impuesto a las ganancias que saca coparticipación a las provincias.
 
El Gobierno mandó a Diego Santilli a discutir con los gobernadores, pero le advirtió que no hará ninguna concesión. Y Santilli les prometió que los premios llegarían después de la aprobación en el Congreso. 
 

30-01-2026 / 09:01
Se ve que Javier "Nerón" Milei suelta la mosca solamente a las piñas: fondos tardíos para el sur que ya se chamuscó como chorizo en la parrilla. Con incendios forestales activos en distintas zonas de la Patagonia y tras reiterados reclamos de gobernadores y dirigentes opositores, el irresponsable Milei, que al igual que el emperador Nerón se dedicó a cantar mientras se incendiaba su país, finalmente destrabó fondos para el sistema de Bomberos Voluntarios y confirmó que declarará la Emergencia Ígnea mediante un DNU. 50 días y 230 mil hectáreas quemadas después.
 
Desde los primeros días de enero la Patagonia arde por los incendios forestales; después de que el fuego arrasara -hasta ahora- más de 230 mil hectáreas; después de la pérdida irrecuperable en parques nacionales, que son patrimonio de la humanidad, y con la población en serio riesgo de perder lo poco que les queda, Milei evaluó hacer algo. La decisión llega luego de semanas marcadas por cuestionamientos sobre la ausencia total en la respuesta estatal nacional frente a una crisis ambiental que ya afectó miles de hectáreas, provocó evacuaciones y generó pérdidas materiales y económicas en distintas localidades del sur argentino.
 
La medida quedó formalizada a través de la resolución 91/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que autoriza un desembolso de 100.810.319.998 pesos destinados a organizaciones de bomberos voluntarios en todo el país. A ello se suman transferencias por 7.754.639.995 pesos para entidades provinciales de segundo grado y un monto equivalente para programas de capacitación y fortalecimiento operativo.
 
Los recursos estarán dirigidos a la compra de equipamiento, vehículos, herramientas, vestimenta ignífuga, insumos técnicos y materiales necesarios para enfrentar incendios forestales, una demanda histórica de los cuarteles voluntarios que, en muchos casos, operan con equipamiento limitado y dependen de aportes locales para sostener su funcionamiento cotidiano.
 
En paralelo, el Gobierno libertario confirmó que declarará la Emergencia Ígnea a través de un DNU, evitando así el paso por el Congreso. El argumento oficial sostiene que se trata de un mecanismo para acelerar la asistencia y evitar demoras administrativas, aunque desde distintos sectores políticos remarcaron que la declaración fue exigida por los gobernadores patagónicos días atrás y que el Ejecutivo resistía avanzar en esa dirección hasta que el costo político se volvió evidente e insostenible.
 
La tensión se profundizó cuando mandatarios provinciales del sur reclamaron públicamente una ley específica contra incendios mientras el anarco capitalista participaba de actividades de fiesta y joda en Mar del Plata, situación que fue interpretada por la oposición como una señal de desconexión total frente a la emergencia. Recién después de esa presión se anunció el plan denominado oficialmente "histórica lucha contra el fuego", que incluye la ampliación presupuestaria y la activación de herramientas administrativas para coordinar recursos federales. Esos recursos, sin embargo, no son suficientes y llegan tarde. El daño causado, según argumentan distintas agrupaciones ambientales y los propios pobladores, ya es irreparable.
 
El episodio vuelve a abrir el debate sobre la capacidad de reacción de Milei frente a emergencias ambientales y el rol del Estado en la prevención y combate de incendios forestales, especialmente en regiones donde cada temporada seca incrementa el riesgo de desastres. Para los bomberos y brigadistas, el financiamiento llega en un momento crítico y permitirá mejorar condiciones operativas, aunque queda la discusión política sobre por qué la respuesta oficial demoró tanto mientras el fuego avanzaba.
 
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