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Nacionales - 11-10-2018 / 10:10

A pesar que Macri defendió el aumento retroactivo del gas, tuvo que recular ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas en Cambiemos

A pesar que Macri defendió el aumento retroactivo del gas, tuvo que recular ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas en Cambiemos
FALLÓ EL “SI PASA, PASA”. A pesar de que Macri e Iguacel defendieron el nuevo tarifazo en el gas hasta último momento, el Gobierno tuvo que ceder ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas desatadas en Cambiemos. Las empresas igual se benefician: la “compensación” por la devaluación la pondrá el Estado
Para evitar el rotundo revés parlamentario con la oposición, aún más repudio generalizado por parte de la sociedad, el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás con el cobro retroactivo en 24 cuotas del aumento por la devaluación, reclamado por las insaciables empresas energéticas.
 
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al salir de una reunión con los presidentes de los distintos bloques del Senado, dijo que el desfasaje por la mega devaluación estimado en $ 20.000 millones no se cobrará a los usuarios, sino que el Gobierno lo pagará en 30 cuotas.
 
Mientras recortan las partidas sociales en el Presupuesto de 2019, no se cuestiona destinar millones para las privatizadas. No hay déficit cero para las energéticas, se sigue priorizando las ganancias empresarias. El Estado -o sea todos nosotros- absorberá la deuda que le generó la mega devaluación a las empresas de gas, que siempre han ganado. El pago ya no aparecerá en las facturas, pero igualmente lo pagaremos bajo la forma de impuestos o nuevos tarifazos hasta que haya finalizado la gestión de Macri.
 
Esta simulada marcha atrás del Ejecutivo, con un subsidio que, pese a la crisis que sufrimos todos, seguirá garantizando las ganancias de empresas que se da luego de que el fiscal Guillermo Marijuán denunciara al secretario de Energía, Javier Iguacel, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
 
El gobierno de los CEOs está pagando otra vez el costo de tener que dar marcha atrás con una medida de gestión que había defendido a rajatabla durante 48 horas. Las razones que dio Iguacel, que intentó justificar la medida en una ley de la época de la convertibilidad, en desuso desde entonces, y que sostuvo aún en la retirada, están basados en legislación que no tiene en cuenta la brutal devaluación que produjo su propio gobierno.
 
Esta vez, el límite no se lo puso solamente la calle y la oposición, sino sus propios aliados de Cambiemos, a partir de una propuesta que promovió el radicalismo y que dio cuenta de que la movida opositora en el Congreso, para voltear el pago de las compensaciones, iba a tener mucho apoyo y cruzar transversalmente a las fuerzas políticas.
 
Antes, como ahora, el Gobierno de los Ricos favorece a las grandes empresas monopólicas: con boletas más caras, y con un nuevo subsidio, que aunque no aparecerá en las facturas, saldrá de nuestros bolsillos, para que las millonarias ganancias en dólares de las empresas no se vean afectadas por la devaluación, mientras se sigue cargando el ajuste sobre los bolsillos populares que sienten la presión de la fuerte pérdida del poder adquisitivo.
 
La Opinión Popular

 
FALLÓ EL "SI PASA, PASA"
 
No pasó
 
La compensación a las gasíferas por la devaluación la pagará el Estado pero recién después de las elecciones. Luego de varios días de intentar defender a capa y espada la medida, el Gobierno dio marcha atrás con el traslado a los usuarios de la supuesta pérdida de las distribuidoras por la suba del dólar durante los meses de alto consumo en invierno.
 
El retroceso fue comunicado oficialmente por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, durante una reunión con los jefes de bloque del Senado.
 
Según confirmó el funcionario, las empresas absorberían la mitad del aumento del costo, que el sector estima en unos 20.000 millones de pesos, y del resto se hará cargo el Estado mediante 30 cuotas, un plan de pagos más generoso que el que se imponía a los usuarios, de 24.
 
Consultados por este diario, fuentes oficiales aseguraron que todavía no se definió si será de 24 o 30 y no detallaron si se aplicará la misma tasa del Banco Nación para indexar las cuotas ni cómo se instrumentará la operación. Sin embargo, el subsidio del Estado a las distribuidoras arranca en octubre del año próximo.
 
El cambio, que el Gobierno intenta presentar como una solución de "sacrificio compartido", corresponde a la propuesta elevada por el radicalismo, cuyo rechazo a la compensación había sumado malestar dentro de la crujiente alianza Cambiemos. En el Senado se aprobó la anulación de la resolución del pago extra y se encomendó a Nación buscar una solución que no recaiga en los usuarios.
 
El viernes se publicó en el Boletín Oficial una compensación a las firmas distribuidoras de gas por la suba del dólar, derivado de que el Gobierno haya dolarizado el mercado energético y luego dejado escapar el precio de la divisa un 100 por ciento en un semestre.
 
La supuesta pérdida para las empresas se habría originado entre los 20 pesos del dólar al momento del compromiso de compra del gas a las productoras para su distribución y los 40 pesos que tocó la divisa en agosto en pleno abastecimiento de ese recurso energético.
 
Para asegurarles la rentabilidad, el secretario de Energía, Javier Iguacel, había "negociado" con las empresas que los usuarios se hagan cargo de esa diferencia a partir de enero en 24 cuotas indexadas por la tasa pasiva del Banco Nación, en torno al 20 por ciento anual.
 
El titular de Energía intentó justificar la medida en una ley de la época de la convertibilidad, en desuso desde entonces, y afirmó que se trataban de cuotas promedio que partían entre los 90 y 110 pesos. El presidente Mauricio Macri durante la mañana había vuelto a defender en declaraciones radiales la medida: "La energía hay que pagarla. Aquello que te regalan, a la larga te a va a costar más".
 
La compensación extra se sumaba al aumento de 35 por ciento sobre la tarifa de gas desde octubre y una segunda cuota de hasta 15 por ciento a partir de enero. La medida recogió el rechazo de todo el arco político opositor e incluso del radicalismo dentro de Cambiemos.
 
Asociaciones de consumidores y usuarios en forma particular realizaron presentaciones judiciales para que se reconozca que el servicio ya había sido abonado y que no se podía desconocer el pago y realizar un ajuste retroactivo.
 
El fiscal federal Guillermo Marijuan incluso denunció por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" al secretario de Energía. "Es un problema entre los usuarios y las empresas y no nos vamos a meter en el medio", consideró Iguacel al ser consultado sobre el aluvión de demandas.
 
Desde los bloques opositores se había solicitado una sesión especial para la próxima semana en Diputados para analizar cómo frenar la medida.
 
Los gremios comenzaron a utilizar la figura de la compensación para reclamar reapertura de paritarias que permitan recuperar la pérdida en los salarios por la devaluación. La situación se había tensado demasiado y el radicalismo cercano al Gobierno propuso que el Estado se haga cargo.
 
Frigerio fue el encargado de pedir una tregua antes de que se descontrole la situación y, si bien ratificó que habrá compensación y que la pagarán los contribuyentes, informó que será el Estado y no el usuario de manera directa quien lo abone.
 
Según la propuesta del radicalismo sobre la que negocia Energía con las empresas, el desfasaje en el precio al productor provocado por la megadevaluación se compartiría entre las distribuidoras y el Estado.
 
La UCR propuso que 10.000 millones de pesos los absorba el Estado nacional y los financie con el cobro a las nuevas exportaciones de gas, mientras que el resto deberían correr por cuenta de las compañías, donde la estatal YPF es una de las principales prestadoras.
 
Todavía no se confirmó si serán 24 0 30 cuotas pero está asegurado que será luego de octubre del año próximo, luego de las elecciones presidenciales.
 
Mientras, Frigerio negocia con la oposición para incluir en el proyecto de ley de Presupuesto del año próximo -a pedido de los bloques-un artículo para que se elimine la disposición vigente y que las empresas, de ahora en más, se hagan cargo de la diferencias por precio o devaluación y el Estado pague sólo los intereses generados.
 
Por Cristian Carrillo
 
Fuente: Página 12
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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