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Nacionales - 11-10-2018 / 10:10

A pesar que Macri defendió el aumento retroactivo del gas, tuvo que recular ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas en Cambiemos

A pesar que Macri defendió el aumento retroactivo del gas, tuvo que recular ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas en Cambiemos
FALLÓ EL “SI PASA, PASA”. A pesar de que Macri e Iguacel defendieron el nuevo tarifazo en el gas hasta último momento, el Gobierno tuvo que ceder ante el rechazo generalizado, la resistencia de toda la oposición y las internas desatadas en Cambiemos. Las empresas igual se benefician: la “compensación” por la devaluación la pondrá el Estado
Para evitar el rotundo revés parlamentario con la oposición, aún más repudio generalizado por parte de la sociedad, el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás con el cobro retroactivo en 24 cuotas del aumento por la devaluación, reclamado por las insaciables empresas energéticas.
 
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al salir de una reunión con los presidentes de los distintos bloques del Senado, dijo que el desfasaje por la mega devaluación estimado en $ 20.000 millones no se cobrará a los usuarios, sino que el Gobierno lo pagará en 30 cuotas.
 
Mientras recortan las partidas sociales en el Presupuesto de 2019, no se cuestiona destinar millones para las privatizadas. No hay déficit cero para las energéticas, se sigue priorizando las ganancias empresarias. El Estado -o sea todos nosotros- absorberá la deuda que le generó la mega devaluación a las empresas de gas, que siempre han ganado. El pago ya no aparecerá en las facturas, pero igualmente lo pagaremos bajo la forma de impuestos o nuevos tarifazos hasta que haya finalizado la gestión de Macri.
 
Esta simulada marcha atrás del Ejecutivo, con un subsidio que, pese a la crisis que sufrimos todos, seguirá garantizando las ganancias de empresas que se da luego de que el fiscal Guillermo Marijuán denunciara al secretario de Energía, Javier Iguacel, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
 
El gobierno de los CEOs está pagando otra vez el costo de tener que dar marcha atrás con una medida de gestión que había defendido a rajatabla durante 48 horas. Las razones que dio Iguacel, que intentó justificar la medida en una ley de la época de la convertibilidad, en desuso desde entonces, y que sostuvo aún en la retirada, están basados en legislación que no tiene en cuenta la brutal devaluación que produjo su propio gobierno.
 
Esta vez, el límite no se lo puso solamente la calle y la oposición, sino sus propios aliados de Cambiemos, a partir de una propuesta que promovió el radicalismo y que dio cuenta de que la movida opositora en el Congreso, para voltear el pago de las compensaciones, iba a tener mucho apoyo y cruzar transversalmente a las fuerzas políticas.
 
Antes, como ahora, el Gobierno de los Ricos favorece a las grandes empresas monopólicas: con boletas más caras, y con un nuevo subsidio, que aunque no aparecerá en las facturas, saldrá de nuestros bolsillos, para que las millonarias ganancias en dólares de las empresas no se vean afectadas por la devaluación, mientras se sigue cargando el ajuste sobre los bolsillos populares que sienten la presión de la fuerte pérdida del poder adquisitivo.
 
La Opinión Popular

 
FALLÓ EL "SI PASA, PASA"
 
No pasó
 
La compensación a las gasíferas por la devaluación la pagará el Estado pero recién después de las elecciones. Luego de varios días de intentar defender a capa y espada la medida, el Gobierno dio marcha atrás con el traslado a los usuarios de la supuesta pérdida de las distribuidoras por la suba del dólar durante los meses de alto consumo en invierno.
 
El retroceso fue comunicado oficialmente por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, durante una reunión con los jefes de bloque del Senado.
 
Según confirmó el funcionario, las empresas absorberían la mitad del aumento del costo, que el sector estima en unos 20.000 millones de pesos, y del resto se hará cargo el Estado mediante 30 cuotas, un plan de pagos más generoso que el que se imponía a los usuarios, de 24.
 
Consultados por este diario, fuentes oficiales aseguraron que todavía no se definió si será de 24 o 30 y no detallaron si se aplicará la misma tasa del Banco Nación para indexar las cuotas ni cómo se instrumentará la operación. Sin embargo, el subsidio del Estado a las distribuidoras arranca en octubre del año próximo.
 
El cambio, que el Gobierno intenta presentar como una solución de "sacrificio compartido", corresponde a la propuesta elevada por el radicalismo, cuyo rechazo a la compensación había sumado malestar dentro de la crujiente alianza Cambiemos. En el Senado se aprobó la anulación de la resolución del pago extra y se encomendó a Nación buscar una solución que no recaiga en los usuarios.
 
El viernes se publicó en el Boletín Oficial una compensación a las firmas distribuidoras de gas por la suba del dólar, derivado de que el Gobierno haya dolarizado el mercado energético y luego dejado escapar el precio de la divisa un 100 por ciento en un semestre.
 
La supuesta pérdida para las empresas se habría originado entre los 20 pesos del dólar al momento del compromiso de compra del gas a las productoras para su distribución y los 40 pesos que tocó la divisa en agosto en pleno abastecimiento de ese recurso energético.
 
Para asegurarles la rentabilidad, el secretario de Energía, Javier Iguacel, había "negociado" con las empresas que los usuarios se hagan cargo de esa diferencia a partir de enero en 24 cuotas indexadas por la tasa pasiva del Banco Nación, en torno al 20 por ciento anual.
 
El titular de Energía intentó justificar la medida en una ley de la época de la convertibilidad, en desuso desde entonces, y afirmó que se trataban de cuotas promedio que partían entre los 90 y 110 pesos. El presidente Mauricio Macri durante la mañana había vuelto a defender en declaraciones radiales la medida: "La energía hay que pagarla. Aquello que te regalan, a la larga te a va a costar más".
 
La compensación extra se sumaba al aumento de 35 por ciento sobre la tarifa de gas desde octubre y una segunda cuota de hasta 15 por ciento a partir de enero. La medida recogió el rechazo de todo el arco político opositor e incluso del radicalismo dentro de Cambiemos.
 
Asociaciones de consumidores y usuarios en forma particular realizaron presentaciones judiciales para que se reconozca que el servicio ya había sido abonado y que no se podía desconocer el pago y realizar un ajuste retroactivo.
 
El fiscal federal Guillermo Marijuan incluso denunció por presunto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público" al secretario de Energía. "Es un problema entre los usuarios y las empresas y no nos vamos a meter en el medio", consideró Iguacel al ser consultado sobre el aluvión de demandas.
 
Desde los bloques opositores se había solicitado una sesión especial para la próxima semana en Diputados para analizar cómo frenar la medida.
 
Los gremios comenzaron a utilizar la figura de la compensación para reclamar reapertura de paritarias que permitan recuperar la pérdida en los salarios por la devaluación. La situación se había tensado demasiado y el radicalismo cercano al Gobierno propuso que el Estado se haga cargo.
 
Frigerio fue el encargado de pedir una tregua antes de que se descontrole la situación y, si bien ratificó que habrá compensación y que la pagarán los contribuyentes, informó que será el Estado y no el usuario de manera directa quien lo abone.
 
Según la propuesta del radicalismo sobre la que negocia Energía con las empresas, el desfasaje en el precio al productor provocado por la megadevaluación se compartiría entre las distribuidoras y el Estado.
 
La UCR propuso que 10.000 millones de pesos los absorba el Estado nacional y los financie con el cobro a las nuevas exportaciones de gas, mientras que el resto deberían correr por cuenta de las compañías, donde la estatal YPF es una de las principales prestadoras.
 
Todavía no se confirmó si serán 24 0 30 cuotas pero está asegurado que será luego de octubre del año próximo, luego de las elecciones presidenciales.
 
Mientras, Frigerio negocia con la oposición para incluir en el proyecto de ley de Presupuesto del año próximo -a pedido de los bloques-un artículo para que se elimine la disposición vigente y que las empresas, de ahora en más, se hagan cargo de la diferencias por precio o devaluación y el Estado pague sólo los intereses generados.
 
Por Cristian Carrillo
 
Fuente: Página 12
 

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15-12-2018 / 10:12
La contundencia del balance numérico de los 3 años de gestión de la alianza Cambiemos es desastroso: 291% de devaluación, 160% de inflación, 3008% de alza en el gas, 2136% en la luz, 515% en el agua, 22% de caída en el salario real promedio y 24% en el mínimo y 18,5% en la jubilación.
 
Pero además, la destrucción de 51.700 empleos privados, la resignación de 107.933 puestos industriales y la desaparición de 9609 Pymes. Aún así, a cada argentino le tocan $283.380 de la deuda contraída, que supera en 420% a la que dejó la economía K y que ocupa 17,7% del gasto público, 10,2 puntos más que desde que asumió el actual gobierno.
 
Uno de las promesa de campaña, como la promesa de reducción del peso del Estado, se usó en realidad de camuflaje para echar personal de planta y contratado heredado de la gestión anterior, pero reemplazándolo con creces por "tropa propia" e inclusive mejor paga. Hay un crecimiento de 87.700 empleos públicos nacionales.
 
En verdad, se hipotecó el futuro: se achicó la actividad económica, hay menos trabajo, se benefició más a los ricos en desmedro de los pobres y se disminuyó la inversión destinada a educación y ciencia, ¿a cambio de qué?
 
Recién ahora, desde la industria se advierte sobre un posible agravamiento de la recesión si no se adoptan medidas que fomenten las inversiones y una mayor actividad.
 
Acusado, imputado y procesado por haber pagado coimas a funcionarios del gobierno anterior en el marco de la causa de los cuadernos, Paolo Rocca paradójicamente se acaba de convertir en "el vocero" de la agenda de temas que el empresariado local reclama que Mauricio Macri encare en su cuarto año de mandato.
 
La voz del titular del Grupo Techint -y también el hombre más rico de la Argentina- se escuchó en un seminario de la organización Pro Pyme de la cual el holding es parte importante y, entre sus pares, se leyó como un fuerte mensaje hacia el gobierno de los CEOs de Cambiemos.
 
Si bien no marcó directamente los errores de gestión que la mayoría de los ejecutivos del país le adjudican a Macri, sí hizo referencia a las medidas que el país "necesita" mirando a mediano y largo plazo.
 
En ese contexto, pidió un país que genere más divisas genuinas, que apoye las exportaciones, que no mire solamente al campo sino también a la industria y que mantenga un tipo de cambio competitivo, en especial en un año electoral como será el 2019.
 
La Opinión Popular

15-12-2018 / 08:12
En un país ya de por sí aterrorizado por la peor política económica que recuerde, se levantan tapas desde las que se abalanzan viejos monstruos, como esas cajas con resorte de las que salta un payaso de susto.
 
El escándalo de la Libertadores por la violencia en el fútbol derivó en que -¡salta el payaso!- la final de una copa con ese nombre se definiera entre dos equipos argentinos en el país del que fuimos liberados por los Libertadores.
 
La denuncia por la violación de una menor por parte de un adulto en el ámbito del espectáculo estalló en los medios como una granada que se multiplicó en miles de esquirlas y relatos de mujeres que contaron por primera vez que fueron abusadas o violadas de niñas.
 
Y -¡salta el payaso!- el presidente Mauricio Macri, quien dijo que no les cree a las mujeres cuando dicen que no les gusta, "que les digan qué lindo culo tenés", anunció que enviará al Congreso una ley de equidad de género.
 
El que fue presidente de un club que tiene una de las barras más agresivas está incapacitado moralmente para hablar de violencia en el fútbol porque no hizo nada cuando pudo hacerlo.
 
El hombre que juega con esa idea de que "aunque digan que no, es sí" y que piensa que es agradable para las mujeres que todo el tiempo los hombres hablen de sus culos, no puede decir que entiende o, siquiera, que trata de entender la violencia de género.
 
El presidente que encabezó una de las principales constructoras contratistas del Estado y cuyas empresas se multiplicaron durante la dictadura, no tiene autoridad para hablar de corrupción en la obra pública, porque su fortuna proviene de ese ámbito y nunca dijo nada.
 
Y como su hermano Gianfranco, que acaba de declarar esta semana ante la justicia que "nunca pagó sobornos, no sé mi padre", parece que en la familia presidencial se escudan en la discapacidad mental de Franco, il capo di famiglia.
 
Es el mismo Macri que prometió "pobreza cero" en la campaña y se acaba de demostrar que su gobierno ha sido el que con más rapidez aumentó los niveles de pobreza en el país, aún más que las dictaduras y que cualquier gobierno civil.
 
La mayoría de los argentinos votó a un presidente que encarna a sus peores congojas. Cada payaso monstruoso que brinca de las cajitas del horror argentino tiene un reflejo de la clase y el grupo social al que pertenece Macri.

14-12-2018 / 10:12
Gianfranco Macri compareció ayer ante el juez Claudio Bonadío, evitó defender su padre Franco y mandó a los cronistas tribunalicios a preguntarle "a él" si había pagado coimas para mantener sus cabinas de Autopistas del Sol durante el kirchnerismo, al que apoyó incluso cuando su primogénito buscaba destronarlo.
 
Ausol, en rigor, es controlada por el consorcio español Abertis y tiene como socia a la italiana Impregilo. La constructora del grupo Macri, SIDECO Americana, tuvo entre 1994 y 2001 un 23% del capital y redujo esa participación al 10% en 2001 a cambio de u$s 120 millones, tras asegurarse la contratación de sus constructoras para las obras de los años 90.
 
En 2004, como explicó ayer Gianfranco, se licuaron las participaciones al incorporar un refuerzo de capital. Pero los Macri mantuvieron un 7% que recién vendieron el año pasado, después de que las acciones de Ausol treparan 394% por las subas de peajes dispuestas por el Gobierno de Macri.
 
Eso no es todo. Las multinacionales europeas que se quedaron con los peajes de los accesos tienen a su vez otros vínculos con la familia presidencial. Abertis pertenece a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, con quien Macri compartió negocios en el mundo del fútbol.
 
Impregilo es un grupo constructor italiano fundado en 1959 en Milán, con más de 17.000 empleados y obras viales en toda Latinoamérica, pero con una particularidad: en casi todos sus negocios en Argentina aparece asociado a los Macri.
 
Una de las prósperas empresas contratistas del Estado que compartieron durante años los Macri con Impregilo es la línea de alta tensión que transporta la energía generada por Yacyretá (Yacylec S.A.).
 
Esta semana, el diario La Nación reveló que el Tribunal Fiscal de la Nación dictaminó que Yacylec le debe a la AFIP 46 millones de pesos en impuestos atrasados, multas e intereses acumulados, además de las costas del juicio que hizo para intentar evitar pagar.
 
Llamativamente, apenas 24 horas después se incendió en el sexto piso de la sede central de la AFIP la oficina de Causas Tributarias, donde se almacenan expedientes y actuaciones administrativas como las que se ventilaron en ese juicio en el Tribunal Fiscal.
 
Ahora, el padre y el hermano del Presidente y jefe del clan familiar están acusados de haber pagado coimas para mantener las concesiones del Acceso Oeste a través de la empresa Concesionaria Oeste, y por el Acceso Norte a través de Autopistas del Sol (Ausol). Pero, el responsable de los negocios no es otro que Mauricio, y ni los CEOs ni Gianfranco participaban de las decisiones sin la venia del líder de Cambiemos.
 
La Opinión Popular

14-12-2018 / 09:12
Mauricio Macri lo hizo. La pobreza alcanzó al 33,6 por ciento de la población urbana durante el tercer trimestre de 2018. Con un salto de 5,4 puntos en un año, la medición del Observatorio de la Deuda Social de la UCA alcanzó su valor más elevado desde 2010.
 
El deterioro socioeconómico asociado a la crisis cambiaria y financiera junto con el ajuste recesivo implementado por el FMI para intentar domarla dejó un saldo de 2.180.000 nuevos pobres que elevan la cifra total hasta las 13.600.000 personas.
 
La estimación anticipa el fiasco rotundo del gobierno de Macri para cumplir con su promesa de reducir la pobreza al finalizar su mandato en diciembre de 2019. "Si cuando finalice mi gestión no bajó la pobreza, habré fracasado", esto decía al comienzo de su mandato.
 
La indigencia, por su parte, ascendió hasta el 6,1 por ciento que marca un alza de 0,4 puntos frente al mismo período del año pasado. El dato representa la emergencia de 161.500 indigentes nuevos para llegar a un total de 2.470.000 de individuos con ingresos inferiores al valor de la canasta básica de alimentos.
 
"Mientras se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral y, por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza", advierte el informe del ODS-UCA.
 
En otras palabras, el motor para el crecimiento de la pobreza es el programa económico neoliberal de Cambiemos y el programa de austeridad y ajuste adoptado para acceder al financiamiento del FMI.
 
Con el incremento en los precios que siguió al salto cambiario, la medición del observatorio dirigido por el sociólogo Agustín Salvia superó el 32,3 por ciento que había alcanzado en 2016. El deterioro experimentado entonces fue consecuencia de la devaluación, los tarifazos y la destrucción de empleo.
 
El 33,6 por ciento informado ayer es el dato más elevado en nueve años. "Un cambio de rumbo sustantivo no sólo necesitará de fuertes inversiones e impulso a las exportaciones, sino también de políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las microempresas y mejoren su productividad", explica el OSD-UCA.
 
El reporte muestra que, desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, los niveles de pobreza entre los niños de 0 a 17 años treparon del 44,6 a 51,7 por ciento, un aumento de 7,1 puntos en un año. La Unicef advirtió que cerca de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina son pobres. Y el macrismo no tiene instrumentos que permitan revertir la pauperización en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población.
 
La Opinión Popular

13-12-2018 / 09:12
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