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Nacionales - 10-10-2018 / 09:10
ESTALLÓ LA INTERNA EN LA CORTE SUPREMA

Acusaciones cruzadas entre Lorenzetti y Rosenkrantz por el control del portal judicial

Acusaciones cruzadas entre Lorenzetti y Rosenkrantz por el control del portal judicial
En una resurrección de la Corte adicta de los años noventa, Rosenkrantz, el favorito de Macri y de Clarín, responsabilizó a su antecesor por el vaciamiento de la comunicación del tribunal. En su respuesta, Lorenzetti lo acusó de “mediocre y autoritario”, de generar “un clima de temor y amenazas” y de maltratar a una funcionaria. “Nunca en la Corte se vio algo así”, aseguró.
El Centro de Información Judicial (CIJ) es el tema de disputa entre el expresidente de la Corte y su sucesor. Carlos Rosenkrantz, el hombre de Clarín, acusa a Ricardo Lorenzetti de haber desmantelado el área de Comunicación del Tribunal. Apunta a su antecesor por haber dejado "acéfala y sin personal suficiente" la Secretaría de Comunicación, debido a los traslados firmados por Lorenzetti en los días previos a su cese en el cargo.
 
Mientras que Lorenzetti acusa al nuevo presidente del Tribunal de querer privatizar el área de comunicación. El exsupremo emitió una carta donde señala que Rosenkrantz ha generado "un clima de tensión, de temor y de amenazas telefónicas, ataque a los derechos laborales y de género" en la Corte Suprema de Justicia.
 
En los días previos al traspaso de mando de la presidencia de la Corte, Lorenzetti traslado al personal del área de Comunicaciones, a distintos ámbitos de la Corte, por lo que el equipo de profesionales del sector se redujo de dieciocho a seis empleados. Entre los desplazados se encuentra María Bourdin (una incondicional de Lorenzetti), responsable del CIJ y de su segundo, Pablo Méndez.
 
Por este motivo el actual Presidente de la Corte emitió una resolución que provocó una disputa interna entre la nueva y la vieja conducción del Tribunal. Para el santafecino, según lo que informa a través de su carta, la resolución emitida de Rosenkrantz viola las normas del funcionamiento de oficinas dependientes de la Corte, donde cualquier medida que se tome debe discutirse y adoptarse por acuerdo en una reunión entre ministros.
 
En la carta, Lorenzetti acusa al juez favorito de Macri de atacar derechos laborales y de género. "Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un Secretario de Corte (que tiene el rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante, y de la independencia que se le debe a un periodista profesional".
 
Lorenzetti anhelaba extender su cargo en la presidencia de la Corte. Llevaba "tan solo" once años en ese cargo. Pero sus pares decidieron por mayoría elegir a Rosenkrantz como nuevo titular de la Corte. La sucesión se había dado en el marco de las formalidades y la corrección política, donde se ocultaba la interna que había entre ellos. Pasaron solo algunos días hasta que se hiciera pública las diferencias entre ambos.
 
Los cruces de ayer demuestran que la sucesión no será fácil, y que el exsupremo continuará en la sombra peleando por cuotas de poder. Eso sí, los privilegios que tienen estos jueces no corren peligro. En esto cierran filas los que están y los que se fueron. Seguirán cobrando jubilaciones de privilegio, no pagando impuesto a las ganancias y disfrutando de largas vacaciones pagas.
 
La Opinión Popular

 
ESTALLO LA INTERNA EN LA CORTE SUPREMA
 
Corte mano, corte fierro
 
Una pelea por el manejo de la comunicación y la información del Poder Judicial puso en escena la interna salvaje que atraviesa la Corte Suprema.
 
Todo empezó con una resolución del nuevo presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, donde responsabilizaba a su antecesor, Ricardo Lorenzetti, de vaciar, paralizar y retacearle las claves de acceso de la página web del Centro de Información Judicial (CIJ).
 
Pero la respuesta del supremo desplazado llegó rápido, en una carta donde lo acusa de maltratar a la funcionaria que manejaba esa publicación "apartándose de la política de violencia de género y protección a la mujer", le endilga un intento por privatizar ese sitio y haber creado un clima de "tensión, de temor, de amenazas telefónicas y falta de respeto a los derechos del trabajador y de la persona humana, así como a los procedimientos internos".
 
"Lamento muchísimo semejante mediocridad", dice el texto de Lorenzetti que -además- le adjudica a su colega gestos propios de "épocas que hemos querido superar", en una alusión elíptica a la Corte adicta de los años noventa.
 
Todo este tiroteo verbal sucedía mientras transcurría el J20, con la presencia de jueces y juezas de cortes de todos los países que integran el G20.
 
La primera foto que publicó ayer el CIJ, ya bajo dominio de Rosenkrantz, es un retrato de la Corte en pleno, con Mauricio Macri en el centro, casi como un supremo más, en el contexto de esa reunión internacional en la que hasta hace unas semanas iba a ser Lorenzetti el principal orador que daría la bienvenida, hasta que sus colegas le cortaron el mandato.
 
Con los últimos preparativos para la cena de bienvenida para los participantes del J20 en el Palacio de Justicia, el lunes por la tarde se conoció una resolución firmada por Rosenkrantz en la que atribuía a Lorenzetti del desmantelamiento del CIJ.
 
En parte, porque había decidido trasladar a la mayoría de su personal a otras dependencias antes de dejar la presidencia, entre ellas a su propia vocalía, como es el caso de María Bourdin, que comandaba el CIJ y la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, y su subdirector, Pablo Méndez.
 
Esa área, criticó el flamante presidente, "ha quedado acéfala y sin personal suficiente", "lo que ha hecho imposible su funcionamiento comprometiendo de ese modo los trascendentes objetivos que dieron lugar a su creación".
 
Pero atribuyó la paralización del sitio en cuestión, que brinda información sobre fallos y la actividad de la Corte, a que Lorenzetti y equipo le negaban las claves y dispositivos tecnológicos de acceso.
 
Rosenkrantz había mandado a un consultor externo, privado, a pedir esa información para el manejo informático. En teoría, lo había contratado para el J20. Y le dijeron que no, precisamente por su ajenidad al Poder Judicial.
 
Como represalia, le abrió un sumario a Méndez. Su resolución, además, afirma que el CIJ depende  de "la autoridad directa (el subrayado es de Rosenkrantz) del Presidente del Tribunal", que "debe contar de modo urgente con los medios para continuar el servicio provisto por el CIJ entre los que se cuentan el acceso exclusivo e irrestricto a la página web". Finalmente, instruía al secretario general de administración a su "recuperación".
 
La interna suprema era visible desde hacía tiempo, aunque quedó plasmada en el desplazamiento anticipado de Lorenzetti de la presidencia -bienvenido por el gobierno de Cambiemos, que además ve en Rosenkrantz y aliado- y adquirió un cariz novelesco a partir de la pulseada sobre el CIJ, que posiblemente se traslade pronto a otras áreas y temas, como la administración, la organización interna, y las escuchas telefónicas, entra otras.
 
Algo impactante del día de ayer, fue que mientras Rosenkrantz le daba cuerpo a su primer discurso como presidente supremo ante los titulares de cortes supremas de los países del G20, y reivindicaba "las reglas" como único camino para el "desarrollo equitativo y sustentable" y "la cooperación", Lorenzetti se preparaba para enviar la carta que lo acusa de pretender "modificar  principios fundamentales" del "funcionamiento y jurisprudencia" de la Corte. "Ha costado mucho cambiar lo que había", insistió en aludir con un mensaje subliminal a la vieja corte políticamente adicta del menemismo.
 
"Me ha sorprendido su resolución número 3018 que ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar. Lamento muchísimo semejante mediocridad pero, estando en juego el prestigio de la institución me veo obligado a contestar", dice al comienzo la carta a Rosenkrantz.
 
Luego describe hechos: "Usted se apersonó en el despacho de la secretaria de Comunicaciones (Bourdin)  efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del CIJ. Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un secretario de Corte (que tiene rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante...".
 
A partir de ese relato, explica que Bourdin "para mantener su dignidad profesional y no obstaculizar" pidió su traslado, igual que otros empleados. Y le aclara, con un dejo de ironía, que "si lo desea puede pedirles que se vuelvan" pero "lo que no puede hacer es obligarlos".
 
Hasta aquí, la paradójica denuncia de una escena con tintes de violencia de género, en la única Corte Suprema que tiene una oficina especializada en recibir denuncias de esa temática.
 
Luego, le señala que mandó a una persona que pertenece a una consultara privada, Ariel Alberto Neuman, para que le entregaran a él toda la documentación. Le recrimina que debió plantear la cuestión en el acuerdo de los supremos, pero en cambio "ordenó telefónicamente pedidos de sumarios a quienes estaban ya en otros sitios".  
 
"Nunca ocurrió en la Corte algo así. El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea" del CIJ, "de menos de una semana" y que "era perfectamente solucionable con un comportamiento razonable".
 
Lorenzetti le recrimina a Rosenkrantz pasar por encima de los procedimientos habituales, como llevar al plenario de jueces la propuesta de un nuevo secretario o secretaria. "No hay razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas que no fueron habladas antes entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal", enfatiza.
 
Como una de las mayores críticas que recibió Lorenzetti de los colegas que lo desplazaron de la presidencia (junto con Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti) es su personalismo, en el texto trata de mostrar a su sucesor como portador esas características, y le explica como a alguien que ignora acuerdos básicos que "el presidente de la Corte debe expresar las decisiones del tribunal", no las propias, y que en los últimos años "se ejecutó una política de descentralización de las área se presidencia, cambiando el modelo personalista y concentrado que existía con anterioridad".
 
Y por eso, señala, cada quien asumió un papel en particular y se hizo cargo de un área: Highton en la Oficina de violencia doméstica, Carmen Argibay en la oficina de la Mujer y la Morgue, Juan Carlos Maqueda la obra social  y Raúl Zaffaroni en la biblioteca y el Centro de Investigaciones.
 
"La secretaría de Comunicaciones depende del pleno de ministros (...) como todas las secretarías", refuta a Ronsenkrantz.  También recuerda que el CIJ se creó en 2006 como fruto de una Conferencia Nacional de Jueces, cuando presidía la Corte Enrique Petracchi pero Lorenzetti ya se proyectaba al mando.
 
El CIJ tiene una carga simbólica muy fuerte, porque cambió toda una historia de incomunicación del Poder Judicial hacia la sociedad. Fue innovador en un poder del Estado acostumbrado a la excusa de que sólo habla por sus sentencias. Comenzó a publicar fallos de jueces de todas las instancias y la actividad de la Corte y se volvió una herramienta útil dentro y fuera de tribunales.
 
Con el tiempo también quedó claro que empezaba a ser utilizado con intencionalidad política: había un sesgo en la selección de las sentencias publicadas y los jueces favoritos, así como en el modo de titular noticias, además de abundante información sobre actividades del ex titular supremo.
 
Fue interesante como muestra de que la neutralidad judicial es una quimera. Para Rosenkrantz manejar "directamente" el CIJ, no es menor. Es el dominio sobre la producción de la materia prima de las noticias judiciales que luego se reproducen en los medios. 
 
En los pasillos supremos ayer a la tarde había funcionarios judiciales que señalaban que del texto de Lorenzetti se desprenden posibles delitos como abuso de violencia de género, amenazas y abuso de autoridad. La duda es si esto terminará en denuncia.
 
¿Intervendrá también, por ejemplo, la oficina que dirige Highton, la vicepresidenta suprema? ¿Se tratará el tema en el próximo acuerdo? Por lo pronto, hoy en el J20, le toca exponer a la jueza, a Maqueda y al propio Rosenkrantz. Rosatti recibirá una distinción de la academia de Ciencias Morales y el cierre estaría a cargo de Lorenzetti.
 
Por Irina Hauser
Por Rosa D'Alesio
 
Fuentes: Página 12 y La Izquierda Diario
 

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06-06-2020 / 10:06
¿Te acordás de Mauricio Macri hablando sobre la importancia de la libertad de prensa? Bueno, ahora sabemos que usó la AFI para espiar a 403 periodistas. A ver si queda claro: Macri mandó a espiar a 403 periodistas, muchos de ellos integrantes del famoso whatsapp presidencial. Se creyeron parte del poder, eran apenas unos boludos útiles del macrismo.  
 
"Siempre con posturas contra el Gobierno". "Se opone fuertemente al kirchnerismo". "Hay una (foto) con Estela de Carlotto". "Se destaca que en FB la única pagina de políticos a la que le dio 'Me Gusta' es a la de Laura Alonso". "Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenidos feminista". "En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos". Estas frases figuran en algunas de las fichas de 403 periodistas que fueron espiados de manera ilegal.
 
También han sido espiados Jorge Rubén Lugones, obispo diocesano de Lomas de Zamora; los periodistas del diario macrista La Nación Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun, quien estuvo a cargo de intervenir comunicaciones; la diputada Graciela Camaño, su esposo y  gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.
 
También el ex diputado del PRO Nicolás Massot, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además del ex alcalde de La Plata, Pablo Bruera. Y el sacerdote José María "Pepe" Di Paola, del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Salvatore Pica (pareja de la Florencia Macri, hermana menor del ex presidente); e integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina. Todos fueron o serán notificados.
 

06-06-2020 / 09:06
Durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri una doctrina predominó en el gobierno. Los medios la denominaron "doctrina Chocobar". Como toda propuesta conservadora, la Chocobar no inventó nada sino que estimuló el lado oscuro, subyacente, que puja por aprovechar esa violencia en forma discrecional.
 
Además de la represión violenta a la protesta social, hubo grandes inversiones en equipo represivo, se elaboró un discurso que alentó a los efectivos de las fuerzas de seguridad a disparar antes de preguntar, garantizándoles protección mediática y judicial.
 
Una doctrina no es un discurso nada más. Requiere un programa, acción política para aplicarlo, complicidad mediática para bloquear la reacción de la sociedad y complicidad judicial para garantizar impunidad, como quedó demostrado en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
 
Esas son las fuerzas de seguridad que dejaron los cuatro años del gobierno del PRO, los radicales PRO y los seguidores de Carrió. Y en algunos casos esa práctica está aún más contaminada en algunas provincias, por el racismo y por prácticas feudales como si las policías fueran propiedad privada del poder económico local.
 
Alberto Fernández y su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, repudiaron estos abusos criminales de policías de San Luis, Tucumán y Chaco. "Venimos de cuatro años en los que todo esto estuvo habilitado", graficó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
 
La subsecretaria de Derechos Humanos del Chaco, Nayla Bosch, pertenece al CELS, y allí el gobierno provincial separó a los policías, inició la investigación y se sumó a la querella. No es la primera vez que se producen abusos contra la comunidad qom, pero ni el gobierno nacional ni el provincial reaccionaron para esconder el abuso policial como sucedió en los casos de Maldonado y de Rafael Nahuel y, por el contrario, se impulsó la investigación y la intervención de la justicia.
 

05-06-2020 / 12:06
Miguel Acevedo le sonrió todo lo que pudo a la camarita de su laptop. Estaba en su casa pero de saco y corbata, igual que el resto de los directivos de la Unión Industrial. -El milagro de la pandemia es que la AFIP sea la buena de la película. ¡Hay que agradecer!
 
Fue el martes a la tarde y Mercedes Marcó del Pont le acababa de dar dos buenas noticias en medio de la caída libre que atraviesa la economía: que la recaudación cayó un poco menos en mayo que en abril, tal como se oficializó al día siguiente, y que la semana que viene se deposita la parte de los sueldos que paga el Estado a los empleados cuyos patrones solicitaron la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
 
Con el malo de la película le tocó hablar anoche. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le prometió -también por videoconferencia- que no complicará el acceso a dólares de las industrias que quieran importar.
 
La inquietud de todo el empresariado apareció el viernes pasado, cuando Pesce estableció que las empresas que posean dólares declarados en el exterior deberán usarlos para pagar las importaciones que quieran hacer. Y que recién cuando los hayan gastado podrán acceder a más en el mercado oficial.
 
Acevedo ya había protestado diplomáticamente contra esa resolución anteayer, cuando Alberto Fernández lo recibió en Olivos junto a una docena de CEOs de grandes empresas, como Javier Madanes (Aluar), Luis Pagani (Arcor), Sergio Kaufman (Accenture), Luis Perez Companc (Molinos) y Daniel Herrero (Toyota).
 
El Presidente lo miró a Matías Kulfas. "Es algo temporario", aclaró el ministro de Producción. "Y además, con los insumos para la industria no deberían tener problema", agregó.
 

05-06-2020 / 11:06
04-06-2020 / 11:06
"Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público", indicó el partido de la derecha en un comunicado que firmó el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, pero no la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien -como ministra de Seguridad- justificó el asesinato por la espalda de personas a manos de policías y prefectos.
 
Se entiende por qué la omisión: como ministra de Seguridad, Bullrich justificó cuanto acto de violencia institucional ocurrió durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. El mandatario, dicho sea de paso, recibió en Casa Rosada y felicitó al policía Luis Chocobar, mientras estaba siendo investigando penalmente por matar por la espalda al sospechoso de un delito.
 
Bullrich también justificó el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda por parte de integrantes de la Prefectura. Antes de que siquiera comenzara la investigación penal, la ministra emitió un comunicado en el cual aseguró que los prefectos habían sido atacados por poco menos que un comando guerrillero.
 
Nunca se encontraron evidencias de esto, pero la entonces ministra jamás se retractó. De hecho, dijo que en casos de violencia institucional como ese "no necesitamos pruebas: le otorgamos el carácter de verdad a la versión de Prefectura". Lo mismo hizo a lo largo de las semanas y semanas que estuvo desaparecido Santiago Maldonado: defendió sin pruebas a los gendarmes y se negó a hablar de desaparición forzada (un término que, por suerte, ahora el PRO aprendió a usar en su comunicado).
 
La nueva posición del PRO despertó ironías y críticas en las redes, donde no dudaron de tildarlos de farsantes. 

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