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Nacionales - 10-10-2018 / 09:10
ESTALLÓ LA INTERNA EN LA CORTE SUPREMA

Acusaciones cruzadas entre Lorenzetti y Rosenkrantz por el control del portal judicial

Acusaciones cruzadas entre Lorenzetti y Rosenkrantz por el control del portal judicial
En una resurrección de la Corte adicta de los años noventa, Rosenkrantz, el favorito de Macri y de Clarín, responsabilizó a su antecesor por el vaciamiento de la comunicación del tribunal. En su respuesta, Lorenzetti lo acusó de “mediocre y autoritario”, de generar “un clima de temor y amenazas” y de maltratar a una funcionaria. “Nunca en la Corte se vio algo así”, aseguró.
El Centro de Información Judicial (CIJ) es el tema de disputa entre el expresidente de la Corte y su sucesor. Carlos Rosenkrantz, el hombre de Clarín, acusa a Ricardo Lorenzetti de haber desmantelado el área de Comunicación del Tribunal. Apunta a su antecesor por haber dejado "acéfala y sin personal suficiente" la Secretaría de Comunicación, debido a los traslados firmados por Lorenzetti en los días previos a su cese en el cargo.
 
Mientras que Lorenzetti acusa al nuevo presidente del Tribunal de querer privatizar el área de comunicación. El exsupremo emitió una carta donde señala que Rosenkrantz ha generado "un clima de tensión, de temor y de amenazas telefónicas, ataque a los derechos laborales y de género" en la Corte Suprema de Justicia.
 
En los días previos al traspaso de mando de la presidencia de la Corte, Lorenzetti traslado al personal del área de Comunicaciones, a distintos ámbitos de la Corte, por lo que el equipo de profesionales del sector se redujo de dieciocho a seis empleados. Entre los desplazados se encuentra María Bourdin (una incondicional de Lorenzetti), responsable del CIJ y de su segundo, Pablo Méndez.
 
Por este motivo el actual Presidente de la Corte emitió una resolución que provocó una disputa interna entre la nueva y la vieja conducción del Tribunal. Para el santafecino, según lo que informa a través de su carta, la resolución emitida de Rosenkrantz viola las normas del funcionamiento de oficinas dependientes de la Corte, donde cualquier medida que se tome debe discutirse y adoptarse por acuerdo en una reunión entre ministros.
 
En la carta, Lorenzetti acusa al juez favorito de Macri de atacar derechos laborales y de género. "Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un Secretario de Corte (que tiene el rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante, y de la independencia que se le debe a un periodista profesional".
 
Lorenzetti anhelaba extender su cargo en la presidencia de la Corte. Llevaba "tan solo" once años en ese cargo. Pero sus pares decidieron por mayoría elegir a Rosenkrantz como nuevo titular de la Corte. La sucesión se había dado en el marco de las formalidades y la corrección política, donde se ocultaba la interna que había entre ellos. Pasaron solo algunos días hasta que se hiciera pública las diferencias entre ambos.
 
Los cruces de ayer demuestran que la sucesión no será fácil, y que el exsupremo continuará en la sombra peleando por cuotas de poder. Eso sí, los privilegios que tienen estos jueces no corren peligro. En esto cierran filas los que están y los que se fueron. Seguirán cobrando jubilaciones de privilegio, no pagando impuesto a las ganancias y disfrutando de largas vacaciones pagas.
 
La Opinión Popular

 
ESTALLO LA INTERNA EN LA CORTE SUPREMA
 
Corte mano, corte fierro
 
Una pelea por el manejo de la comunicación y la información del Poder Judicial puso en escena la interna salvaje que atraviesa la Corte Suprema.
 
Todo empezó con una resolución del nuevo presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, donde responsabilizaba a su antecesor, Ricardo Lorenzetti, de vaciar, paralizar y retacearle las claves de acceso de la página web del Centro de Información Judicial (CIJ).
 
Pero la respuesta del supremo desplazado llegó rápido, en una carta donde lo acusa de maltratar a la funcionaria que manejaba esa publicación "apartándose de la política de violencia de género y protección a la mujer", le endilga un intento por privatizar ese sitio y haber creado un clima de "tensión, de temor, de amenazas telefónicas y falta de respeto a los derechos del trabajador y de la persona humana, así como a los procedimientos internos".
 
"Lamento muchísimo semejante mediocridad", dice el texto de Lorenzetti que -además- le adjudica a su colega gestos propios de "épocas que hemos querido superar", en una alusión elíptica a la Corte adicta de los años noventa.
 
Todo este tiroteo verbal sucedía mientras transcurría el J20, con la presencia de jueces y juezas de cortes de todos los países que integran el G20.
 
La primera foto que publicó ayer el CIJ, ya bajo dominio de Rosenkrantz, es un retrato de la Corte en pleno, con Mauricio Macri en el centro, casi como un supremo más, en el contexto de esa reunión internacional en la que hasta hace unas semanas iba a ser Lorenzetti el principal orador que daría la bienvenida, hasta que sus colegas le cortaron el mandato.
 
Con los últimos preparativos para la cena de bienvenida para los participantes del J20 en el Palacio de Justicia, el lunes por la tarde se conoció una resolución firmada por Rosenkrantz en la que atribuía a Lorenzetti del desmantelamiento del CIJ.
 
En parte, porque había decidido trasladar a la mayoría de su personal a otras dependencias antes de dejar la presidencia, entre ellas a su propia vocalía, como es el caso de María Bourdin, que comandaba el CIJ y la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, y su subdirector, Pablo Méndez.
 
Esa área, criticó el flamante presidente, "ha quedado acéfala y sin personal suficiente", "lo que ha hecho imposible su funcionamiento comprometiendo de ese modo los trascendentes objetivos que dieron lugar a su creación".
 
Pero atribuyó la paralización del sitio en cuestión, que brinda información sobre fallos y la actividad de la Corte, a que Lorenzetti y equipo le negaban las claves y dispositivos tecnológicos de acceso.
 
Rosenkrantz había mandado a un consultor externo, privado, a pedir esa información para el manejo informático. En teoría, lo había contratado para el J20. Y le dijeron que no, precisamente por su ajenidad al Poder Judicial.
 
Como represalia, le abrió un sumario a Méndez. Su resolución, además, afirma que el CIJ depende  de "la autoridad directa (el subrayado es de Rosenkrantz) del Presidente del Tribunal", que "debe contar de modo urgente con los medios para continuar el servicio provisto por el CIJ entre los que se cuentan el acceso exclusivo e irrestricto a la página web". Finalmente, instruía al secretario general de administración a su "recuperación".
 
La interna suprema era visible desde hacía tiempo, aunque quedó plasmada en el desplazamiento anticipado de Lorenzetti de la presidencia -bienvenido por el gobierno de Cambiemos, que además ve en Rosenkrantz y aliado- y adquirió un cariz novelesco a partir de la pulseada sobre el CIJ, que posiblemente se traslade pronto a otras áreas y temas, como la administración, la organización interna, y las escuchas telefónicas, entra otras.
 
Algo impactante del día de ayer, fue que mientras Rosenkrantz le daba cuerpo a su primer discurso como presidente supremo ante los titulares de cortes supremas de los países del G20, y reivindicaba "las reglas" como único camino para el "desarrollo equitativo y sustentable" y "la cooperación", Lorenzetti se preparaba para enviar la carta que lo acusa de pretender "modificar  principios fundamentales" del "funcionamiento y jurisprudencia" de la Corte. "Ha costado mucho cambiar lo que había", insistió en aludir con un mensaje subliminal a la vieja corte políticamente adicta del menemismo.
 
"Me ha sorprendido su resolución número 3018 que ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar. Lamento muchísimo semejante mediocridad pero, estando en juego el prestigio de la institución me veo obligado a contestar", dice al comienzo la carta a Rosenkrantz.
 
Luego describe hechos: "Usted se apersonó en el despacho de la secretaria de Comunicaciones (Bourdin)  efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del CIJ. Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un secretario de Corte (que tiene rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante...".
 
A partir de ese relato, explica que Bourdin "para mantener su dignidad profesional y no obstaculizar" pidió su traslado, igual que otros empleados. Y le aclara, con un dejo de ironía, que "si lo desea puede pedirles que se vuelvan" pero "lo que no puede hacer es obligarlos".
 
Hasta aquí, la paradójica denuncia de una escena con tintes de violencia de género, en la única Corte Suprema que tiene una oficina especializada en recibir denuncias de esa temática.
 
Luego, le señala que mandó a una persona que pertenece a una consultara privada, Ariel Alberto Neuman, para que le entregaran a él toda la documentación. Le recrimina que debió plantear la cuestión en el acuerdo de los supremos, pero en cambio "ordenó telefónicamente pedidos de sumarios a quienes estaban ya en otros sitios".  
 
"Nunca ocurrió en la Corte algo así. El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea" del CIJ, "de menos de una semana" y que "era perfectamente solucionable con un comportamiento razonable".
 
Lorenzetti le recrimina a Rosenkrantz pasar por encima de los procedimientos habituales, como llevar al plenario de jueces la propuesta de un nuevo secretario o secretaria. "No hay razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas que no fueron habladas antes entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal", enfatiza.
 
Como una de las mayores críticas que recibió Lorenzetti de los colegas que lo desplazaron de la presidencia (junto con Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti) es su personalismo, en el texto trata de mostrar a su sucesor como portador esas características, y le explica como a alguien que ignora acuerdos básicos que "el presidente de la Corte debe expresar las decisiones del tribunal", no las propias, y que en los últimos años "se ejecutó una política de descentralización de las área se presidencia, cambiando el modelo personalista y concentrado que existía con anterioridad".
 
Y por eso, señala, cada quien asumió un papel en particular y se hizo cargo de un área: Highton en la Oficina de violencia doméstica, Carmen Argibay en la oficina de la Mujer y la Morgue, Juan Carlos Maqueda la obra social  y Raúl Zaffaroni en la biblioteca y el Centro de Investigaciones.
 
"La secretaría de Comunicaciones depende del pleno de ministros (...) como todas las secretarías", refuta a Ronsenkrantz.  También recuerda que el CIJ se creó en 2006 como fruto de una Conferencia Nacional de Jueces, cuando presidía la Corte Enrique Petracchi pero Lorenzetti ya se proyectaba al mando.
 
El CIJ tiene una carga simbólica muy fuerte, porque cambió toda una historia de incomunicación del Poder Judicial hacia la sociedad. Fue innovador en un poder del Estado acostumbrado a la excusa de que sólo habla por sus sentencias. Comenzó a publicar fallos de jueces de todas las instancias y la actividad de la Corte y se volvió una herramienta útil dentro y fuera de tribunales.
 
Con el tiempo también quedó claro que empezaba a ser utilizado con intencionalidad política: había un sesgo en la selección de las sentencias publicadas y los jueces favoritos, así como en el modo de titular noticias, además de abundante información sobre actividades del ex titular supremo.
 
Fue interesante como muestra de que la neutralidad judicial es una quimera. Para Rosenkrantz manejar "directamente" el CIJ, no es menor. Es el dominio sobre la producción de la materia prima de las noticias judiciales que luego se reproducen en los medios. 
 
En los pasillos supremos ayer a la tarde había funcionarios judiciales que señalaban que del texto de Lorenzetti se desprenden posibles delitos como abuso de violencia de género, amenazas y abuso de autoridad. La duda es si esto terminará en denuncia.
 
¿Intervendrá también, por ejemplo, la oficina que dirige Highton, la vicepresidenta suprema? ¿Se tratará el tema en el próximo acuerdo? Por lo pronto, hoy en el J20, le toca exponer a la jueza, a Maqueda y al propio Rosenkrantz. Rosatti recibirá una distinción de la academia de Ciencias Morales y el cierre estaría a cargo de Lorenzetti.
 
Por Irina Hauser
Por Rosa D'Alesio
 
Fuentes: Página 12 y La Izquierda Diario
 

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09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
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05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
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