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Nacionales - 10-10-2018 / 09:10
ESTALLÓ LA INTERNA EN LA CORTE SUPREMA

Acusaciones cruzadas entre Lorenzetti y Rosenkrantz por el control del portal judicial

Acusaciones cruzadas entre Lorenzetti y Rosenkrantz por el control del portal judicial
En una resurrección de la Corte adicta de los años noventa, Rosenkrantz, el favorito de Macri y de Clarín, responsabilizó a su antecesor por el vaciamiento de la comunicación del tribunal. En su respuesta, Lorenzetti lo acusó de “mediocre y autoritario”, de generar “un clima de temor y amenazas” y de maltratar a una funcionaria. “Nunca en la Corte se vio algo así”, aseguró.
El Centro de Información Judicial (CIJ) es el tema de disputa entre el expresidente de la Corte y su sucesor. Carlos Rosenkrantz, el hombre de Clarín, acusa a Ricardo Lorenzetti de haber desmantelado el área de Comunicación del Tribunal. Apunta a su antecesor por haber dejado "acéfala y sin personal suficiente" la Secretaría de Comunicación, debido a los traslados firmados por Lorenzetti en los días previos a su cese en el cargo.
 
Mientras que Lorenzetti acusa al nuevo presidente del Tribunal de querer privatizar el área de comunicación. El exsupremo emitió una carta donde señala que Rosenkrantz ha generado "un clima de tensión, de temor y de amenazas telefónicas, ataque a los derechos laborales y de género" en la Corte Suprema de Justicia.
 
En los días previos al traspaso de mando de la presidencia de la Corte, Lorenzetti traslado al personal del área de Comunicaciones, a distintos ámbitos de la Corte, por lo que el equipo de profesionales del sector se redujo de dieciocho a seis empleados. Entre los desplazados se encuentra María Bourdin (una incondicional de Lorenzetti), responsable del CIJ y de su segundo, Pablo Méndez.
 
Por este motivo el actual Presidente de la Corte emitió una resolución que provocó una disputa interna entre la nueva y la vieja conducción del Tribunal. Para el santafecino, según lo que informa a través de su carta, la resolución emitida de Rosenkrantz viola las normas del funcionamiento de oficinas dependientes de la Corte, donde cualquier medida que se tome debe discutirse y adoptarse por acuerdo en una reunión entre ministros.
 
En la carta, Lorenzetti acusa al juez favorito de Macri de atacar derechos laborales y de género. "Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un Secretario de Corte (que tiene el rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante, y de la independencia que se le debe a un periodista profesional".
 
Lorenzetti anhelaba extender su cargo en la presidencia de la Corte. Llevaba "tan solo" once años en ese cargo. Pero sus pares decidieron por mayoría elegir a Rosenkrantz como nuevo titular de la Corte. La sucesión se había dado en el marco de las formalidades y la corrección política, donde se ocultaba la interna que había entre ellos. Pasaron solo algunos días hasta que se hiciera pública las diferencias entre ambos.
 
Los cruces de ayer demuestran que la sucesión no será fácil, y que el exsupremo continuará en la sombra peleando por cuotas de poder. Eso sí, los privilegios que tienen estos jueces no corren peligro. En esto cierran filas los que están y los que se fueron. Seguirán cobrando jubilaciones de privilegio, no pagando impuesto a las ganancias y disfrutando de largas vacaciones pagas.
 
La Opinión Popular

 
ESTALLO LA INTERNA EN LA CORTE SUPREMA
 
Corte mano, corte fierro
 
Una pelea por el manejo de la comunicación y la información del Poder Judicial puso en escena la interna salvaje que atraviesa la Corte Suprema.
 
Todo empezó con una resolución del nuevo presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, donde responsabilizaba a su antecesor, Ricardo Lorenzetti, de vaciar, paralizar y retacearle las claves de acceso de la página web del Centro de Información Judicial (CIJ).
 
Pero la respuesta del supremo desplazado llegó rápido, en una carta donde lo acusa de maltratar a la funcionaria que manejaba esa publicación "apartándose de la política de violencia de género y protección a la mujer", le endilga un intento por privatizar ese sitio y haber creado un clima de "tensión, de temor, de amenazas telefónicas y falta de respeto a los derechos del trabajador y de la persona humana, así como a los procedimientos internos".
 
"Lamento muchísimo semejante mediocridad", dice el texto de Lorenzetti que -además- le adjudica a su colega gestos propios de "épocas que hemos querido superar", en una alusión elíptica a la Corte adicta de los años noventa.
 
Todo este tiroteo verbal sucedía mientras transcurría el J20, con la presencia de jueces y juezas de cortes de todos los países que integran el G20.
 
La primera foto que publicó ayer el CIJ, ya bajo dominio de Rosenkrantz, es un retrato de la Corte en pleno, con Mauricio Macri en el centro, casi como un supremo más, en el contexto de esa reunión internacional en la que hasta hace unas semanas iba a ser Lorenzetti el principal orador que daría la bienvenida, hasta que sus colegas le cortaron el mandato.
 
Con los últimos preparativos para la cena de bienvenida para los participantes del J20 en el Palacio de Justicia, el lunes por la tarde se conoció una resolución firmada por Rosenkrantz en la que atribuía a Lorenzetti del desmantelamiento del CIJ.
 
En parte, porque había decidido trasladar a la mayoría de su personal a otras dependencias antes de dejar la presidencia, entre ellas a su propia vocalía, como es el caso de María Bourdin, que comandaba el CIJ y la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, y su subdirector, Pablo Méndez.
 
Esa área, criticó el flamante presidente, "ha quedado acéfala y sin personal suficiente", "lo que ha hecho imposible su funcionamiento comprometiendo de ese modo los trascendentes objetivos que dieron lugar a su creación".
 
Pero atribuyó la paralización del sitio en cuestión, que brinda información sobre fallos y la actividad de la Corte, a que Lorenzetti y equipo le negaban las claves y dispositivos tecnológicos de acceso.
 
Rosenkrantz había mandado a un consultor externo, privado, a pedir esa información para el manejo informático. En teoría, lo había contratado para el J20. Y le dijeron que no, precisamente por su ajenidad al Poder Judicial.
 
Como represalia, le abrió un sumario a Méndez. Su resolución, además, afirma que el CIJ depende  de "la autoridad directa (el subrayado es de Rosenkrantz) del Presidente del Tribunal", que "debe contar de modo urgente con los medios para continuar el servicio provisto por el CIJ entre los que se cuentan el acceso exclusivo e irrestricto a la página web". Finalmente, instruía al secretario general de administración a su "recuperación".
 
La interna suprema era visible desde hacía tiempo, aunque quedó plasmada en el desplazamiento anticipado de Lorenzetti de la presidencia -bienvenido por el gobierno de Cambiemos, que además ve en Rosenkrantz y aliado- y adquirió un cariz novelesco a partir de la pulseada sobre el CIJ, que posiblemente se traslade pronto a otras áreas y temas, como la administración, la organización interna, y las escuchas telefónicas, entra otras.
 
Algo impactante del día de ayer, fue que mientras Rosenkrantz le daba cuerpo a su primer discurso como presidente supremo ante los titulares de cortes supremas de los países del G20, y reivindicaba "las reglas" como único camino para el "desarrollo equitativo y sustentable" y "la cooperación", Lorenzetti se preparaba para enviar la carta que lo acusa de pretender "modificar  principios fundamentales" del "funcionamiento y jurisprudencia" de la Corte. "Ha costado mucho cambiar lo que había", insistió en aludir con un mensaje subliminal a la vieja corte políticamente adicta del menemismo.
 
"Me ha sorprendido su resolución número 3018 que ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar. Lamento muchísimo semejante mediocridad pero, estando en juego el prestigio de la institución me veo obligado a contestar", dice al comienzo la carta a Rosenkrantz.
 
Luego describe hechos: "Usted se apersonó en el despacho de la secretaria de Comunicaciones (Bourdin)  efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del CIJ. Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un secretario de Corte (que tiene rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante...".
 
A partir de ese relato, explica que Bourdin "para mantener su dignidad profesional y no obstaculizar" pidió su traslado, igual que otros empleados. Y le aclara, con un dejo de ironía, que "si lo desea puede pedirles que se vuelvan" pero "lo que no puede hacer es obligarlos".
 
Hasta aquí, la paradójica denuncia de una escena con tintes de violencia de género, en la única Corte Suprema que tiene una oficina especializada en recibir denuncias de esa temática.
 
Luego, le señala que mandó a una persona que pertenece a una consultara privada, Ariel Alberto Neuman, para que le entregaran a él toda la documentación. Le recrimina que debió plantear la cuestión en el acuerdo de los supremos, pero en cambio "ordenó telefónicamente pedidos de sumarios a quienes estaban ya en otros sitios".  
 
"Nunca ocurrió en la Corte algo así. El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea" del CIJ, "de menos de una semana" y que "era perfectamente solucionable con un comportamiento razonable".
 
Lorenzetti le recrimina a Rosenkrantz pasar por encima de los procedimientos habituales, como llevar al plenario de jueces la propuesta de un nuevo secretario o secretaria. "No hay razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas que no fueron habladas antes entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal", enfatiza.
 
Como una de las mayores críticas que recibió Lorenzetti de los colegas que lo desplazaron de la presidencia (junto con Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti) es su personalismo, en el texto trata de mostrar a su sucesor como portador esas características, y le explica como a alguien que ignora acuerdos básicos que "el presidente de la Corte debe expresar las decisiones del tribunal", no las propias, y que en los últimos años "se ejecutó una política de descentralización de las área se presidencia, cambiando el modelo personalista y concentrado que existía con anterioridad".
 
Y por eso, señala, cada quien asumió un papel en particular y se hizo cargo de un área: Highton en la Oficina de violencia doméstica, Carmen Argibay en la oficina de la Mujer y la Morgue, Juan Carlos Maqueda la obra social  y Raúl Zaffaroni en la biblioteca y el Centro de Investigaciones.
 
"La secretaría de Comunicaciones depende del pleno de ministros (...) como todas las secretarías", refuta a Ronsenkrantz.  También recuerda que el CIJ se creó en 2006 como fruto de una Conferencia Nacional de Jueces, cuando presidía la Corte Enrique Petracchi pero Lorenzetti ya se proyectaba al mando.
 
El CIJ tiene una carga simbólica muy fuerte, porque cambió toda una historia de incomunicación del Poder Judicial hacia la sociedad. Fue innovador en un poder del Estado acostumbrado a la excusa de que sólo habla por sus sentencias. Comenzó a publicar fallos de jueces de todas las instancias y la actividad de la Corte y se volvió una herramienta útil dentro y fuera de tribunales.
 
Con el tiempo también quedó claro que empezaba a ser utilizado con intencionalidad política: había un sesgo en la selección de las sentencias publicadas y los jueces favoritos, así como en el modo de titular noticias, además de abundante información sobre actividades del ex titular supremo.
 
Fue interesante como muestra de que la neutralidad judicial es una quimera. Para Rosenkrantz manejar "directamente" el CIJ, no es menor. Es el dominio sobre la producción de la materia prima de las noticias judiciales que luego se reproducen en los medios. 
 
En los pasillos supremos ayer a la tarde había funcionarios judiciales que señalaban que del texto de Lorenzetti se desprenden posibles delitos como abuso de violencia de género, amenazas y abuso de autoridad. La duda es si esto terminará en denuncia.
 
¿Intervendrá también, por ejemplo, la oficina que dirige Highton, la vicepresidenta suprema? ¿Se tratará el tema en el próximo acuerdo? Por lo pronto, hoy en el J20, le toca exponer a la jueza, a Maqueda y al propio Rosenkrantz. Rosatti recibirá una distinción de la academia de Ciencias Morales y el cierre estaría a cargo de Lorenzetti.
 
Por Irina Hauser
Por Rosa D'Alesio
 
Fuentes: Página 12 y La Izquierda Diario
 

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13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
La Opinión Popular
 

10-12-2025 / 09:12
La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.
 
Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
 
Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios urbanos y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.
 
Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.
 
Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.
 
Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.
 
Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.
 
Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
 
"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.
 
Para armas, plata hay. De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados a EEUU? Las pelotas... A Milei, los yanquis lo toman de gil.

 

 

09-12-2025 / 08:12
La compra de los 24 aviones F-16 daneses, que entregarán 6 por año, expone el negociado millonario de Javier Milei con los aviones chatarra que no cambian la correlación estratégica ante un eventual conflicto en el Atlántico Sur. Los F-16 son antiguos e inútiles para nuestra principal hipótesis de conflicto. El avión elegido carece de misiles modernos de largo alcance, capacidades SEAD/DEAD, apoyo AWACS y autonomía suficiente para operar a grandes distancias. Y la infraestructura de mantenimiento de la Fuerza Aérea está por debajo de los estándares necesarios. La OTAN jamás lo permitiría.
 
Estados Unidos y el Reino Unido -ambos miembros de la OTAN- mantienen restricciones tecnológicas que limitan cualquier avance argentino en términos de disuasión real. Seguimos igual de indefensos que antes, a pesar de la celebración marketinera del Gobierno libertario. Las críticas a la compra de los aviones F-16 por parte de Argentina son variadas y provienen de diferentes sectores, abarcando aspectos económicos, militares y geopolíticos. Un resumen de los principales puntos de crítica:
 
Alto Costo de Operación: la hora de vuelo de un F-16 es muy cara (rondan entre los $10.000 y $20.000 dólares). En un contexto de ajuste fiscal, esto generaría dudas sobre si el país tendrá los fondos necesarios para mantener los aviones operativos y entrenar adecuadamente a los pilotos.

Prioridades de Gasto: Hay críticas sobre destinar una suma importante del presupuesto de defensa (alrededor de $650 millones de dólares para el paquete completo contra un euro que pagó Rumania) a aviones, en lugar de utilizar esos recursos en áreas con mayores necesidades sociales o productivas. Esos dólares que nos prestan no son para un Procrear, son para comprar aviones obsoletos y equipos en mal estado.

Inversión en Infraestructura: Además del costo de compra y operación, se requiere una inversión adicional significativa para actualizar y readecuar las bases aéreas, pistas, talleres y sistemas logísticos para poder soportar la operación de estas aeronaves.

Aviones Usados y Desfase Tecnológico: Aunque modernizados, los aviones son de segunda mano (Europa los está reemplazando por F-35 de quinta generación) y tienen 40 años de antigüedad. Esto no representa la "última tecnología" y Argentina queda rezagada frente a los avances en aviación de combate, cuando los drones y los sistemas no tripulados están redefiniendo el combate aéreo.

Insuficiente para la Extensión Territorial: Argentina es el octavo país más extenso del mundo. Una flota de 24 aviones no es suficiente para cubrir eficazmente todo el territorio nacional y su espacio aéreo.
 
Limitaciones Logísticas y Técnicas: el F-16 tiene un sistema de reabastecimiento en vuelo por pértiga rígida, lo cual es un problema, ya que la Fuerza Aérea Argentina utiliza un sistema de cesta y manguera, lo que obligaría a readecuar la flota de tanqueros o a depender exclusivamente del sistema rígido.
 
La compra de armamento estadounidense fomenta un claro alineamiento cipayo con Estados Unidos y la OTAN. Esto limita la soberanía en política exterior y que todo el control logístico, mantenimiento y la provisión de repuestos queden sujetos al visto bueno de los EEUU (y a las restricciones impuestas por el Reino Unido), como ha ocurrido históricamente con otras ventas militares. La elección del F-16 priorizó el alineamiento internacional por sobre otras opciones, como los aviones chinos JF-17 (más modernos y que incluían armamento), los cuales fueron objetados por Gran Bretaña.
 
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