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Nacionales - 10-10-2018 / 09:10
ESTALLÓ LA INTERNA EN LA CORTE SUPREMA

Acusaciones cruzadas entre Lorenzetti y Rosenkrantz por el control del portal judicial

Acusaciones cruzadas entre Lorenzetti y Rosenkrantz por el control del portal judicial
En una resurrección de la Corte adicta de los años noventa, Rosenkrantz, el favorito de Macri y de Clarín, responsabilizó a su antecesor por el vaciamiento de la comunicación del tribunal. En su respuesta, Lorenzetti lo acusó de “mediocre y autoritario”, de generar “un clima de temor y amenazas” y de maltratar a una funcionaria. “Nunca en la Corte se vio algo así”, aseguró.
El Centro de Información Judicial (CIJ) es el tema de disputa entre el expresidente de la Corte y su sucesor. Carlos Rosenkrantz, el hombre de Clarín, acusa a Ricardo Lorenzetti de haber desmantelado el área de Comunicación del Tribunal. Apunta a su antecesor por haber dejado "acéfala y sin personal suficiente" la Secretaría de Comunicación, debido a los traslados firmados por Lorenzetti en los días previos a su cese en el cargo.
 
Mientras que Lorenzetti acusa al nuevo presidente del Tribunal de querer privatizar el área de comunicación. El exsupremo emitió una carta donde señala que Rosenkrantz ha generado "un clima de tensión, de temor y de amenazas telefónicas, ataque a los derechos laborales y de género" en la Corte Suprema de Justicia.
 
En los días previos al traspaso de mando de la presidencia de la Corte, Lorenzetti traslado al personal del área de Comunicaciones, a distintos ámbitos de la Corte, por lo que el equipo de profesionales del sector se redujo de dieciocho a seis empleados. Entre los desplazados se encuentra María Bourdin (una incondicional de Lorenzetti), responsable del CIJ y de su segundo, Pablo Méndez.
 
Por este motivo el actual Presidente de la Corte emitió una resolución que provocó una disputa interna entre la nueva y la vieja conducción del Tribunal. Para el santafecino, según lo que informa a través de su carta, la resolución emitida de Rosenkrantz viola las normas del funcionamiento de oficinas dependientes de la Corte, donde cualquier medida que se tome debe discutirse y adoptarse por acuerdo en una reunión entre ministros.
 
En la carta, Lorenzetti acusa al juez favorito de Macri de atacar derechos laborales y de género. "Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un Secretario de Corte (que tiene el rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante, y de la independencia que se le debe a un periodista profesional".
 
Lorenzetti anhelaba extender su cargo en la presidencia de la Corte. Llevaba "tan solo" once años en ese cargo. Pero sus pares decidieron por mayoría elegir a Rosenkrantz como nuevo titular de la Corte. La sucesión se había dado en el marco de las formalidades y la corrección política, donde se ocultaba la interna que había entre ellos. Pasaron solo algunos días hasta que se hiciera pública las diferencias entre ambos.
 
Los cruces de ayer demuestran que la sucesión no será fácil, y que el exsupremo continuará en la sombra peleando por cuotas de poder. Eso sí, los privilegios que tienen estos jueces no corren peligro. En esto cierran filas los que están y los que se fueron. Seguirán cobrando jubilaciones de privilegio, no pagando impuesto a las ganancias y disfrutando de largas vacaciones pagas.
 
La Opinión Popular

 
ESTALLO LA INTERNA EN LA CORTE SUPREMA
 
Corte mano, corte fierro
 
Una pelea por el manejo de la comunicación y la información del Poder Judicial puso en escena la interna salvaje que atraviesa la Corte Suprema.
 
Todo empezó con una resolución del nuevo presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, donde responsabilizaba a su antecesor, Ricardo Lorenzetti, de vaciar, paralizar y retacearle las claves de acceso de la página web del Centro de Información Judicial (CIJ).
 
Pero la respuesta del supremo desplazado llegó rápido, en una carta donde lo acusa de maltratar a la funcionaria que manejaba esa publicación "apartándose de la política de violencia de género y protección a la mujer", le endilga un intento por privatizar ese sitio y haber creado un clima de "tensión, de temor, de amenazas telefónicas y falta de respeto a los derechos del trabajador y de la persona humana, así como a los procedimientos internos".
 
"Lamento muchísimo semejante mediocridad", dice el texto de Lorenzetti que -además- le adjudica a su colega gestos propios de "épocas que hemos querido superar", en una alusión elíptica a la Corte adicta de los años noventa.
 
Todo este tiroteo verbal sucedía mientras transcurría el J20, con la presencia de jueces y juezas de cortes de todos los países que integran el G20.
 
La primera foto que publicó ayer el CIJ, ya bajo dominio de Rosenkrantz, es un retrato de la Corte en pleno, con Mauricio Macri en el centro, casi como un supremo más, en el contexto de esa reunión internacional en la que hasta hace unas semanas iba a ser Lorenzetti el principal orador que daría la bienvenida, hasta que sus colegas le cortaron el mandato.
 
Con los últimos preparativos para la cena de bienvenida para los participantes del J20 en el Palacio de Justicia, el lunes por la tarde se conoció una resolución firmada por Rosenkrantz en la que atribuía a Lorenzetti del desmantelamiento del CIJ.
 
En parte, porque había decidido trasladar a la mayoría de su personal a otras dependencias antes de dejar la presidencia, entre ellas a su propia vocalía, como es el caso de María Bourdin, que comandaba el CIJ y la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, y su subdirector, Pablo Méndez.
 
Esa área, criticó el flamante presidente, "ha quedado acéfala y sin personal suficiente", "lo que ha hecho imposible su funcionamiento comprometiendo de ese modo los trascendentes objetivos que dieron lugar a su creación".
 
Pero atribuyó la paralización del sitio en cuestión, que brinda información sobre fallos y la actividad de la Corte, a que Lorenzetti y equipo le negaban las claves y dispositivos tecnológicos de acceso.
 
Rosenkrantz había mandado a un consultor externo, privado, a pedir esa información para el manejo informático. En teoría, lo había contratado para el J20. Y le dijeron que no, precisamente por su ajenidad al Poder Judicial.
 
Como represalia, le abrió un sumario a Méndez. Su resolución, además, afirma que el CIJ depende  de "la autoridad directa (el subrayado es de Rosenkrantz) del Presidente del Tribunal", que "debe contar de modo urgente con los medios para continuar el servicio provisto por el CIJ entre los que se cuentan el acceso exclusivo e irrestricto a la página web". Finalmente, instruía al secretario general de administración a su "recuperación".
 
La interna suprema era visible desde hacía tiempo, aunque quedó plasmada en el desplazamiento anticipado de Lorenzetti de la presidencia -bienvenido por el gobierno de Cambiemos, que además ve en Rosenkrantz y aliado- y adquirió un cariz novelesco a partir de la pulseada sobre el CIJ, que posiblemente se traslade pronto a otras áreas y temas, como la administración, la organización interna, y las escuchas telefónicas, entra otras.
 
Algo impactante del día de ayer, fue que mientras Rosenkrantz le daba cuerpo a su primer discurso como presidente supremo ante los titulares de cortes supremas de los países del G20, y reivindicaba "las reglas" como único camino para el "desarrollo equitativo y sustentable" y "la cooperación", Lorenzetti se preparaba para enviar la carta que lo acusa de pretender "modificar  principios fundamentales" del "funcionamiento y jurisprudencia" de la Corte. "Ha costado mucho cambiar lo que había", insistió en aludir con un mensaje subliminal a la vieja corte políticamente adicta del menemismo.
 
"Me ha sorprendido su resolución número 3018 que ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar. Lamento muchísimo semejante mediocridad pero, estando en juego el prestigio de la institución me veo obligado a contestar", dice al comienzo la carta a Rosenkrantz.
 
Luego describe hechos: "Usted se apersonó en el despacho de la secretaria de Comunicaciones (Bourdin)  efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del CIJ. Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un secretario de Corte (que tiene rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante...".
 
A partir de ese relato, explica que Bourdin "para mantener su dignidad profesional y no obstaculizar" pidió su traslado, igual que otros empleados. Y le aclara, con un dejo de ironía, que "si lo desea puede pedirles que se vuelvan" pero "lo que no puede hacer es obligarlos".
 
Hasta aquí, la paradójica denuncia de una escena con tintes de violencia de género, en la única Corte Suprema que tiene una oficina especializada en recibir denuncias de esa temática.
 
Luego, le señala que mandó a una persona que pertenece a una consultara privada, Ariel Alberto Neuman, para que le entregaran a él toda la documentación. Le recrimina que debió plantear la cuestión en el acuerdo de los supremos, pero en cambio "ordenó telefónicamente pedidos de sumarios a quienes estaban ya en otros sitios".  
 
"Nunca ocurrió en la Corte algo así. El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea" del CIJ, "de menos de una semana" y que "era perfectamente solucionable con un comportamiento razonable".
 
Lorenzetti le recrimina a Rosenkrantz pasar por encima de los procedimientos habituales, como llevar al plenario de jueces la propuesta de un nuevo secretario o secretaria. "No hay razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas que no fueron habladas antes entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal", enfatiza.
 
Como una de las mayores críticas que recibió Lorenzetti de los colegas que lo desplazaron de la presidencia (junto con Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti) es su personalismo, en el texto trata de mostrar a su sucesor como portador esas características, y le explica como a alguien que ignora acuerdos básicos que "el presidente de la Corte debe expresar las decisiones del tribunal", no las propias, y que en los últimos años "se ejecutó una política de descentralización de las área se presidencia, cambiando el modelo personalista y concentrado que existía con anterioridad".
 
Y por eso, señala, cada quien asumió un papel en particular y se hizo cargo de un área: Highton en la Oficina de violencia doméstica, Carmen Argibay en la oficina de la Mujer y la Morgue, Juan Carlos Maqueda la obra social  y Raúl Zaffaroni en la biblioteca y el Centro de Investigaciones.
 
"La secretaría de Comunicaciones depende del pleno de ministros (...) como todas las secretarías", refuta a Ronsenkrantz.  También recuerda que el CIJ se creó en 2006 como fruto de una Conferencia Nacional de Jueces, cuando presidía la Corte Enrique Petracchi pero Lorenzetti ya se proyectaba al mando.
 
El CIJ tiene una carga simbólica muy fuerte, porque cambió toda una historia de incomunicación del Poder Judicial hacia la sociedad. Fue innovador en un poder del Estado acostumbrado a la excusa de que sólo habla por sus sentencias. Comenzó a publicar fallos de jueces de todas las instancias y la actividad de la Corte y se volvió una herramienta útil dentro y fuera de tribunales.
 
Con el tiempo también quedó claro que empezaba a ser utilizado con intencionalidad política: había un sesgo en la selección de las sentencias publicadas y los jueces favoritos, así como en el modo de titular noticias, además de abundante información sobre actividades del ex titular supremo.
 
Fue interesante como muestra de que la neutralidad judicial es una quimera. Para Rosenkrantz manejar "directamente" el CIJ, no es menor. Es el dominio sobre la producción de la materia prima de las noticias judiciales que luego se reproducen en los medios. 
 
En los pasillos supremos ayer a la tarde había funcionarios judiciales que señalaban que del texto de Lorenzetti se desprenden posibles delitos como abuso de violencia de género, amenazas y abuso de autoridad. La duda es si esto terminará en denuncia.
 
¿Intervendrá también, por ejemplo, la oficina que dirige Highton, la vicepresidenta suprema? ¿Se tratará el tema en el próximo acuerdo? Por lo pronto, hoy en el J20, le toca exponer a la jueza, a Maqueda y al propio Rosenkrantz. Rosatti recibirá una distinción de la academia de Ciencias Morales y el cierre estaría a cargo de Lorenzetti.
 
Por Irina Hauser
Por Rosa D'Alesio
 
Fuentes: Página 12 y La Izquierda Diario
 

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04-12-2025 / 08:12
Martillar el último clavo en el ataúd que encierra el cadáver del peronismo es una causa nacional que pronto cumplirá 80 años. Ahí, en 1946, radica la "cifra redonda", el año fundacional, tanto del peronismo como movimiento de masas como del antiperonismo como irrenunciable leit motiv de buena parte de la sociedad argentina. Y así venimos desde hace décadas, matando al peronismo, dándolo por finiquitado, y asistiendo a sus múltiples y polifacéticas resurrecciones.
 
Como un destino nacional inexorable; "el hecho maldito del país burgués" que definió John William Cooke. En ese itinerario pueden indentificarse 11 muertes del peronismo, 11 episodios que el antiperonismo festejó como un Mundial para, poco después, volver a empezar.
 
Pero, ¿qué sería del antiperonismo, buceando ya en profundidades ontológicas, si el peronismo realmente muriera? Si combatir al peronismo en todas sus formas -rechazarlo, denostarlo y condenarlo- es la razón de ser de tantos argentinos, ¿qué vendría después? ¿Qué verían al asomarse a ese abismo nietzscheano que nos habita y nos acecha cuando el monstruo de afuera ya no esté?
 
La flamante victoria de La Libertad Avanza generó todo tipo de conjeturas sobre el futuro de un peronismo enredado en la miseria de sus internas y carente de una propuesta alternativa, capaz de seducir a una ciudadanía desencantada. Lo llamativo es que este contexto crítico se replicó en varias ocasiones desde los años 50 a la fecha y generó los mismos efectos.
 
"Ahora sí, este es el fin del peronismo", es un título redactado en numerosas ocasiones, siempre listo y nunca definitivo. Será porque los intentos por "matar" al peronismo han adoptado distintas formas: la proscripción, la represión, la fragmentación interna, la debacle económica, la derrota electoral. Cada uno de esos embates reforzó, de una manera u otra, su condición de fenómeno político persistente.
 
Los siguientes 11 episodios -las 11 muertes- lo ejemplifican.
 
1) 26 de julio 1952. La que fallece es Eva Duarte, "Jefa Espiritual de la Nación" y estandarte del "primer peronismo", cuando el país -al decir de Félix Luna- era una fiesta. Después de Evita, ¿qué?, era la pregunta. Las pintadas celebratorias repartidas por Buenos Aires ("viva el cáncer") expresaban el anhelo de que esa muerte de carne y hueso fuera el simbólico inicio de otra muerte, la de Perón, la de su gobierno y la de todo lo que el peronismo representaba. Muchos lo creyeron así.
 
2) 16 de septiembre de 1955. Golpe de Estado. Revolución Libertadora (para los peronistas, la "fusiladora"). Es el comienzo de una gigantesca operación cultural: la desperonización de la Argentina. La proscripción del peronismo y el exilio de 18 años de su líder son la punta del iceberg. Se demuelen estatuas, se destruyen bustos, se queman cuadros, se borra todo vestigio de peronismo al punto de prohibir, por ley, que se lo nombre en público. Pero en lugar de matarlo, lo que lograron fue fortalecer la identidad, al punto de que el sólo hecho de ser peronista se convirtió en un acto de resistencia.
 

03-12-2025 / 10:12
No fue solo un giro diplomático: por primera vez desde el retorno de la democracia, Argentina votó en esta materia junto con EEUU e Israel, dos países cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos y hasta genocidio, posicionándose, así como los tres únicos Estados en el mundo que se niegan a condenar el uso de la tortura.
 
El posicionamiento argentino desnuda la verdadera esencia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, al cual la calificación de fascista no resulta exagerada, pues hubo incluso gobiernos de extrema derecha, que por vergüenza o compromiso, votaron afirmativamente condenando la tortura.
 
La resolución rechazada por Argentina fue promovida por el Comité contra la Tortura (CAT), órgano que días antes había publicado un informe crítico sobre la situación del país. Ese informe expresó su "profunda preocupación" por la persistencia de detenciones prolongadas en comisarías, prácticas policiales violentas, falta de controles judiciales efectivos y condiciones inhumanas en lugares de encierro.
 
El Comité recordó que los jueces y juezas penales son garantes últimos de la legalidad y dignidad de toda detención, y que el Estado argentino viola sus obligaciones cuando tolera celdas sin ventilación, superpobladas, sin colchones, sin agua potable, o cuando naturaliza golpizas, hostigamientos y traslados arbitrarios.
 
Nada de esto es nuevo: hace décadas que organismos de DDHH como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros, advierten y condenan las prácticas sistemáticas que se dan en los contextos de encierro, que encuadran dentro de los "Tratos crueles, inhumanos o degradantes" tal como se define en el derecho internacional en materia de DDHH.
 
Sin embargo, lejos de reconocer la legitimidad de estas observaciones, el gobierno argentino reaccionó con un ataque político. El mismo día que se conoció el informe del CAT, se publicó en el sitio "Argentina.gob" la respuesta oficial, calificando al informe como "sesgado", bajo la acusación de haber omitido "graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández".
 
Para el gobierno de Milei, el documento emitido por el CAT está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista" y "exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".
 
Resultaría gracioso, si no fuera tan trágico, que se etiquete de esa forma a un organismo técnico en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero esa es la lógica del gobierno de La Libertad Avanza: quien denuncia abusos policiales o defiende garantías constitucionales es automáticamente sospechado de "zurdo" o "kuka".
 

03-12-2025 / 10:12
Karina "la Coimera" Milei sueña con que su hermano la elija como sucesora como hizo Néstor Kirchner con Cristina en 2007 en una maniobra que le permitió al kirchnerismo quedarse en el poder durante 12 años. "Hay que ir por la reelección de Javier Milei", aclaró en Mar del Plata, en el congreso libertario que encabezó frente a 300 personas, pese a que esperaban más de 700. Pero lo que no dijo es que ella se plantea como sucesora de su hermano, en el 2027 o en el siguiente turno electoral.
 
"Ella quiere que Milei la elija como sucesora, como hizo Néstor con Cristina", explicó un dirigente libertario al tanto de los planes de la hermana presidencial. En el mismo acto se difundió la creación de un "comité de disciplina" de La Libertad Avanza, que tendrá tolerancia cero a las individualidades. Entre los libertarios dijeron que el comité servirá como una suerte de Mazorca de Karina para tener a raya a todo el partido, en especial a los influencers como el Gordo Dan, el cabecilla de Las Fuerzas del Cielo que agrupa a los seguidores de Santiago Caputo.
 
Justamente el Gordo Dan ofició durante los primeros dos años de mandato de Milei como un guardián de la pureza libertaria y fue quien hizo echar a varios funcionarios que se corrieron de la línea. Karina quiere ser la única en detentar ese poder. Además, no quiere que los ministros, diputados y senadores vayan a la televisión sin su supervisión previa.
 
La visión policial de la política que despliega Karina ya es motivo de preocupación entre importantes dirigentes libertarios y llegó a impactar en el Congreso. "Patricia Bullrich le tiene terror a Karina", afirmó un importante dirigente libertario.
 
La hermana de Milei ahora tiene en mira el ministerio de Justicia como el próximo lugar para colonizar. Karina le pidió a Mariano Cúneo Libarona que se quedara en el ministerio luego de las elecciones pese a que ya había presentado una carta con su renuncia. El objetivo era darse un tiempo para definir su sucesor.
 
Ahora, Karina quiere que el puesto de Cúneo lo ocupe Santiago Viola. Viola es el apoderado de La Libertad Avanza y era su candidato para la secretaría Legal y Técnica antes de que Santiago Caputo acercara a María Ibarzábal Murphy, quien se ganó la confianza de Milei y es una pieza clave del gabinete. Pero los tiempos cambiaron y la obsesión de Karina por la Justicia creció desde el caso Libra y las coimas de la Andis, que la tienen en el centro de las investigaciones de la justicia federal.
 
Estos movimientos forman parte, según los libertarios, de un objetivo mayor para Karina, que es el de entrar a la fórmula presidencial en el futuro. Milei repite que su jefe es su hermana y por eso en el gobierno no descartan que Karina pida dar el salto en 2027.
 
La semana pasada, Karina se apersonó en el Senado para dar una demostración de poder en la Cámara en la que acaba de entrar Patricia Bullrich, otra de las figuras del gobierno con aspiraciones a entrar en la fórmula presidencial, pero que teme a la hermana de Milei.
 
Karina es la persona de este gobierno que tiene peor imagen, se la asocia a la corrupción. Su figura, cada vez más central dentro de la estructura de poder, es parte del debate sobre quién toma las decisiones en la gestión nacional. De hecho, las encuestas ya están evaluando la percepción sobre quién gobierna realmente: Javier Milei o su hermana, la secretaria general de la Presidencia.
 
La Opinión Popular
 

01-12-2025 / 09:12
En Diputados, con una impunidad ante la que vale detenerse, la legisladora macrista Marilú Quiroz organizó una jornada de seis horas contra "la obligatoriedad y compulsividad" de las vacunas, abarcando relacionarlas con el autismo. Vimos a un tipo que, a torso descubierto, se mostró imantado por efecto de la inoculación. En 2014 ya habían montado el mismo circo, en una actuación televisiva y con otro protagonista, y adjudicándoselo a otros factores. Los objetos metálicos "se le pegan al cuerpo", ratificaron esta vez tras varios intentos fallidos.
 
Lo más parecido a esto que se vio el jueves debe ser el conjunto de infradotados, vestidos de búfalo, que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. El acto, el de acá, fue autorizado por la presidencia de la Cámara de Diputados.
 
Al margen del espanto y las denuncias de toda autoridad científica, ya con siete niños muertos de sarampión y tos convulsa por no estar vacunados, se desconocen presentaciones judiciales o procederes de oficio. Hubo un delito. Un atentado contra la salud pública.
 
¿Hecho menor, por haberse tratado de un grupo de delirantes bien que ocupando parte del edificio parlamentario? ¿O símbolo gigantesco?
 
Basta recorrer por encima los temas dominantes de la agenda publicada para advertir el momento prácticamente bizarro de nuestra política. Es el accionar gubernamental, es la plancha desconcertante en que está sumida la oposición y son las consecuencias de ese estadio. ¿Será la calma o desviación temática que preceden a alguna tormenta o, acaso, un clima destinado a permanecer durante largo rato?
 
La guerra entre la AFA, el Gobierno y los medios oficialistas, operada desde el efectismo de un campeonato de escritorio y una formación de pasillo dando la espalda a los campeones, se lleva por varios cuerpos el conversatorio periodístico, digital y vaya a saberse si, también, masivo. Es de esos disparadores que invitan a la básica y poderosa pregunta de si no pasa nada más importante en el país.
 
Los títulos de casi toda la prensa ametrallan sin parar, incluso a través de "noticias" y variantes fragmentadas -sobre el mismo tópico- que se suceden una tras otra. Pocas veces se vio algo semejante, tan desembozado.
 
Hasta un imberbe percibiría que no destrozan a la AFA por sus desaguisados ni por arbitrajes escandalosos, que desde ya sobran. El centro indesmentible es privatizar la actividad futbolística hasta el extremo que sea posible, pero eso ni siquiera es mencionado de refilón por la militancia independiente de los bufones oficiales.
 
Desde el Presidente de la Nación hasta su ministra de Seguridad instalaron el asunto con rango de gravedad nacional. Se supone que una cosa es la pasión desenfrenada que el fútbol desata en Argentina. Y que otra, completamente distinta, es llevar el caso a una cuestión de Estado ligada a negociados formidables. Sólo se supone.
 

30-11-2025 / 12:11
La concentración de fachos en Plaza de Mayo para pedir por la libertad de los represores fue un fracaso. No fue nutrida ni contó con la asistencia de las caras más conocidas del reclamo pro-dictadura. Sus organizadores debieron levantar sus petates a las apuradas cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se acercó para avisarles que estaba llegando la manifestación por Palestina, que los sextuplicaba en participantes.
 
El que recibió el mensaje fue Guillermo Sottovia, uno de los organizadores de la movida fallida, que dice ser piloto civil e hijo de un oficial de la Aeronáutica. A Sottovia no le quedó más remedio que agarrar el megáfono maltrecho que tenían e iniciar la retirada. -Nos tenemos que ir, no por cobardes, sino para demostrar que ellos son los violentos -dijo.
 
Hasta segundos antes, Sottovia había estado a los abrazos con Carlos Pampillón, el dirigente neonazi marplatense procesado por atacar un monumento a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pampillón palmeaba a algunos hombres con uniformes y los llamaba "héroes" mientras se abría paso por la Plaza de Mayo.
 
Asunción Benedit estaba contenta porque casi había más fotógrafos que concurrentes. Ella se había puesto un pañuelo negro en la cabeza como forma de identificarse: no solo en oposición a las Madres de Plaza de Mayo sino porque también dice estar de "luto" por los represores presos.
 
Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), hay 22 criminales de lesa humanidad presos en cárceles comunes y 63 en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una prisión VIP por sus comodidades.
 
Tanto Asunción como su hermano, el diputado nacional entrerriano Beltrán Benedit, suelen visitar a los condenados y procesados por secuestrar, torturar y desaparecer personas. Ella sostiene que no solo hay que pedirle al gobierno de Javier "el Loco" Milei por su libertad, sino también reivindicar su accionar represivo.
 
"La esperanza es lo último que se pierde", dijo la mujer que pululó por distintas organizaciones pro-dictadura. "De hecho podemos estar haciendo este reclamo. Si fuera con otro gobierno, ya estaríamos presos", concedió, aunque no esconde su desazón porque la administración de La Libertad Avanza (LLA) no hizo más para tener al genocida Alfredo Astiz y compañía fuera de las cárceles.
 
Conformaron un grupúsculo que se dio en llamar Unidos por la Sangre Derramada, pero, en realidad, lo que derramaron fueron peleas internas. Hasta hace diez días, Orlando González se presentaba como el coordinador general de la iniciativa. El tema se complicó cuando se contó quién era el personaje: un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) condenado a prisión perpetua y que se encuentra en arresto domiciliario. Aficionado a la fotografía, el "Hormiga" González solía retratar a sus víctimas.
 
En Plaza San Martín se hicieron grandes actos para oponerse a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del kirchnerismo y para reclamar una amnistía general. Las concentraciones eran mucho más nutridas que las de este sábado en Plaza de Mayo. Pese a eso, con megáfono en mano, Sottovia afirmaba: "Tenemos poder ahora de cambiar la historia. Nunca se hizo un acto como éste". Patético.
 
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