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Nacionales - 09-10-2018 / 07:10
MACRI DEFIENDE EL BOLSILLO DE LOS RICOS

Ni justos, ni razonables, ni justificados: Los aumentos del gas son una locura

Ni justos, ni razonables, ni justificados: Los aumentos del gas son una locura
En la “compensación” que busca hacer Mauricio Macri a las distribuidoras, para garantizar la dolarización de tarifas, también se incluyen intereses sobre intereses, de una deuda que ningún usuario contrajo. Por ejemplo: para un hogar que consumió entre 300 y 450 metros cúbicos por bimestre entre mayo y octubre, las empresas de gas le reclamarán un monto total de $ 2.166,90, de los cuales $ 1.459,80 corresponderían a intereses por diferencias diarias y también por la financiación en 24 cuotas que estableció el Gobierno.
Ayer el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicó en el Boletín Oficial los cuadros tarifarios con incrementos que superan el 35% promedio anticipado en un primer momento, para trepar hasta el 67% entre los hogares de menor consumo de la región, básicamente aquellos que utilizan el gas para cocinar y usar el agua caliente.
 
El tarifazo, que acumula el 218% en un año y el 1.000% desde que asumió la alianza Cambiemos, le permitió a empresarios como Alejandro Macfarlane, dueño de Camuzzi, obtener una mejora en sus ganancias de más de $824 millones.
 
De este lado, las historias se repiten tanto que parecen una sola: empresarios pymes, panaderos, pizzeros, propietarios de restaurantes resisten cuanto pueden, se debaten entre trabajar a pérdida o trasladar los costos de la energía a los precios al público pero vendiendo menos. Cuando no pueden más, tiran la toalla y bajan la persiana.
 
Historias con las que el Gobierno de los Ricos no se sensibiliza como sí lo hace con las empresas, a las que cree que hay que proteger de los costos que producen la inflación y la megadevaluación que él mismo generó. Y que por eso, desde enero próximo los usuarios deberán compensar una deuda de $10.000 millones entre las empresas y las distribuidoras con un cargo extra prorrateado en 24 cuotas más intereses sobre intereses, de una deuda que ningún usuario contrajo.
 
Es decir, no solo pagará más el que menos consume, no solo se le quitará la bonificación por ahorro o se le retaceará la tarifa social al usuario cuyo poder adquisitivo se le estranguló en estos meses, sino que se lo obligará a compensar una pérdida que no ha sido tal.
 
Tal medida arbitraria motivó ayer una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, a raíz del decreto que aplica el cargo extra sobre las tarifas. En su presentación, Marijuan advierte que se provoca un perjuicio en el patrimonio de los consumidores y solicita una cautelar, que deberá analizar la jueza María Servini de Cubría.
 
Después, en una conferencia de prensa que fue más técnica que explicativa o empática con la situación de los usuarios, el petrolero Iguacel defendió el último aumento que, dijo, "debería haber sido del 200%", y justificó la financiación en cuotas, el endeudamiento para contar con un servicio que es esencial.
 
Prestado por empresas que lucran con el servicio público de gas, y que si no se paga, se corta. Sin importar si el que lo demanda es una pyme o un jubilado. Esas mismas empresas, las que no invierten, las que siempre ganan, las que no perdonan al consumidor recurren a él como salvavidas de la devaluación. Y el Gobierno de los Ricos lo aprueba.
 
La Opinión Popular

 
EL SECRETARIO DE ENERGÍA NO DA MARCHA ATRÁS CON EL AUMENTO RETROACTIVO EN 24 CUOTAS
 
Gases tóxicos
 
El secretario de Energía, Javier Iguacel, confirmó ayer que no habrá marcha atrás ni en el aumento del gas ni en la aplicación de un ajuste retroactivo para compensar a las distribuidoras por la suba del dólar en la primera mitad del año.
 
Iguacel ofreció una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda en medio del aluvión de presentaciones judiciales de entidades de defensa del consumidor e intendentes en contra de la aplicación de esas compensaciones sobre facturas ya abonadas.
 
"Lo hicimos a partir de una ley de 2004 que no se cumplía", justificó el ex ministro, quien luego aseguró que ya hubo casos de traslado de "diferencias", pero siempre habían sido "menores e insignificantes". Esta vez el dólar se apreció en el semestre un ciento por ciento.
 
"Es un problema entre las distribuidoras y los usuarios", se excusó el funcionario al responder sobre los amparos presentados, aunque sin dejar de recomendar a empresarios una posible respuesta: "Si no lo quieren en 24, que sea en seis meses, como dice la ley", en referencia a la de 2004, que dijo que no se cumplía.
 
Después volvió a culpar el gobierno anterior de la situación y dio su versión de que Cambiemos salvó al país de la catástrofe: "Si seguíamos como veníamos esta suba hubiese sido del 200 por ciento".
 
Junto con el aumento promedio de las tarifas del 35 por ciento, que supera el 50 por ciento en el caso de las dos categorías residenciales de menor consumo (R1 y R2), los usuarios deberán compensar en los próximos dos años a las distribuidoras con pagos en cuotas que se actualizarán a la tasa de interés del Banco Nación (hoy 20 por ciento).
 
Los pagos arrancarán en enero. Las empresas reclaman por la diferencia del tipo de cambio. Tras confirmarse el decreto que carga en los castigados bolsillos de los usuarios unos 10 mil millones de pesos en compensaciones hubo distintas presentaciones de organizaciones de consumidores.
 
El fiscal federal Guillermo Marijuan interpuso una cautelar sobre el pago retroactivo a las distribuidoras de gas, aduciendo "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". El fiscal advierte sobre el perjuicio que genera al patrimonio de consumidores.
 
"Los contribuyentes ya han hecho pagos y uno de los efectos que tiene es la cancelación total. No se puede de modo alguno quitarle esa entidad jurídica que tiene el acto de pago", señala el escrito de Marijuan.
 
"La Justicia es la que tiene que expedirse. No vamos a interferir. Van a ser los productores los que apelen las cautelares de los usuarios. Nosotros no vamos a resolver los problemas de ellos", sostuvo Iguacel, aunque ratificó las 24 cuotas en beneficio de las empresas y en perjuicio de los usuarios.
 
El funcionario aclaró que el valor de cada cuota será en promedio de entre 90 y 100 pesos, aunque la cifra concreta dependerá del consumo que haya tenido cada hogar durante el invierno. "Las distribuidoras no tienen que ganar ni perder. Trasladan al consumidor lo que pagan al productor", dijo el secretario.
 
Iguacel veló de tecnicismos la decisión política de que sean los usuarios los que compensen a las compañías por el desaguisado económico del Gobierno.
 
Como en otras oportunidades, habló de los distintos componentes que hacen al precio del gas y de la necesidad de respetar los contratos con las empresas.
 
Cuando se le consultó sobre la difícil situación en que quedarán los hogares de menos ingresos -a los que se les quitó la tarifa social-, respondió que "en verano va a venir menos de gas y, entonces, durante ese período van a poder hacer frente a las cuotas y a los aumentos".
 
Por último, lo comparó con el subsidio para el consumo en los hogares de la Patagonia. Desde las productoras rechazaron que ya se haya aplicado este esquema general de ajuste por compensación de variación del tipo de cambio.
 
El funcionario responsabilizó de la situación al gobierno anterior. "Si la factura del gas hubiese sido al precio con los contratos que dejó el kirchnerismo dolarizados, con la actualización de acuerdo con el aumento del petróleo y el gas, hubiésemos pagado más el doble de la factura. Este aumento hubiese sido de 200 por ciento y no de 34,5", afirmó Iguacel.
 
Sin embargo, la política de quita de subsidios para llevar las tarifas a precios de "mercado" la aplicó el Gobierno, con lo cual el ejemplo contrafáctico del secretario podría responderse con que el Estado, responsable de la política económica, absorbería la diferencia.
 
De la única situación que el kirchnerismo, a criterio del funcionario, no es responsable es de las inversiones en Vaca Muerta, zona que empezó a desarrollarse con la estatización de YPF.
 
"Si continuamos en la misma senda de producir más gas, como la que se ve en los últimos dos años y medio en Neuquén (Vaca Muerta), debería dejar de aprovisionarnos de gas importado", afirmó. "El que pagó 300 pesos debería haber pagado 9000", agregó el secretario, quien previó que "va a seguir creciendo la producción nacional".
 
No faltaron verdades de pedregullo, como que "los precios del gas nos impactan mucho más en el invierno". "En siete de cada diez hogares, teniendo en cuenta los precios actualizados, van a tener un precio promedio de 700 pesos mensuales. En el invierno puede venir 3000 pesos, pero después se reduce", aseveró.
 
Con ese ejemplo anticipó que a partir de abril próximo podría aplicarse la denominada tarifa plana, una especie de promedio de consumo con el objetivo de que se pague en todos los meses lo mismo sin impacto estacional.
 
"Mi previsión para el futuro, con una economía estable según los parámetros de la Ley de Presupuesto, es que no vemos aumentos de la factura de gas respecto de lo que se pagó medido en dólares el último año. Estamos haciendo lo posible para que el precio del gas en dólares baje y así compense la suba (de la divisa)", concluyó el titular de la Secretaría de Energía.
 
Por Cristian Carrillo
 
Fuentes: Página 12 y Diario Hoy
 

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Ni justos, ni razonables, ni justificados: Los aumentos del gas son una locura
Mauricio Macri también defendió el aumento del gas. El presidente volvió a utilizar los videos de sus “timbreos espontáneos” para enviar un mensaje económico. Tal como sucedió con la supuesta pareja de pizzeros que invertían en un momento “difícil de varios meses de recesión”, ayer visitó a Rubén y le habló de lo que le duele tener que subir la tarifas. “Me da bronca cómo alguien puede creer que a uno le gusta aumentar el valor de la energía o que se encapricha y, por eso, lo aumenta”, según se reproduce a través de su cuenta de Instagram. “Se lo aumenta porque es lo que vale”, concluye la espontánea confesión.
Ni justos, ni razonables, ni justificados: Los aumentos del gas son una locura
El Gobierno de los Ricos ratificó en todos los términos la compensación de tarifas dolarizadas que beneficia a las empresas de gas y hasta banalizó el costo que tendrá para la ciudadanía: “Son 90 o 100 pesos por mes”, dijo el secretario de Energía, Javier Iguacel, autor de frases como, por ejemplo, que las personas que protestan por el incremento son “kirchneristas”. “La ley de gas es muy clara: los distribuidores no deben ni ganar ni perder, simplemente son intermediarios”, dijo Iguacel. El Gobierno también es intermediario, en este caso entre las empresas y los ciudadanos. Y está claro a quiénes prefiere como ganadores.
19-12-2018 / 09:12
Sin inversores dispuestos a prestarle a la Argentina, el Gobierno de Mauricio Macri suspendió todos los proyectos de infraestructura vial, energética, educativa y ferroviaria que pretendía financiar a través del régimen de Participación Público-Privada (PPP).
 
La virtual clausura del mercado voluntario de deuda, que expresa la disparada en el riesgo país, obligó a abortar el promocionado mecanismo de financiamiento para la obra pública. La infraestructura es el rubro del gasto más castigado por el programa de ajuste que adoptaron las autoridades para acceder al financiamiento del FMI. Los funcionarios macristas aseguraban hasta el mes pasado que las PPP permitirían amortiguar el efecto recesivo del ajuste.
 
El asesor presidencial Gustavo Lopetegui y el titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, bajaron la persiana al anunciar que la represa Portezuelo del Viento en Mendoza no será licitada bajo el esquema de financiamiento aprobado a fines de 2016 sino que se realizará bajo el esquema tradicional.
 
Al marcar 787 puntos, el riesgo país alcanzó ayer su máximo nivel desde que comenzó la presidencia de Macri. La cifra representa la sobretasa que debería pagar Argentina para financiarse en relación a un activo "libre de riesgo" como son los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
 
Frente al escenario de creciente vulnerabilidad financiera que experimenta Argentina, la dificultad para impulsar obra pública a través de los esquemas de PPP es doble: las empresas privadas tienen dificultades para conseguir el financiamiento que les permita poner en marcha las maquinarias y el sector público no puede colocar bonos en el mercado para cancelar los avances de obra.
 
El gobierno de Macri pretendía financiar 40 proyectos de infraestructura por más de 21.000 millones de dólares en las áreas de energía, minería, transporte, comunicaciones, tecnología, agua y saneamiento, vivienda, salud, justicia y educación.
 
El esquema de PPP fue concebido para permitir que el gobierno se asocie con empresas privadas para realizar las obras. Las compañías que ganan la licitación son quienes quedan a cargo de la gestión del proyecto: subcontratan servicios, compran insumos y toman préstamos en el exterior.
 
Pero ahora no consiguen fondos en el mercado internacional. Los proyectos nacieron condenados a muerte, nadie le quiere prestar. El riesgo país se refleja en las altísimas tasas de interés que debería pagar Argentina pero el problema es que más allá de esos valores hoy no existen financistas dispuestos a prestarle al Gobierno.
 
No es la incertidumbre política de cara a las elecciones sino la creciente vulnerabilidad por la política económica: la recesión, las presiones cambiarias, la fuga de capitales y el elevado nivel de endeudamiento, lo que hacer caer las PPP.
 
La Opinión Popular

19-12-2018 / 08:12
La Corte Suprema no es hoy la que el Gobierno de Mauricio Macri imaginaba. No puede ejercer sobre ella el control que proyectaba cuando alentó el golpe interno para desplazar a Ricardo Lorenzetti de la presidencia. El poder de su sucesor, el ex abogado de Clarín, Carlos Rosenkrantz, es inestable.
 
Lo demuestran los dos grandes hechos ocurridos ayer: la firma de un fallo contrario a la Anses, a favor del jubilado Lucio Orlando Blanco y otros 150.000 en su misma situación, donde Rosenkrantz quedó en la más absoluta soledad, y la difusión de una acordada que limita en forma tajante sus facultades como presidente supremo, al impedirle tomar por su cuenta decisiones administrativas, de manejo presupuestario y de designación de personal.
 
Sobre su evidente soledad y su espíritu poco negociador, se impone una mayoría de tres -difícil de catalogar tan pronto como consolidada-, popularmente conocida como "mayoría peronista", integrada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que toma ciertas decisiones adversas al macrismo y da señales de autonomía, sin llegar a poner en juego la gobernabilidad. 
 
El fallo favorable a Blanco estaba previsto y se conocía su rumbo, pero no deja de ser un llamado de atención severo hacia el Gobierno aunque no tenga gran impacto económico, teniendo en cuenta que se pagará en dos o tres años y que se ciñe al universo de jubilados que no aceptaron la reparación histórica y siguieron adelante con los juicios contra la Anses.
 
El efecto es político y acota el margen para instrumentar una nueva reforma previsional a medida de las condiciones del FMI. Blanco es un camionero jubilado que reclamaba el cálculo de su haber inicial en base al índice ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción).
 
La Corte no sólo le dio la razón sino que aclaró que la misma solución se aplicará automáticamente a los casos análogos: aquellos jubilados a quienes la Anses les impuso otro índice, el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que implicaba una reducción sustancial en el cálculo de sus jubilaciones, hasta 50%.
 
El alto tribunal ratificó el ISBIC, que ya había avalado en 2009 y declaró inconstitucionales de oficio las resoluciones de la Anses que lo reemplazaban por el Ripte, por considerar que se arrogó facultades del Poder Legislativo. El fallo pide que el Congreso que dicte una ley con un nuevo índice, algo que difícilmente ocurra.
 
El escenario desconcierta al Gobierno de Macri, que cuando fogoneó la expulsión de Lorenzetti de la presidencia, pensaba en neutralizar su política de agitar las causas de Comodoro Py y conseguir aliados en el máximo tribunal.  Parecieran no conseguir, sobre los jueces supremos, la manipulación anhelada.
 
La Opinión Popular

18-12-2018 / 09:12
18-12-2018 / 09:12
El diputado salteño, Alfredo Olmedo, representante de la derecha más troglodita de la Argentina, se reunió en San Pablo con Jair Bolsonaro, quien encarna la consumación del golpe institucional en Brasil. Recordemos que Bolsonaro fue electo gracias a la prescripción que el Poder Judicial ordenó sobre Lula, que está preso y no permitieron que sea candidato.
 
Olmedo continúa con su peregrina idea de ser "el próximo presidente de Argentina", y ya comenzó a hacer campaña, por ahora en el exterior. Viajó a San Pablo para lograr una reunión, que fue breve, con Bolsonaro que asumirá la presidencia de Brasil este próximo 1° de enero. Las ideas reaccionarias, misóginas y homofóbicas los emparentan.
 
Tan es así que se dan el lujo de correr por derecha a Macri, en relación a las cuestiones de género. El presidente argentino dijo, demagógicamente (luego de la repercusión que tuvo la denuncia de violación a Thelma Fardin) que "el debate de género no tiene vuelta atrás".
 
Ambos derechistas, claro que con más poder por parte del golpista brasileño, opinan, según lo que se encargó de difundir por sus redes sociales el mismo Olmedo que "la familia es la base de la sociedad, el orden a Dios y el respeto".
 
Otro de los temas que tocaron, siempre según las versiones del salteño de la campera amarilla (la prenda de vestir que lo identifica), es sobre la militarización de las ciudades y la impunidad para las fuerzas represivas. En esto sí coinciden con el Gobierno de Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
 
Olmedo afirmó que parte de la conversación sobre este tema fueron elogios suyos a la política de atestar de militares las favelas. El halago del diputado por el partido Salta Somos Todos, que forma parte de la alianza Cambiemos, fue la descripción de esa militarización: "desde que ganó Bolsonaro hay guardias en todos lados, casi que te diría que las calles están militarizadas".
 
El diputado de Cambiemos ya había declarado "delincuente abatido, policía premiado". Desde el Ministerio de Seguridad de Argentina, Bullrich debió aplaudir enfervorizada esa frase.
 
Las políticas que el presidente, surgido del golpe institucional, pueda llevar adelante, dependerá principalmente de otros factores. La marcha de la economía internacional, la relación de dependencia colonial a los Estados Unidos y la resistencia del pueblo trabajador, que serán más determinantes que su pensamiento retrógrado.
 
La Opinión Popular

17-12-2018 / 11:12
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