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Nacionales - 13-09-2018 / 09:09
ORGANIZACIONES SOCIALES, TRABAJADORES ESTATALES Y DOCENTES LLEVARON SU RECLAMO A LAS CALLES

La lucha contra el hambre y el desempleo

La lucha contra el hambre y el desempleo
La avenida 9 de Julio fue el escenario de mayor concentración pero también hubo protestas frente a los Tribunales, la Secretaría de Agroindustria, Ministerio de Hacienda y se realizaron mil ollas populares en todo el país.
Despedidos, integrantes de comedores populares, estatales, jubilados y docentes coparon las calles del centro porteño contra el gobierno neoliberal derechista de Mauricio Macri.
 
En reclamo de trabajo y alimentos, también en rechazo al Presupuesto 2019 ajustado a la medida del FMI, durante siete horas la avenida 9 de Julio fue el escenario de estas protestas que reflejaron la gravedad de la crisis. Como se trata de demandas sin respuesta, en la mayoría de ellas se anunciaron nuevas medidas para las próximas semanas.
 
La concentración de mayor volumen sobre la 9 de Julio fue la de los movimientos sociales, que reclamaron la declaración de la emergencia alimentaria, con la advertencia de que los sectores populares "no dan más". 
 
En simultáneo con la concentración, se instalaron mil ollas populares a lo largo de todo el país. La protesta fue convocada por las organizaciones de San Cayetano (CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa), más el Frente Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Asociación de Trabajadores del Estado (que hizo un paro de 24 horas contra los despidos), y la CTA Perón.
 
A este conjunto, que viene coordinando acciones desde hace tiempo, se sumaron otras agrupaciones como Barrios Peronistas y Venceremos. Para los dirigentes es una muestra de cómo la crisis económica saca a la calle cada vez a más personas y sectores empujando a una actuación en conjunto.
 
El reclamo de la emergencia alimentaria busca que el Estado triplique el envío de comida a los comedores populares, que están sobre demandados.
 
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"Estamos al borde de la cornisa y los responsables de gobernar traen al FMI para que determine las políticas económicas. Todos sabemos que la situación va a empeorar. Lo que le advertimos al Gobierno es que ya no puede empeorar, porque en los barrios no lo resisten. Necesitamos que los pibes tengan garantizada la comida. En un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, ¿hay que ser tan inútil y tan cínico para tomar medidas que instalen el hambre?", preguntó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, al hablar a los reunidos a los costados del Metrobus.
 
Cualquiera con tiempo para recorrer la manifestación podía descubrir que las razones van mucho más allá de la suba de los precios:
 
Celeste Ortiz, de San Miguel (BdP) contó que en su distrito hay 53 escuelas cerradas por falta de mantenimiento. "Por ejemplo, esta semana en una de las escuelas estalló el tubo de luz en un aula de segundo grado. Los chicos por suerte estaban en recreo, porque el estallido prendió fuego el escritorio docente. Por supuesto que ante estas situaciones las escuelas  no pueden abrir. Al no a ir a clases, muchos chicos se quedan sin comer y vienen a los comedores".
Mari Batallán, de 65 años, vecina de José C. Paz, explicó que está cobrando unos seis mil pesos por la aplicación de descuentos sobre la jubilación mínima (que actualmente, con el último aumento por movilidad pasó a 8637 pesos). "Todos los meses tengo que ir a reclamar por malas liquidaciones: este mes, por ejemplo, me acreditaron sólo 2500 pesos. Me ayudaba arreglando ropa en casa, pero los encargues bajaron porque nadie tiene con qué pagar. Lo único que entra es el cartoneo."
Andrea Velázquez, de La Matanza (CCC) también se quejó de una jubilación neta de 6500 pesos. "Lo que estoy cobrando no es la plata que yo aporté. Descaradamente van a hablar a la televisión sobre el adulto mayor... como si además de vieja fuera estúpida. Nos están sacando los médicos de cabecera. Por eso ando como puedo, pero lucho, porque si no salgo, me matan a mí y mis nietas se quedan sin futuro. Si es por ellos, terminan como prostitutas, como hembra del tipo que tenga más dinero porque en el barrio lo único que aumenta es el tráfico de drogas".
María Almirón, también de La Matanza, contó que las cooperativas del plan Agua + Trabajo de su organización, encargadas de hacer el tendido de la red a las manzanas sin agua potable, de 15 (en el 2015) a apenas 4. "Otras cooperativas de construcción hacían arreglos en las escuelas , refacciones. Hoy no hacemos esos trabajos porque el Gobierno recortó los fondos; al mismo tiempo, tenemos 70 escuelas cerradas por falta de refacción. Hay mucho trabajo que estamos capacitados para hacer y las escuelas necesitan, pero el Estado tiene que financiarlo."
Otros consultados hablaron sobre la pérdida de trabajos como el cuidado de niños y ancianos, empleos que dependen sobre todo los hogares de clase media. La caída en los ingresos por jubilaciones, planes sociales o de trabajo se acumulan al aumento del desempleo y el abandono de las políticas públicas que movían la actividad económica informal.
 
"No hay política social que aguante cuando el modelo económico es una fábrica de pobres", definió Gildo Onorato dirigente del Movimiento Evita.
 
Del escenario fue colgada una bandera contra el FMI. En sus intervenciones, los oradores rechazaron el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso con el ajuste de 400 mil millones, comprometido por Cambiemos con el organismo, y adelantaron que cuando los diputados y senadores lo debatan habrá una movilización masiva frente al Congreso para oponerse a su sanción.
 
"Dicen que quieren diálogo... No nos den diálogo con Lexotanil porque los tiempos se agotaron. No somos mansos, no somos fáciles de domar. Si este Gobierno no nos escucha, así como (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich dijo que se va a endurecer, nosotros les decimos que estamos dispuestos a dar la lucha, porque queremos otros país", advirtió Juan Carlos Alderete.
 
El grueso de las organizaciones sociales y gremiales habían ingresado a la 9 de Julio por el Puente Pueyrredón donde hubo momentos de tensión con las policías Bonaerense y Federal que fueron desplegadas en el acceso.
 
Otro de los epicentros de la protesta fue la sede de la ahora secretaría de Agroindustria. Allí, la administración de Luis Miguel Etchevehere despidió hace menos de un mes a casi 600 trabajadores. Desde entonces, los empleados mantienen una permanencia pacífica de la sede de esa cartera. Para el titular de ATE Nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, "si 18 gobernadores pidieron la reincorporación de los trabajadores de Agroindustria es por la visibilidad que tuvieron estos 13 días de lucha".
 
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Verde y Blanca) se movilizó al Ministerio de Hacienda contra los despidos y el achicamiento del Estado.
 
El vallado policial no permitió que llegaran hasta la puerta: "Otro día de movilización, otro día de lucha. Otro día en que los distintas reparticiones y juntas de ATE nos dan un ejemplo. No importa que pongan vallas pero los que están allí adentro no van a llegar muy lejos con las políticas que aplican porque el pueblo en las calles les dice basta", aseguró Hugo Yasky desde un escenario montado en avenida Paseo Colón.
 
Además, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) se movilizó a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para repudiar "el recorte al Presupuesto de la Justicia". También los trabajadores del Inti se movilizaron en defensa de la ciencia y la tecnología, de la producción nacional y del salario. Realizaron un corte momentáneo en Constituyentes y General Paz y luego se movilizaron hasta los distintos puntos de protesta.
 
Fuente: Página 12
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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