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“Que el Gobierno no trafique con el cuento de los cambios ni de las renovaciones. Todo está igual. Que les falten el respeto a los radicales, vaya y pase. Pero a la sociedad, no”. Jorge Asís
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Nacionales - 07-08-2018 / 16:08
DIO SU VERSIÓN EN LA CAUSA DE LOS CUADERNOS Y SE FUE TRANQUILAMENTE A SU CASA

El primo de Macri pasó de coimero a víctima de extorsión

El primo de Macri pasó de coimero a víctima de extorsión
Angelo Calcaterra fue el máximo responsable de la poderosa constructora Iecsa desde el 2007, año en el que su tío Franco Macri decidió cedérsela en “cómodas cuotas” y por un “valor irrisorio”, hasta el 2017, cuando le vendió todas sus acciones a un amigo del presidente, Marcelo Mindlin. En 2007, Mauricio Macri pasó de ser diputado nacional a jefe de Gobierno porteño. Y era conveniente, para el bien de los negocios familiares, sacar el nombre Macri. Así, Calcaterra tuvo la suerte de ser el sobrino elegido como la figura del emporio de la construcción. Lo más parecido a un testaferro.
Angelo Calcaterra fue el máximo responsable de la poderosa constructora Iecsa desde el 2007, año en el que su tío Franco Macri decidió cedérsela en "cómodas cuotas" y por un "valor irrisorio", hasta el 2017, cuando le vendió todas sus acciones a un amigo del presidente, Marcelo Mindlin. En 2007, Mauricio Macri pasó de ser diputado nacional a jefe de Gobierno porteño. Y era conveniente, para el bien de los negocios familiares, sacar el nombre Macri. Así, Calcaterra tuvo la suerte de ser el sobrino elegido como la figura del emporio de la construcción. Lo más parecido a un testaferro.
 
El empresario se presentó hoy en los tribunales para "colaborar". Dijo que no fueron 11.300.000 dólares. Fueron entre 100.000 y 200.000 dólares. Sesenta veces menos que lo que dice el chofer. No fue para ganar licitaciones ni para facturar con sobreprecios, sino que el dinero se tuvo que entregar para las campañas electorales K. O sea que no cometieron una estafa al Estado sino que fueron víctimas de una extorsión.
 
Al empresario, de acuerdo a las fotocopias de los cuadernos, se le achaca pagos por 11.300.000 dólares en 12 visitas del secretario de Roberto Baratta a la empresa. Hay otras dos visitas en que el chofer escribano no pudo estimar las cifras. Calcaterra actuó de arrepentido un rato, dijo que su número dos, Javier Sánchez Caballero, le pagó al secretario de Baratta por orden suya y que entregó, en 4 pagos, entre 100.000 y 200.000 dólares para las campañas electorales K.
 
Una curiosidad es que de esa manera, Calcaterra ayudó a financiar la campaña de Daniel Scioli contra su primo, algo que no suena demasiado creíble. Un rato más tarde el empresario se fue tranquilamente de Comodoro Py a su casa con el rango de imputado-colaborador, dejando atrás numerosos interrogantes, entre ellos por qué no fue detenido de entrada: nadie saca 11 millones de dólares de una empresa sin el visto bueno del dueño. En Tribunales nadie se puso colorado y no sabemos la reacción del más puntilloso chofer del mundo quien, supuestamente, le pifió en el cálculo en un 98,23 por ciento.
 
"Le tengo un gran afecto a mi primo. Esto le hace bien al país. Esto es el cambio", es lo que desde adentro de la Rosada hicieron transcender respecto a la opinión del presidente Macri luego de que su primo, Angelo, también esté involucrado en la novela de los cuadernos y el pago de coimas.
 
Ahora bien, ¿cuál es el cambio de qué transparencia estamos hablando? Se olvida el Presidente de los negocios de las empresas Socma y más cercano en el tiempo de las irregularidades en la concesión  de Correo Argentina y la abultada y dilatada deuda que el grupo familiar Macri aún mantiene con el Estado.
 
Aunque el Gobierno de los Ricos lo quiera negar, Calcaterra es Macri. Es el exponente de uno de los grupos empresarios más grandes, que amasó su fortuna durante la última dictadura militar y que creó la famosa "patria contratista". Un modo de hacer negocios mediante el que empresarios constructores, junto a funcionarios corruptos, embolsan millones, a costa de la obra pública.
 
La Opinión Popular

 
Como adelantó PáginaI12 el domingo, en exclusiva, el número 2 de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, se convirtió ayer en el segundo "arrepentido". Y esgrimió el argumento que también adelantó este diario: que no pagaron coimas para conseguir obras o poner sobreprecios sino que fueron presionados para aportar a las campañas electorales.
 
Pagar coimas para ganar una licitación hubiera sido un fraude con el que ganarían mucha plata. Poner sobreprecios, lo mismo. El delito es cohecho.
 
En cambio en el caso de las campañas electorales, los empresarios no tienen de qué arrepentirse porque fueron víctimas de un delito, una extorsión del kirchnerismo. Lo mismo sucede si argumentan que pagaron para cobrar antes: según los juristas, también es extorsión, porque el funcionario público exige dinero a cambio de un derecho que ya tiene el acreedor.
 
El combo de CEOs macristas, todos defendidos por el mismo estudio de abogados de Ricardo Rozental, uno de los preferidos de Macri, obedientemente usaron los mismos argumentos y se fueron a sus casas en libertad.
 
El fiscal y el juez sí tuvieron la delicadeza de no detener al número 1 de Iecsa, el primo presidencial, pese a que era cantado que era responsable de cualquier pago. La "confesión" de ayer demuestra las maniobras del expediente: ser primo del Presidente tiene sus privilegios.
 
Ayer, otros dos empresarios, que no están detenidos, repitieron la cantinela: que los extorsionaron y les pidieron plata para la campaña electoral. El kirchnerismo hace dos años y medio que dejó el poder, pero ahora Alejandro Ivanisevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de la empresa agropecuaria MSU le dijeron a Bonadío que los obligaron a aportar.
 
El show de ayer continuó con otro impacto. El dúo Carlos Stornelli-Claudio Bonadio mandó a detener a Héctor Zavaleta, ex ejecutivo de Techint. En los diarios de viaje del chofer se consignan nueve visitas de Baratta a la empresa del hombre más rico de la Argentina, Paolo Rocca.
Dice que el funcionario se llevó plata en bolsos, pero no sabe cuánto.
 
Lo llamativo es que, nuevamente, detuvieron a un ejecutivo pero no al dueño que, como sucedió en el caso de Iecsa, seguramente fue el que dio las órdenes de que se pagara.
 
En cambio, Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, quedó detenido tras presentarse y negarse a declarar ante Bonadio. Además, allanaron tres domicilios que supuestamente le pertenecen.
 
El ex integrante de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, dijo durante el fin de semana que los cuadernos pueden ser un indicio, no una prueba. Es decir que si en un cuaderno o su fotocopia se consigna que hay un cadáver en el jardín, es necesario encontrar el cadáver. Los cuadernos no son una prueba en sí mismos.
 
En el expediente judicial todavía no apareció ningún cadáver: ni una cuenta bancaria clandestina ni una sociedad en el exterior ni una bóveda.
 
En el día de ayer hicieron circular la versión de que un empresario tiene filmado el pago de dinero: sería una evidencia de importancia. Por supuesto que también sería deseable la aparición de los cuadernos, que Centeno dice que quemó, pero que no hay razón para creerle.
 
Según su ex pareja, se trata de un hombre inestable y su opaca carrera de sargento en el Ejército se terminó cuando le tiró una granada a un compañero que, aparentemente, le  hacía bullying. Por esa razón estuvo preso.
 
Aún así, no perdió su precisión para escribir, aunque su memoria vaciló respecto si tenía guardados los cuadernos o los había quemado. Fue con Stornelli a dos domicilios a buscar el material y después declaró que lo quemó.
 
Hay causas judiciales paralelas en que el proceso fue totalmente diferente a la del chofer arrepentido. En el expediente sobre el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, instruido por Marcelo Martínez del Giorgi y el fiscal Franco Piccardi y en la causa por las plantas potabilizadoras, a cargo de Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado, se investigan licitaciones, sobreprecios, coimas, pagos de Odebrecht y demás maniobras.
 
El método no es el de las detenciones irregulares, sin juicio y sin condena, con la virtual extorsión de los detenidos, sino una investigación meticulosa de los contratos y el movimiento de dinero.
 
Angelo Calcaterra está citado a indagatoria; Carlos Wagner, de Esuco y ex titular de la Cámara de la Construcción, está procesado y nuevamente citado a indagatoria. Como es obvio, en esas causas también están investigados, como corresponde, los funcionarios públicos.
 
Durante el día de ayer, Bonadio rechazó la recusación presentada por Anibal Ibarra y Roberto Boico, defensores de Oscar Parrilli. Planteos similares harán Juan Pablo Alonso y Alfredo Huber, abogados de Baratta, mientras que el conocido penalista Maximiliano Rusconi, letrado de Julio De Vido, ya adelantó que pedirá la nulidad de todo lo actuado.
 
El relato del periodista de La Nación, Diego Cabot, que contó que directamente le llevó las fotocopias a Carlos Stornelli  -era jefe de Seguridad de Boca Juniors cuando Macri era presidente del club xeneize-  porque lo conocía, es una evidencia palmaria de cómo se manejaron las cosas.
 
Se vieron en un bar, charlaron de cine, después en una vivienda y después Cabot fue a la fiscalía. La totalidad de los juristas consultados por este diario coinciden en que se trató de un caso del llamado forum shopping, es decir de elección del juez como en un shopping.
 
Será la Cámara Federal la que tendrá la palabra ahora, tanto sobre las recusaciones como sobre las excarcelaciones. Cualquiera de los planteos tiene diagnóstico pesimista en Comodoro Py, que ha sostenido las más increíbles ilegalidades y hoy funciona como sucursal de la Casa Rosada.
 
El panorama es el de la ofensiva judicial-política-mediática, muy similar a Brasil o Ecuador, donde el gran objetivo es golpear o inclusive sacar de la cancha a lo que el establishment llama "el populismo".
 
Para eso no importa si se trata de originales o fotocopias; si detienen a unos y no a otros; si el que declara lo que se pretende se va libre en minutos y si se acepta a cualquier arrepentido aún antes de verificar su versión.
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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19-09-2018 / 08:09
19-09-2018 / 08:09
19-09-2018 / 08:09
Cinco dirigentes sociales, entre ellos el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, fueron detenidos cuando reclamaban la liberación de dos de sus compañeros frente a la comisaría 18ª. Grabois consiguió enviar un mensaje denunciando la agresión policial.
 
Las organizaciones sociales convocaron a la militancia a la puerta de la comisaría para exigir la liberación de todos los detenidos. Dos horas más tarde, después que se concentraran en el lugar dirigentes políticos y gremiales, el ministerio de Seguridad porteño permitió su salida y la del resto de los militantes y trabajadores capturados.
 
"Nos vamos con todos los militantes y trabajadores liberados por el pueblo", gritó el dirigente de la CTEP Juan Grabois al nutrido grupo que, pasada la medianoche, festejaba entusiasmado el cese de la detención de Grabois y de otros once militantes y dirigentes apresados por protestar contra la brutalidad policial macrista.
 
"Todo esto es exclusiva responsabilidad del Gobierno, que generó un clima de odio y de persecución contra los trabajadores y los humildes, a los que quieren mostrar como enemigos de la sociedad", reflexionó ante los medios presentes el dirigente cercano al Papa.
 
"Está volviendo la xenofobia, está volviendo el fascismo. Es terrible lo que están haciendo con nuestra patria", concluyó antes de festejar la liberación de todos los detenidos.
 
Grabois es un dirigente social muy cercano al papa Francisco. Días atrás, recibió amenazas de parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y críticas de parte de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cuando junto a los líderes de la CCC y Barrios de Pie anunció un plan de lucha para reclamar un aumento de emergencia en la AUH, en planes de empleo y jubilaciones.
 
"Si no está asegurada la comida para los compañeros, no hay posibilidad de contención. No queremos repetir un escenario como el de 2001", avisó entonces.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 16:09
El Gobierno de Mauricio Macri anticipa ahora que la luz al final del túnel llegará en el segundo trimestre del próximo año, gracias a un incremento de las exportaciones agropecuarias.
 
La recesión se extendería entonces hasta marzo de 2019 y luego la actividad iniciaría una recuperación, según explicaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda, pese a que anticipan que el contexto externo continuará siendo negativo y que no esperan el empujón de la obra en infraestructura vía contratos de Participación Público Privada (PPP), modalidad a la que "ya no apostamos ni una ficha", según dijeron.
 
El fondo de garantía de sustentabilidad, stock de respaldo de los aportes para los jubilados, comenzará a usarse a partir de abril próximo para el pago de los haberes previsionales, dado que para ese mes se habrán consumido los ingresos provenientes del blanqueo de capitales.
 
Como el Banco Central tiene prohibido por el acuerdo con el FMI financiar al Tesoro, será el Banco Nación el que aporte el año próximo 15.000 millones de pesos de sus utilidades. También se congelará el fondo de incentivo docente a las provincias en términos nominales, con el objetivo de que la inflación lo vaya licuando con el tiempo.
 
Desde el gobierno de los CEOs reconocen que hubo una enorme diferencia entre la previsión de variables del presupuesto de este año y lo que terminó sucediendo. Sin embargo, lo reducen a cuestiones externas e imponderables: sequía, volatilidad financiera externa, la crisis turca, la suba de tasas de interés de Estados Unidos y recientemente los problemas en Brasil.
 
Nada de esto está previsto que vaya a cambiar pero esta vez aseguran que una buena cosecha alcanzará para compensar todos esos problemas. "El contexto externo desfavorable se va a mantener, pero la apuesta es a una mejora en la cosecha. El agro va a traccionar", se esperanzan en Hacienda.
 
También esperan que el consumo mejore en términos interanuales recién en el último trimestre del año próximo, cerca de la elecciones presidenciales, en torno a 15 por ciento contra 2018. De todos modos, en el balance anual el consumo privado se proyecta con una contracción del 1,6 por ciento.
 
En resumen, el Gobierno de los Ricos proyecta una reducción nominal de 7 puntos en las partidas para obra pública, da por caído los PPP, echará mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar a jubilados, avanzará con privatizaciones y seguirá aumentando las tarifas.
 
Los intereses de deuda representan ya el 18 % del gasto público. Mientras, la educación y cultura sufrirán un fuerte recorte real, también salud, ciencia y técnica y los salarios de trabajadores del Estado. El gobierno sólo quiere la "bendición" del FMI para conseguir financiamiento de cara a 2019.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 07:09
Como se esperaba, el juez federal de la "servilleta", Claudio Bonadio, procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero para enriquecerse.
 
En las 551 páginas del texto conocido ayer, no se aporta ninguna evidencia de dónde están los dólares ni los bienes ni las cuentas ni las sociedades ni las bóvedas con el dinero del enriquecimiento.
 
Tampoco hay testigos o arrepentidos que digan que arreglaron algo o le entregaron algo a la ex mandataria, salvo el caso de José López, quien se despachó con una nueva versión, la quinta que cambia, de que habló con Cristina sobre recaudación de plata y "supone" que ella le mandó los 9 millones de dólares que le encontraron cuando los tiró en el convento.
 
Los procesamientos de ayer abarcan a un amplio grupo de empresarios que se dividieron entre los que dicen que pusieron plata para campañas electorales -algunos presionados y otros por propia voluntad-; los que armaron el club de la obra pública y pagaron coimas; el club de los peajes, que también pagó coimas y el grupo Techint que dice que aportó para negociar una indemnización en Venezuela.
 
También fueron procesados funcionarios de todos los niveles, la mayoría de ellos negó haber recibido dinero y hasta alguno demostró que vive en la más absoluta modestia, con lo que refutan haberse enriquecido.
 
Bonadío lleva adelante, junto al fiscal Carlos Stornelli, una investigación que ha despertado sospechas y polémicas por las pruebas en que ha basado sus fallos, la arbitraria utilización de la figura del "arrepentido" y la direccionalidad de las acusaciones, que incluye un "blindaje" que hasta ahora rodea al presidente Mauricio Macri y sus responsabilidades empresarias y políticas.
 
El pretendido Lava Jato argentino es una causa enfilada contra el cristinismo. Quieren a Cristina presa durante la campaña electorral. Los empresarios que inculparon ex funcionarios K obtuvieron la libertad inmediata durante el proceso. Los arrepentidos que desplegaron versiones auto exculpatorias bajo intimidación fueron casi todos procesados.
 
Son claves las violaciones del debido proceso: detenciones abruptas, morbosamente transmitidas en directo e injustificadas. Completan el cuadro condiciones desdorosas de encarcelamiento, con amenazas de mantenerlas si no mediaban relatos que enlodaran a los procesados opositores a Macri.
 
Los hechos deben ser investigados, juzgados, sancionados si median evidencias contundentes. Y en esta cuestión abundan elementos probatorios verosímiles, muy en especial las autoinculpaciones. Pero las sospechas, los indicios, las declaraciones, requieren recorrer el debido proceso, en especial el ejercicio del derecho de defensa. La cárcel prematura, pensada para durar años constituye una condena anticipada, he ahí su injusta racionalidad.
 
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