Nacionales - 07-08-2018 / 16:08
DIO SU VERSIÓN EN LA CAUSA DE LOS CUADERNOS Y SE FUE TRANQUILAMENTE A SU CASA
El primo de Macri pasó de coimero a víctima de extorsión
Angelo Calcaterra fue el máximo responsable de la poderosa constructora Iecsa desde el 2007, año en el que su tío Franco Macri decidió cedérsela en “cómodas cuotas” y por un “valor irrisorio”, hasta el 2017, cuando le vendió todas sus acciones a un amigo del presidente, Marcelo Mindlin. En 2007, Mauricio Macri pasó de ser diputado nacional a jefe de Gobierno porteño. Y era conveniente, para el bien de los negocios familiares, sacar el nombre Macri. Así, Calcaterra tuvo la suerte de ser el sobrino elegido como la figura del emporio de la construcción. Lo más parecido a un testaferro.
Angelo Calcaterra fue el máximo responsable de la poderosa constructora Iecsa desde el 2007, año en el que su tío Franco Macri decidió cedérsela en "cómodas cuotas" y por un "valor irrisorio", hasta el 2017, cuando le vendió todas sus acciones a un amigo del presidente, Marcelo Mindlin. En 2007, Mauricio Macri pasó de ser diputado nacional a jefe de Gobierno porteño. Y era conveniente, para el bien de los negocios familiares, sacar el nombre Macri. Así, Calcaterra tuvo la suerte de ser el sobrino elegido como la figura del emporio de la construcción. Lo más parecido a un testaferro.
El empresario se presentó hoy en los tribunales para "colaborar". Dijo que no fueron 11.300.000 dólares. Fueron entre 100.000 y 200.000 dólares. Sesenta veces menos que lo que dice el chofer. No fue para ganar licitaciones ni para facturar con sobreprecios, sino que el dinero se tuvo que entregar para las campañas electorales K. O sea que no cometieron una estafa al Estado sino que fueron víctimas de una extorsión.
Al empresario, de acuerdo a las fotocopias de los cuadernos, se le achaca pagos por 11.300.000 dólares en 12 visitas del secretario de Roberto Baratta a la empresa. Hay otras dos visitas en que el chofer escribano no pudo estimar las cifras. Calcaterra actuó de arrepentido un rato, dijo que su número dos, Javier Sánchez Caballero, le pagó al secretario de Baratta por orden suya y que entregó, en 4 pagos, entre 100.000 y 200.000 dólares para las campañas electorales K.
Una curiosidad es que de esa manera, Calcaterra ayudó a financiar la campaña de Daniel Scioli contra su primo, algo que no suena demasiado creíble. Un rato más tarde el empresario se fue tranquilamente de Comodoro Py a su casa con el rango de imputado-colaborador, dejando atrás numerosos interrogantes, entre ellos por qué no fue detenido de entrada: nadie saca 11 millones de dólares de una empresa sin el visto bueno del dueño. En Tribunales nadie se puso colorado y no sabemos la reacción del más puntilloso chofer del mundo quien, supuestamente, le pifió en el cálculo en un 98,23 por ciento.
"Le tengo un gran afecto a mi primo. Esto le hace bien al país. Esto es el cambio", es lo que desde adentro de la Rosada hicieron transcender respecto a la opinión del presidente Macri luego de que su primo, Angelo, también esté involucrado en la novela de los cuadernos y el pago de coimas.
Ahora bien, ¿cuál es el cambio de qué transparencia estamos hablando? Se olvida el Presidente de los negocios de las empresas Socma y más cercano en el tiempo de las irregularidades en la concesión de Correo Argentina y la abultada y dilatada deuda que el grupo familiar Macri aún mantiene con el Estado.
Aunque el Gobierno de los Ricos lo quiera negar, Calcaterra es Macri. Es el exponente de uno de los grupos empresarios más grandes, que amasó su fortuna durante la última dictadura militar y que creó la famosa "patria contratista". Un modo de hacer negocios mediante el que empresarios constructores, junto a funcionarios corruptos, embolsan millones, a costa de la obra pública.
La Opinión Popular
Como adelantó PáginaI12 el domingo, en exclusiva, el número 2 de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, se convirtió ayer en el segundo "arrepentido". Y esgrimió el argumento que también adelantó este diario: que no pagaron coimas para conseguir obras o poner sobreprecios sino que fueron presionados para aportar a las campañas electorales.
Pagar coimas para ganar una licitación hubiera sido un fraude con el que ganarían mucha plata. Poner sobreprecios, lo mismo. El delito es cohecho.
En cambio en el caso de las campañas electorales, los empresarios no tienen de qué arrepentirse porque fueron víctimas de un delito, una extorsión del kirchnerismo. Lo mismo sucede si argumentan que pagaron para cobrar antes: según los juristas, también es extorsión, porque el funcionario público exige dinero a cambio de un derecho que ya tiene el acreedor.
El combo de CEOs macristas, todos defendidos por el mismo estudio de abogados de Ricardo Rozental, uno de los preferidos de Macri, obedientemente usaron los mismos argumentos y se fueron a sus casas en libertad.
El fiscal y el juez sí tuvieron la delicadeza de no detener al número 1 de Iecsa, el primo presidencial, pese a que era cantado que era responsable de cualquier pago. La "confesión" de ayer demuestra las maniobras del expediente: ser primo del Presidente tiene sus privilegios.
Ayer, otros dos empresarios, que no están detenidos, repitieron la cantinela: que los extorsionaron y les pidieron plata para la campaña electoral. El kirchnerismo hace dos años y medio que dejó el poder, pero ahora Alejandro Ivanisevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de la empresa agropecuaria MSU le dijeron a Bonadío que los obligaron a aportar.
El show de ayer continuó con otro impacto. El dúo Carlos Stornelli-Claudio Bonadio mandó a detener a Héctor Zavaleta, ex ejecutivo de Techint. En los diarios de viaje del chofer se consignan nueve visitas de Baratta a la empresa del hombre más rico de la Argentina, Paolo Rocca.
Dice que el funcionario se llevó plata en bolsos, pero no sabe cuánto.
Lo llamativo es que, nuevamente, detuvieron a un ejecutivo pero no al dueño que, como sucedió en el caso de Iecsa, seguramente fue el que dio las órdenes de que se pagara.
En cambio, Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, quedó detenido tras presentarse y negarse a declarar ante Bonadio. Además, allanaron tres domicilios que supuestamente le pertenecen.
El ex integrante de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, dijo durante el fin de semana que los cuadernos pueden ser un indicio, no una prueba. Es decir que si en un cuaderno o su fotocopia se consigna que hay un cadáver en el jardín, es necesario encontrar el cadáver. Los cuadernos no son una prueba en sí mismos.
En el expediente judicial todavía no apareció ningún cadáver: ni una cuenta bancaria clandestina ni una sociedad en el exterior ni una bóveda.
En el día de ayer hicieron circular la versión de que un empresario tiene filmado el pago de dinero: sería una evidencia de importancia. Por supuesto que también sería deseable la aparición de los cuadernos, que Centeno dice que quemó, pero que no hay razón para creerle.
Según su ex pareja, se trata de un hombre inestable y su opaca carrera de sargento en el Ejército se terminó cuando le tiró una granada a un compañero que, aparentemente, le hacía bullying. Por esa razón estuvo preso.
Aún así, no perdió su precisión para escribir, aunque su memoria vaciló respecto si tenía guardados los cuadernos o los había quemado. Fue con Stornelli a dos domicilios a buscar el material y después declaró que lo quemó.
Hay causas judiciales paralelas en que el proceso fue totalmente diferente a la del chofer arrepentido. En el expediente sobre el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, instruido por Marcelo Martínez del Giorgi y el fiscal Franco Piccardi y en la causa por las plantas potabilizadoras, a cargo de Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado, se investigan licitaciones, sobreprecios, coimas, pagos de Odebrecht y demás maniobras.
El método no es el de las detenciones irregulares, sin juicio y sin condena, con la virtual extorsión de los detenidos, sino una investigación meticulosa de los contratos y el movimiento de dinero.
Angelo Calcaterra está citado a indagatoria; Carlos Wagner, de Esuco y ex titular de la Cámara de la Construcción, está procesado y nuevamente citado a indagatoria. Como es obvio, en esas causas también están investigados, como corresponde, los funcionarios públicos.
Durante el día de ayer, Bonadio rechazó la recusación presentada por Anibal Ibarra y Roberto Boico, defensores de Oscar Parrilli. Planteos similares harán Juan Pablo Alonso y Alfredo Huber, abogados de Baratta, mientras que el conocido penalista Maximiliano Rusconi, letrado de Julio De Vido, ya adelantó que pedirá la nulidad de todo lo actuado.
El relato del periodista de La Nación, Diego Cabot, que contó que directamente le llevó las fotocopias a Carlos Stornelli -era jefe de Seguridad de Boca Juniors cuando Macri era presidente del club xeneize- porque lo conocía, es una evidencia palmaria de cómo se manejaron las cosas.
Se vieron en un bar, charlaron de cine, después en una vivienda y después Cabot fue a la fiscalía. La totalidad de los juristas consultados por este diario coinciden en que se trató de un caso del llamado forum shopping, es decir de elección del juez como en un shopping.
Será la Cámara Federal la que tendrá la palabra ahora, tanto sobre las recusaciones como sobre las excarcelaciones. Cualquiera de los planteos tiene diagnóstico pesimista en Comodoro Py, que ha sostenido las más increíbles ilegalidades y hoy funciona como sucursal de la Casa Rosada.
El panorama es el de la ofensiva judicial-política-mediática, muy similar a Brasil o Ecuador, donde el gran objetivo es golpear o inclusive sacar de la cancha a lo que el establishment llama "el populismo".
Para eso no importa si se trata de originales o fotocopias; si detienen a unos y no a otros; si el que declara lo que se pretende se va libre en minutos y si se acepta a cualquier arrepentido aún antes de verificar su versión.
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
Fuente: Página 12