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“Han venido a saquear al país, y lo saquearon: deuda externa eterna, fuga de capitales, condonación de deudas privadas, bicicleta financiera y un plan de Macri con el FMI que es irrealizable”. “Pino” Solanas
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Nacionales - 07-08-2018 / 16:08
DIO SU VERSIÓN EN LA CAUSA DE LOS CUADERNOS Y SE FUE TRANQUILAMENTE A SU CASA

El primo de Macri pasó de coimero a víctima de extorsión

El primo de Macri pasó de coimero a víctima de extorsión
Angelo Calcaterra fue el máximo responsable de la poderosa constructora Iecsa desde el 2007, año en el que su tío Franco Macri decidió cedérsela en “cómodas cuotas” y por un “valor irrisorio”, hasta el 2017, cuando le vendió todas sus acciones a un amigo del presidente, Marcelo Mindlin. En 2007, Mauricio Macri pasó de ser diputado nacional a jefe de Gobierno porteño. Y era conveniente, para el bien de los negocios familiares, sacar el nombre Macri. Así, Calcaterra tuvo la suerte de ser el sobrino elegido como la figura del emporio de la construcción. Lo más parecido a un testaferro.
Angelo Calcaterra fue el máximo responsable de la poderosa constructora Iecsa desde el 2007, año en el que su tío Franco Macri decidió cedérsela en "cómodas cuotas" y por un "valor irrisorio", hasta el 2017, cuando le vendió todas sus acciones a un amigo del presidente, Marcelo Mindlin. En 2007, Mauricio Macri pasó de ser diputado nacional a jefe de Gobierno porteño. Y era conveniente, para el bien de los negocios familiares, sacar el nombre Macri. Así, Calcaterra tuvo la suerte de ser el sobrino elegido como la figura del emporio de la construcción. Lo más parecido a un testaferro.
 
El empresario se presentó hoy en los tribunales para "colaborar". Dijo que no fueron 11.300.000 dólares. Fueron entre 100.000 y 200.000 dólares. Sesenta veces menos que lo que dice el chofer. No fue para ganar licitaciones ni para facturar con sobreprecios, sino que el dinero se tuvo que entregar para las campañas electorales K. O sea que no cometieron una estafa al Estado sino que fueron víctimas de una extorsión.
 
Al empresario, de acuerdo a las fotocopias de los cuadernos, se le achaca pagos por 11.300.000 dólares en 12 visitas del secretario de Roberto Baratta a la empresa. Hay otras dos visitas en que el chofer escribano no pudo estimar las cifras. Calcaterra actuó de arrepentido un rato, dijo que su número dos, Javier Sánchez Caballero, le pagó al secretario de Baratta por orden suya y que entregó, en 4 pagos, entre 100.000 y 200.000 dólares para las campañas electorales K.
 
Una curiosidad es que de esa manera, Calcaterra ayudó a financiar la campaña de Daniel Scioli contra su primo, algo que no suena demasiado creíble. Un rato más tarde el empresario se fue tranquilamente de Comodoro Py a su casa con el rango de imputado-colaborador, dejando atrás numerosos interrogantes, entre ellos por qué no fue detenido de entrada: nadie saca 11 millones de dólares de una empresa sin el visto bueno del dueño. En Tribunales nadie se puso colorado y no sabemos la reacción del más puntilloso chofer del mundo quien, supuestamente, le pifió en el cálculo en un 98,23 por ciento.
 
"Le tengo un gran afecto a mi primo. Esto le hace bien al país. Esto es el cambio", es lo que desde adentro de la Rosada hicieron transcender respecto a la opinión del presidente Macri luego de que su primo, Angelo, también esté involucrado en la novela de los cuadernos y el pago de coimas.
 
Ahora bien, ¿cuál es el cambio de qué transparencia estamos hablando? Se olvida el Presidente de los negocios de las empresas Socma y más cercano en el tiempo de las irregularidades en la concesión  de Correo Argentina y la abultada y dilatada deuda que el grupo familiar Macri aún mantiene con el Estado.
 
Aunque el Gobierno de los Ricos lo quiera negar, Calcaterra es Macri. Es el exponente de uno de los grupos empresarios más grandes, que amasó su fortuna durante la última dictadura militar y que creó la famosa "patria contratista". Un modo de hacer negocios mediante el que empresarios constructores, junto a funcionarios corruptos, embolsan millones, a costa de la obra pública.
 
La Opinión Popular

 
Como adelantó PáginaI12 el domingo, en exclusiva, el número 2 de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, se convirtió ayer en el segundo "arrepentido". Y esgrimió el argumento que también adelantó este diario: que no pagaron coimas para conseguir obras o poner sobreprecios sino que fueron presionados para aportar a las campañas electorales.
 
Pagar coimas para ganar una licitación hubiera sido un fraude con el que ganarían mucha plata. Poner sobreprecios, lo mismo. El delito es cohecho.
 
En cambio en el caso de las campañas electorales, los empresarios no tienen de qué arrepentirse porque fueron víctimas de un delito, una extorsión del kirchnerismo. Lo mismo sucede si argumentan que pagaron para cobrar antes: según los juristas, también es extorsión, porque el funcionario público exige dinero a cambio de un derecho que ya tiene el acreedor.
 
El combo de CEOs macristas, todos defendidos por el mismo estudio de abogados de Ricardo Rozental, uno de los preferidos de Macri, obedientemente usaron los mismos argumentos y se fueron a sus casas en libertad.
 
El fiscal y el juez sí tuvieron la delicadeza de no detener al número 1 de Iecsa, el primo presidencial, pese a que era cantado que era responsable de cualquier pago. La "confesión" de ayer demuestra las maniobras del expediente: ser primo del Presidente tiene sus privilegios.
 
Ayer, otros dos empresarios, que no están detenidos, repitieron la cantinela: que los extorsionaron y les pidieron plata para la campaña electoral. El kirchnerismo hace dos años y medio que dejó el poder, pero ahora Alejandro Ivanisevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de la empresa agropecuaria MSU le dijeron a Bonadío que los obligaron a aportar.
 
El show de ayer continuó con otro impacto. El dúo Carlos Stornelli-Claudio Bonadio mandó a detener a Héctor Zavaleta, ex ejecutivo de Techint. En los diarios de viaje del chofer se consignan nueve visitas de Baratta a la empresa del hombre más rico de la Argentina, Paolo Rocca.
Dice que el funcionario se llevó plata en bolsos, pero no sabe cuánto.
 
Lo llamativo es que, nuevamente, detuvieron a un ejecutivo pero no al dueño que, como sucedió en el caso de Iecsa, seguramente fue el que dio las órdenes de que se pagara.
 
En cambio, Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, quedó detenido tras presentarse y negarse a declarar ante Bonadio. Además, allanaron tres domicilios que supuestamente le pertenecen.
 
El ex integrante de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, dijo durante el fin de semana que los cuadernos pueden ser un indicio, no una prueba. Es decir que si en un cuaderno o su fotocopia se consigna que hay un cadáver en el jardín, es necesario encontrar el cadáver. Los cuadernos no son una prueba en sí mismos.
 
En el expediente judicial todavía no apareció ningún cadáver: ni una cuenta bancaria clandestina ni una sociedad en el exterior ni una bóveda.
 
En el día de ayer hicieron circular la versión de que un empresario tiene filmado el pago de dinero: sería una evidencia de importancia. Por supuesto que también sería deseable la aparición de los cuadernos, que Centeno dice que quemó, pero que no hay razón para creerle.
 
Según su ex pareja, se trata de un hombre inestable y su opaca carrera de sargento en el Ejército se terminó cuando le tiró una granada a un compañero que, aparentemente, le  hacía bullying. Por esa razón estuvo preso.
 
Aún así, no perdió su precisión para escribir, aunque su memoria vaciló respecto si tenía guardados los cuadernos o los había quemado. Fue con Stornelli a dos domicilios a buscar el material y después declaró que lo quemó.
 
Hay causas judiciales paralelas en que el proceso fue totalmente diferente a la del chofer arrepentido. En el expediente sobre el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, instruido por Marcelo Martínez del Giorgi y el fiscal Franco Piccardi y en la causa por las plantas potabilizadoras, a cargo de Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado, se investigan licitaciones, sobreprecios, coimas, pagos de Odebrecht y demás maniobras.
 
El método no es el de las detenciones irregulares, sin juicio y sin condena, con la virtual extorsión de los detenidos, sino una investigación meticulosa de los contratos y el movimiento de dinero.
 
Angelo Calcaterra está citado a indagatoria; Carlos Wagner, de Esuco y ex titular de la Cámara de la Construcción, está procesado y nuevamente citado a indagatoria. Como es obvio, en esas causas también están investigados, como corresponde, los funcionarios públicos.
 
Durante el día de ayer, Bonadio rechazó la recusación presentada por Anibal Ibarra y Roberto Boico, defensores de Oscar Parrilli. Planteos similares harán Juan Pablo Alonso y Alfredo Huber, abogados de Baratta, mientras que el conocido penalista Maximiliano Rusconi, letrado de Julio De Vido, ya adelantó que pedirá la nulidad de todo lo actuado.
 
El relato del periodista de La Nación, Diego Cabot, que contó que directamente le llevó las fotocopias a Carlos Stornelli  -era jefe de Seguridad de Boca Juniors cuando Macri era presidente del club xeneize-  porque lo conocía, es una evidencia palmaria de cómo se manejaron las cosas.
 
Se vieron en un bar, charlaron de cine, después en una vivienda y después Cabot fue a la fiscalía. La totalidad de los juristas consultados por este diario coinciden en que se trató de un caso del llamado forum shopping, es decir de elección del juez como en un shopping.
 
Será la Cámara Federal la que tendrá la palabra ahora, tanto sobre las recusaciones como sobre las excarcelaciones. Cualquiera de los planteos tiene diagnóstico pesimista en Comodoro Py, que ha sostenido las más increíbles ilegalidades y hoy funciona como sucursal de la Casa Rosada.
 
El panorama es el de la ofensiva judicial-política-mediática, muy similar a Brasil o Ecuador, donde el gran objetivo es golpear o inclusive sacar de la cancha a lo que el establishment llama "el populismo".
 
Para eso no importa si se trata de originales o fotocopias; si detienen a unos y no a otros; si el que declara lo que se pretende se va libre en minutos y si se acepta a cualquier arrepentido aún antes de verificar su versión.
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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12-11-2018 / 10:11
12-11-2018 / 09:11
El bono que acordaron el gobierno conservador de Mauricio Macri, la CGT, la Unión Industrial y las cámaras de Comercio y de la Construcción apenas compensa la pérdida del salario frente a la inflación ocurrida durante el año.
 
Un trabajador del sector privado registrado obtuvo en septiembre un salario promedio de $26.514 en mano. Si el salario promedio hubiera acompañado durante el año la inflación, en septiembre tendría que haber cobrado de $29.007. Es decir que el salario promedio perdió $2.493 en septiembre frente a la inflación. 
 
Esa insuficiencia salarial corresponde sólo al mes de septiembre, pero en todos los meses existe una pérdida del salario frente a la inflación. Ese saqueo mensual al poder de compra de los trabajadores acumularía en el año $ 23.559. Este debería ser el monto del bono para compensar la pérdida del salario frente a la suba de precios.
 
El borrador del bono de fin de año por $5.000 le alcanzó al Gobierno para frenar el paro de la CGT. Los $ 5.000 acordados en dos cuotas, a pagar con los salarios de noviembre y enero, apenas cubren el 21 % de lo que los empresarios se ahorraron por la inflación.
 
Para los privados el carácter del adicional es obligatorio, pero su ampliación a empleados públicos se la adjudican a la gestión política de uno de los titulares cegetistas, Héctor Daer. La misma consta de negociación por los municipales porteños y ante gobernadores e intendentes del Conurbano para que cobren este beneficio.
 
Incluso en las cercanías del líder de Sanidad, ante la consulta, apostaron fuerte al anticipar que: "un sector de los estatales va a sorprender, porque lograrán el bono y la reapertura de paritarias".
 
Entre noviembre de 2015 y septiembre de 2018, el salario real en el sector público perdió 21 %. En el último trimestre del año, el Observatorio de la CTA, señala que la caída alcanzará el 25 %. Toda esa pérdida salarial desde que asumió Cambiemos ni siquiera se pudo meter en la mesa de discusión.
 
En el período que va desde noviembre de 2015 a septiembre de 2018, en el área metropolitana de Buenos Aires, el transporte se incrementó 142 %, el agua 480 %, el gas 498 % y la electricidad 1.317 %.
 
Ahora, se espera la edición final del texto y la firma del presidente Macri que la central obrera daba por descontada para hoy. Se desconoce el ropaje legal del aumento. A qué empresas se dispensará o reducirá la obligación y, en su caso, contra qué recaudos. Según cómo se imputen los pagos pueden funcionar con un plus o como un adelanto a cuenta que se descontará de futuros haberes. Falta precisar la "letra chica", mote piadoso para designar la mala fe oficial.
 
La Opinión Popular

11-11-2018 / 10:11
11-11-2018 / 10:11
El último estudio de opinión del CEOP revela una clarísima mayoría de los que dicen que van a votar a candidatos opositores en 2019 sostienen que la oposición debe ir unida, hacer una gran PASO y que de ahí salga un candidato único. Semejante voluntad surge de la desesperación por la gravísima situación económica, que sigue dominando el alma y la mente de los argentinos.
 
El cuadro completo es que el 45 por ciento de los consultados dice estar resuelto a votar por una opción opositora, mientras que el 31 por ciento afirma que le dará el voto al oficialismo. Como viene sucediendo, el dato clave de la ecuación es que la oposición está dividida. Y allí es dónde se plantea el interrogante, con respuesta nítida.
 
Una amplia mayoría de los que anticipan que van a votar a candidatos opositores sostiene que debe haber unidad y una gran PASO, mientras que una minoría sostiene que cada espacio vaya con sus ideas y por separado.
 
También en el día a día hay una evaluación tamizada con mirada opositora: la sociedad está dividida casi por mitades respecto del presupuesto, pero cuando al encuestado se le pide que asuma el papel de senador, son más los que votarían en contra que los que votarían a favor.
 
Las opiniones sobre la economía son categóricas y vienen inamovibles desde hace meses:
 
-78 por ciento tiene opinión negativa o muy negativa sobre la situación económica.
-70 por ciento dice que tiene poca o ninguna confianza en el Gobierno.
-54 por ciento dice que Mauricio Macri no va a resolver los problemas.
-63 por ciento afirma que las medidas del Gobierno lo afectaron.
 
Como se ve, todo es ampliamente desfavorable para la administración Cambiemos y para el propio presidente.
 
Las conclusiones surgen de una amplia encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que dirige el sociólogo Roberto Bacman. En total fueron entrevistadas 1.200 personas de todo el país, con respeto por las proporciones de edad, sexo y nivel económico-social. Las entrevistas fueron telefónicas y la encuesta se terminó de procesar ayer. 

10-11-2018 / 11:11
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