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Nacionales - 12-07-2018 / 09:07

Correo: esa deuda con el Estado que los Macri se niegan a pagar

Correo: esa deuda con el Estado que los Macri se niegan a pagar
EL MISMO CURREO DOS AÑOS MÁS TARDE. Cuando se destapó el escándalo, el Presidente Macri aseguró que todo volvería atrás. Pero dos años después el Correo repitió prácticamente la misma oferta de pago que la fiscal Boquin consiguió frenar, porque era “una condonación lisa y llana” de la deuda multimillonaria que el Grupo Macri tenía con el Estado. En ell fotomontaje: el presidente Mauricio Macri y su hermano Gianfranco.
Cuando se destapó el escándalo, el presidente Mauricio Macri aseguró que todo volvería atrás. Pero dos años después, en otro intento por dilatar el pago millonario que debe al Estado, la familia Macri propuso saldar su deuda por la concesión del Correo Argentino en cuotas y por la misma cantidad de dinero rechazada hace dos años.
 
Otra vez, la propuesta de la Sociedad Macri (Socma) quiso saldar lo que deben hace 15 años con un monto similar al ofrecido en 2016, cuando fracasó la primera negociación. La cifra contemplaba una quita del 98,82% de la deuda original, que significaría para los Macri un ahorro y para el Estado un perjuicio de $70.000 millones.
 
Es la misma maniobra que la fiscal Gabriela Boquin rechazó, por considerarla "ruinosa" y "abusiva" para el Estado, y que terminó con una imputación para el Presidente y algunos de sus funcionarios.
 
Pero no es todo. Ahora el Grupo Macri aceptó el pago de los intereses concursales desde 2001 a la fecha -con una quita del 30%-, pero condicionó ese pago a que los juicios que el Correo tiene contra el Estado les sean favorables.
 
Es decir que, en caso de que la familia presidencial decida saldar sus $4.000 millones con el Estado, lo haría con los mismos fondos que el Estado (Macri) le pague a la familia Macri.
 
Todavía está pendiente que avance una investigación sobre maniobras de vaciamiento del Correo Argentino en favor de sus controlantes, Socma y Sideco, que podrían revelar una suerte de fraude en el concurso de acreedores. Boquin hizo la denuncia, y desde entonces intentan correrla del caso, decisión que está pendiente en la Corte Suprema.
 
También está pendiente de avances la causa penal por el acuerdo con el que se intentó beneficiar al Correo, que tiene al propio presidente Macri como imputado, en el juzgado de Ariel Lijo, y de la que fue desplazado sorpresivamente a Juan Pedro Zoni, que era el fiscal.
 
En el camino, quedó atrás la intención de saldar la deuda con un edificio que ya pertenece al Estado con un precio inflado que ni aún así cubriría su deuda. Pero solo para dar paso a esta propuesta aún más insólita: la de insistir con un acuerdo que es abusivo y ruinoso para el Estado. Macri no tiene vergüenza.
 
La Opinión Popular

 
Los Macri no se rinden
 
Como si no hubiera pasado nada, ni el tiempo, el Correo Argentino le hizo una nueva oferta al Estado por su deuda millonaria que, en rigor, es casi igual a la que ya formuló en junio de 2016 y que fue denunciada por implicar una condonación lisa y llana. La propuesta fue presentada por la empresa del Grupo Macri en una audiencia que se hizo el martes último ante la Cámara Comercial.
 
Tiene sólo dos diferencias poco significativas respecto del ofrecimiento anterior: plantea el pago en 13 cuotas anuales en lugar de 15, lo que no cambiaría demasiado el resultado porque ya pasaron dos años desde la negociación inicial y el último vencimiento, en 2033, no se movería; y además, el Correo dice que está dispuesto a hacer un "reconocimiento adicional" en concepto de intereses con tasa pasiva siempre y cuando gane los juicios que inició contra el Estado.
 
O sea, pretende pagar con dinero estatal que aspira a obtener. Las tasas que sugiere son bajísimas. El gran enigma ahora es si los representantes estatales aceptarán este esquema, como lo hicieron dos años atrás creyendo que pasaría inadvertido.
 
La audiencia que se hizo esta semana debió haberse realizado el 16 de marzo del año pasado. En febrero de ese año, la fiscal Gabriela Boquin había denunciado que el Correo de los Macri y los representantes del Estado (de la administración de Mauricio Macri) en el expediente comercial, habían acordado el 28 de junio de 2016 un esquema de pago de la deuda de la empresa postal que implicaba perdonarle casi el 99 por ciento.
 
Boquin dijo que el pacto era "ruinoso" y "abusivo", y logró frenarlo. Fue entonces que el Estado dio marcha atrás e hizo una puesta en escena para exaltar que propiciaba un nuevo convenio. Cuando debía presentarse a la nueva convocatoria, pidió una prórroga de 120 días, ideal para que el Correo siguiera sin pagar.
 
La prórroga en cuestión se estiró cada vez más con artilugios legales de por medio y recién esta semana se reunieron las partes, y la empresa volvió a llevar una oferta en la que es imposible hallar grandes diferencias respecto de la original. El proceso comercial para el pago deuda del Correo lleva ya 17 años de dilaciones. Hoy la deuda supera los 4 mil millones de pesos.
 
En años previos a 2016, el Estado había rechazado las propuestas de la empresa. Pero con la llegada de Macri a la presidencia la empresa controlada por firmas de su propia familia (Socma y Sideco) encontró el aliado perfecto. El acuerdo que finalmente fue retirado por el escándalo que implicó, preveía el pago de la deuda original, establecida en 296 millones de pesos, que se pagarían en 15 cuotas anuales, con una tasa de interés pasiva del 7 por ciento. A la vez, se iría pagando cada año una proporción diferente de la deuda, que iría en aumento, de modo tal que recién los últimos dos años se pagaría la mitad del total.
 
Según la proyección de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público Fiscal), la proyección hacia el año 2033, era que la deuda a condonar rondaría los 70 mil millones. En el escrito presentado esta semana, el actual titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y su patrocinante, Jaime Kleidermacher, anuncian: "la concursada mantiene su compromiso de pago ofrecido en la audiencia del 28 de junio de 2016 con una mejora en términos de plazo y monto".
 
 
Cuáles son las supuestas mejoras
 
El Correo ofrece abonar las dos primeras cuotas en un único pago de 5,9 millones de pesos dentro los primeros 30 días. Alega que de ese modo, serán menos cuotas, aunque mantendrían el esquema anterior por el cual el último vencimiento es en 2033. Pero es un planteo engañoso, porque ya pasaron dos años desde la propuesta inicial, que valen por dos cuotas menos. Además, empezarían a pagar un año después de firmado el acuerdo, con suerte a fines de 2019.
 
Mantiene la tasa de interés del 7 por ciento, la misma que ya había postulado, y que no tiene relación con el actual contexto inflacionario ni tiene relación con las tasas que hay hoy en el mercardo. Hasta la tasa de un plazo fijo, que suele ser la más baja como referencia, es ostensiblemente superior, ya que ronda el 29 por ciento anual. Insisten en aplicar tasas pasivas, en lugar de activas.   
 
El mayor cambio propuesto viene con trampa. El Correo reconoce un "pago adicional en concepto de interés sobre la deuda verificada", que antes no admitía, de acuerdo a la tasa pasiva del Banco Central, desde la presentación en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001 y hasta la cancelación total y definitiva de los compromisos asumidos por la concursada". Según los cálculos de la empresa, serían 1784 millones de pesos. De todos modos dice que "sobre el cálculo de capital e intereses, se aplicará una quita del 30 por ciento".
 
Pero, además, supedita el pago en cuestión al triunfo en cuatro juicios contra el Estado donde reclama cifras, que superan los 3000 millones de pesos, por supuestos incumplimientos contractuales y por la propia estatización (que resolvió Néstor Kirchner cuando el Correo dejó de pagar el canon anual) y la transferencia de los activos a la empresa estatal Correo Oficial. La última demanda, que implica el mayor volumen de dinero, fue presentada por la empresa del Grupo Macri dos semanas antes del acuerdo objetado por la fiscal Boquin.
 
Como informó este diario, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, ya conocía con esa anticipación la oferta del Correo, que había motivado reuniones previas, dudosas, entre representantes de la firma y funcionarios. El fuero contencioso administrativo, donde tramitan estas causas, le inspira confianza al Gobierno. Si le va bien, el Correo también se compromete a no iniciar más causas contra el Estado.
 
En la audiencia estuvieron Cibils y Robirosa por el Correo; el subprocurador del Tesoro, Juan Pablo Lahitou, y el director de Asuntos Judiciales, Carlos Gustavo Pistarini, y la fiscal Boquin. Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, le dieron un plazo de 45 días hábiles al Estado para que responda si acepta la "nueva" oferta del Correo.
 
De acuerdo a dos decretos de transparencia que impulsó Mauricio Macri después que estallara el escándalo del Correo que lo dejó tan expuesto, la opinión estatal tendrá que incluir también dictámenes de: la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción (una estructura dedicada a resguardar a los funcionarios del actual gobierno y denunciar a los del anterior)  y la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya elaboró un informe donde evita opinar sobre el proceso concursal, pero advierte que el Estado no defendió sus intereses y cuestionó las demandas del Correo contra aquel.
 
Ahora también es obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro, de la que fue desplazado Carlos Balbín, por cuestionar en sus informes la actuación del Estado en favor del Correo. Ahora está a cargo Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio representó al Grupo Macri.
 
En el acuerdo de 2016, apenas se presentó un ex funcionario del ex ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, con "instrucciones", de sus superiores. En aquella ocasión, a la fiscal Boquin la dejaron afuera, pero presentó sus objeciones con posterioridad. Parece difícil, con su criterio inicial, que vaya a aceptar la propuesta de esta semana, pero eso está por verse.
 
Por Irina Hauser
 
 FUENTE: Página12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
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17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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