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Nacionales - 12-07-2018 / 09:07

Correo: esa deuda con el Estado que los Macri se niegan a pagar

Correo: esa deuda con el Estado que los Macri se niegan a pagar
EL MISMO CURREO DOS AÑOS MÁS TARDE. Cuando se destapó el escándalo, el Presidente Macri aseguró que todo volvería atrás. Pero dos años después el Correo repitió prácticamente la misma oferta de pago que la fiscal Boquin consiguió frenar, porque era “una condonación lisa y llana” de la deuda multimillonaria que el Grupo Macri tenía con el Estado. En ell fotomontaje: el presidente Mauricio Macri y su hermano Gianfranco.
Cuando se destapó el escándalo, el presidente Mauricio Macri aseguró que todo volvería atrás. Pero dos años después, en otro intento por dilatar el pago millonario que debe al Estado, la familia Macri propuso saldar su deuda por la concesión del Correo Argentino en cuotas y por la misma cantidad de dinero rechazada hace dos años.
 
Otra vez, la propuesta de la Sociedad Macri (Socma) quiso saldar lo que deben hace 15 años con un monto similar al ofrecido en 2016, cuando fracasó la primera negociación. La cifra contemplaba una quita del 98,82% de la deuda original, que significaría para los Macri un ahorro y para el Estado un perjuicio de $70.000 millones.
 
Es la misma maniobra que la fiscal Gabriela Boquin rechazó, por considerarla "ruinosa" y "abusiva" para el Estado, y que terminó con una imputación para el Presidente y algunos de sus funcionarios.
 
Pero no es todo. Ahora el Grupo Macri aceptó el pago de los intereses concursales desde 2001 a la fecha -con una quita del 30%-, pero condicionó ese pago a que los juicios que el Correo tiene contra el Estado les sean favorables.
 
Es decir que, en caso de que la familia presidencial decida saldar sus $4.000 millones con el Estado, lo haría con los mismos fondos que el Estado (Macri) le pague a la familia Macri.
 
Todavía está pendiente que avance una investigación sobre maniobras de vaciamiento del Correo Argentino en favor de sus controlantes, Socma y Sideco, que podrían revelar una suerte de fraude en el concurso de acreedores. Boquin hizo la denuncia, y desde entonces intentan correrla del caso, decisión que está pendiente en la Corte Suprema.
 
También está pendiente de avances la causa penal por el acuerdo con el que se intentó beneficiar al Correo, que tiene al propio presidente Macri como imputado, en el juzgado de Ariel Lijo, y de la que fue desplazado sorpresivamente a Juan Pedro Zoni, que era el fiscal.
 
En el camino, quedó atrás la intención de saldar la deuda con un edificio que ya pertenece al Estado con un precio inflado que ni aún así cubriría su deuda. Pero solo para dar paso a esta propuesta aún más insólita: la de insistir con un acuerdo que es abusivo y ruinoso para el Estado. Macri no tiene vergüenza.
 
La Opinión Popular

 
Los Macri no se rinden
 
Como si no hubiera pasado nada, ni el tiempo, el Correo Argentino le hizo una nueva oferta al Estado por su deuda millonaria que, en rigor, es casi igual a la que ya formuló en junio de 2016 y que fue denunciada por implicar una condonación lisa y llana. La propuesta fue presentada por la empresa del Grupo Macri en una audiencia que se hizo el martes último ante la Cámara Comercial.
 
Tiene sólo dos diferencias poco significativas respecto del ofrecimiento anterior: plantea el pago en 13 cuotas anuales en lugar de 15, lo que no cambiaría demasiado el resultado porque ya pasaron dos años desde la negociación inicial y el último vencimiento, en 2033, no se movería; y además, el Correo dice que está dispuesto a hacer un "reconocimiento adicional" en concepto de intereses con tasa pasiva siempre y cuando gane los juicios que inició contra el Estado.
 
O sea, pretende pagar con dinero estatal que aspira a obtener. Las tasas que sugiere son bajísimas. El gran enigma ahora es si los representantes estatales aceptarán este esquema, como lo hicieron dos años atrás creyendo que pasaría inadvertido.
 
La audiencia que se hizo esta semana debió haberse realizado el 16 de marzo del año pasado. En febrero de ese año, la fiscal Gabriela Boquin había denunciado que el Correo de los Macri y los representantes del Estado (de la administración de Mauricio Macri) en el expediente comercial, habían acordado el 28 de junio de 2016 un esquema de pago de la deuda de la empresa postal que implicaba perdonarle casi el 99 por ciento.
 
Boquin dijo que el pacto era "ruinoso" y "abusivo", y logró frenarlo. Fue entonces que el Estado dio marcha atrás e hizo una puesta en escena para exaltar que propiciaba un nuevo convenio. Cuando debía presentarse a la nueva convocatoria, pidió una prórroga de 120 días, ideal para que el Correo siguiera sin pagar.
 
La prórroga en cuestión se estiró cada vez más con artilugios legales de por medio y recién esta semana se reunieron las partes, y la empresa volvió a llevar una oferta en la que es imposible hallar grandes diferencias respecto de la original. El proceso comercial para el pago deuda del Correo lleva ya 17 años de dilaciones. Hoy la deuda supera los 4 mil millones de pesos.
 
En años previos a 2016, el Estado había rechazado las propuestas de la empresa. Pero con la llegada de Macri a la presidencia la empresa controlada por firmas de su propia familia (Socma y Sideco) encontró el aliado perfecto. El acuerdo que finalmente fue retirado por el escándalo que implicó, preveía el pago de la deuda original, establecida en 296 millones de pesos, que se pagarían en 15 cuotas anuales, con una tasa de interés pasiva del 7 por ciento. A la vez, se iría pagando cada año una proporción diferente de la deuda, que iría en aumento, de modo tal que recién los últimos dos años se pagaría la mitad del total.
 
Según la proyección de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público Fiscal), la proyección hacia el año 2033, era que la deuda a condonar rondaría los 70 mil millones. En el escrito presentado esta semana, el actual titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y su patrocinante, Jaime Kleidermacher, anuncian: "la concursada mantiene su compromiso de pago ofrecido en la audiencia del 28 de junio de 2016 con una mejora en términos de plazo y monto".
 
 
Cuáles son las supuestas mejoras
 
El Correo ofrece abonar las dos primeras cuotas en un único pago de 5,9 millones de pesos dentro los primeros 30 días. Alega que de ese modo, serán menos cuotas, aunque mantendrían el esquema anterior por el cual el último vencimiento es en 2033. Pero es un planteo engañoso, porque ya pasaron dos años desde la propuesta inicial, que valen por dos cuotas menos. Además, empezarían a pagar un año después de firmado el acuerdo, con suerte a fines de 2019.
 
Mantiene la tasa de interés del 7 por ciento, la misma que ya había postulado, y que no tiene relación con el actual contexto inflacionario ni tiene relación con las tasas que hay hoy en el mercardo. Hasta la tasa de un plazo fijo, que suele ser la más baja como referencia, es ostensiblemente superior, ya que ronda el 29 por ciento anual. Insisten en aplicar tasas pasivas, en lugar de activas.   
 
El mayor cambio propuesto viene con trampa. El Correo reconoce un "pago adicional en concepto de interés sobre la deuda verificada", que antes no admitía, de acuerdo a la tasa pasiva del Banco Central, desde la presentación en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001 y hasta la cancelación total y definitiva de los compromisos asumidos por la concursada". Según los cálculos de la empresa, serían 1784 millones de pesos. De todos modos dice que "sobre el cálculo de capital e intereses, se aplicará una quita del 30 por ciento".
 
Pero, además, supedita el pago en cuestión al triunfo en cuatro juicios contra el Estado donde reclama cifras, que superan los 3000 millones de pesos, por supuestos incumplimientos contractuales y por la propia estatización (que resolvió Néstor Kirchner cuando el Correo dejó de pagar el canon anual) y la transferencia de los activos a la empresa estatal Correo Oficial. La última demanda, que implica el mayor volumen de dinero, fue presentada por la empresa del Grupo Macri dos semanas antes del acuerdo objetado por la fiscal Boquin.
 
Como informó este diario, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, ya conocía con esa anticipación la oferta del Correo, que había motivado reuniones previas, dudosas, entre representantes de la firma y funcionarios. El fuero contencioso administrativo, donde tramitan estas causas, le inspira confianza al Gobierno. Si le va bien, el Correo también se compromete a no iniciar más causas contra el Estado.
 
En la audiencia estuvieron Cibils y Robirosa por el Correo; el subprocurador del Tesoro, Juan Pablo Lahitou, y el director de Asuntos Judiciales, Carlos Gustavo Pistarini, y la fiscal Boquin. Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, le dieron un plazo de 45 días hábiles al Estado para que responda si acepta la "nueva" oferta del Correo.
 
De acuerdo a dos decretos de transparencia que impulsó Mauricio Macri después que estallara el escándalo del Correo que lo dejó tan expuesto, la opinión estatal tendrá que incluir también dictámenes de: la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción (una estructura dedicada a resguardar a los funcionarios del actual gobierno y denunciar a los del anterior)  y la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya elaboró un informe donde evita opinar sobre el proceso concursal, pero advierte que el Estado no defendió sus intereses y cuestionó las demandas del Correo contra aquel.
 
Ahora también es obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro, de la que fue desplazado Carlos Balbín, por cuestionar en sus informes la actuación del Estado en favor del Correo. Ahora está a cargo Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio representó al Grupo Macri.
 
En el acuerdo de 2016, apenas se presentó un ex funcionario del ex ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, con "instrucciones", de sus superiores. En aquella ocasión, a la fiscal Boquin la dejaron afuera, pero presentó sus objeciones con posterioridad. Parece difícil, con su criterio inicial, que vaya a aceptar la propuesta de esta semana, pero eso está por verse.
 
Por Irina Hauser
 
 FUENTE: Página12
 

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24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
La Opinión Popular
 

23-02-2026 / 09:02
Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.
 
La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.
 
Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".
 
Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.
 
¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.
 
Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.
 
Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.
 
Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.
 

22-02-2026 / 09:02
Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.
 
Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.
 
Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.
 
En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina. 
 
Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.
 
Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.
 
Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.
 
¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.
 
Por Demián Verduga
 

21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
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