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Nacionales - 12-07-2018 / 09:07

Correo: esa deuda con el Estado que los Macri se niegan a pagar

Correo: esa deuda con el Estado que los Macri se niegan a pagar
EL MISMO CURREO DOS AÑOS MÁS TARDE. Cuando se destapó el escándalo, el Presidente Macri aseguró que todo volvería atrás. Pero dos años después el Correo repitió prácticamente la misma oferta de pago que la fiscal Boquin consiguió frenar, porque era “una condonación lisa y llana” de la deuda multimillonaria que el Grupo Macri tenía con el Estado. En ell fotomontaje: el presidente Mauricio Macri y su hermano Gianfranco.
Cuando se destapó el escándalo, el presidente Mauricio Macri aseguró que todo volvería atrás. Pero dos años después, en otro intento por dilatar el pago millonario que debe al Estado, la familia Macri propuso saldar su deuda por la concesión del Correo Argentino en cuotas y por la misma cantidad de dinero rechazada hace dos años.
 
Otra vez, la propuesta de la Sociedad Macri (Socma) quiso saldar lo que deben hace 15 años con un monto similar al ofrecido en 2016, cuando fracasó la primera negociación. La cifra contemplaba una quita del 98,82% de la deuda original, que significaría para los Macri un ahorro y para el Estado un perjuicio de $70.000 millones.
 
Es la misma maniobra que la fiscal Gabriela Boquin rechazó, por considerarla "ruinosa" y "abusiva" para el Estado, y que terminó con una imputación para el Presidente y algunos de sus funcionarios.
 
Pero no es todo. Ahora el Grupo Macri aceptó el pago de los intereses concursales desde 2001 a la fecha -con una quita del 30%-, pero condicionó ese pago a que los juicios que el Correo tiene contra el Estado les sean favorables.
 
Es decir que, en caso de que la familia presidencial decida saldar sus $4.000 millones con el Estado, lo haría con los mismos fondos que el Estado (Macri) le pague a la familia Macri.
 
Todavía está pendiente que avance una investigación sobre maniobras de vaciamiento del Correo Argentino en favor de sus controlantes, Socma y Sideco, que podrían revelar una suerte de fraude en el concurso de acreedores. Boquin hizo la denuncia, y desde entonces intentan correrla del caso, decisión que está pendiente en la Corte Suprema.
 
También está pendiente de avances la causa penal por el acuerdo con el que se intentó beneficiar al Correo, que tiene al propio presidente Macri como imputado, en el juzgado de Ariel Lijo, y de la que fue desplazado sorpresivamente a Juan Pedro Zoni, que era el fiscal.
 
En el camino, quedó atrás la intención de saldar la deuda con un edificio que ya pertenece al Estado con un precio inflado que ni aún así cubriría su deuda. Pero solo para dar paso a esta propuesta aún más insólita: la de insistir con un acuerdo que es abusivo y ruinoso para el Estado. Macri no tiene vergüenza.
 
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Los Macri no se rinden
 
Como si no hubiera pasado nada, ni el tiempo, el Correo Argentino le hizo una nueva oferta al Estado por su deuda millonaria que, en rigor, es casi igual a la que ya formuló en junio de 2016 y que fue denunciada por implicar una condonación lisa y llana. La propuesta fue presentada por la empresa del Grupo Macri en una audiencia que se hizo el martes último ante la Cámara Comercial.
 
Tiene sólo dos diferencias poco significativas respecto del ofrecimiento anterior: plantea el pago en 13 cuotas anuales en lugar de 15, lo que no cambiaría demasiado el resultado porque ya pasaron dos años desde la negociación inicial y el último vencimiento, en 2033, no se movería; y además, el Correo dice que está dispuesto a hacer un "reconocimiento adicional" en concepto de intereses con tasa pasiva siempre y cuando gane los juicios que inició contra el Estado.
 
O sea, pretende pagar con dinero estatal que aspira a obtener. Las tasas que sugiere son bajísimas. El gran enigma ahora es si los representantes estatales aceptarán este esquema, como lo hicieron dos años atrás creyendo que pasaría inadvertido.
 
La audiencia que se hizo esta semana debió haberse realizado el 16 de marzo del año pasado. En febrero de ese año, la fiscal Gabriela Boquin había denunciado que el Correo de los Macri y los representantes del Estado (de la administración de Mauricio Macri) en el expediente comercial, habían acordado el 28 de junio de 2016 un esquema de pago de la deuda de la empresa postal que implicaba perdonarle casi el 99 por ciento.
 
Boquin dijo que el pacto era "ruinoso" y "abusivo", y logró frenarlo. Fue entonces que el Estado dio marcha atrás e hizo una puesta en escena para exaltar que propiciaba un nuevo convenio. Cuando debía presentarse a la nueva convocatoria, pidió una prórroga de 120 días, ideal para que el Correo siguiera sin pagar.
 
La prórroga en cuestión se estiró cada vez más con artilugios legales de por medio y recién esta semana se reunieron las partes, y la empresa volvió a llevar una oferta en la que es imposible hallar grandes diferencias respecto de la original. El proceso comercial para el pago deuda del Correo lleva ya 17 años de dilaciones. Hoy la deuda supera los 4 mil millones de pesos.
 
En años previos a 2016, el Estado había rechazado las propuestas de la empresa. Pero con la llegada de Macri a la presidencia la empresa controlada por firmas de su propia familia (Socma y Sideco) encontró el aliado perfecto. El acuerdo que finalmente fue retirado por el escándalo que implicó, preveía el pago de la deuda original, establecida en 296 millones de pesos, que se pagarían en 15 cuotas anuales, con una tasa de interés pasiva del 7 por ciento. A la vez, se iría pagando cada año una proporción diferente de la deuda, que iría en aumento, de modo tal que recién los últimos dos años se pagaría la mitad del total.
 
Según la proyección de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público Fiscal), la proyección hacia el año 2033, era que la deuda a condonar rondaría los 70 mil millones. En el escrito presentado esta semana, el actual titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y su patrocinante, Jaime Kleidermacher, anuncian: "la concursada mantiene su compromiso de pago ofrecido en la audiencia del 28 de junio de 2016 con una mejora en términos de plazo y monto".
 
 
Cuáles son las supuestas mejoras
 
El Correo ofrece abonar las dos primeras cuotas en un único pago de 5,9 millones de pesos dentro los primeros 30 días. Alega que de ese modo, serán menos cuotas, aunque mantendrían el esquema anterior por el cual el último vencimiento es en 2033. Pero es un planteo engañoso, porque ya pasaron dos años desde la propuesta inicial, que valen por dos cuotas menos. Además, empezarían a pagar un año después de firmado el acuerdo, con suerte a fines de 2019.
 
Mantiene la tasa de interés del 7 por ciento, la misma que ya había postulado, y que no tiene relación con el actual contexto inflacionario ni tiene relación con las tasas que hay hoy en el mercardo. Hasta la tasa de un plazo fijo, que suele ser la más baja como referencia, es ostensiblemente superior, ya que ronda el 29 por ciento anual. Insisten en aplicar tasas pasivas, en lugar de activas.   
 
El mayor cambio propuesto viene con trampa. El Correo reconoce un "pago adicional en concepto de interés sobre la deuda verificada", que antes no admitía, de acuerdo a la tasa pasiva del Banco Central, desde la presentación en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001 y hasta la cancelación total y definitiva de los compromisos asumidos por la concursada". Según los cálculos de la empresa, serían 1784 millones de pesos. De todos modos dice que "sobre el cálculo de capital e intereses, se aplicará una quita del 30 por ciento".
 
Pero, además, supedita el pago en cuestión al triunfo en cuatro juicios contra el Estado donde reclama cifras, que superan los 3000 millones de pesos, por supuestos incumplimientos contractuales y por la propia estatización (que resolvió Néstor Kirchner cuando el Correo dejó de pagar el canon anual) y la transferencia de los activos a la empresa estatal Correo Oficial. La última demanda, que implica el mayor volumen de dinero, fue presentada por la empresa del Grupo Macri dos semanas antes del acuerdo objetado por la fiscal Boquin.
 
Como informó este diario, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, ya conocía con esa anticipación la oferta del Correo, que había motivado reuniones previas, dudosas, entre representantes de la firma y funcionarios. El fuero contencioso administrativo, donde tramitan estas causas, le inspira confianza al Gobierno. Si le va bien, el Correo también se compromete a no iniciar más causas contra el Estado.
 
En la audiencia estuvieron Cibils y Robirosa por el Correo; el subprocurador del Tesoro, Juan Pablo Lahitou, y el director de Asuntos Judiciales, Carlos Gustavo Pistarini, y la fiscal Boquin. Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, le dieron un plazo de 45 días hábiles al Estado para que responda si acepta la "nueva" oferta del Correo.
 
De acuerdo a dos decretos de transparencia que impulsó Mauricio Macri después que estallara el escándalo del Correo que lo dejó tan expuesto, la opinión estatal tendrá que incluir también dictámenes de: la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción (una estructura dedicada a resguardar a los funcionarios del actual gobierno y denunciar a los del anterior)  y la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya elaboró un informe donde evita opinar sobre el proceso concursal, pero advierte que el Estado no defendió sus intereses y cuestionó las demandas del Correo contra aquel.
 
Ahora también es obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro, de la que fue desplazado Carlos Balbín, por cuestionar en sus informes la actuación del Estado en favor del Correo. Ahora está a cargo Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio representó al Grupo Macri.
 
En el acuerdo de 2016, apenas se presentó un ex funcionario del ex ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, con "instrucciones", de sus superiores. En aquella ocasión, a la fiscal Boquin la dejaron afuera, pero presentó sus objeciones con posterioridad. Parece difícil, con su criterio inicial, que vaya a aceptar la propuesta de esta semana, pero eso está por verse.
 
Por Irina Hauser
 
 FUENTE: Página12
 

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21-02-2019 / 10:02
Coca-Cola Femsa es una de las empresas más grandes y de mayor facturación del mundo pero asegura que en Argentina no le cierran los números. Pidió al Gobierno de Mauricio Macri un procedimiento preventivo de crisis (PPC) para afrontar el achicamiento de su planta embotelladora del barrio porteño de Pompeya y que el gobierno nacional los habilite a despedir gente y pagar menos indemnizaciones.
 
"La planta está prácticamente parada porque no hay ventas, no recuerdo haber pasado por una situación similar. Pero no permitiremos despidos. En este contexto no podemos permitir que ni un sólo trabajador se quede sin empleo", dijo Pablo Fernández, secretario general de la seccional porteña del Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines. Por su parte, la rama de aguas y gaseosas del sindicato de Camioneros se declaró "en estado de alerta y movilización".
 
En la planta de Pompeya trabajan 600 personas, de un total de 3 mil que están empleadas por Coca-cola Femsa en Argentina. La firma también tiene otra embotelladora en Monte Grande (Esteban Echeverría) y cuatro centros de distribución. Además, trabajan para Coca-cola otras empresas embotelladoras.
 
La venta de bebidas es uno de los segmentos del consumo masivo más afectados por el plan económico neoliberal macrista, aunque la magnitud de Coca-Cola Femsa obliga a pensar el caso con parámetros propios, en línea con lo sucedido con los preventivos de crisis de la filial local del gigante Carrefour y de Fate, una de las empresas de Javier Madanes Quintanilla, quien blanqueo $867 millones gracias a Macri.
 
El PPC permite aplicar modificaciones drásticas en la organización laboral y trasladar los costos de esos cambios sobre las espaldas de los trabajadores. Por eso los gremios advierten sobre el avance de una reforma laboral por empresa.
 
Las últimas comunicaciones de Coca-Cola y de Femsa a sus inversores ya daban indicios de la decisión: "el volumen de ventas cayó un 2% en el trimestre ya que a pesar del crecimiento en Brasil, Colombia y Perú, la operación en Argentina tuvo una baja de dos dígitos".

 
En los tres primeros trimestres de 2018, las ventas de Femsa en Argentina medidas en volumen bajaron un 9,8% interanual y los ingresos medidos en pesos mexicanos se redujeron un 46% por efecto conjunto de caída del consumo y a la fuerte devaluación del peso. Se registró una caída interanual del consumo masivo del 7,3% en enero. La categoría de peor desempeño fue bebidas sin alcohol, con una merma del 14,1%.
 
La Opinión Popular

21-02-2019 / 09:02
El dólar pegó un nuevo salto y la city vivió otra jornada de fuerte volatilidad cambiaria. La cotización del dólar que compran los ahorristas minoristas se ubica en 40,76 pesos, con un incremento de 44 centavos. La divisa alcanzó a tocar los 41,45 pesos a mitad de la jornada.
 
El Banco Central se asustó y aceleró la suba de la tasa de interés. El organismo llevó el rendimiento de las Leliq a 46,01 por ciento, lo que representa un aumento de 1 punto y medio respecto del martes. Se trata del alza diaria más importante en lo que va del año. El clima financiero fue de tensión no sólo con el tipo de cambio. El riesgo país subió 8 unidades y finalizó en 708 puntos. Los bonos en moneda extranjera bajaron hasta 2 por ciento en la jornada.
 
La demanda de divisas arrancó fuerte en las primeras horas de la rueda cambiaria y fue mostrando cierta moderación en las últimas horas. La pregunta que se hacen en el mercado es si la nueva tasa por arriba del 45 por ciento resulta suficiente para contener el proceso de dolarización de los activos en moneda local. Los inversores menos optimistas aseguran que una vez que los fondos tomaron la decisión de pasar a moneda extranjera no es sencillo hacerlos cambiar de opinión.
 
El Banco Central fue poco cauteloso con la baja de la tasa de interés este año y paga las consecuencias. Los inversores se dieron cuenta que tienen el poder de fuego necesario para generar volatilidad. Y van a exigir más tasa de interés para volver a colocarse en moneda local.
 
La autoridad monetaria presumía diciendo que no había dejado ni un peso dando vueltas y que eso reducía la posibilidad de un nuevo salto en el tipo de cambio. Pero la realidad muestra esto no funciona en la Argentina. El mercado cambiario es chico. Y con muy poca demanda de divisas se puede generar mucha inestabilidad.
 
¿Cuánto más puede seguir subiendo el dólar? Aunque son pocos los que se animan a dar una repuesta con valores precisos, la mayoría de los analistas coincide en una referencia. El techo de la banda cambiaria es casi 50 pesos. Hasta esa cifra el Central se comprometió a no vender divisas para intentar moderar la devaluación.
 
La entidad tiene la tasa de interés como herramienta clave para moderar las presiones cambiarias. Pero algunos observan que empieza a ser cada vez menos efectiva. El Central bajó en los últimos dos meses 15 puntos la tasa de interés y le dijo a los inversores que la situación estaba bajo control. Si ahora tiene que volver a llevar la tasa a niveles de 60 por ciento para parar la suba del dólar, la interpretación de la city va a ser de manual: la situación está a punto de estallar.
 
El modelo económico neoliberal de Mauricio Macri está sostenido con alfileres. El acuerdo con el FMI impone que el Banco Central prácticamente no puede intervenir frente a una corrida contra el dólar. Si se dispara, habrá otra devaluación y situación hiperinflacionaria. El Gobierno de los Ricos hace todo mal.
 
La Opinión Popular

20-02-2019 / 10:02
Sin margen de casualidad alguna, así como las paritarias 2018 resultaron un placebo ante la inflación/recesión también el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) ilustra el deterioro de los sueldos con una caída del 11% respecto a 2017.
 
Para los términos reales el registro del ingreso base para cualquier trabajador en blanco llegó a los niveles más bajos desde el año 2004. En centrales obreras se considera con mayor o menor discreción que la convocatoria urgente al Consejo Salarial es inevitable, si es que la Casa Rosada mensura su desafío electoral pero sobre todo mucho más por la grave coyuntura.
 
El valor del ingreso mínimo se fijó en los dos últimos años por "laudo", léase decisión directa del Gobierno Nacional prescindiendo de organizaciones sindicales y empresarios, lo cual ofrece un perfil ilustrativo de la crisis. Sobre todo para considerar que el SMVM marca mucho más que tendencias salariales sino que ilustra sobre el escenario laboral de registrados y aún empleados en negro como variable de referencia.
 
El gobierno de Mauricio Macri parece haber hecho votos de silencio justo en momentos en que más se necesita entender las variables económico-sociales que maneja la Casa Rosada para fundar sus pronósticos optimistas en un cercano porvenir, esperando que lo peor de la recesión haya quedado atrás para las elecciones presidenciales.
 
Frente a las dudas de las chances electorales del oficialismo, el único que se animó a hablar sobre economía la última semana fue el presidente de la Nación, aún con el paso en falso de diagnosticar una inflación en baja 24 horas antes de que se conociera un dato que mostró todo lo contrario.
 
El Gobierno de los Ricos patea para adelante los desequilibrios económicos (costos de la bicicleta financiera, los vencimientos de deuda y la fuga de capitales) apostando a un dólar estable a costa de una fuerte recesión. En este camino son los trabajadores y jubilados los que pagan las consecuencias del ajuste.
 
La Opinión Popular

20-02-2019 / 08:02
La oposición parlamentaria se abroqueló contra al "avasallamiento de las facultades del Congreso" que realiza el gobierno de Mauricio Macri a través de la firma de decretos de necesidad y urgencia (DNU). El voto del presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Marcos Cleri (FpV-PJ), rompió la paridad de ocho legisladores del macrismo y de la oposición.
 
Se dio así dictamen de mayoría al rechazo de tres inconstitucionales decretos de Macri: el que estableció la extinción de dominio a través de una acción civil sin condena penal para bienes de narcotráfico y corrupción; el que quitó frecuencias destinadas por ley a ARSAT para destinarlas a las empresas privadas de telefonía celular; y el que degradó la Secretaría de Deportes en una Agencia descentralizada y autárquica eliminando otras cuatro leyes nacionales sobre el deporte.
 
El diputado macrista Pablo Tonelli asumió la defensa de los cuestionados DNU, con apenas una descripción de los mismos y que cumplían los requisitos formales con la firma de todos los integrantes del gabinete nacional, girado en tiempo al Congreso, y justificó la "urgencia" en que el Congreso "estaba en receso" en enero.
 
El senador Daniel Lovera, un peronista pampeano que integra el interbloque Argentina Federal, fue el encargado de replicar al oficialismo. Recordó que dos de los tres DNU cuestionados avanzan sobre el trabajo del Congreso y que el Senado dio media sanción a proyectos que se saltean los decretos: extinción de dominio, con claras diferencias con el decreto presidencial, y la adjudicación de las frecuencias es parte de la llamada ley corta de telecomunicaciones.
 
Lovera remarcó que comparte con el oficialismo la intención de recuperar bienes y dinero producto de "mafias y delitos de corrupción". Pero enseguida insistió en que el DNU de extinción de dominio "es inconstitucional" porque allí se establece que el Ejecutivo "no puede regular en materia penal, directa o indirectamente" a través de decretos. Además de cargar contra el DNU que "degrada el deporte nacional".
 
La senadora salteña Cristina Fiore, en el interbloque del ex gobernador Juan Carlos Romero, y quien mantiene buena sintonía con Cambiemos, afirmó: "Hay que tener cuidado con los precedentes porque lo que hoy nos beneficia mañana puede perjudicarnos. El poder no es eterno", sostuvo la salteña y agregó: "Lo que beneficia a todos los argentinos es el cumplimiento de la Constitución. La cuestión de fondo no viene al caso". También cargó contra el DNU de extinción de dominio: "No es una acción civil descolgada, hay una íntima relación entre la acción civil y el proceso penal. Por más que se lo llame de otra manera no quiere decir que no tenga naturaleza penal".
 
El desafío opositor será ahora llevar los dictámenes a los recintos de Diputados y del Senado para rechazar los DNU, que debe ser en las dos Cámaras del Congreso. Mientras tanto, los decretos seguirán vigentes.
 
La Opinión Popular

19-02-2019 / 09:02
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