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Nacionales - 12-07-2018 / 09:07

Correo: esa deuda con el Estado que los Macri se niegan a pagar

Correo: esa deuda con el Estado que los Macri se niegan a pagar
EL MISMO CURREO DOS AÑOS MÁS TARDE. Cuando se destapó el escándalo, el Presidente Macri aseguró que todo volvería atrás. Pero dos años después el Correo repitió prácticamente la misma oferta de pago que la fiscal Boquin consiguió frenar, porque era “una condonación lisa y llana” de la deuda multimillonaria que el Grupo Macri tenía con el Estado. En ell fotomontaje: el presidente Mauricio Macri y su hermano Gianfranco.
Cuando se destapó el escándalo, el presidente Mauricio Macri aseguró que todo volvería atrás. Pero dos años después, en otro intento por dilatar el pago millonario que debe al Estado, la familia Macri propuso saldar su deuda por la concesión del Correo Argentino en cuotas y por la misma cantidad de dinero rechazada hace dos años.
 
Otra vez, la propuesta de la Sociedad Macri (Socma) quiso saldar lo que deben hace 15 años con un monto similar al ofrecido en 2016, cuando fracasó la primera negociación. La cifra contemplaba una quita del 98,82% de la deuda original, que significaría para los Macri un ahorro y para el Estado un perjuicio de $70.000 millones.
 
Es la misma maniobra que la fiscal Gabriela Boquin rechazó, por considerarla "ruinosa" y "abusiva" para el Estado, y que terminó con una imputación para el Presidente y algunos de sus funcionarios.
 
Pero no es todo. Ahora el Grupo Macri aceptó el pago de los intereses concursales desde 2001 a la fecha -con una quita del 30%-, pero condicionó ese pago a que los juicios que el Correo tiene contra el Estado les sean favorables.
 
Es decir que, en caso de que la familia presidencial decida saldar sus $4.000 millones con el Estado, lo haría con los mismos fondos que el Estado (Macri) le pague a la familia Macri.
 
Todavía está pendiente que avance una investigación sobre maniobras de vaciamiento del Correo Argentino en favor de sus controlantes, Socma y Sideco, que podrían revelar una suerte de fraude en el concurso de acreedores. Boquin hizo la denuncia, y desde entonces intentan correrla del caso, decisión que está pendiente en la Corte Suprema.
 
También está pendiente de avances la causa penal por el acuerdo con el que se intentó beneficiar al Correo, que tiene al propio presidente Macri como imputado, en el juzgado de Ariel Lijo, y de la que fue desplazado sorpresivamente a Juan Pedro Zoni, que era el fiscal.
 
En el camino, quedó atrás la intención de saldar la deuda con un edificio que ya pertenece al Estado con un precio inflado que ni aún así cubriría su deuda. Pero solo para dar paso a esta propuesta aún más insólita: la de insistir con un acuerdo que es abusivo y ruinoso para el Estado. Macri no tiene vergüenza.
 
La Opinión Popular

 
Los Macri no se rinden
 
Como si no hubiera pasado nada, ni el tiempo, el Correo Argentino le hizo una nueva oferta al Estado por su deuda millonaria que, en rigor, es casi igual a la que ya formuló en junio de 2016 y que fue denunciada por implicar una condonación lisa y llana. La propuesta fue presentada por la empresa del Grupo Macri en una audiencia que se hizo el martes último ante la Cámara Comercial.
 
Tiene sólo dos diferencias poco significativas respecto del ofrecimiento anterior: plantea el pago en 13 cuotas anuales en lugar de 15, lo que no cambiaría demasiado el resultado porque ya pasaron dos años desde la negociación inicial y el último vencimiento, en 2033, no se movería; y además, el Correo dice que está dispuesto a hacer un "reconocimiento adicional" en concepto de intereses con tasa pasiva siempre y cuando gane los juicios que inició contra el Estado.
 
O sea, pretende pagar con dinero estatal que aspira a obtener. Las tasas que sugiere son bajísimas. El gran enigma ahora es si los representantes estatales aceptarán este esquema, como lo hicieron dos años atrás creyendo que pasaría inadvertido.
 
La audiencia que se hizo esta semana debió haberse realizado el 16 de marzo del año pasado. En febrero de ese año, la fiscal Gabriela Boquin había denunciado que el Correo de los Macri y los representantes del Estado (de la administración de Mauricio Macri) en el expediente comercial, habían acordado el 28 de junio de 2016 un esquema de pago de la deuda de la empresa postal que implicaba perdonarle casi el 99 por ciento.
 
Boquin dijo que el pacto era "ruinoso" y "abusivo", y logró frenarlo. Fue entonces que el Estado dio marcha atrás e hizo una puesta en escena para exaltar que propiciaba un nuevo convenio. Cuando debía presentarse a la nueva convocatoria, pidió una prórroga de 120 días, ideal para que el Correo siguiera sin pagar.
 
La prórroga en cuestión se estiró cada vez más con artilugios legales de por medio y recién esta semana se reunieron las partes, y la empresa volvió a llevar una oferta en la que es imposible hallar grandes diferencias respecto de la original. El proceso comercial para el pago deuda del Correo lleva ya 17 años de dilaciones. Hoy la deuda supera los 4 mil millones de pesos.
 
En años previos a 2016, el Estado había rechazado las propuestas de la empresa. Pero con la llegada de Macri a la presidencia la empresa controlada por firmas de su propia familia (Socma y Sideco) encontró el aliado perfecto. El acuerdo que finalmente fue retirado por el escándalo que implicó, preveía el pago de la deuda original, establecida en 296 millones de pesos, que se pagarían en 15 cuotas anuales, con una tasa de interés pasiva del 7 por ciento. A la vez, se iría pagando cada año una proporción diferente de la deuda, que iría en aumento, de modo tal que recién los últimos dos años se pagaría la mitad del total.
 
Según la proyección de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público Fiscal), la proyección hacia el año 2033, era que la deuda a condonar rondaría los 70 mil millones. En el escrito presentado esta semana, el actual titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y su patrocinante, Jaime Kleidermacher, anuncian: "la concursada mantiene su compromiso de pago ofrecido en la audiencia del 28 de junio de 2016 con una mejora en términos de plazo y monto".
 
 
Cuáles son las supuestas mejoras
 
El Correo ofrece abonar las dos primeras cuotas en un único pago de 5,9 millones de pesos dentro los primeros 30 días. Alega que de ese modo, serán menos cuotas, aunque mantendrían el esquema anterior por el cual el último vencimiento es en 2033. Pero es un planteo engañoso, porque ya pasaron dos años desde la propuesta inicial, que valen por dos cuotas menos. Además, empezarían a pagar un año después de firmado el acuerdo, con suerte a fines de 2019.
 
Mantiene la tasa de interés del 7 por ciento, la misma que ya había postulado, y que no tiene relación con el actual contexto inflacionario ni tiene relación con las tasas que hay hoy en el mercardo. Hasta la tasa de un plazo fijo, que suele ser la más baja como referencia, es ostensiblemente superior, ya que ronda el 29 por ciento anual. Insisten en aplicar tasas pasivas, en lugar de activas.   
 
El mayor cambio propuesto viene con trampa. El Correo reconoce un "pago adicional en concepto de interés sobre la deuda verificada", que antes no admitía, de acuerdo a la tasa pasiva del Banco Central, desde la presentación en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001 y hasta la cancelación total y definitiva de los compromisos asumidos por la concursada". Según los cálculos de la empresa, serían 1784 millones de pesos. De todos modos dice que "sobre el cálculo de capital e intereses, se aplicará una quita del 30 por ciento".
 
Pero, además, supedita el pago en cuestión al triunfo en cuatro juicios contra el Estado donde reclama cifras, que superan los 3000 millones de pesos, por supuestos incumplimientos contractuales y por la propia estatización (que resolvió Néstor Kirchner cuando el Correo dejó de pagar el canon anual) y la transferencia de los activos a la empresa estatal Correo Oficial. La última demanda, que implica el mayor volumen de dinero, fue presentada por la empresa del Grupo Macri dos semanas antes del acuerdo objetado por la fiscal Boquin.
 
Como informó este diario, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, ya conocía con esa anticipación la oferta del Correo, que había motivado reuniones previas, dudosas, entre representantes de la firma y funcionarios. El fuero contencioso administrativo, donde tramitan estas causas, le inspira confianza al Gobierno. Si le va bien, el Correo también se compromete a no iniciar más causas contra el Estado.
 
En la audiencia estuvieron Cibils y Robirosa por el Correo; el subprocurador del Tesoro, Juan Pablo Lahitou, y el director de Asuntos Judiciales, Carlos Gustavo Pistarini, y la fiscal Boquin. Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, le dieron un plazo de 45 días hábiles al Estado para que responda si acepta la "nueva" oferta del Correo.
 
De acuerdo a dos decretos de transparencia que impulsó Mauricio Macri después que estallara el escándalo del Correo que lo dejó tan expuesto, la opinión estatal tendrá que incluir también dictámenes de: la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción (una estructura dedicada a resguardar a los funcionarios del actual gobierno y denunciar a los del anterior)  y la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya elaboró un informe donde evita opinar sobre el proceso concursal, pero advierte que el Estado no defendió sus intereses y cuestionó las demandas del Correo contra aquel.
 
Ahora también es obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro, de la que fue desplazado Carlos Balbín, por cuestionar en sus informes la actuación del Estado en favor del Correo. Ahora está a cargo Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio representó al Grupo Macri.
 
En el acuerdo de 2016, apenas se presentó un ex funcionario del ex ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, con "instrucciones", de sus superiores. En aquella ocasión, a la fiscal Boquin la dejaron afuera, pero presentó sus objeciones con posterioridad. Parece difícil, con su criterio inicial, que vaya a aceptar la propuesta de esta semana, pero eso está por verse.
 
Por Irina Hauser
 
 FUENTE: Página12
 

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02-06-2020 / 09:06
Las denuncias sobre la actividad ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia en días de Mauricio Macri no provienen del oficialismo sino de la prensa que no es precisamente cercana al Frente de Todos. Esto le concede más credibilidad a la sospecha de que algo muy podrido estaba ocurriendo y cabe preguntarse cuál era el rol del ex Presidente en todo esto. Ya no hay posibilidades de culpar a Marcos Peña u otro funcionario por las conductas de Macri. Él queda en primer plano.
 
Obvio, porque Macri es el único con antecedentes: él fue el primer Presidente de la Nación que asumió procesado, y el delito era la interferencia de conversaciones y el seguimiento, todo ilegal, de personas -varios muy cercanos tales como su padre y su hermana, ambos hoy fallecidos-, a causa de disputas familiares.
 
Uno de los primeros Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó Macri fue la transferencia de la oficina de escuchas telefónicas, de la Procuración a la Corte. Aunque no fue a la Corte, sino que se la mandó a los organismos de inteligencia manejados por su amigo personal y testaferro, Gustavo Arribas, para el espionaje ilegal.
 
En la lista de los "caminados" hay políticos del PRO, del Frente Renovador y peronistas. Un caso: un teléfono celular que funcionaba con la carga previa de la compra de una tarjeta de prepago correspondiente a Florencia Kirchner, estaba intervenido, de acuerdo con una fuente ligada a la investigación.
 
Pero hay cosas más graves. Como el seguimiento de la AFI de ciertas figuras de muy importantes del oficialismo de entonces. En primer lugar a Horacio Rodríguez Larreta, con fotografías en ámbitos de la vida pública y la vida privada. Le habían infiltrado una empleada doméstica en la casa a Larreta. También al macrista Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo: conocer cada detalle de sus movimientos.
 
María Eugenia Vidal también fue espiaba. En ese tiempo, el ministro de Seguridad bonaerense era el actual diputado nacional Cristian Ritondo, quien sabía lo que hacían porque conocía a muchos de los hombres de la AFI y también a Silvia Majdalani, por haber compartido el espacio de "Peronistas" PRO.
 

01-06-2020 / 10:06
Sectores macristas gurkas no pudieron resistir la tentación de aprovechar el descontento por la prolongada cuarentena para ejercitar el carancheo político, para el cual prestaron colaboración "famosos" de reconocidas simpatías con el macrismo que recorrieron todos los estudios de televisión de Buenos Aires para denunciar que no los dejaban salir de sus casas y que las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno estaban relacionadas de alguna manera al comunismo.
 
Maximiliano Guerra, Susana Giménez y Juan José Sebreli, entre otros, prestaron sus voces a una campaña mediática que derivó luego en una declaración firmada por unas 300 personas, la inmensa mayoría de las cuales participó o respaldó el gobierno de Mauricio Macri. El documento dejó como "aporte" a la lengua castellana el neologismo "infectadura" que fue usado para intentar describir la situación actual del país.
 
En respuesta, más de 11 mil científicos, intelectuales y académicos impugnó la carta de la "infectadura" difundida días atrás y dio a conocer su apoyo a las medidas de aislamiento. Señalan en ella que convivir con covid-19 en Argentina será un proceso largo que requerirá de esfuerzos permanentes por parte de todas y todos, y de la aplicación de estrategias inteligentes y cambiantes.
 
Esto es opuesto al mensaje equivocadamente pregonado de 'sentarse a esperar que pase el pico', como si fuese un fenómeno climático ante el cual nada puede hacerse, un discurso simplista que no se hace cargo del problema y que sólo puede tener consecuencias graves e irreparables. 
 

31-05-2020 / 11:05
La fatiga colectiva es la brecha de oportunidad que trata de exacerbar la derecha macrista anti cuarentena. La prolongación del aislamiento la favorece. Grupos de indignados macristas acuden a Plaza de Mayo, insultan al presidente Alberto Fernández. Olvidan al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta quien decretó el cierre de numerosos comercios, retractando lo decidido dos semanas antes.
 
Los porteños macristas rabiosos complican a su principal figura política, le sacarían canas verdes si tal prodigio fuera posible. Pero, en 21 provincias se habilitan fábricas, negocios, renacen la vida social, las comidas familiares, se puede pasear y hasta correr. A los anti cuarentena les falta un panóptico federal.
 
La derecha busca debilitar al Gobierno, erosionar la alta legitimidad de ejercicio del presidente Alberto Fernández. Un mandatario que no está solo. Los estados: nacional, provinciales y municipales tratan de conciliar el cuidado de la salud con la rehabilitación de la economía.
 
Las organizaciones sociales, sectores de distintas iglesias, trabajadores de la educación y salud se arriesgan para atender a los más necesitados. Se hace de modo dispar, con gestiones a veces discutibles. El esfuerzo y la dedicación son innegables: están donde se los precisa.
 
La derecha real, el establishment, percibe una amenaza a sus privilegios, la perspectiva de que aminore la desigualdad. Embiste, de variadas maneras.
 
A los que gritan en Plaza de Mayo se les otorga excesiva centralidad. Son extras, la claque. Un epifenómeno de la ofensiva de poderes reales, serios y temibles, que defienden bienes concretos. Las grandes fortunas, la oscuridad sobre sus bienes y sus manejos, la explotación, los privilegios, la evasión. La impunidad.


Sus seguidores emiten discursos con ruido y furia. Se desgañitan, se declaran presos en sets de televisión, usan altavoces que les facilitan los grandes medios dominantes porteños. La Vulgata derechosa anuncia muertes, quizás las desea.
 

31-05-2020 / 09:05
La toma de decisiones en función del conocimiento científico -con todas las limitaciones que tiene este último- es un logro y no una concesión de la democracia. No significa transformarla en una "infectadura" sino enriquecerla con bases más sólidas y racionales.
 
En los países de Trump y Bolsonaro se humilla a los científicos. Es difícil entender para un demócrata cuando, en nombre de la democracia, se coquetea con esas alternativas. Pero las diferencias con los Estados Unidos no terminan allí. La posición de Donald Trump acentuó las ya extremas diferencias entre el Presidente y la oposición, que fue agredida sistemáticamente por él.
 
Los demócratas y los científicos pasaron a formar parte de un "complot comunista" para desplazarlo del poder. En los momentos de mayor tensión Trump amenazó incluso con cerrar el Congreso. Casi idéntica situación se vive en Brasil.
 
Nada de eso ocurrió en la Argentina. Al contrario, aquí se transformó en algo habitual que Alberto Fernández, Horacio Rodriguez Larreta y Axel Kicillof, coordinen y discutan políticas, y las presenten conjuntamente ante la sociedad, en sucesivas conferencias de prensa, donde nadie se queda sin preguntar, un método que era una de las deudas de la democracia argentina.
 
Fernández se ha sacado fotos amigables con Gerardo Morales, un enemigo del sector dominante de su Gobierno, intercambiado saludos de codo con Jorge Macri, poseedor de un apellido muy emblemático. La idea antidemocrática según la cual quien pertenece a otro espacio es un enemigo despreciable fue abandonada, al menos mientras dure la pandemia.
 
Aunque la democracia exista plenamente, la peligrosa prédica de quienes creen que se transformó en una "infectadura" puede crecer en tiempos tan duros y debilitarla en lo político, en lo económico y en lo sanitario.
 

30-05-2020 / 10:05
Llama la atención que los grandes medios macristas porteños: TN, Clarín e Infobae, se preocupen tanto por la salud mental de la población, en tanto no se opusieron, durante la gestión de Cambiemos, a la falta de inversión en el sistema de salud, que llegó hasta el desmantelamiento del Ministerio de Salud por parte del ex presidente Mauricio Macri, desprotegiendo física y psíquicamente a las grandes mayorías sociales.
 
A partir de la pandemia la vida se volvió extraña; de un día para otro nos convertimos en protagonistas de una distopía. El aislamiento, la reclusión en las casas, la suspensión casi total de las actividades, la desorganización de la vida, la pérdida económica, el miedo al contagio y a la muerte, se volvieron moneda corriente.
 
No es necesario ser psicólogo o psicoanalista para reconocer que en la cuarentena se vivencian una amplia gama de sensaciones y afectos displacenteros que implican padecimiento para el aparato psíquico; pero no se trata de una angustia generada por el aislamiento mismo, sino por aquello que lo motiva, el coronavirus.
 
En la Argentina, el aislamiento se produjo con planificación y prevención cuando la epidemia no estaba desencadenada. La estrategia del gobierno de Alberto Fernández consistió en organizar la comunidad, poniendo el Estado al servicio de la salud y la contención pueblo.
 
En la urgencia, se entendió que el otro no es ni enemigo ni el culpable, sino el prójimo. Que la suerte y el cuidado de él también es el nuestro, ya que es imposible salvarse sólo. Que el aislamiento nada tiene que ver con el individualismo neoliberal, en el que cada uno, indiferente al prójimo, se enfrasca en el "sálvese quien pueda", mientras se mira el ombligo.
 
Se configuró en el país un aislamiento que no fue exclusión, sino un acto de cuidado de cada uno y de la comunidad, porque la solidaridad no es caridad, sino la base de lo colectivo. Una acción política democrática de intentar frenar la muerte, no sólo para la élite, sino para todos.
 
Los países gobernados por la lógica del "mercado", EE.UU., Brasil, Reino Unido, Chile, Italia y España, basada en las ganancias de las empresas por la reducción de los costos, dejaron al cuerpo social amenazado por la enfermedad y la muerte. Esos países no cuidaron a su gente, la dejaron a la intemperie, en angustiosa indefensión y expuesta a la agonía.
 

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