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Nacionales - 11-07-2018 / 09:07
EL TROLL-CENTER MACRISTA QUE FINANCIAMOS TODOS

El decreto del control de gastos no incluyó a los 7.500 trolls de Marcos Peña

El decreto del control de gastos no incluyó a los 7.500 trolls de Marcos Peña
En realidad, el recorte comenzó el año pasado con el despido de más de 3.500 trabajadores estatales, continuó recientemente con los recortes en Télam que alcanzó a otros 350, pero no promete avanzar con los 7.500 trolls que comanda Marcos Peña, dedicada a intervenir en las redes sociales con personajes ficticios para atacar a la oposición y alterar la conversación normal en un tema de discusión, y cuyo recorte implicaría un ahorro de más de $205 millones al año.
Luego de hablar sobre el uso racional de los recursos públicos para frenar los ingresos en el Estado hasta diciembre de 2019, se conoció hoy el decreto en el que se terminó de delinear la letra chica del "control de gastos".
 
En la práctica, la nueva normativa implicará la desvinculación de empleados públicos contratados vía universidades y una reducción de los bonos salariales, además de recortes en viáticos, viajes y en la flota de vehículos oficiales.
 
No se reducen los gastos para la planta política y los zánganos trolls sino que el recorte se produce sobre los trabajadores sociales, antropólogos y psicólogos que asisten a personas con problemas en todo el país.
 
En realidad, el recorte comenzó el año pasado con el despido de más de 3.500 trabajadores estatales, continuó recientemente con los recortes en Télam que alcanzó a otros 350, pero no promete avanzar con los 7.500 trolls que comanda Marcos Peña, dedicada a intervenir en las redes sociales con personajes ficticios para atacar a la oposición y alterar la conversación normal en un tema de discusión, y cuyo recorte implicaría un ahorro de más de $205 millones al año.
 
Concretamente, se identificaron unos 7.500 usuarios que llevan adelante 1 millón de interacciones diarias. Allí se anotan algunas cuentas conocidas para la mayoría de los usuarios y periodistas que navegan por dichos canales de comunicación, apuntadas como difusoras de las diversas campañas de difamación y ataques contra la oposición.
 
Desde ahí se levanta en algún medio ultra oficialista, como Clarín, La Nación o Infobae, que lo avala y sirve como nueva plataforma de difusión.
 
Desde la oficina local de Amnistía Internacional pusieron también el foco sobre los ciber ataques a la oposición. En un reporte difundido en marzo sobre la persecución a quienes piensan distinto del gobierno nacional, relevaron el accionar de las "patotas" virtuales macristas dedicada a difundir información falsa de las personas públicas que emitieran cualquier tipo de opinión o acción contra la alianza antiperonista Cambiemos.
 
Así, se repasan como ante cada denuncia de periodistas sobre casos de corrupción en el gobierno de Macri, o incluso durante medidas de fuerza gremiales, desde las redes se apuntó a comunicadores y dirigentes para lanzar acusaciones y difundir información generalmente falsa. Amnistía destacó que los ataques "son coordinados y buscan inhibir la expresión de perspectivas plurales y limitar la circulación de opiniones".
 
La Opinión Popular

 
El Gobierno de Mauricio Macri terminó de delinear la letra chica del decreto de "control de gastos" en los ministerios que se publicó hoy en el decreto 632/2018 del 'Boletín Oficial', y que busca reducir el gasto estatal nacional en $20.408 millones.
 
En la práctica, la nueva normativa implicará la desvinculación de empleados públicos contratados vía universidades y una reducción de los bonos salariales, además de recortes en viáticos, viajes y en la flota de vehículos oficiales.
 
Se trata de una normativa que tendrá una función simbólica, mientras que el equipo del presidente revisa medidas de mayor impacto económico para paliar el déficit.
 
Sin embargo, no promete atacar al ejército de 7.500 trolls que, según confirmó el informe periodístico de 'Crónica HD' de ayer, comanda Marcos Peña, quien gastaría más de $200 millones para sostener esa estructura dedicada a intervenir en las redes sociales con personajes ficticios para alterar la conversación normal en un tema de discusión.
 
El periodista Mauro Federico aseguró que el responsable máximo de la iniciativa es Peña. "Hay personajes falsos o ficticios en las redes sociales que intervienen de forma fraudulenta y trabajan para desprestigiar a aquellos que se oponen o tienen miradas críticas al gobierno de Mauricio Macri", explicó Federico al presentar el tema.
 
Concretamente, según se detalló, se identificaron unos 7.500 usuarios que llevan adelante 1 millón de interacciones diarias. A nivel presupuestario, el gobierno destinaría más de $205 millones al año en intentar controlar la conversación en las redes sociales. Allí se anotan algunas cuentas conocidas para la mayoría de los usuarios y periodistas que navegan por dichos canales de comunicación, apuntadas como difusoras de las diversas campañas de difamación y ataques contra la oposición.
 
Se destaca en el informe que "se coordina el horario exacto para buscar que los algoritmos de la red social noten el impacto del movimiento. Desde ahí se levanta en algún medio oficialista, que lo avala y sirve como nueva plataforma de difusión".
 
"El troll-center de Cambiemos lo comanda el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña. Encabeza cuatro de las estructuras creadas cuando se encontraban en plena campaña electoral, en ese momento financiadas con dinero de la campaña, pero que hoy se financian con dinero del Estado", puntualizó.
 
 
Las claves del decreto 632
 
Entre las claves del decreto que se publicó hoy en el 'Boletín Oficial' figuran:
 
1- Ingresos congelados: a partir del día de la fecha, "la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de las citadas fuerzas, no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019"
 
2-Convenios con universidades: desde enero del próximo año quedarán sin efecto los convenidos de servicio de asistencia técnica y no podrán celebrarse otros nuevos. Se trata de una metodología por la que el Gobierno lograba contratar personal de forma tercerizada. Hoy hay cerca de 6.000 empleados bajo este sistema y al menos 3.000 serán despedidos a principios del próximo año, según adelantó el sitio 'Border Periodismo'.
 
3-Fin de los bonos: el decreto apunta a terminar con bonificaciones e incentivos al sueldo de los empleados públicos y quedarán suspendidos los pagos extras hasta diciembre de 2019.
 
4-Viáticos: el plan es que los ministerios disminuyan en un 30% sus erogaciones en pasajes, comidas, gastos de movilidad, etc.
 
5-Vehículos oficiales: la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá realizar un relevamiento de los vehículos existentes en el lapso de treinta días con un informe para definir cuántos vehículos requiere cada una y se enajenarán los sobrantes.
 
6-Viajes al exterior: los ministerios deberán disminuir sus gastos en un 30% y la clase ejecutiva estará reservada para ministros y secretarios en casos de vuelos de más de ocho horas.
 
7-Entes descentralizados y desconcentrados: en 90 días, la Jefatura de Gabinete deberá revisar las estructuras de dichos organismos que tienen una metodología de contratación por fuera de las plantas temporarias y permanentes del Estado.
 
8-Sociedades del Estado: deberán informar al Ministerio de Modernización y a la Jefatura de Gabinete "la estructura orgánico funcional, el régimen de empleo y contratación de servicios y la planificación de gastos de personal para 2019".
 
9-Ejemplo para otros poderes y reparticiones: se invita al "poder Judicial de la Nación, al Poder Legislativo Nacional, a las provincias y a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares a las establecidas en el decreto".
 
10-No se podrá recibir más de un sueldo: directores de Estado que ejerzan otras funciones públicas deberán optar por uno de sus salarios.
 
Fuente: Urgente 24
 

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22-01-2019 / 10:01
La fuga de capitales volvió a dar malas noticias en diciembre y rebotó tras un noviembre en el que había caído con fuerza. Si bien siguió en niveles relativamente bajos, en comparación con la dinámica que había tomado durante la crisis cambiaria, se duplicó en un mes estacionalmente complicado y fue de u$s862 millones.
 
Con todo, el año pasado fue récord de fuga y llegó a $27.230 millones, casi la misma cantidad que ingresó de la mano de los desembolsos del FMI. El trienio Cambiemos totalizó 59.329 millones de dólares. La expectativa es que en 2019, por ser un año electoral bastante cargado de incertidumbres, continúe la aceleración registrada en diciembre.
 
El gobierno de Mauricio Macri emitió deuda por 60.464 millones de dólares. Eso sin contar Letes por 13.724 millones de dólares y el préstamo del FMI por 56.300 millones de dólares.
 
Los dólares no fueron destinados a infraestructura o industrialización sino para cubrir la fuga de capitales que, durante la gestión Macri, alcanza los 59.329 millones de dólares y un déficit comercial acumulado del orden de los 12.420 millones de dólares, estimulados ambos por las políticas neoliberales de apertura comercial y financiera de Cambiemos.
 
La deuda contraída es uno de los grandes motores de la crisis porque hoy depende exclusivamente de la gerencia del FMI y de Donald Trump. El día en que ese apoyo externo se resquebraje o termine, como en algún momento podría ocurrir, el país estará sometido a dificultades de gran magnitud.
 
La Opinión Popular

22-01-2019 / 09:01
La campaña electoral de la alianza Cambiemos pasó del eje de la seguridad a otro de sus preferidos: la corrupción K. El presidente Mauricio Macri anunció que, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), habilitará a extinguir la propiedad sobre los bienes de personas que todavía no hayan sido condenadas penalmente. Sostuvo que lo saca por decreto porque el Congreso tardó mucho en discutir los proyectos que enviaron.
 
Es un acto de campaña que deja en claro que las medidas de Gobierno de este año buscarán cualquier línea que aleje la discusión del desastre de la economía. En este caso, volvió a sacar de la galera el proyecto de extinción de dominio, que había enviado al Congreso. El proyecto original había sido escrito por Sergio Massa y había tenido media sanción en Diputados en 2016.
 
En el Senado, luego de un fuerte rechazo en comisión por parte de distintos especialistas, el proyecto fue modificado y volvió a Diputados. El oficialismo quería insistir con la redacción original. Ayer el Presidente justificó la necesidad y la urgencia a partir de no poder esperar los tiempos legislativos.
 
¿Qué significa esta norma? Básicamente que el que Estado puede pedir al Poder Judicial que determinados bienes sean incautados por el solo hecho de estar vinculados a un delito y sin necesidad de condena penal. Este decreto es abiertamente inconstitucional. Los temas penales no pueden ser legislados en un DNU, deben ser aprobados en el Congreso.
 
Las críticas contra la norma apuntan en varias direcciones. La más importante es que termina negando el principio de inocencia que rige el funcionamiento de la Justicia. Al posibilitar que incautación de bienes sean sin condena penal, avala la posibilidad de que el Estado pueda avanzar contra quienes no han sido declarados culpables.
 
Es decir, la normativa la otorga un poder discrecional enorme al Gobierno, al permitirle accionar contra bienes que considera parte de una "actividad ilícita", sobre todo de opositores políticos.
 
Precisamente una segunda crítica recae sobre la definición de "actividades ilícitas", un concepto tan amplio como vago, difícil de determinar. Por esa característica es pasible de ser también usado de manera arbitraria.
 
La norma demagócica que el Gobierno impulsará está lejos de atacar la corrupción estructural que anida en la estrecha relación entre el poder político -más allá del signo político del partido gobernante- y los grandes empresarios. Una corrupción estructural que Cambiemos no quiere y no puede tocar.
 
La Opinión Popular

21-01-2019 / 17:01
21-01-2019 / 09:01
"Voy a ser candidato a presidente y quiero ser el presidente de la Argentina del crecimiento para salir de este fracaso", señaló Sergio Massa, líder del Frente Renovador y ahora precandidato de Alternativa Federal, ante las voces que impulsan la postulación del ex ministro de Economía Roberto Lavagna como candidato de un armado peronista sin el cristinismo.
 
"De ninguna manera voy a ser candidato a gobernador", afirmó el ex intendente de Tigre y así descartó bajar su precandidatura que por ahora disputaría con el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
 
Con el año electoral ya corriendo a los candidatos y al propio gobierno, Massa apuntó que "el próximo presidente, y sin dudas yo lo tengo claro e impregnado en la piel, después de recorrer parte del país con el auto y tomar contacto con la gente, va a tener que llamar a un gran acuerdo por la unidad".
 
Alternativa Federal nació una vez que el camino de unidad encarado por el peronismo comenzó a concretarse y los dirigentes de Alternativa Federal tomaron la vía de diferenciarse confrontando con el cristinismo.
 
Integrado por gobernadores justicialistas, descartan a la ex presidenta Cristina Fernández como candidata, se declaman como un agrupamiento "superador" de la disyuntiva macrismo- cristinismo. Los dirigentes promueven que las candidaturas se resuelvan a través de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.
 
"Cuando vos mirás las serie histórica de la Argentina y... ¿viste que se habla mucho de los últimos 50 años? Roberto (Lavagna), Martín Redrado, José Ignacio de Mendiguren, Aldo Pignanelli, y yo mismo en ese momento desde la seguridad social, pusimos una serie histórica, que cruzó dos gobiernos, el de (Eduardo) Duhalde y el de la primera etapa del de (Néstor) Kirchner", señaló Massa sobre algunos de los funcionarios que pasaron o forman parte del Frente Renovador (FR).
 
"Con Lavagna vamos a ser parte de la solución a los problemas de la Argentina", agregó, buscando mostrar cercanía con el economista. El líder del FR insistió en mostrar su buena relación con Lavagna, con quien dijo reunirse cada quince días, y de quien dijo que es "el faro más importante que tienen aquellos que creen en la Argentina del desarrollo y el crecimiento".
 
La Opinión Popular

20-01-2019 / 09:01
Chico conoce chica, la comedia de Hollywood le saca el jugo. Presidente conoce presidente, las Cancillerías y los medios afines abusan del paralelismo: hablan de "química", "empatía", "onda" y otras simplezas. Como en las comedias o en la vida real el primer encuentro puede influir, pero la larga convivencia siempre es crucial.
 
El presidente brasileño, Jair Messias Bolsonaro, recibió a su colega argentino Mauricio Macri en Brasilia. Dos desaires anteriores (ahora dicen) quedaron atrás: Bolsonaro no vino para el G-20, Macri veraneaba cuando asumió su par. Sobreactuaron amistad aunque a Macri (cultor de la doctrina Chocobar) sus asesores le aconsejan no fotografiarse "disparando" con las manos.
 
Objetivamente tienen un destino común, una frontera gigantesca, un intercambio comercial único. Ningún país es soberano del todo, en la aldea global. Pero hay mandatarios o visiones ideológicas que se empeñan en ampliar los márgenes nacionales de decisión. Otros prefieren el alineamiento con los países hegemónicos aunque jamás hablen de dependencia.
 
A los contertulios de Brasilia no los unen el amor ni el espanto, sí intereses  y la subordinación al Departamento de Estado.
 
Como Aníbal Troilo, Estados Unidos nunca se fue de este Sur, pero su política exterior posterior al atentado a las Torres Gemelas permitió un resuello. Coincidió con la llegada de experiencias populares variadas, más o menos radicales pero muchas antagónicas con la herencia neoconservadora de los '90.
 
Prevalecieron la paz y la no intervención en otros Estados, por un lapso prolongado y con una intensidad tal vez sin precedentes. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) medió exitosamente para frenar sangrientos intentos golpistas contra el presidente boliviano, Evo Morales, y contra el ecuatoriano Rafael Correa que incluso fue secuestrado por fuerzas de seguridad.
 
Las coincidencias políticas gravitaban pero todos los gobiernos cooperaban en un organismo flamante, de nimia institucionalidad cuyas resoluciones exigen unanimidad de los presidentes. O, cuanto menos, inexistencia de vetos así fuera de uno solo.
 
Diplomacia presidencial al rojo vivo que eleva el protagonismo de los mandatarios y confina a las Cancillerías. Néstor Kirchner fue electo presidente del organismo con la anuencia de todos sus integrantes: una sola bolilla negra bastaba para dejarlo afuera.
 
Las derechas autóctonas, con la cooperación recurrente de "la Embajada" de EE.UU. le coparon la parada a Unasur. Cambiaron la correlación de fuerzas mediante golpes de Estado atípicos, novedosos: en Paraguay, Honduras, Brasil y ahora van por Venezuela. Macri y Bolsonaro 2019 se contraponen a Lula da Silva-Néstor Kirchner en 2003. Pasaron cosas, caramba. 

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