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“Agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar en el punto donde otros las dejaron, viejas banderas de la lucha”. CGT de los Argentinos, 1 de mayo de 1968
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Paraná - 11-05-2018 / 12:05
EL FISCAL BRINDÓ PRECISIONES DE LOS ALEGATOS

Álvaro Piérola: No hay ninguna duda de que los hechos existieron y que Ilarraz es el autor de los abusos

Álvaro Piérola: No hay ninguna duda de que los hechos existieron y que Ilarraz es el autor de los abusos
El fiscal Álvaro Piérola que intervino en la causa por corrupción de menores contra el cura Justo José Ilarraz brindó algunas precisiones de lo que fueron los alegatos de las partes que se produjeron en la jornada del jueves y aseguró que para la Fiscalía “no hay ninguna duda de que los hechos existieron y que Ilarraz es el único autor de esos abusos”.
 
El fiscal Álvaro Piérola que intervino en la causa por corrupción de menores contra el cura Justo José Ilarraz brindó algunas precisiones de lo que fueron los alegatos de las partes que se produjeron en la jornada del jueves y aseguró que para la Fiscalía "no hay ninguna duda de que los hechos existieron y que Ilarraz es el único autor de esos abusos".
 
Desde la contraparte, consideró que "la defensa ha tenido una tarea muy difícil" porque "es tan contundente la prueba y se encontró con una artillería de elementos probatorios de cargo" que el defensor "marcó algunas inconsistencias o contradicciones en los relatos pero que de ningún modo sos sustanciales".
 
"También echaron mano nuevamente de la posibilidad de la prescripción y plantearon de nuevo ante el tribunal que la acción está prescripta y por lo tanto no puede continuar la causa", lo que el fiscal definió como "un planteo totalmente improcedente".
 
Además, aseguró que "el encubrimiento es una realidad en esta causa" y señaló que "la importancia del juicio es que se le vuelva a creer a las víctimas" porque "muchos siendo niños, y contándole a algunas personas lo que les había pasado, fueron tratados de mentirosos y obligados a guardar secreto".
 
"Y esa también es la importancia de decir que esto no prescribió", analizó. Marcó además que el pedido de prisión preventiva para el sacerdote se debe a que existe riesgo de fuga porque "tiene elementos y recursos económicos para ello".

 
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Piérola recordó que durante el juicio hubo "largos días de audiencias donde el tribunal pudo valorar directamente, bajo su propia impresión, los relatos de los testigos víctimas y además de un sinnúmero de testigos que pasaron para dar cuenta de muchas afirmaciones que habíamos hecho desde la Fiscalía que tenían que ver con el modo en que Ilarraz había diseñado el proceso de captación de estos chicos que luego decidió corromper a través de abusos sexuales".
 
Además, destacó que "hubo una importante producción de prueba pericial, científica, desde lo psicológico y psiquiátrico, y eso nos dio elementos más que contundentes para arribar a un estado de certeza que es el que se necesita para derribar el estado de inocencia del que goza toda persona".
 
En ese marco, durante el alegato "ofrecimos al tribunal nuestro razonamiento, nuestro análisis de la prueba y entendemos que no hay ninguna duda de que los hechos existieron y que Ilarraz es el único autor de esos abusos".
 
Por otra parte, consideró que "la defensa ha tenido una tarea muy difícil porque es tan contundente la prueba y al encontrarse con una artillería de elementos probatorios de cargo se hace muy difícil ensayar una defensa" pero de todos modos, mencionó que "el defensor ha tomado algunas cuestiones que tienen que ver con que el tiempo ha pasado y que hay algunas inconsistencias o contradicciones en los relatos pero que de ningún modo sos sustanciales porque después de 30 años de ocurrido el abuso plantear si fue a las 12 o a las 12,30 no tiene mucho sustento".
 
Agregó que "también echaron mano nuevamente de la posibilidad de la prescripción y plantearon de nuevo ante el tribunal que la acción está prescripta y por lo tanto no puede continuar la causa". Rememoró que "esto es algo que se ha planteado desde el inicio de la causa y que ha tenido desde todas las instancias de la justicia de la provincia de Entre Ríos respuestas adversas al planteo de la defensa y ratificando que la acción penal está vigente, es decir que se lo puede juzgar".
 
"Nos pareció un planteo totalmente improcedente, pero se entiende que al no tener muchos elementos para hacer una defensa respecto de la prueba se intente salir por la tangente", opinó.
 
En cuanto a la posible decisión de la Corte sobre la prescripción, sostuvo que "cada caso es concreto, particular, con sus propios elementos, con sus propias circunstancias y acá lo que siempre planteamos es que debe prevalecer el derecho internacional, las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos por sobre disposiciones de derecho interno, como es la cuestión de la prescripción; siempre que haya graves violaciones de los derechos humanos de personas, en especial de niños". "Toda esa situación de jerarquía normativa, que las convenciones internacionales de derechos humanos los Estados las suscriben para cumplirlas, no para desoírlas", agregó.
 
En ese contexto, puntualizó que "desde el primer momento cuando a Ilarraz se lo acusó, su respuesta fue decir que el tiempo pasó, nunca fue decir yo no fui" y recordó que "fue una ardua tarea de muchas personas que pasaron por la causa como Marcelo Baridón o Rosario Romero, quienes también acompañaron el planteo de que no se obture la posibilidad de que las víctimas sean reparadas".
 
"Esa también es la importancia del juicio, que se le vuelva a creer a las víctimas, porque muchas de las víctimas siendo niños, y contándole a algunas personas lo que les había pasado en ese momento, fueron tratados de mentirosos, fueron obligados a guardar secreto, se les impuso el silencio para que no digan lo que habían pasado. Y esa es la importancia de decir que esto no prescribió", analizó.
 
Del mismo modo, aseguró que "el encubrimiento es una realidad en esta causa, aunque no se formó una causa formal por este delito" lo cual se manifestó también en los alegatos porque "es lo que surgió de la prueba; acá no hay un intento ni una intención de ir contra nadie ni contra una institución sino contra personas que obraron como no debían, en este caso miembros de la Iglesia católica".
 
En tanto, mencionó que "por falso testimonio en la etapa de instrucción hay una sola causa y ahora vamos a revisar todo lo que sucedió en el marco del debate para ver si surge algo más".
 
Respecto del pedido de prisión preventiva, manifestó que "no tenemos ninguna duda" de la existencia del riesgo de fuga "y por eso solicitamos al tribunal que si accede a la pretensión acusatoria y decide condenarlo se imponga sobre Ilarraz una medida de coerción". "Todos ante la presunción de inocencia gozamos de libertad y solamente puede ser restringida si existen elementos que hagan pensar que va a impedir que el proceso continúe o que la ley se aplique, lo que sucedería si Illarraz no está, si se fuga; y creemos que Ilarraz ya no con una expectativa de tener una condena sino con la decisión del tribunal, será algo concreto y creemos que puede fugarse; tiene elementos y recursos económicos para ello", sentenció.
 
En ese sentido, marcó que el cura "tiene un defensor particular, que viene de la provincia de Tucumán, que se matriculó en la provincia para poder defenderlo en Entre Ríos, que está hace un mes acá, todos elementos indican su capacidad económica; Ilarraz es una persona que tiene nacionalidad española, que ha viajado por todos lados, que ahora se encuentra con cierta desprotección de aquellos que en su momento lo protegieron y estos son todos elementos suficientes como para que pueda tomarse esta medida cautelar y que sea detenido preventivamente", concluyó.
 
Fuente: Análisis Digital
 

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19-05-2018 / 10:05
Cincuenta y dos telegramas de despido fueron enviados desde la empresa editora de El Diario en las últimas horas. El número representa la mitad de la planta de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) que hoy tiene a su cargo la impresión del centenario matutino.
 
La firma adeuda los salarios desde diciembre, además de no pagar a obras sociales, ART ni hacer los aportes jubilatorios y de adeudar anticipos de incrementos salariales de casi dos años. Los telegrama, que se recibieron entre la tarde-noche del jueves y viernes por la mañana, llevan la firma del "apoderado" de la empresa, Andrés Arias.
 
La medida, se indica, es "en virtud de la notoria falta de trabajo y el cierre de la planta impresora". El Diario de Paraná no se imprime desde el día lunes de esta semana y no por acción de los trabajadores sino por decisión de la empresa.
 
Los empleados de El Diario se encontraban realizando medidas de fuerza desde hacía meses a raíz de la falta de pago de haberes (seis meses impagos), la retención de aportes y el lamentable estado del espacio de trabajo.
 
En medio de negociaciones con referentes de otras empresas de medios (primero se dijo que había avances con José Luis Manzano, luego con El Litoral de Santa Fe personificado en la figura de Nahuel Caputo) SAER, a través de Arias, resolvió el despido de 50 empleados.
 
De este modo, tras períodos de look out patronal, vaciamiento de los activos y desprestigio de una marca histórica, la firma a cargo del empresario urribarrista Ramiro Nieto y la familia del Ministro de Producción de la Nación, el macrista Luis Miguel Etchevehere, avanzó en una medida más drástica de todas, dejando en la calle a 50 trabajadores y sin sustento a 50 familias.
 
La Opinión Popular

19-05-2018 / 10:05
18-05-2018 / 12:05
La concejal de Paraná Cristina Sosa (FpV) anunció que presentarán "un pedido de informe con interpelación" al intendente Sergio Varisco, luego de conocida la imputación en su contra en una causa relacionada al narcotráfico.
 
"A este tema hay que manejarlo en dos niveles: por un lado, tanto el intendente como la funcionaria y el edil darán cuentas en la Justicia a partir de la imputación, pero en lo personal voy a centrar mi preocupación en la institución municipio; qué pasa en el municipio y cómo seguirá funcionando independientemente de la decisión del intendente de seguir en su cargo o no, que será una determinación personal y política", analizó.
 
Asimismo, definió "como una estrategia política" el anunció que realizó Varisco la semana pasada, al día siguiente de los allanamientos en la Municipalidad y su casa familiar, para comenzar la obra del colector sureste de la ciudad.
 
"Es una estrategia política que se utiliza para tapar la triste, lamentable y grave realidad que está ocurriendo en la conducción del municipio de Paraná. Todo es un bleff, es una estrategia y una dinámica política que viene siendo utilizada para desviar de la atención los problemas inherentes a la institucionalidad", criticó.
 
Sobre la posibilidad de solicitarle licencia a los involucrados, aclaró que "de acuerdo a la legalidad, la imputación no es causal para destitución, pedido de licencia ni exoneración, pero eso dependerá de la actitud y la responsabilidad que tenga cada uno".
18-05-2018 / 12:05
Escuchas telefónicas, cocaína, anotaciones, cuadernos, dinero, documentación, testigos, vigilancias, videos, fotos, celulares. ¿Qué tiene en sus manos el juez federal Leandro Ríos?
 
Alguna evidencia o muchas en concierto hicieron cambiar sus sospechas respecto del año pasado: en el procesamiento a la banda narco liderada por Daniel Tavi Celis, había sostenido que el intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue imprudente al realizar un acuerdo político con quien se presentaba como vecinalista de la zona oeste de la ciudad.
 
Es decir, que no se pudo comprobar que sabía que un narcotraficante financiaba su campaña electoral de 2015. Ahora el cambio es radical: Ríos no solo sospecha que sabía, sino que sostiene que Varisco participó en la venta de droga. Un bombazo judicial sin precedentes, cuyas consecuencias políticas e institucionales son impredecibles.
 
Ayer en horas de la siesta comenzaron a llegar las citaciones a los domicilios de los imputados: Varisco, el concejal de Cambiemos Pablo Hernández y la funcionaria del área de Seguridad del municipio (también oficial de la Policía de Entre Ríos) Griselda Bordeira.
 
Los tres serán indagados el martes por comercialización de cocaína, junto a otros dos acusados, Ernesto Ramón González y Alan Nicolás Viola, empleados municipales. El miércoles serán indagados también Daniel Celis, su exesposa Luciana Lemos, sus familiares Eduardo Humberto Celis, Nahuel Jonatan Eduardo Celis, el peruano Wilber Figueroa Lagos, Juan Manuel Gómez y Jonathan Jesús Heintz por los roles particulares que cada uno habría cumplido en la organización.
 
Por lo pronto, el martes a la mañana Varisco se presentará en el Juzgado Federal. Como cualquier ciudadano citado a indagatoria, le pintarán los dedos y le informarán el hecho delictivo imputado. Es una instancia de defensa: podrá declarar o abstenerse de hacerlo, sin que esto signifique que oculta algo. Habrá que ver qué le aconseja su abogado Rubén Pagliotto. Lo mismo respecto de Bordeira, asistida por el defensor Boris Cohen, y de Hernández, quien aún busca un letrado.
 
Los funcionarios públicos y sus abogados sostienen su inocencia a muerte. Varisco había dicho estar tranquilo con el accionar judicial. De aquí al martes, se espera alguna otra declaración ante la prensa.

18-05-2018 / 11:05
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