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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 30-04-2018 / 09:04

¿Y la pobreza cero?: Dos de cada tres chicos son pobres en la Argentina

¿Y la pobreza cero?: Dos de cada tres chicos son pobres en la Argentina
Según la UCA, dos de cada tres chicos son pobres en la Argentina. Un informe realizado por la Universidad Católica marca que 8,2 millones de menores viven en la pobreza en nuestro país. Mientras desde el Gobierno intentan instalar que la pobreza está disminuyendo, el relevamiento de esta fuente siempre confiable para el macrismo los deja en "offside". La UCA desmiente así a los relatos tergiversadores de los funcionarios macristas y del propio presidente, quienes quieren instalar un falso clima de bonanza.
En la Argentina, dos de cada tres chicos son pobres. Esto es, casi ocho millones de nuestros niños de hasta 17 años sin horizontes. Así lo ha revelado el último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), que advierte que la tendencia se agravó el último año: entre 2016 y 2017 la cantidad de chicos estructuralmente pobres pasó del 60,5% al 62,5%.
 
Peor aún, si se tiene en cuenta una nueva metodología que la UCA desarrolló el año pasado, con datos más actualizados, la pobreza estructural entre los chicos trepa al 65% y alcanza a 8.250.000 jóvenes. La situación más crítica se refleja en el siempre castigado Conurbano bonaerense, donde la pobreza infantil asciende al 75,3%, con lo que tres de cada cuatro chicos vive en hogares vulnerables.
 
A fines del mes pasado, el Gobierno de Mauricio Macri anunció en modo celebratorio, con bombos y globos amarillos, que la pobreza medida por el Indec había bajado, pese a un contexto económico en el que los despidos, los tarifazos y la incesante inflación son moneda corriente.
 
Las estimaciones oficiales indicaban que el 39,7% de los niños no satisfacen sus necesidades básicas, pero solo calculando la pobreza por ingresos. El número por ingresos difiere, a su vez, del de la UCA, que arrojó para 2017 un 48,1% de chicos pobres.
 
Sin embargo, la Universidad va más allá de los ingresos y repara en que los chicos tienen otros derechos que deben ser garantizados, como la alimentación, el saneamiento, la vivienda, salud, educación, el acceso a las nuevas tecnologías, entre otros. Hoy, dos de cada tres chicos argentinos están privados de ellos.
 
En la misma línea, el estudio estimó que en 2017 uno de cada diez chicos reside en un hogar "vulnerable en términos de acceso a los alimentos", producto de una tendencia que ha ido en aumento desde la asunción de Macri. El 10,4% de los chicos del país pasan hambre, el 5,8% no recibe alimentación directa.
 
Para los investigadores de la UCA, medir solo la pobreza por ingresos, como hace el Gobierno, es limitado, porque "la desprotección social que supone la situación de pobreza expone a los niños y adolescentes a vulnerabilidades habitacionales, nutricionales, enfermedades, accidentes, explotación, violencia, discriminación y acceso insuficiente o inadecuado a la vestimenta, al calzado, a la asistencia médica pero también a la estimulación emocional, intelectual y social".
 
A quienes nunca sufrimos la pobreza extrema, los que no sabemos lo que es pasar hambre y no tener con qué paliarlo, quizá tantos números nos apabullen, tal vez sintamos esas realidades como muy lejanas, porque son ajenas. Pero no lo son: cuando este flagelo recae sobre los más chicos se condena el futuro de la nación, con personas hambreadas, madres que engendrarán hijos sin los nutrientes indispensables para desarrollar sus capacidades intelectuales, sometidos a las peores formas de la miseria. El verso de la pobreza cero.
 
La Opinión Popular

 
Un estudio de la UCA revela que dos de cada tres chicos viven en hogares pobres
 
El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) refleja que entre el 2016 y el 2017 la pobreza infantil pasó del 60,4% al 62,5%, es decir, creció un 2,1%.
 
Esto implica que hoy en la Argentina hay 8 millones de niños con algún tipo de privación en su vida diaria.
 
La situación de los menores de 0 a 17 años se agravó el año pasado en nuestro país y la tendencia indica que esto se mantendrá o que se agravará.
 
Si se toman los datos más actualizados de la UCA con una muestra más abarcativa del último trimestre del 2017 se observa que la intensidad de privaciones en los menores llegó al 65 por ciento.
 
Mediante esta última muestra actualizada, el informe señala que ya no son 8 millones de chicos privados de algún derecho sino que estos pasan a ser 8.255.000 en todo el país.
 
En el 2017 el índice de pobreza infantil por ingreso que arrojó el INDEC era del 39,7%. Pero para medir el impacto de pobreza infantil la UCA tomó una muestra multidimensional que evalúa otras variables de impacto en los niños.
 
De esta manera, se estima que en el tercer trimestre de 2017, 1 de cada 10 niños reside en hogares vulnerables en términos de acceso a los alimentos.
 
Desde el 2015 se registra una tendencia escalonada en ascenso en esta variable. Esta vulnerabilidad en el campo alimentario trepa al 18% en la infancia pobre en términos monetarios, 14% en la población que recibe asistencia económica por parte del Estado, y 14% en el Conurbano Bonaerense.
 
En este sentido, hay un 10,4% de los chicos en todo el país que pasa hambre, mientras que un 5,8% no recibió alimentación directa.
 
Cuando se evalúa el derecho al saneamiento, el informe estima que en 2017 el 24,7% de la infancia carece de acceso al agua de red y/o de inodoro con descarga en el interior de su vivienda (7% carece tanto de agua de red como de inodoro).
 
Si bien entre 2010 y 2014 se registra un descenso en el déficit de este rubro, a partir de aquel momento el déficit es sostenido con leves incrementos a nivel del total y sin cambios en el nivel de la privación más grave.
 
En el conurbano bonaerense esta problemática se profundiza y, así, el informe de la UCA muestra que el déficit en el espacio del saneamiento es una "problemática central" llegando al 40% de la población infantil en el 2017.
 
Cuando se evalúa el derecho a la vivienda, el informe de la UCA alertó que para el último trimestre del 2017 un 30,2% de niños y adolescentes se encontraba en viviendas precarias en términos de los materiales de su construcción.
 
"La evolución en el tiempo no revela cambios significativos a nivel del total y un leve descenso en la situación más crítica. En el espacio de la vivienda las brechas de desigualdad social son evidentes y sostenidas en el tiempo", señala el informe.
 
También esta variable constituye un problema social particular de las infancias del conurbano bonaerense (38%), de la pobreza económica y poblaciones asistidas económicamente por los Estados (44% y 40%, respectivamente).
 
En cuanto al derecho a la salud, el Observatorio de la UCA estimó para el 2017 este tema afecta en un 23,3% a la población infantil. Es decir que en la evolución 2010-2015 se registra un ascenso significativo pero en los últimos dos años se revirtió dicha tendencia y se advierten progresos significativos localizados principalmente en el Conurbano bonaerense.
 
Las desigualdades sociales se revelan persistentes entre puntas del período bajo análisis y son claramente regresivas para los estratos socio-ocupacionales más bajos.
 
Respecto del derecho a la estimulación en los primeros años de vida (0-3 años), alrededor de un 17% de los niños en sus primeros años, en 2017, se encuentra en situación de vulnerabilidad emocional e intelectual.
 
Asimismo, el informe de la UCA señaló que "en el derecho a la educación medido en chicos de 4 a 17 años, se estima que el 19% de los chicos, en 2017, registra privaciones en el espacio de la educación".
 
Entre 2010 y 2014 se registran progresos sobre todo a nivel de las privaciones moderadas relacionadas con aspectos de las ofertas educativas. Pero a partir de 2015 el déficit educativo se mantuvo estable en torno a un 18/19 por ciento.
 
Cuando se evalúan las profundas desigualdades sociales en términos de derecho a la información en la Argentina se ven grandes brechas entre los chicos pobres y aquellos que están bien económicamente.
 
Rl informe de la UCA reveló que las privaciones en el acceso a tecnologías de la información experimentaron un progreso significativo entre 2010 y 2011 como consecuencia de los programas de transferencia directa de computadoras portátiles que se realizaron a nivel del Estado Nacional y algunas iniciativas locales.
 
No obstante, tras esa transferencia de gran escala, la situación de déficit se estabilizó en torno a un 15/16%. Incluso la tendencia reciente parece ser regresiva probablemente como consecuencia de la discontinuidad de estos programas.
 
En 2017 la estimación de la UCA indica que el 19,5% de la población de niños/as y adolescentes registra déficit en términos del acceso a tecnologías de la información.
 
El estudio de la UCA se realizó sobre la proyeccción de un total de 12.691.048 de chicos que hay en el país. La muestra alcanzó los aglomerados urbanos de 80.000 o más habitantes; se tomaron aproximadamente 5.860 casos por año y la cantidad de niños relevados en el 2017 fue de 5.455 de 0 a 17 años.
 
La extensión del sondeo abarcó el GBA; la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, el Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán; Tafi Viejo, Gran Mendoza, Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia; Gran San Juan; Neuquén-Plottier-Cipoletti, Zarate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Usuhaia-Rio Grande. El margen de error de la muestra es de +/- 1,3%.
 
Fuentes: iProfesional y Hoy en la Noticia
 

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¿Y la pobreza cero?: Dos de cada tres chicos son pobres en la Argentina
11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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