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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 30-04-2018 / 09:04

¿Y la pobreza cero?: Dos de cada tres chicos son pobres en la Argentina

¿Y la pobreza cero?: Dos de cada tres chicos son pobres en la Argentina
Según la UCA, dos de cada tres chicos son pobres en la Argentina. Un informe realizado por la Universidad Católica marca que 8,2 millones de menores viven en la pobreza en nuestro país. Mientras desde el Gobierno intentan instalar que la pobreza está disminuyendo, el relevamiento de esta fuente siempre confiable para el macrismo los deja en "offside". La UCA desmiente así a los relatos tergiversadores de los funcionarios macristas y del propio presidente, quienes quieren instalar un falso clima de bonanza.
En la Argentina, dos de cada tres chicos son pobres. Esto es, casi ocho millones de nuestros niños de hasta 17 años sin horizontes. Así lo ha revelado el último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), que advierte que la tendencia se agravó el último año: entre 2016 y 2017 la cantidad de chicos estructuralmente pobres pasó del 60,5% al 62,5%.
 
Peor aún, si se tiene en cuenta una nueva metodología que la UCA desarrolló el año pasado, con datos más actualizados, la pobreza estructural entre los chicos trepa al 65% y alcanza a 8.250.000 jóvenes. La situación más crítica se refleja en el siempre castigado Conurbano bonaerense, donde la pobreza infantil asciende al 75,3%, con lo que tres de cada cuatro chicos vive en hogares vulnerables.
 
A fines del mes pasado, el Gobierno de Mauricio Macri anunció en modo celebratorio, con bombos y globos amarillos, que la pobreza medida por el Indec había bajado, pese a un contexto económico en el que los despidos, los tarifazos y la incesante inflación son moneda corriente.
 
Las estimaciones oficiales indicaban que el 39,7% de los niños no satisfacen sus necesidades básicas, pero solo calculando la pobreza por ingresos. El número por ingresos difiere, a su vez, del de la UCA, que arrojó para 2017 un 48,1% de chicos pobres.
 
Sin embargo, la Universidad va más allá de los ingresos y repara en que los chicos tienen otros derechos que deben ser garantizados, como la alimentación, el saneamiento, la vivienda, salud, educación, el acceso a las nuevas tecnologías, entre otros. Hoy, dos de cada tres chicos argentinos están privados de ellos.
 
En la misma línea, el estudio estimó que en 2017 uno de cada diez chicos reside en un hogar "vulnerable en términos de acceso a los alimentos", producto de una tendencia que ha ido en aumento desde la asunción de Macri. El 10,4% de los chicos del país pasan hambre, el 5,8% no recibe alimentación directa.
 
Para los investigadores de la UCA, medir solo la pobreza por ingresos, como hace el Gobierno, es limitado, porque "la desprotección social que supone la situación de pobreza expone a los niños y adolescentes a vulnerabilidades habitacionales, nutricionales, enfermedades, accidentes, explotación, violencia, discriminación y acceso insuficiente o inadecuado a la vestimenta, al calzado, a la asistencia médica pero también a la estimulación emocional, intelectual y social".
 
A quienes nunca sufrimos la pobreza extrema, los que no sabemos lo que es pasar hambre y no tener con qué paliarlo, quizá tantos números nos apabullen, tal vez sintamos esas realidades como muy lejanas, porque son ajenas. Pero no lo son: cuando este flagelo recae sobre los más chicos se condena el futuro de la nación, con personas hambreadas, madres que engendrarán hijos sin los nutrientes indispensables para desarrollar sus capacidades intelectuales, sometidos a las peores formas de la miseria. El verso de la pobreza cero.
 
La Opinión Popular

 
Un estudio de la UCA revela que dos de cada tres chicos viven en hogares pobres
 
El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) refleja que entre el 2016 y el 2017 la pobreza infantil pasó del 60,4% al 62,5%, es decir, creció un 2,1%.
 
Esto implica que hoy en la Argentina hay 8 millones de niños con algún tipo de privación en su vida diaria.
 
La situación de los menores de 0 a 17 años se agravó el año pasado en nuestro país y la tendencia indica que esto se mantendrá o que se agravará.
 
Si se toman los datos más actualizados de la UCA con una muestra más abarcativa del último trimestre del 2017 se observa que la intensidad de privaciones en los menores llegó al 65 por ciento.
 
Mediante esta última muestra actualizada, el informe señala que ya no son 8 millones de chicos privados de algún derecho sino que estos pasan a ser 8.255.000 en todo el país.
 
En el 2017 el índice de pobreza infantil por ingreso que arrojó el INDEC era del 39,7%. Pero para medir el impacto de pobreza infantil la UCA tomó una muestra multidimensional que evalúa otras variables de impacto en los niños.
 
De esta manera, se estima que en el tercer trimestre de 2017, 1 de cada 10 niños reside en hogares vulnerables en términos de acceso a los alimentos.
 
Desde el 2015 se registra una tendencia escalonada en ascenso en esta variable. Esta vulnerabilidad en el campo alimentario trepa al 18% en la infancia pobre en términos monetarios, 14% en la población que recibe asistencia económica por parte del Estado, y 14% en el Conurbano Bonaerense.
 
En este sentido, hay un 10,4% de los chicos en todo el país que pasa hambre, mientras que un 5,8% no recibió alimentación directa.
 
Cuando se evalúa el derecho al saneamiento, el informe estima que en 2017 el 24,7% de la infancia carece de acceso al agua de red y/o de inodoro con descarga en el interior de su vivienda (7% carece tanto de agua de red como de inodoro).
 
Si bien entre 2010 y 2014 se registra un descenso en el déficit de este rubro, a partir de aquel momento el déficit es sostenido con leves incrementos a nivel del total y sin cambios en el nivel de la privación más grave.
 
En el conurbano bonaerense esta problemática se profundiza y, así, el informe de la UCA muestra que el déficit en el espacio del saneamiento es una "problemática central" llegando al 40% de la población infantil en el 2017.
 
Cuando se evalúa el derecho a la vivienda, el informe de la UCA alertó que para el último trimestre del 2017 un 30,2% de niños y adolescentes se encontraba en viviendas precarias en términos de los materiales de su construcción.
 
"La evolución en el tiempo no revela cambios significativos a nivel del total y un leve descenso en la situación más crítica. En el espacio de la vivienda las brechas de desigualdad social son evidentes y sostenidas en el tiempo", señala el informe.
 
También esta variable constituye un problema social particular de las infancias del conurbano bonaerense (38%), de la pobreza económica y poblaciones asistidas económicamente por los Estados (44% y 40%, respectivamente).
 
En cuanto al derecho a la salud, el Observatorio de la UCA estimó para el 2017 este tema afecta en un 23,3% a la población infantil. Es decir que en la evolución 2010-2015 se registra un ascenso significativo pero en los últimos dos años se revirtió dicha tendencia y se advierten progresos significativos localizados principalmente en el Conurbano bonaerense.
 
Las desigualdades sociales se revelan persistentes entre puntas del período bajo análisis y son claramente regresivas para los estratos socio-ocupacionales más bajos.
 
Respecto del derecho a la estimulación en los primeros años de vida (0-3 años), alrededor de un 17% de los niños en sus primeros años, en 2017, se encuentra en situación de vulnerabilidad emocional e intelectual.
 
Asimismo, el informe de la UCA señaló que "en el derecho a la educación medido en chicos de 4 a 17 años, se estima que el 19% de los chicos, en 2017, registra privaciones en el espacio de la educación".
 
Entre 2010 y 2014 se registran progresos sobre todo a nivel de las privaciones moderadas relacionadas con aspectos de las ofertas educativas. Pero a partir de 2015 el déficit educativo se mantuvo estable en torno a un 18/19 por ciento.
 
Cuando se evalúan las profundas desigualdades sociales en términos de derecho a la información en la Argentina se ven grandes brechas entre los chicos pobres y aquellos que están bien económicamente.
 
Rl informe de la UCA reveló que las privaciones en el acceso a tecnologías de la información experimentaron un progreso significativo entre 2010 y 2011 como consecuencia de los programas de transferencia directa de computadoras portátiles que se realizaron a nivel del Estado Nacional y algunas iniciativas locales.
 
No obstante, tras esa transferencia de gran escala, la situación de déficit se estabilizó en torno a un 15/16%. Incluso la tendencia reciente parece ser regresiva probablemente como consecuencia de la discontinuidad de estos programas.
 
En 2017 la estimación de la UCA indica que el 19,5% de la población de niños/as y adolescentes registra déficit en términos del acceso a tecnologías de la información.
 
El estudio de la UCA se realizó sobre la proyeccción de un total de 12.691.048 de chicos que hay en el país. La muestra alcanzó los aglomerados urbanos de 80.000 o más habitantes; se tomaron aproximadamente 5.860 casos por año y la cantidad de niños relevados en el 2017 fue de 5.455 de 0 a 17 años.
 
La extensión del sondeo abarcó el GBA; la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, el Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán; Tafi Viejo, Gran Mendoza, Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia; Gran San Juan; Neuquén-Plottier-Cipoletti, Zarate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Usuhaia-Rio Grande. El margen de error de la muestra es de +/- 1,3%.
 
Fuentes: iProfesional y Hoy en la Noticia
 

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¿Y la pobreza cero?: Dos de cada tres chicos son pobres en la Argentina
18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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