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“Que el Gobierno no trafique con el cuento de los cambios ni de las renovaciones. Todo está igual. Que les falten el respeto a los radicales, vaya y pase. Pero a la sociedad, no”. Jorge Asís
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Nacionales - 11-04-2018 / 09:04
EL GOBIERNO NACIONAL FESTEJA ALBOROZADO LA ARBITRARIA INTERVENCIÓN DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

Escandalosa jugarreta de Servini y Macri para mantener dividido al peronismo

Escandalosa jugarreta de  Servini y Macri para mantener dividido al peronismo
JUGADA SUCIA DEL MACRISMO CONTRA EL PJ. El lunes el sindicalista de la CGT Carlos Acuña presentó el pedido de intervención y al día siguiente Servini lo firmó en un fallo llamativo, sin dar vista a las partes. Gioja, presidente del PJ, anunció que hoy apelará y reunirá al Consejo Nacional. La jueza designo a Barrionuevo, quien tiene relaciones con el macrismo -su cuñado Dante Camaño milita en el macrismo porteño-, pero también con Sergio Massa -su mujer Graciela Camaño es la mano derecha del líder del disminuido Frente Renovador, que ahora tendría la posibilidad de regresar al PJ.
No hay Mauricio Macri 2019 sin un peronismo dividido: eso es lo que aparece en todas las encuestas de opinión pública. Por lo tanto, la Casa Rosada inició una ofensiva antiperonista con el apoyo de la siempre oficialista jueza federal María Romilda Servini, quien intervino el Partido Justicialista y designó al frente al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo. Un golpe judicial contra el sistema de partidos. Para ello, la jueza citó las Veinte verdades peronistas de 1950 y dio una miniclase de republicanismo partidario.
 
María Romilda no se privó de nada para decidir el brutal avasallamiento en la vida interna de una organización política, con argumentos que parecen más cercanos a los de la militancia decepcionada que a la fundamentación jurídica de una intervención: "Ausencia de ideas", falta de claridad sobre "el nuevo rol de partido de la oposición que actualmente le toca desempeñar", "lealtades y traiciones", "luchas intestinas" y una admonición a la "dirigencia política que se aleja de las personas y traiciona el mandato otorgado por el pueblo".
 
En nombre del cumplimiento de las leyes electorales designó al mismo dirigente que 15 años atrás desencadenó una jornada de violencia electoral en Catamarca con quema de urnas incluida porque quiso ser candidato a gobernador sin cumplir los requisitos. Inexplicablemente, para quitar de en medio a los "impresentables", la jueza federal designó a Luis "Quema Urnas" Barrionuevo como normalizador del partido.
 
A Barrionuevo, alineado fuertemente con el macrismo, la jueza le legó la tarea de "realizar un inventario de bienes del PJ", como así también "informar sobre la situación económico-financiera de la entidad". Se dirá que el hombre que dijo "hay que dejar de robar por dos años" no sería el más idóneo para informar sobre la situación económica-financiera de nada. La jueza tampoco justifica su decisión en este terreno. Por el contrario, en el cuestionable fallo no hay un solo indicio de las razones por las que toma esta disposición.
 
La decisión de intervenir el principal partido de la oposición constituye una medida arbitraria, una resolución completamente antidemocrática que prescinde de la opinión de afiliados, votantes y simpatizantes. La misma tiene por finalidad preparar el fraude en 2019 inclinando la cancha en favor del gobierno de Macri en las próximas elecciones, poniendo en la conducción del PJ a un sector afín al macrismo.
 
La Opinión Popular

 
SERVINI DE CUBRÍA INTERVINO EL PARTIDO JUSTICIALISTA Y NOMBRÓ A CARGO AL GASTRONÓMICO LUIS BARRIONUEVO
 
La última jugada de la jueza Burú Burú Budía
 
En un fallo sorpresivo y poco consistente, la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría decidió la intervención del Partido Justicialista y nombró a cargo de la intervención al inefable dirigente de los gastronómicos, Luis Barrionuevo.
 
Por la tarde, Barrionuevo intentó tomar posesión de la sede del PJ de Matheu, pero se encontró con la resistencia de su titular, el sanjuanino José Luis Gioja, quien le avisó que no le dejaría su silla hasta que la sentencia estuviera firme.
 
"Se encerró en una oficina, no quiere hablar y dice que van a apelar. Yo asumí la intervención y por eso vamos a pedir su desalojo", se quejó Barrionuevo, quien se dirigió a la comisaría sexta. Efectivos de la policía comenzaron a rodear luego la sede partidaria y en la puerta se vivieron forcejeos y momentos de tensión.
 
"Hay una clara intención del gobierno nacional en la intervención del principal partido opositor", sostuvo Gioja, rodeado de legisladores y dirigentes nacionales que le fueron a transmitir su solidaridad. Anticipó que los apoderados del PJ presentarán la apelación en Tribunales hoy a primera hora pero anoche, el juez federal de turno, Marcelo Martínez de Giorgi, firmó el allanamiento de la sede. Sin embargo, según los rumores que circulaban ayer en Tribunales, la Cámara Electoral se inclinaría por revocar la decisión de Servini.
 
Todo parece extraído de otra época. Servini de Cubría y Barrionuevo fueron dos personajes prominentes durante el menemismo. La jueza federal -quien tiene 81 años y viene resistiendo las presiones para jubilarse- es desde hace casi tres décadas quien decide en materia electoral en el ámbito nacional, con varios fallos polémicos en su haber, pero ayer pasó una raya.
 
En este caso se trató de una presentación cautelar que hizo el lunes el triunviro de la CGT, Carlos Acuña, mano derecha de Barrionuevo. Ella resolvió en horas y sin dar vista ni al fiscal ni a las partes, como si hubiera alguna urgencia de por medio.
 
Desde hace tiempo que el gastronómico no talla en los asuntos del peronismo. Luego de haber sido uno de los principales aliados del presidente Macri dentro del sindicalismo, Barrionuevo se mostró en enero pasado junto a Moyano en la tribuna de los enojados con el Gobierno, pero le duró poco.
 
Ahora aparentemente opera para el peronismo "dialoguista". Acuña fue uno de los que clausuró el proceso de renovación en la CGT en la reunión de la semana pasada. En tanto que la esposa de Barrionuevo, la jefa del bloque de diputados del massismo, Graciela Camaño, fue una de las escasas figuras que el senador Miguel Ángel Pichetto pudo exhibir en el encuentro del peronismo que armó la semana pasada en Gualeguaychú.
 
Entre los dirigentes que acompañaban ayer a Gioja -aunque también hablaban del gobierno nacional y del ex presidente Eduardo Duhalde como instigadores-, acusaban a este sector que se reunió el viernes pasado en Entre Ríos como los responsables directos del fallo de Servini. Desde este grupo no respondían a las acusaciones, pero sí consideraban que el peronismo no tenía conducción y que desde su cargo Gioja se limitaba a acatar las directivas del kirchnerismo.
 
 
Notificación radial
 
Tan sorpresivo fue todo que Gioja se enteró de la intervención por el llamado de una radio. "Es una mala noticia, nos enteramos por ustedes. Me llama la atención, es la judicialización de la política. No tenía idea de que había una acción", respondió a la consulta de La Red.
 
El sanjuanino preside el PJ desde mayo de 2016 y tiene su mandato vigente, lo mismo que los distintos órganos partidarios. En su entorno destacaban como uno de los varios datos insólitos de la resolución que el denunciante Acuña integra el consejo partidario, es decir, también forma parte de la conducción intervenida.
 
La resolución de Servini tiene 12 páginas y varios párrafos que merecen destacarse. Acuña hizo la presentación junto a los sindicalistas Oscar Rojas y Horacio Valdez, donde hablan de la supuesta "acefalía" del peronismo que estaría conducido por "hermanos de frustrados candidatos", "dirigentes sin mandato político que perdieron por paliza en las elecciones nacionales" y "ex funcionarios que solo podían ejercer alguna función a la sombra de la ex presidente y que en la actualidad nadie reconoce".
 
En definitiva, para Acuña y compañía se trata de "impresentables", y reclaman la intervención sumando elementos como que "no se respeta la democracia interna" y que el justicialismo perdió las elecciones de 2015 y 2017.
 
En su desarrollo de los argumentos, la jueza se interna en vericuetos partidarios que exceden largamente sus atribuciones. "Los adversos resultados electorales obtenidos en los dos últimos procesos electorales han profundizado la división interna que venía gestándose con antelación", escribió Servini.
 
Su principal argumento pasa por el hecho de que quienes ejercían autoridades partidarias participaron de armados electorales que enfrentaron a quienes llevaban la boleta oficial del Partido Justicialista, algo que ocurrió sólo en la provincia de Buenos Aires con Unidad Ciudadana.
 
"La historia del peronismo se encuentra plagada tanto de lealtades como de traiciones y las heridas que dejan las luchas intestinas provocan una sangría difícil de curar. Por ello es necesario recordar lo manifestado por el general Juan Domingo Perón al expresar que 'El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha'", es la extraña cita a la que acude la jueza para inmediatamente concluir que: "En consecuencia, resulta razonable acoger la solicitud de intervención judicial".
 
Servini no da ninguna explicación de porqué designa justamente a Barrionuevo -jefe político del denunciante Acuña- como interventor, a quien obliga a presentar informes mensuales de su labor y le adelanta que en su gestión estará acompañado por una comisión de tres asesores que también nombrará ella.
 
 
El apoyo interno
  
Una vez notificado, Gioja se trasladó hasta la sede del PJ. Algunos legisladores nacionales que se encontraban en el Congreso participando del debate por el aborto se corrieron hasta allí para acompañarlo, como los diputados Cristina Álvarez Rodríguez, Guillermo Carmona, Daniel Filmus y Luis Basterra.
 
También llegaron más tarde dirigentes bonaerenses como el titular del PJ provincial e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini. "El fallo es de naturaleza extra-legal. Es un golpe judicial contra el sistema de partidos", sostuvo Carmona, uno de los que salió a hablar. Las bancadas del FpV-PJ y el Bloque Justicialista expresaron su repudio a la medida.
 
Resolución en mano, Barrionuevo llegó hasta allí junto a Acuña, su abogado y algunos de sus fornidos muchachos, que se quedaron en la entrada. Lo recibió Gioja y tuvieron un diálogo tenso de diez minutos. El gastronómico se fue a la comisaría para hacer el pedido de desalojo y acusó a Gioja de atrincherarse.
 
Durante horas hubo un fuerte cordón policial en la entrada de la sede y se produjeron algunos forcejeos. Por la noche, el juez Martínez de Giorgi firmó el desalojo del lugar. Igual, minutos antes Gioja había salido a explicar que no estaba "atrincherado" y que se iría a su casa.
 
Para hoy está convocada una reunión del Consejo Nacional partidario para tratar la situación. Si no había impedimentos se realizaría en la sede de Matheu, pero si la justicia no lo permitía iban a tener que buscar otro sitio.
 
Por Fernando Cibeira
 
Fuente: Página12
 

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19-09-2018 / 08:09
Cinco dirigentes sociales, entre ellos el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, fueron detenidos cuando reclamaban la liberación de dos de sus compañeros frente a la comisaría 18ª. Grabois consiguió enviar un mensaje denunciando la agresión policial.
 
Las organizaciones sociales convocaron a la militancia a la puerta de la comisaría para exigir la liberación de todos los detenidos. Dos horas más tarde, después que se concentraran en el lugar dirigentes políticos y gremiales, el ministerio de Seguridad porteño permitió su salida y la del resto de los militantes y trabajadores capturados.
 
"Nos vamos con todos los militantes y trabajadores liberados por el pueblo", gritó el dirigente de la CTEP Juan Grabois al nutrido grupo que, pasada la medianoche, festejaba entusiasmado el cese de la detención de Grabois y de otros once militantes y dirigentes apresados por protestar contra la brutalidad policial macrista.
 
"Todo esto es exclusiva responsabilidad del Gobierno, que generó un clima de odio y de persecución contra los trabajadores y los humildes, a los que quieren mostrar como enemigos de la sociedad", reflexionó ante los medios presentes el dirigente cercano al Papa.
 
"Está volviendo la xenofobia, está volviendo el fascismo. Es terrible lo que están haciendo con nuestra patria", concluyó antes de festejar la liberación de todos los detenidos.
 
Grabois es un dirigente social muy cercano al papa Francisco. Días atrás, recibió amenazas de parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y críticas de parte de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cuando junto a los líderes de la CCC y Barrios de Pie anunció un plan de lucha para reclamar un aumento de emergencia en la AUH, en planes de empleo y jubilaciones.
 
"Si no está asegurada la comida para los compañeros, no hay posibilidad de contención. No queremos repetir un escenario como el de 2001", avisó entonces.
 
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18-09-2018 / 16:09
El Gobierno de Mauricio Macri anticipa ahora que la luz al final del túnel llegará en el segundo trimestre del próximo año, gracias a un incremento de las exportaciones agropecuarias.
 
La recesión se extendería entonces hasta marzo de 2019 y luego la actividad iniciaría una recuperación, según explicaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda, pese a que anticipan que el contexto externo continuará siendo negativo y que no esperan el empujón de la obra en infraestructura vía contratos de Participación Público Privada (PPP), modalidad a la que "ya no apostamos ni una ficha", según dijeron.
 
El fondo de garantía de sustentabilidad, stock de respaldo de los aportes para los jubilados, comenzará a usarse a partir de abril próximo para el pago de los haberes previsionales, dado que para ese mes se habrán consumido los ingresos provenientes del blanqueo de capitales.
 
Como el Banco Central tiene prohibido por el acuerdo con el FMI financiar al Tesoro, será el Banco Nación el que aporte el año próximo 15.000 millones de pesos de sus utilidades. También se congelará el fondo de incentivo docente a las provincias en términos nominales, con el objetivo de que la inflación lo vaya licuando con el tiempo.
 
Desde el gobierno de los CEOs reconocen que hubo una enorme diferencia entre la previsión de variables del presupuesto de este año y lo que terminó sucediendo. Sin embargo, lo reducen a cuestiones externas e imponderables: sequía, volatilidad financiera externa, la crisis turca, la suba de tasas de interés de Estados Unidos y recientemente los problemas en Brasil.
 
Nada de esto está previsto que vaya a cambiar pero esta vez aseguran que una buena cosecha alcanzará para compensar todos esos problemas. "El contexto externo desfavorable se va a mantener, pero la apuesta es a una mejora en la cosecha. El agro va a traccionar", se esperanzan en Hacienda.
 
También esperan que el consumo mejore en términos interanuales recién en el último trimestre del año próximo, cerca de la elecciones presidenciales, en torno a 15 por ciento contra 2018. De todos modos, en el balance anual el consumo privado se proyecta con una contracción del 1,6 por ciento.
 
En resumen, el Gobierno de los Ricos proyecta una reducción nominal de 7 puntos en las partidas para obra pública, da por caído los PPP, echará mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar a jubilados, avanzará con privatizaciones y seguirá aumentando las tarifas.
 
Los intereses de deuda representan ya el 18 % del gasto público. Mientras, la educación y cultura sufrirán un fuerte recorte real, también salud, ciencia y técnica y los salarios de trabajadores del Estado. El gobierno sólo quiere la "bendición" del FMI para conseguir financiamiento de cara a 2019.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 07:09
Como se esperaba, el juez federal de la "servilleta", Claudio Bonadio, procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero para enriquecerse.
 
En las 551 páginas del texto conocido ayer, no se aporta ninguna evidencia de dónde están los dólares ni los bienes ni las cuentas ni las sociedades ni las bóvedas con el dinero del enriquecimiento.
 
Tampoco hay testigos o arrepentidos que digan que arreglaron algo o le entregaron algo a la ex mandataria, salvo el caso de José López, quien se despachó con una nueva versión, la quinta que cambia, de que habló con Cristina sobre recaudación de plata y "supone" que ella le mandó los 9 millones de dólares que le encontraron cuando los tiró en el convento.
 
Los procesamientos de ayer abarcan a un amplio grupo de empresarios que se dividieron entre los que dicen que pusieron plata para campañas electorales -algunos presionados y otros por propia voluntad-; los que armaron el club de la obra pública y pagaron coimas; el club de los peajes, que también pagó coimas y el grupo Techint que dice que aportó para negociar una indemnización en Venezuela.
 
También fueron procesados funcionarios de todos los niveles, la mayoría de ellos negó haber recibido dinero y hasta alguno demostró que vive en la más absoluta modestia, con lo que refutan haberse enriquecido.
 
Bonadío lleva adelante, junto al fiscal Carlos Stornelli, una investigación que ha despertado sospechas y polémicas por las pruebas en que ha basado sus fallos, la arbitraria utilización de la figura del "arrepentido" y la direccionalidad de las acusaciones, que incluye un "blindaje" que hasta ahora rodea al presidente Mauricio Macri y sus responsabilidades empresarias y políticas.
 
El pretendido Lava Jato argentino es una causa enfilada contra el cristinismo. Quieren a Cristina presa durante la campaña electorral. Los empresarios que inculparon ex funcionarios K obtuvieron la libertad inmediata durante el proceso. Los arrepentidos que desplegaron versiones auto exculpatorias bajo intimidación fueron casi todos procesados.
 
Son claves las violaciones del debido proceso: detenciones abruptas, morbosamente transmitidas en directo e injustificadas. Completan el cuadro condiciones desdorosas de encarcelamiento, con amenazas de mantenerlas si no mediaban relatos que enlodaran a los procesados opositores a Macri.
 
Los hechos deben ser investigados, juzgados, sancionados si median evidencias contundentes. Y en esta cuestión abundan elementos probatorios verosímiles, muy en especial las autoinculpaciones. Pero las sospechas, los indicios, las declaraciones, requieren recorrer el debido proceso, en especial el ejercicio del derecho de defensa. La cárcel prematura, pensada para durar años constituye una condena anticipada, he ahí su injusta racionalidad.
 
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17-09-2018 / 10:09
En el peor momento de la crisis del plan económico del gobierno de Mauricio Macri, con los mercados financieros cerrados para nuevos préstamos y el FMI (la última carta del gobierno) endureciendo las condiciones para renovar el acuerdo (el primero cayó antes de cumplir tres meses), al PRO se le está haciendo cuesta arriba convencer, a propios y extraños, que su política de endeudamiento es sustentable en el tiempo. Ni siquiera para el tiempo más inmediato, lo que resta de aquí a fin de año.
 
El informe de La Deuda Externa que acaba de elaborar el Observatorio de la UMET, que dirige Arnaldo Bocco, señala que el Programa Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda, según el cual las necesidades de divisas para cumplir con los vencimientos se cubrirían con renovación de títulos, financiamiento externo e interno, "resulta poco realista en un contexto financiero internacional crecientemente hostil" y desconfiado de la capacidad de repago del país.
 
Advierte, además, que tal Programa sólo prevé el cronograma de vencimientos del Tesoro Nacional, pero no la necesidad de divisas "del conjunto de la economía".
 
La administración macrista, por otra parte, se encontrará con un problema estructural adicional, subraya el informe de la UMET. De mantenerse en el tiempo el valor actual del dólar (en términos reales), cabe esperar "que la relación deuda pública/PBI alcance a finales de 2018 un nivel alarmante, superior al 111 por ciento" que, por diversas razones, es insostenible.
 
"Observando el cuadro general, se podría afirmar que nuestra economía se encuentra en un callejón sin salida", concluye el informe, sugiriendo que la crisis insalvable de divisas llevaría, una vez más, a un default (cesación de pagos) o a una reestructuración de la deuda (renegociación de vencimientos o canje), como ocurrió tras el estallido de la convertibilidad.
 
"La deuda como motor de la sustentabilidad económica, se agotó. La gestión de Mauricio Macri nos conduce a un inexorable final con derrumbe económico y con una probable cesación de pagos", definió Nicolás Trotta, director de la UMET y uno de los responsables de la creación del Observatorio de la Deuda Externa.
 
"Como en el pasado, Macri nos llevó por la ruta que tenía que evitarse; para el gobierno que venga le queda el poco aliciente de que  hasta diciembre de 2019, este proceso lo conducirá el FMI".

17-09-2018 / 09:09
A fines del año pasado, el dólar cotizaba en torno a los $18. Hoy abrirá a un promedio de $40,53. ¿Quiénes pierden con esta devaluación? Los asalariados, aquellos que quizá nunca han visto o ahorrado en dólares, pero perciben sueldos en pesos que los ubican por debajo de la línea de la pobreza, mientras pagan sus compras y consumos en dólares.
 
Los salarios de un profesional clave como el médico, que día a día batalla en un sistema público de salud devastado y percibe unos $20.300 de sueldo básico (equivalentes a US$1.128 a fines del año pasado, y a tan solo US$500 ahora); o de los castigados docentes, cuyo sueldo inicial se ubica en $12.500 (antes US$694; ahora US$308).
 
Con los mismos ingresos del año pasado, ahora va a la góndola y tiene que desembolsar más de un 100% que el año pasado para comprar un kilo de harina; más del 54% para adquirir una docena de huevos; quiere llevar a su mesa un kilo de pan y hoy le cuesta un 41% más que en 2017. Sube el precio de los alimentos, pero también el de los combustibles y el de servicios indispensables como el transporte, la luz, el agua y el gas.
 
El resultado es un duro golpe de los grandes empresarios hacia la clase trabajadora, contrayendo los salarios en términos de su poder adquisitivo. Los "mercados" lograron imponer una fuerte devaluación en poco tiempo, que supera el ritmo inflacionario y mucho más los incrementos de salarios.
 
El cóctel es letal para el consumo, el desempleo abunda, los que lo conservan ven cómo su poder adquisitivo se consume, las compras se deprimen y las pymes que quedan en pie, lejos de recibir estímulos por parte del Gobierno de los Ricos, enfrentan tasas de interés del 60%. Las más altas del mundo, letal para la toma de créditos y la producción; atractivo para los especuladores financieros.
 
La recesión está en marcha y el Gobierno de Mauricio Macri solo apuesta a que esta caída que atraviesa el consumo desacelere la inflación. Nada indica que este semestre o el próximo el escenario vaya a cambiar. Nada presupone que, antes del fin del mandato de Macri, aparezca un plan de desarrollo económico, de pleno empleo, de generación genuina de divisas. Más bien, todo lo contrario.
 
A despecho de nuestra Constitución, rige los destinos del Gobierno de los CEOs la carta magna del FMI, que le exige que si quiere los millones frescos que necesita para no entrar en default, deberá seguir obedeciendo, ajustando, devaluando lo más que se pueda, aceitando la fuga de capitales y la bicicleta financiera.
 
La salida planteada como "inevitable" y "única" es: devaluación y recesión, con más endeudamiento y sumisión al FMI. Un modelo colonial hecho a medida del "mercado" y los bancos, que con la disparada del dólar anotaron una ganancia de $14.624 millones, contra los $8.761 millones registrados en julio del año pasado. Un 66,9% más para ellos, por encima de la devaluación, de la inflación y de todo.
 
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