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Nacionales - 11-04-2018 / 09:04
EL GOBIERNO NACIONAL FESTEJA ALBOROZADO LA ARBITRARIA INTERVENCIÓN DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

Escandalosa jugarreta de Servini y Macri para mantener dividido al peronismo

Escandalosa jugarreta de  Servini y Macri para mantener dividido al peronismo
JUGADA SUCIA DEL MACRISMO CONTRA EL PJ. El lunes el sindicalista de la CGT Carlos Acuña presentó el pedido de intervención y al día siguiente Servini lo firmó en un fallo llamativo, sin dar vista a las partes. Gioja, presidente del PJ, anunció que hoy apelará y reunirá al Consejo Nacional. La jueza designo a Barrionuevo, quien tiene relaciones con el macrismo -su cuñado Dante Camaño milita en el macrismo porteño-, pero también con Sergio Massa -su mujer Graciela Camaño es la mano derecha del líder del disminuido Frente Renovador, que ahora tendría la posibilidad de regresar al PJ.
No hay Mauricio Macri 2019 sin un peronismo dividido: eso es lo que aparece en todas las encuestas de opinión pública. Por lo tanto, la Casa Rosada inició una ofensiva antiperonista con el apoyo de la siempre oficialista jueza federal María Romilda Servini, quien intervino el Partido Justicialista y designó al frente al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo. Un golpe judicial contra el sistema de partidos. Para ello, la jueza citó las Veinte verdades peronistas de 1950 y dio una miniclase de republicanismo partidario.
 
María Romilda no se privó de nada para decidir el brutal avasallamiento en la vida interna de una organización política, con argumentos que parecen más cercanos a los de la militancia decepcionada que a la fundamentación jurídica de una intervención: "Ausencia de ideas", falta de claridad sobre "el nuevo rol de partido de la oposición que actualmente le toca desempeñar", "lealtades y traiciones", "luchas intestinas" y una admonición a la "dirigencia política que se aleja de las personas y traiciona el mandato otorgado por el pueblo".
 
En nombre del cumplimiento de las leyes electorales designó al mismo dirigente que 15 años atrás desencadenó una jornada de violencia electoral en Catamarca con quema de urnas incluida porque quiso ser candidato a gobernador sin cumplir los requisitos. Inexplicablemente, para quitar de en medio a los "impresentables", la jueza federal designó a Luis "Quema Urnas" Barrionuevo como normalizador del partido.
 
A Barrionuevo, alineado fuertemente con el macrismo, la jueza le legó la tarea de "realizar un inventario de bienes del PJ", como así también "informar sobre la situación económico-financiera de la entidad". Se dirá que el hombre que dijo "hay que dejar de robar por dos años" no sería el más idóneo para informar sobre la situación económica-financiera de nada. La jueza tampoco justifica su decisión en este terreno. Por el contrario, en el cuestionable fallo no hay un solo indicio de las razones por las que toma esta disposición.
 
La decisión de intervenir el principal partido de la oposición constituye una medida arbitraria, una resolución completamente antidemocrática que prescinde de la opinión de afiliados, votantes y simpatizantes. La misma tiene por finalidad preparar el fraude en 2019 inclinando la cancha en favor del gobierno de Macri en las próximas elecciones, poniendo en la conducción del PJ a un sector afín al macrismo.
 
La Opinión Popular

 
SERVINI DE CUBRÍA INTERVINO EL PARTIDO JUSTICIALISTA Y NOMBRÓ A CARGO AL GASTRONÓMICO LUIS BARRIONUEVO
 
La última jugada de la jueza Burú Burú Budía
 
En un fallo sorpresivo y poco consistente, la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría decidió la intervención del Partido Justicialista y nombró a cargo de la intervención al inefable dirigente de los gastronómicos, Luis Barrionuevo.
 
Por la tarde, Barrionuevo intentó tomar posesión de la sede del PJ de Matheu, pero se encontró con la resistencia de su titular, el sanjuanino José Luis Gioja, quien le avisó que no le dejaría su silla hasta que la sentencia estuviera firme.
 
"Se encerró en una oficina, no quiere hablar y dice que van a apelar. Yo asumí la intervención y por eso vamos a pedir su desalojo", se quejó Barrionuevo, quien se dirigió a la comisaría sexta. Efectivos de la policía comenzaron a rodear luego la sede partidaria y en la puerta se vivieron forcejeos y momentos de tensión.
 
"Hay una clara intención del gobierno nacional en la intervención del principal partido opositor", sostuvo Gioja, rodeado de legisladores y dirigentes nacionales que le fueron a transmitir su solidaridad. Anticipó que los apoderados del PJ presentarán la apelación en Tribunales hoy a primera hora pero anoche, el juez federal de turno, Marcelo Martínez de Giorgi, firmó el allanamiento de la sede. Sin embargo, según los rumores que circulaban ayer en Tribunales, la Cámara Electoral se inclinaría por revocar la decisión de Servini.
 
Todo parece extraído de otra época. Servini de Cubría y Barrionuevo fueron dos personajes prominentes durante el menemismo. La jueza federal -quien tiene 81 años y viene resistiendo las presiones para jubilarse- es desde hace casi tres décadas quien decide en materia electoral en el ámbito nacional, con varios fallos polémicos en su haber, pero ayer pasó una raya.
 
En este caso se trató de una presentación cautelar que hizo el lunes el triunviro de la CGT, Carlos Acuña, mano derecha de Barrionuevo. Ella resolvió en horas y sin dar vista ni al fiscal ni a las partes, como si hubiera alguna urgencia de por medio.
 
Desde hace tiempo que el gastronómico no talla en los asuntos del peronismo. Luego de haber sido uno de los principales aliados del presidente Macri dentro del sindicalismo, Barrionuevo se mostró en enero pasado junto a Moyano en la tribuna de los enojados con el Gobierno, pero le duró poco.
 
Ahora aparentemente opera para el peronismo "dialoguista". Acuña fue uno de los que clausuró el proceso de renovación en la CGT en la reunión de la semana pasada. En tanto que la esposa de Barrionuevo, la jefa del bloque de diputados del massismo, Graciela Camaño, fue una de las escasas figuras que el senador Miguel Ángel Pichetto pudo exhibir en el encuentro del peronismo que armó la semana pasada en Gualeguaychú.
 
Entre los dirigentes que acompañaban ayer a Gioja -aunque también hablaban del gobierno nacional y del ex presidente Eduardo Duhalde como instigadores-, acusaban a este sector que se reunió el viernes pasado en Entre Ríos como los responsables directos del fallo de Servini. Desde este grupo no respondían a las acusaciones, pero sí consideraban que el peronismo no tenía conducción y que desde su cargo Gioja se limitaba a acatar las directivas del kirchnerismo.
 
 
Notificación radial
 
Tan sorpresivo fue todo que Gioja se enteró de la intervención por el llamado de una radio. "Es una mala noticia, nos enteramos por ustedes. Me llama la atención, es la judicialización de la política. No tenía idea de que había una acción", respondió a la consulta de La Red.
 
El sanjuanino preside el PJ desde mayo de 2016 y tiene su mandato vigente, lo mismo que los distintos órganos partidarios. En su entorno destacaban como uno de los varios datos insólitos de la resolución que el denunciante Acuña integra el consejo partidario, es decir, también forma parte de la conducción intervenida.
 
La resolución de Servini tiene 12 páginas y varios párrafos que merecen destacarse. Acuña hizo la presentación junto a los sindicalistas Oscar Rojas y Horacio Valdez, donde hablan de la supuesta "acefalía" del peronismo que estaría conducido por "hermanos de frustrados candidatos", "dirigentes sin mandato político que perdieron por paliza en las elecciones nacionales" y "ex funcionarios que solo podían ejercer alguna función a la sombra de la ex presidente y que en la actualidad nadie reconoce".
 
En definitiva, para Acuña y compañía se trata de "impresentables", y reclaman la intervención sumando elementos como que "no se respeta la democracia interna" y que el justicialismo perdió las elecciones de 2015 y 2017.
 
En su desarrollo de los argumentos, la jueza se interna en vericuetos partidarios que exceden largamente sus atribuciones. "Los adversos resultados electorales obtenidos en los dos últimos procesos electorales han profundizado la división interna que venía gestándose con antelación", escribió Servini.
 
Su principal argumento pasa por el hecho de que quienes ejercían autoridades partidarias participaron de armados electorales que enfrentaron a quienes llevaban la boleta oficial del Partido Justicialista, algo que ocurrió sólo en la provincia de Buenos Aires con Unidad Ciudadana.
 
"La historia del peronismo se encuentra plagada tanto de lealtades como de traiciones y las heridas que dejan las luchas intestinas provocan una sangría difícil de curar. Por ello es necesario recordar lo manifestado por el general Juan Domingo Perón al expresar que 'El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha'", es la extraña cita a la que acude la jueza para inmediatamente concluir que: "En consecuencia, resulta razonable acoger la solicitud de intervención judicial".
 
Servini no da ninguna explicación de porqué designa justamente a Barrionuevo -jefe político del denunciante Acuña- como interventor, a quien obliga a presentar informes mensuales de su labor y le adelanta que en su gestión estará acompañado por una comisión de tres asesores que también nombrará ella.
 
 
El apoyo interno
  
Una vez notificado, Gioja se trasladó hasta la sede del PJ. Algunos legisladores nacionales que se encontraban en el Congreso participando del debate por el aborto se corrieron hasta allí para acompañarlo, como los diputados Cristina Álvarez Rodríguez, Guillermo Carmona, Daniel Filmus y Luis Basterra.
 
También llegaron más tarde dirigentes bonaerenses como el titular del PJ provincial e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini. "El fallo es de naturaleza extra-legal. Es un golpe judicial contra el sistema de partidos", sostuvo Carmona, uno de los que salió a hablar. Las bancadas del FpV-PJ y el Bloque Justicialista expresaron su repudio a la medida.
 
Resolución en mano, Barrionuevo llegó hasta allí junto a Acuña, su abogado y algunos de sus fornidos muchachos, que se quedaron en la entrada. Lo recibió Gioja y tuvieron un diálogo tenso de diez minutos. El gastronómico se fue a la comisaría para hacer el pedido de desalojo y acusó a Gioja de atrincherarse.
 
Durante horas hubo un fuerte cordón policial en la entrada de la sede y se produjeron algunos forcejeos. Por la noche, el juez Martínez de Giorgi firmó el desalojo del lugar. Igual, minutos antes Gioja había salido a explicar que no estaba "atrincherado" y que se iría a su casa.
 
Para hoy está convocada una reunión del Consejo Nacional partidario para tratar la situación. Si no había impedimentos se realizaría en la sede de Matheu, pero si la justicia no lo permitía iban a tener que buscar otro sitio.
 
Por Fernando Cibeira
 
Fuente: Página12
 

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22-04-2018 / 19:04
22-04-2018 / 17:04
De visita en Estados Unidos, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó ante periodistas argentinos que hay un "optimismo total" sobre lo que aquí sucede. Pocos días antes, El País publicó un sencillo y claro reportaje, a Guillermo Ambrogi, presidente de la Cámara de Comercio Española en Argentina. Ambrogi no teme decir que Macri fue ingenuo cuando creyó que lo iban a tapar con inversiones.
 
Y que esas inversiones (que se esperan hace más de dos años) no llegarán hasta que una inflación controlada garantice a los empresarios su tasa de ganancia. No se refirió en primer lugar a los costos laborales (que mencionó después), sino de la inflación.
 
De eso deberíamos hablar: de que Macri se equivocó en sus predicciones y diagnósticos y que llegó al gobierno haciendo promesas que eran mentiras o torpes ingenuidades. Elíjase lo que mejor parezca.
 
El mismo jueves en que se difundió el optimismo de Caputo, también nos enteramos de que los aliados de la UCR y la Coalición Cívica habían logrado que los férreos Marcos Peña y Aranguren accedieran a dos modificaciones en el cronograma de los aumentos de tarifas.
 
La noche anterior, en barrios que no pueden ser denominados K, cientos de ciudadanos cortaron bocacalles entonando la consigna "Mauricio Macri la puta que te parió". Más que sensibilidad social o negociación con sus aliados, el macrismo se dio cuenta de que esas manifestaciones no eran buenos preliminares para su pretensión de 2019.
 
No queda claro si los radicales están en condiciones de capitalizar el triunfo de dos puntos de su pliego de modificaciones sobre tarifas. El problema, para los radicales, es que no tienen figuras que puedan hacer balance con lo que logran.
 
Es injusto que no se reconozca a Mario Negri haber encabezado la negociación para morigerar el sablazo planificado por Aranguren. Pero así es la política. La inquietud toca a los radicales, que suponen (con razón) que no están incorporados a una alianza.
 
Una alianza de gobierno requiere experiencia y un grado de confianza considerable. Sobre todo, requiere que los aliados no pierdan más de lo que ganan, ni que los desvele la certeza de que el "otro" ha ganado infinitamente más que uno mismo.
 
Una alianza implica distribución equilibrada del poder, de la discusión de las decisiones. Implica prever las posiciones del otro. Implica tacto, conocimiento y deliberación.
 
En países de régimen parlamentario, las condiciones de la alianza se pactan antes de firmar los papeles; la distribución de los cargos, también. Después, sin duda, habrá desinteligencias y discusiones, pero antes se hizo todo lo posible para evitarlas, aunque se sepa que son ineludibles.

21-04-2018 / 17:04
21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

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