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Nacionales - 11-04-2018 / 09:04
EL GOBIERNO NACIONAL FESTEJA ALBOROZADO LA ARBITRARIA INTERVENCIÓN DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

Escandalosa jugarreta de Servini y Macri para mantener dividido al peronismo

Escandalosa jugarreta de  Servini y Macri para mantener dividido al peronismo
JUGADA SUCIA DEL MACRISMO CONTRA EL PJ. El lunes el sindicalista de la CGT Carlos Acuña presentó el pedido de intervención y al día siguiente Servini lo firmó en un fallo llamativo, sin dar vista a las partes. Gioja, presidente del PJ, anunció que hoy apelará y reunirá al Consejo Nacional. La jueza designo a Barrionuevo, quien tiene relaciones con el macrismo -su cuñado Dante Camaño milita en el macrismo porteño-, pero también con Sergio Massa -su mujer Graciela Camaño es la mano derecha del líder del disminuido Frente Renovador, que ahora tendría la posibilidad de regresar al PJ.
No hay Mauricio Macri 2019 sin un peronismo dividido: eso es lo que aparece en todas las encuestas de opinión pública. Por lo tanto, la Casa Rosada inició una ofensiva antiperonista con el apoyo de la siempre oficialista jueza federal María Romilda Servini, quien intervino el Partido Justicialista y designó al frente al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo. Un golpe judicial contra el sistema de partidos. Para ello, la jueza citó las Veinte verdades peronistas de 1950 y dio una miniclase de republicanismo partidario.
 
María Romilda no se privó de nada para decidir el brutal avasallamiento en la vida interna de una organización política, con argumentos que parecen más cercanos a los de la militancia decepcionada que a la fundamentación jurídica de una intervención: "Ausencia de ideas", falta de claridad sobre "el nuevo rol de partido de la oposición que actualmente le toca desempeñar", "lealtades y traiciones", "luchas intestinas" y una admonición a la "dirigencia política que se aleja de las personas y traiciona el mandato otorgado por el pueblo".
 
En nombre del cumplimiento de las leyes electorales designó al mismo dirigente que 15 años atrás desencadenó una jornada de violencia electoral en Catamarca con quema de urnas incluida porque quiso ser candidato a gobernador sin cumplir los requisitos. Inexplicablemente, para quitar de en medio a los "impresentables", la jueza federal designó a Luis "Quema Urnas" Barrionuevo como normalizador del partido.
 
A Barrionuevo, alineado fuertemente con el macrismo, la jueza le legó la tarea de "realizar un inventario de bienes del PJ", como así también "informar sobre la situación económico-financiera de la entidad". Se dirá que el hombre que dijo "hay que dejar de robar por dos años" no sería el más idóneo para informar sobre la situación económica-financiera de nada. La jueza tampoco justifica su decisión en este terreno. Por el contrario, en el cuestionable fallo no hay un solo indicio de las razones por las que toma esta disposición.
 
La decisión de intervenir el principal partido de la oposición constituye una medida arbitraria, una resolución completamente antidemocrática que prescinde de la opinión de afiliados, votantes y simpatizantes. La misma tiene por finalidad preparar el fraude en 2019 inclinando la cancha en favor del gobierno de Macri en las próximas elecciones, poniendo en la conducción del PJ a un sector afín al macrismo.
 
La Opinión Popular

 
SERVINI DE CUBRÍA INTERVINO EL PARTIDO JUSTICIALISTA Y NOMBRÓ A CARGO AL GASTRONÓMICO LUIS BARRIONUEVO
 
La última jugada de la jueza Burú Burú Budía
 
En un fallo sorpresivo y poco consistente, la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría decidió la intervención del Partido Justicialista y nombró a cargo de la intervención al inefable dirigente de los gastronómicos, Luis Barrionuevo.
 
Por la tarde, Barrionuevo intentó tomar posesión de la sede del PJ de Matheu, pero se encontró con la resistencia de su titular, el sanjuanino José Luis Gioja, quien le avisó que no le dejaría su silla hasta que la sentencia estuviera firme.
 
"Se encerró en una oficina, no quiere hablar y dice que van a apelar. Yo asumí la intervención y por eso vamos a pedir su desalojo", se quejó Barrionuevo, quien se dirigió a la comisaría sexta. Efectivos de la policía comenzaron a rodear luego la sede partidaria y en la puerta se vivieron forcejeos y momentos de tensión.
 
"Hay una clara intención del gobierno nacional en la intervención del principal partido opositor", sostuvo Gioja, rodeado de legisladores y dirigentes nacionales que le fueron a transmitir su solidaridad. Anticipó que los apoderados del PJ presentarán la apelación en Tribunales hoy a primera hora pero anoche, el juez federal de turno, Marcelo Martínez de Giorgi, firmó el allanamiento de la sede. Sin embargo, según los rumores que circulaban ayer en Tribunales, la Cámara Electoral se inclinaría por revocar la decisión de Servini.
 
Todo parece extraído de otra época. Servini de Cubría y Barrionuevo fueron dos personajes prominentes durante el menemismo. La jueza federal -quien tiene 81 años y viene resistiendo las presiones para jubilarse- es desde hace casi tres décadas quien decide en materia electoral en el ámbito nacional, con varios fallos polémicos en su haber, pero ayer pasó una raya.
 
En este caso se trató de una presentación cautelar que hizo el lunes el triunviro de la CGT, Carlos Acuña, mano derecha de Barrionuevo. Ella resolvió en horas y sin dar vista ni al fiscal ni a las partes, como si hubiera alguna urgencia de por medio.
 
Desde hace tiempo que el gastronómico no talla en los asuntos del peronismo. Luego de haber sido uno de los principales aliados del presidente Macri dentro del sindicalismo, Barrionuevo se mostró en enero pasado junto a Moyano en la tribuna de los enojados con el Gobierno, pero le duró poco.
 
Ahora aparentemente opera para el peronismo "dialoguista". Acuña fue uno de los que clausuró el proceso de renovación en la CGT en la reunión de la semana pasada. En tanto que la esposa de Barrionuevo, la jefa del bloque de diputados del massismo, Graciela Camaño, fue una de las escasas figuras que el senador Miguel Ángel Pichetto pudo exhibir en el encuentro del peronismo que armó la semana pasada en Gualeguaychú.
 
Entre los dirigentes que acompañaban ayer a Gioja -aunque también hablaban del gobierno nacional y del ex presidente Eduardo Duhalde como instigadores-, acusaban a este sector que se reunió el viernes pasado en Entre Ríos como los responsables directos del fallo de Servini. Desde este grupo no respondían a las acusaciones, pero sí consideraban que el peronismo no tenía conducción y que desde su cargo Gioja se limitaba a acatar las directivas del kirchnerismo.
 
 
Notificación radial
 
Tan sorpresivo fue todo que Gioja se enteró de la intervención por el llamado de una radio. "Es una mala noticia, nos enteramos por ustedes. Me llama la atención, es la judicialización de la política. No tenía idea de que había una acción", respondió a la consulta de La Red.
 
El sanjuanino preside el PJ desde mayo de 2016 y tiene su mandato vigente, lo mismo que los distintos órganos partidarios. En su entorno destacaban como uno de los varios datos insólitos de la resolución que el denunciante Acuña integra el consejo partidario, es decir, también forma parte de la conducción intervenida.
 
La resolución de Servini tiene 12 páginas y varios párrafos que merecen destacarse. Acuña hizo la presentación junto a los sindicalistas Oscar Rojas y Horacio Valdez, donde hablan de la supuesta "acefalía" del peronismo que estaría conducido por "hermanos de frustrados candidatos", "dirigentes sin mandato político que perdieron por paliza en las elecciones nacionales" y "ex funcionarios que solo podían ejercer alguna función a la sombra de la ex presidente y que en la actualidad nadie reconoce".
 
En definitiva, para Acuña y compañía se trata de "impresentables", y reclaman la intervención sumando elementos como que "no se respeta la democracia interna" y que el justicialismo perdió las elecciones de 2015 y 2017.
 
En su desarrollo de los argumentos, la jueza se interna en vericuetos partidarios que exceden largamente sus atribuciones. "Los adversos resultados electorales obtenidos en los dos últimos procesos electorales han profundizado la división interna que venía gestándose con antelación", escribió Servini.
 
Su principal argumento pasa por el hecho de que quienes ejercían autoridades partidarias participaron de armados electorales que enfrentaron a quienes llevaban la boleta oficial del Partido Justicialista, algo que ocurrió sólo en la provincia de Buenos Aires con Unidad Ciudadana.
 
"La historia del peronismo se encuentra plagada tanto de lealtades como de traiciones y las heridas que dejan las luchas intestinas provocan una sangría difícil de curar. Por ello es necesario recordar lo manifestado por el general Juan Domingo Perón al expresar que 'El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha'", es la extraña cita a la que acude la jueza para inmediatamente concluir que: "En consecuencia, resulta razonable acoger la solicitud de intervención judicial".
 
Servini no da ninguna explicación de porqué designa justamente a Barrionuevo -jefe político del denunciante Acuña- como interventor, a quien obliga a presentar informes mensuales de su labor y le adelanta que en su gestión estará acompañado por una comisión de tres asesores que también nombrará ella.
 
 
El apoyo interno
  
Una vez notificado, Gioja se trasladó hasta la sede del PJ. Algunos legisladores nacionales que se encontraban en el Congreso participando del debate por el aborto se corrieron hasta allí para acompañarlo, como los diputados Cristina Álvarez Rodríguez, Guillermo Carmona, Daniel Filmus y Luis Basterra.
 
También llegaron más tarde dirigentes bonaerenses como el titular del PJ provincial e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini. "El fallo es de naturaleza extra-legal. Es un golpe judicial contra el sistema de partidos", sostuvo Carmona, uno de los que salió a hablar. Las bancadas del FpV-PJ y el Bloque Justicialista expresaron su repudio a la medida.
 
Resolución en mano, Barrionuevo llegó hasta allí junto a Acuña, su abogado y algunos de sus fornidos muchachos, que se quedaron en la entrada. Lo recibió Gioja y tuvieron un diálogo tenso de diez minutos. El gastronómico se fue a la comisaría para hacer el pedido de desalojo y acusó a Gioja de atrincherarse.
 
Durante horas hubo un fuerte cordón policial en la entrada de la sede y se produjeron algunos forcejeos. Por la noche, el juez Martínez de Giorgi firmó el desalojo del lugar. Igual, minutos antes Gioja había salido a explicar que no estaba "atrincherado" y que se iría a su casa.
 
Para hoy está convocada una reunión del Consejo Nacional partidario para tratar la situación. Si no había impedimentos se realizaría en la sede de Matheu, pero si la justicia no lo permitía iban a tener que buscar otro sitio.
 
Por Fernando Cibeira
 
Fuente: Página12
 

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18-03-2019 / 12:03
18-03-2019 / 10:03
Mauricio Macri acusó este domingo a su padre, el recientemente fallecido Franco Macri, de participar de actividades ilegales junto al gobierno anterior, hechos de los cuales se desentendió pese a que figuran las empresas familiares que también le pertenecen.
 
"Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar", afirmó el jefe de Estado, en una doble jugada que apunta a despegar su propia figura de las investigaciones judiciales y salpicar a quienes hoy forman parte de la oposición.
 
Parece que la muerte reciente de su padre, le presentó la oportunidad para intentar separarse de la "herencia" familiar, que recae sobre su figura como sucesor del Clan Macri que se benefició y edificó su fortuna sobre la base de sucios negociados de la patria contratista con el Estado durante la dictadura militar y el menemismo.
 
Entrevistado por el periodista ultra oficialista Luis Majul en el regreso de su programa La Cornisa, el mandatario aseguró además que entre los problemas de Argentina está que "tenemos una fragilidad de nuestro sistema económico que viene de décadas" y se mostró irritado aun ante las tibias observaciones del conductor.
 
En otros fragmentos de la entrevista, que se emitió grabada y editada, Macri señaló que "no tenemos moneda, porque tenemos inflación" y celebró que "no hay más cepos", al tiempo que reiteró la cantinela incomprobable que "íbamos camino a Venezuela".
 
"Me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno", sostuvo sobre la desastrosa situación económica y social, cada vez más difícil para los sectores populares y la clase trabajadora como consecuencia del ajuste que impulsa por las directivas del FMI.
 
"Percibo el enojo de los argentinos", admitió aunque su gobierno no deja de anunciar tarifazos y medidas que empobrecen a las mayorías. Claramente, ensaya un tipo de discurso diferente al que desarrolló en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso: no se sostiene el relato que "vamos bien", que Cambiemos genera empleo y que combate la inflación.
 
"No cometí ningún delito, me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno y no tengo miedo de ir preso", manifestó el actual ocupante de la Casa Rosada. Por último, llamaron especialmente la atención sus conceptos sobre Cristina, porque son precisamente las críticas que se le hacen a él: "Es una persona que niega la realidad, les echa la culpa a los demás de lo que ella hace".
 
La Opinión Popular

17-03-2019 / 10:03
En esta etapa, una pinchadura -autorizada o ilegal- no se le niega a nadie, tampoco su divulgación. Charlas particulares entre la presidenta Cristina Fernández y Oscar Parrilli fueron venteadas por el periodismo in the pendiente, Diputadas de la Coalición Cívica se valen de escuchas a teléfonos de la cárcel para empiojar la causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla. "Nadie" se rasgó las vestiduras, el ministro de Justicia Germán Garavano permaneció impertérrito, la Corte Suprema miró para otro lado.
 
En Ciudad Gótica, el Gobierno promueve juicio político contra Ramos Padilla por su intervención en el Congreso. Los cargos son imprecisos y falsos a la vez. El magistrado difundió pruebas incorporadas a un expediente que es público. Todos lo son, en principio. Lo estatal es público, suena a redundancia quizá porque lo sea. Además, el secreto del sumario cesó. Por añadidura, es potestad del juez determinar su comienzo, prórroga y fin. No hay ahí falla alguna.                        
 
La "falta de imparcialidad" es un cargo opinable que tiene reparación durante el proceso. Es causal de recusación, las partes están facultadas a interponerla. El Estado argentino no es parte en el pleito, a menos que se cuele (tácitamente) en nombre de agentes de servicios de inteligencia, "de planta" o informales. Como escribió el colega Martín Rodríguez tiempo ha: en la Argentina es más fácil separar a la Iglesia del Estado que al periodismo de la SIDE. La SIDE se llama ahora AFI, solo eso  cambió.
 
Parece difícil que el juicio político avance. Los jueces que integran el Consejo de la Magistratura deberían oponerse por mínimo respeto a su labor y apego a la ley. También el representante de los abogados Juan Pablo Mas Vélez cuya condición de radical no debería perturbarlo.
 
Los canales de la cadena privada de propaganda macrista produjeron un apagón televisivo durante la sesión, a costa de perder rating. No les alcanza porque sobreviven medios críticos que la hacen conocer.
 
El periodista Edi Zunino publica en Perfil una columna lapidaria sobre su ex compañero en Animales Sueltos, Daniel Santoro. Lo sindica como "coronel" del periodismo de guerra, no es poco.
 
La desesperación oficialista da cuenta de la credibilidad del material incorporado al expediente, obtenido e informado de modo legal. La judicialización de la política por una vez se les hizo búmeran a las huestes del presidente Mauricio Macri. La degradación institucional crece día tras día. El pedido de juicio político guarda plena coherencia con el contexto, mientras lo agrava.
 
Por Mario Wainfeld

16-03-2019 / 08:03
El gobierno de Mauricio Macri decidió avanzar a fondo contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal y extorsión en la que estarían involucrados el falso abogado Marcelo D'Alessio, agentes de inteligencia, fiscales como el macrista Carlos Stornelli, periodistas afines y dirigentes políticos de Cambiemos.
 
El Poder Ejecutivo le pidió a su representante en el Consejo de la Magistratura, Juan Pablo Mahíques, que inicie el proceso de juicio político contra el magistrado. La embestida de Cambiemos contra Ramos Padilla lleva ya varias semanas pero se precipitó ayer, justo el día en que el juez federal de Dolores envió un nuevo pedido de citación a indagatoria para el fiscal macrista Carlos Stornelli (para el 20 de marzo) y realizó una ampliación de la indagatoria a D'Alessio, quien se negó a declarar.
 
También cuando el caso comenzaba a ramificarse y profundizarse, entre otras cosas, a partir del pedido de indagatoria del juez Luis Rodríguez a otro fiscal, Juan Ignacio Bidone, quien también reconoció haber colaborado con D'Alessio para realizar tareas de espionaje.
 
En los allanamientos y la investigación sobre D'Alessio, pudieron encontrarse varias pruebas de presuntos vínculos tanto con la Ministra de Justicia, Patricia Bullrich, así como con la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió y su principal espada en la Justicia, la diputada Paula Oliveto.
 
El alcance podría llegar incluso hasta el presidente Mauricio Macri, dado que en un intercambio de chats, D'Alessio le cuenta a Stornelli que "estaba con el amigo MM". También hay evidencia de fluidos contactos con integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia y con periodistas de medios afines al gobierno nacional, como Clarín.
 
La noticia despertó un amplio rechazo entre juristas y académicos, incluso entre quienes han tenido una actitud muy crítica del gobierno K como el abogado Andrés Gil Domínguez. "Solicitar el juicio político del juez Ramos Padilla implica un suicidio institucional del gobierno, que lo asemeja a las peores prácticas K y un avasallamiento de la independencia del Poder Judicial. No luchamos tantos años por la República para terminar así", señaló Domínguez.
 
Para Maximiliano Rusconi "es un tremendo y global acto de auto encubrimiento". "La pregunta es qué quieren cubrir, ¿sólo lo que ya sabemos? ¿O esta decisión pretende encubrir actos que todavía no conocemos y que ellos creen que ya vamos a conocer? Es el típico acto del nivel de inmoralidad previo a dejar el Gobierno", completó.
 
La Opinión Popular

16-03-2019 / 08:03
El sistema montado para la guerra jurídica o lawfare, orquestado por Washington, quedó muy expuesto con la aparición de Marcelo D'Alessio. Este personaje nunca podría haber participado en operaciones de alta seguridad, como la entrega de un jefe narco a la DEA en la Triple Frontera o la extorsión de testigos de la causa de los cuadernos, si no estuviera conectado con los servicios de inteligencia locales y extranjeros.
 
El lawfare empezó con una serie de congresos, seminarios y encuentros que organiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con funcionarios judiciales de la región. Bajo el título de combatir al terrorismo, al narcotráfico o al lavado de dinero, se discute la forma de forzar las leyes para saltearse garantías constitucionales.
 
Pero estos mecanismos no se han aplicado contra terroristas, narcos o lavadores, sino para perseguir a dirigentes opositores o movimientos populares que puedan convertirse en obstáculo para las políticas norteamericanas en la región. No hay terroristas presos, ni narcos presos por estas acciones y mucho menos lavadores. Lo que hay son presos políticos como Lula o como Milagro Sala.
 
La trama es tejida por los servicios de inteligencia, es difundida hasta la saturación por las corporaciones multimediáticas y convertidas en causas judiciales por jueces y fiscales parcializados y cooptados.
 
Este guión, que ha sido denunciado en Estados Unidos y en todos lados, sale a la luz en todo su esplendor en el historial de D'Alessio: su relación con los servicios de inteligencia, con periodistas y políticos denuncistas y con jueces y fiscales.
 
Los mensajes que intercambia D'Alessio son difíciles de explicar fuera de un armado de ese tipo. El fiscal Carlos Stornelli, el periodista Daniel Santoro, las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo tutean, le piden favores, lo tratan con respeto y hasta con afecto, en ningún momento hay desconfianza. Más bien lo tratan con esa fascinación que inspira el poder que respalda al sujeto en cuestión.
 
Los comentarios todavía aislados que intenta el oficialismo para evitar que la estantería se le caiga encima culpan al juez Ramos Padilla de parcializar la acusación. No discuten la prueba, sino que tratan de demostrar esa parcialidad porque el juez asiste a las marchas del 24 de marzo.
 
El mismo día que el juez declaraba en el Congreso, Patricia Bullrich, funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y jueces y fiscales argentinos participaban en una reunión en la embajada norteamericana. Para esta gente es natural asistir a las actividades polémicas que realiza la embajada norteamericana sobre temas judiciales, pero es cuestionable asistir a una marcha por los derechos humanos.
 
La mafia que expuso a la luz del día la captura de D'Alessio no es un fenómeno tan aislado.

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