la demora de los juicios" por delitos de lesa humanidad y se condenó "el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en áreas del Estado".
 
El documento tuvo un tono muy crítico contra el gobierno conservador de Macri por difundir "un discurso negacionista" sobre los delitos de lesa humanidad y los desaparecidos. También se hizo referencia a la complicidad empresaria con la última dictadura, como el caso de la familia Macri, y se reclamó la pronta conformación de una comisión bicameral para que investigue este tema.
 
Cerca de las 15, en las inmediaciones del Congreso se concentraron las columnas de los organismos, agrupamientos y partidos que marchan en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En esta convocatoria participaron las fuerzas políticas de la izquierda, El documento leído marcó una clara crítica no solo hacia el gobierno de Macri sino también hacia el conjunto de los gobernadores -entre ellos los peronistas- que aplican las mismas políticas de ajuste que Cambiemos.
 
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Nacionales - 25-03-2018 / 09:03
DURO DOCUMENTO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS CONTRA MACRI EN EL ACTO CENTRAL

El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión

El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión
A 42 años del golpe, masivas movilizaciones dijeron no a la impunidad, el ajuste y la represión. Como cada 24 de marzo, la Plaza de Mayo se convirtió en el centro de reunión de miles de personas que llegaron hasta ese espacio porteño para recordar, en el Día de la Memoria, el comienzo de la última dictadura militar. El encuentro también expuso -otra vez- la pésima relación entre el Gobierno de Macri y los organismos de Derechos Humanos.
Organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y políticas  participaron en Plaza de Mayo de una multitudinaria manifestación para evocar los 42 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en la que Estela de Carlotto reclamó que no haya "retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, ni un genocida suelto".
 
Como ocurre cada 24 de Marzo, las calles se vieron sacudidas por decenas de miles de personas que se movilizaron para rechazar las políticas de impunidad macrista y la represión actual. Córdoba, Rosario, Paraná, Mendoza, Neuquén y el resto de las principales ciudades del país fueron otros tantos escenarios de importantes concentraciones.
 
La calle respondió a los intentos de avanzar en la liberación para más un centenar de genocidas con la prisión domiciliaria. Intento derechista impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, al que tildaron de "basura" y cómplice de la dictadura. El contexto estuvo también marcado por la avanzada represiva que implica la llamada "doctrina Chocobar", discurso gubernamental que habilita el gatillo fácil.
 
Como ocurre desde hace más de una década, nuevamente hubo dos movilizaciones en el aniversario del golpe. Más temprano, apenas pasado el mediodía empezaron a concentrarse los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas que se identifican más marcadamente con el peronismo.
 
La Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., la APDH y el CELS, entre otras entidades, junto con grupos ligados al kirchnerismo organizaron un primer acto que comenzó cerca de las 14.
 
En esa manifestación se leyó un documento que reivindicó la lucha de los militantes de los años '70, se denunció "la demora de los juicios" por delitos de lesa humanidad y se condenó "el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en áreas del Estado".
 
El documento tuvo un tono muy crítico contra el gobierno conservador de Macri por difundir "un discurso negacionista" sobre los delitos de lesa humanidad y los desaparecidos. También se hizo referencia a la complicidad empresaria con la última dictadura, como el caso de la familia Macri, y se reclamó la pronta conformación de una comisión bicameral para que investigue este tema.
 
Cerca de las 15, en las inmediaciones del Congreso se concentraron las columnas de los organismos, agrupamientos y partidos que marchan en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En esta convocatoria participaron las fuerzas políticas de la izquierda, El documento leído marcó una clara crítica no solo hacia el gobierno de Macri sino también hacia el conjunto de los gobernadores -entre ellos los peronistas- que aplican las mismas políticas de ajuste que Cambiemos.
 
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 El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión 
Estela de Carlotto.
 
DURO DOCUMENTO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS EN EL ACTO CENTRAL
 
"Un atropello de los derechos básicos"
 
En el aniversario número 42 del golpe militar del 24 de marzo de 1976, cientos de miles de personas que llenaron las calles desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo avalaron la advertencia hecha al gobierno de Mauricio Macri en el sentido de que los organismos de derechos humanos no permitirán "ni un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia" para condenar a los responsables militares y civiles de los crímenes de lesa humanidad.
 
Primero desde el escenario montado junto a la Pirámide de Mayo, y luego en declaraciones a la prensa, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, fue muy dura con el gobierno de Cambiemos: "Es un grupo nefasto y Mauricio Macri no nos quiere".
 
Por su parte, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que la marcha fue también "contra el ajuste, la represión y la impunidad y por una democracia sin presos políticos como Milagro Sala".
 
La multitud saludó con aplausos la presencia en la manifestación de Carlos Zannini y de Luis D'Elía, liberados pocas horas antes por decisión de la Justicia. Zannini, acompañado por Máximo Kirchner, fue ovacionado por la multitud cuando subió al escenario.
 
Desde antes del mediodía, la Avenida de Mayo se fue llenando de manifestantes, recibidos a lo largo de la marcha por una serie de afiches colgados por la organización villera La Poderosa: "30.000 no pudieron venir, la columna de Cambiemos tampoco", "Afuera (Patricia) Bullrich, adentro (de la cárcel) genocidas" o "Las víctimas de los vuelos de la muerte no se ahogaron, Santiago Maldonado tampoco", eran algunos de los mensajes.
 
Una de las primeras columnas en llegar fue la de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, conformada por hinchas de clubes que participan en los torneos de primera división y en los del ascenso. La organización, que se formó en noviembre del año pasado, participó por primera vez en una marcha por el 24 de marzo. Está integrada por simpatizantes de más de quince clubes, entre ellos San Lorenzo, Ferro Carril Oeste, Temperley, Nueva Chicago y Racing.
 
Frente al Hotel Castelar, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), montó una radio abierta por la que pasaron dirigentes gremiales como Hugo Yasky, de la CTA, y trabajadores de la TV Pública, Radio Nacional y de la agencia de noticias Télam, que denunciaron la política de vaciamiento de esos medios estatales.
 
Guillermo Mastrini, especialista en comunicación, afirmó que "si algo logró el gobierno de Cambiemos en materia de medios públicos es que nadie los mire ni los escuche, que nadie los consuma". Los trabajadores de Télam difundieron distintos materiales referidos a la marcha del 24 de marzo, mientras que la agencia publicó una breve nota de cartelera sobre el acontecimiento periodístico más importante del día.
 

El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión

La marcha hacia la Plaza de Mayo se hizo dificultosa, por la presencia multitudinaria de columnas que marchaban por la Avenida de Mayo, por Hipólito Yrigoyen, Rivadavia, y por las diagonales Sur y Norte. La primera parte del acto comenzó con la llegada al escenario de los organismos de derechos humanos, encabezados por las Madres y Abuelas.
 
Se leyó un documento en el que se hizo una reivindicación de la lucha de los militantes de los años setenta, se criticó "la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad" desde que asumió el actual gobierno y se condenó "el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en las áreas que dependen del Estado".
 
Desde el escenario se hizo referencia a los 44 tripulantes del ARA San Juan, desaparecido en el Atlántico Sur desde el 15 de noviembre pasado, y se le exigió al Gobierno que "diga la verdad" sobre lo ocurrido con la nave y que se condene a los eventuales responsables. Al mismo tiempo, se reclamó el esclarecimiento de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. En el acto se hicieron presentes los familiares de Maldonado y de algunos de los tripulantes del submarino desaparecido.
 

El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión

Antes de subir al escenario, Carlos Zannini, quien había recuperado la libertad por la mañana por disposición del Tribunal Oral Federal 8, dijo que estaba satisfecho por poder estar "en la plaza de la lucha" y recordó que cuando salió de la cárcel en 1978 "estaba solo, ahora en cambio tengo el cariño de un montón de compañeros que me están acompañando".
 
Cerca de las 16 comenzó la lectura del documento firmado por los organismos de derechos humanos, en el cual se subrayó que a "42 años del Golpe Cívico Militar Eclesiástico, nos encontramos en estado de movilización permanente", cada vez que el gobierno nacional  "avanza en contra de los principios de Memoria, Verdad y Justicia".
 
Resaltaron que en los últimos años "hemos sido testigos del atropello sistemático de los derechos más básicos de las personas, la fragmentación de los poderes institucionales, la criminalización y represión de la protesta social, la utilización de sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para perseguir y escarmentar a los trabajadores, militantes, dirigentes y cualquier actor que se contraponga a las medidas regresivas que el presidente (Mauricio) Macri y la gobernadora (María Eugenia) Vidal lanzan para imponer el plan neoliberal del hambre, la violencia y la miseria".
 
En ese marco, "todos los sectores vinculados al bienestar y desarrollo social han sido vulnerados". El Gobierno "sustentado por los grandes grupos económicos que financiaron la dictadura", con el aval de "una importante cantidad de gobernadores" trazó una política que incluye "metodologías planificadas, en las que combina la utilización de los medios de difusión más poderosos, el sector más reaccionario de la justicia, el propio estado y las fuerzas represivas, para asesinar por la espalda si cometes un delito menor, ser desaparecido para aparecer flotando en un río si te animas a una protesta contra los grupos concentrados y en defensa de los pueblos originarios" o "permanecer detenido de manera ilegal si encarnas la protesta social y la reivindicación de los derechos básicos".
 
Describieron una "realidad dramática" en la cual "la educación pública y sus trabajadores no son más que un "blanco legítimo" de la mal llamada "modernización", la salud pública sólo es un costo que debe ser paulatinamente eliminado y los entes fundamentales para el desarrollo de país como la Anses, el Conicet, INTI, INTA y otros similares se encuentran con parte del personal despedido o en vías de ello".
 
Los únicos beneficiados son "las grandes concentraciones económicas que reciben día a día la brutal transferencia del esfuerzo de todo el pueblo argentino". Respecto de la política de derechos humanos, se afirmó que este gobierno "se burla de manera macabra y no se conforma con intentar generar una amnistía encubierta con el fallido 2×1, sino que presiona al Poder Judicial para enviar a cientos de genocidas a sus casas".
 
En el documento se sostuvo que el gobierno "intenta banalizar el espanto, tergiversa la realidad con su propaganda y miente, miente, miente sabiendo que algo quedará". La política oficial busca "devolver favores a los asesinos, que al servicio de los mismos grandes intereses que hoy encarnan este proceso neo liberal, hace más de 40 años perpetraron la mayor persecución y matanza de la historia".
 
Los organismos de derechos humanos advirtieron que "jamás permitiremos que éstas políticas siniestras tengan éxito y seguiremos movilizando y multiplicando esta resistencia en cada calle de cada ciudad o pueblo hasta ponerle fin a tanto atropello y tanta injusticia". Por ello exigieron "el fin del encubrimiento político judicial a dos miembros nefastos de la justicia local, como son el Juez Pedro Federico Hooft y el fiscal general Fernández Garello, quienes representan y encarnan la permanencia y perpetuidad del aparato judicial de la dictadura militar en nuestros días".
 
Por Carlos Rodríguez
 
Fuente: Página12
 

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El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión
Cerca de las 15 h, en las inmediaciones del Congreso Nacional se concentraron las columnas de los organismos, agrupamientos y partidos que marchan en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión
Hijos e hijas de represores marcharon a Plaza de Mayo por el 24 de marzo. Por primera vez como agrupación, familiares de los genocidas asistieron a la conmemoración por el golpe de Estado del que sus parientes fueron protagonistas.
22-04-2018 / 19:04
22-04-2018 / 17:04
De visita en Estados Unidos, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó ante periodistas argentinos que hay un "optimismo total" sobre lo que aquí sucede. Pocos días antes, El País publicó un sencillo y claro reportaje, a Guillermo Ambrogi, presidente de la Cámara de Comercio Española en Argentina. Ambrogi no teme decir que Macri fue ingenuo cuando creyó que lo iban a tapar con inversiones.
 
Y que esas inversiones (que se esperan hace más de dos años) no llegarán hasta que una inflación controlada garantice a los empresarios su tasa de ganancia. No se refirió en primer lugar a los costos laborales (que mencionó después), sino de la inflación.
 
De eso deberíamos hablar: de que Macri se equivocó en sus predicciones y diagnósticos y que llegó al gobierno haciendo promesas que eran mentiras o torpes ingenuidades. Elíjase lo que mejor parezca.
 
El mismo jueves en que se difundió el optimismo de Caputo, también nos enteramos de que los aliados de la UCR y la Coalición Cívica habían logrado que los férreos Marcos Peña y Aranguren accedieran a dos modificaciones en el cronograma de los aumentos de tarifas.
 
La noche anterior, en barrios que no pueden ser denominados K, cientos de ciudadanos cortaron bocacalles entonando la consigna "Mauricio Macri la puta que te parió". Más que sensibilidad social o negociación con sus aliados, el macrismo se dio cuenta de que esas manifestaciones no eran buenos preliminares para su pretensión de 2019.
 
No queda claro si los radicales están en condiciones de capitalizar el triunfo de dos puntos de su pliego de modificaciones sobre tarifas. El problema, para los radicales, es que no tienen figuras que puedan hacer balance con lo que logran.
 
Es injusto que no se reconozca a Mario Negri haber encabezado la negociación para morigerar el sablazo planificado por Aranguren. Pero así es la política. La inquietud toca a los radicales, que suponen (con razón) que no están incorporados a una alianza.
 
Una alianza de gobierno requiere experiencia y un grado de confianza considerable. Sobre todo, requiere que los aliados no pierdan más de lo que ganan, ni que los desvele la certeza de que el "otro" ha ganado infinitamente más que uno mismo.
 
Una alianza implica distribución equilibrada del poder, de la discusión de las decisiones. Implica prever las posiciones del otro. Implica tacto, conocimiento y deliberación.
 
En países de régimen parlamentario, las condiciones de la alianza se pactan antes de firmar los papeles; la distribución de los cargos, también. Después, sin duda, habrá desinteligencias y discusiones, pero antes se hizo todo lo posible para evitarlas, aunque se sepa que son ineludibles.

21-04-2018 / 17:04
21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

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