la demora de los juicios" por delitos de lesa humanidad y se condenó "el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en áreas del Estado".
 
El documento tuvo un tono muy crítico contra el gobierno conservador de Macri por difundir "un discurso negacionista" sobre los delitos de lesa humanidad y los desaparecidos. También se hizo referencia a la complicidad empresaria con la última dictadura, como el caso de la familia Macri, y se reclamó la pronta conformación de una comisión bicameral para que investigue este tema.
 
Cerca de las 15, en las inmediaciones del Congreso se concentraron las columnas de los organismos, agrupamientos y partidos que marchan en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En esta convocatoria participaron las fuerzas políticas de la izquierda, El documento leído marcó una clara crítica no solo hacia el gobierno de Macri sino también hacia el conjunto de los gobernadores -entre ellos los peronistas- que aplican las mismas políticas de ajuste que Cambiemos.
 
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Nacionales - 25-03-2018 / 09:03
DURO DOCUMENTO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS CONTRA MACRI EN EL ACTO CENTRAL

El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión

El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión
A 42 años del golpe, masivas movilizaciones dijeron no a la impunidad, el ajuste y la represión. Como cada 24 de marzo, la Plaza de Mayo se convirtió en el centro de reunión de miles de personas que llegaron hasta ese espacio porteño para recordar, en el Día de la Memoria, el comienzo de la última dictadura militar. El encuentro también expuso -otra vez- la pésima relación entre el Gobierno de Macri y los organismos de Derechos Humanos.
Organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y políticas  participaron en Plaza de Mayo de una multitudinaria manifestación para evocar los 42 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en la que Estela de Carlotto reclamó que no haya "retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, ni un genocida suelto".
 
Como ocurre cada 24 de Marzo, las calles se vieron sacudidas por decenas de miles de personas que se movilizaron para rechazar las políticas de impunidad macrista y la represión actual. Córdoba, Rosario, Paraná, Mendoza, Neuquén y el resto de las principales ciudades del país fueron otros tantos escenarios de importantes concentraciones.
 
La calle respondió a los intentos de avanzar en la liberación para más un centenar de genocidas con la prisión domiciliaria. Intento derechista impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, al que tildaron de "basura" y cómplice de la dictadura. El contexto estuvo también marcado por la avanzada represiva que implica la llamada "doctrina Chocobar", discurso gubernamental que habilita el gatillo fácil.
 
Como ocurre desde hace más de una década, nuevamente hubo dos movilizaciones en el aniversario del golpe. Más temprano, apenas pasado el mediodía empezaron a concentrarse los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas que se identifican más marcadamente con el peronismo.
 
La Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., la APDH y el CELS, entre otras entidades, junto con grupos ligados al kirchnerismo organizaron un primer acto que comenzó cerca de las 14.
 
En esa manifestación se leyó un documento que reivindicó la lucha de los militantes de los años '70, se denunció "la demora de los juicios" por delitos de lesa humanidad y se condenó "el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en áreas del Estado".
 
El documento tuvo un tono muy crítico contra el gobierno conservador de Macri por difundir "un discurso negacionista" sobre los delitos de lesa humanidad y los desaparecidos. También se hizo referencia a la complicidad empresaria con la última dictadura, como el caso de la familia Macri, y se reclamó la pronta conformación de una comisión bicameral para que investigue este tema.
 
Cerca de las 15, en las inmediaciones del Congreso se concentraron las columnas de los organismos, agrupamientos y partidos que marchan en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En esta convocatoria participaron las fuerzas políticas de la izquierda, El documento leído marcó una clara crítica no solo hacia el gobierno de Macri sino también hacia el conjunto de los gobernadores -entre ellos los peronistas- que aplican las mismas políticas de ajuste que Cambiemos.
 
La Opinión Popular

 El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión 
Estela de Carlotto.
 
DURO DOCUMENTO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS EN EL ACTO CENTRAL
 
"Un atropello de los derechos básicos"
 
En el aniversario número 42 del golpe militar del 24 de marzo de 1976, cientos de miles de personas que llenaron las calles desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo avalaron la advertencia hecha al gobierno de Mauricio Macri en el sentido de que los organismos de derechos humanos no permitirán "ni un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia" para condenar a los responsables militares y civiles de los crímenes de lesa humanidad.
 
Primero desde el escenario montado junto a la Pirámide de Mayo, y luego en declaraciones a la prensa, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, fue muy dura con el gobierno de Cambiemos: "Es un grupo nefasto y Mauricio Macri no nos quiere".
 
Por su parte, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que la marcha fue también "contra el ajuste, la represión y la impunidad y por una democracia sin presos políticos como Milagro Sala".
 
La multitud saludó con aplausos la presencia en la manifestación de Carlos Zannini y de Luis D'Elía, liberados pocas horas antes por decisión de la Justicia. Zannini, acompañado por Máximo Kirchner, fue ovacionado por la multitud cuando subió al escenario.
 
Desde antes del mediodía, la Avenida de Mayo se fue llenando de manifestantes, recibidos a lo largo de la marcha por una serie de afiches colgados por la organización villera La Poderosa: "30.000 no pudieron venir, la columna de Cambiemos tampoco", "Afuera (Patricia) Bullrich, adentro (de la cárcel) genocidas" o "Las víctimas de los vuelos de la muerte no se ahogaron, Santiago Maldonado tampoco", eran algunos de los mensajes.
 
Una de las primeras columnas en llegar fue la de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, conformada por hinchas de clubes que participan en los torneos de primera división y en los del ascenso. La organización, que se formó en noviembre del año pasado, participó por primera vez en una marcha por el 24 de marzo. Está integrada por simpatizantes de más de quince clubes, entre ellos San Lorenzo, Ferro Carril Oeste, Temperley, Nueva Chicago y Racing.
 
Frente al Hotel Castelar, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), montó una radio abierta por la que pasaron dirigentes gremiales como Hugo Yasky, de la CTA, y trabajadores de la TV Pública, Radio Nacional y de la agencia de noticias Télam, que denunciaron la política de vaciamiento de esos medios estatales.
 
Guillermo Mastrini, especialista en comunicación, afirmó que "si algo logró el gobierno de Cambiemos en materia de medios públicos es que nadie los mire ni los escuche, que nadie los consuma". Los trabajadores de Télam difundieron distintos materiales referidos a la marcha del 24 de marzo, mientras que la agencia publicó una breve nota de cartelera sobre el acontecimiento periodístico más importante del día.
 

El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión

La marcha hacia la Plaza de Mayo se hizo dificultosa, por la presencia multitudinaria de columnas que marchaban por la Avenida de Mayo, por Hipólito Yrigoyen, Rivadavia, y por las diagonales Sur y Norte. La primera parte del acto comenzó con la llegada al escenario de los organismos de derechos humanos, encabezados por las Madres y Abuelas.
 
Se leyó un documento en el que se hizo una reivindicación de la lucha de los militantes de los años setenta, se criticó "la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad" desde que asumió el actual gobierno y se condenó "el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia en las áreas que dependen del Estado".
 
Desde el escenario se hizo referencia a los 44 tripulantes del ARA San Juan, desaparecido en el Atlántico Sur desde el 15 de noviembre pasado, y se le exigió al Gobierno que "diga la verdad" sobre lo ocurrido con la nave y que se condene a los eventuales responsables. Al mismo tiempo, se reclamó el esclarecimiento de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. En el acto se hicieron presentes los familiares de Maldonado y de algunos de los tripulantes del submarino desaparecido.
 

El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión

Antes de subir al escenario, Carlos Zannini, quien había recuperado la libertad por la mañana por disposición del Tribunal Oral Federal 8, dijo que estaba satisfecho por poder estar "en la plaza de la lucha" y recordó que cuando salió de la cárcel en 1978 "estaba solo, ahora en cambio tengo el cariño de un montón de compañeros que me están acompañando".
 
Cerca de las 16 comenzó la lectura del documento firmado por los organismos de derechos humanos, en el cual se subrayó que a "42 años del Golpe Cívico Militar Eclesiástico, nos encontramos en estado de movilización permanente", cada vez que el gobierno nacional  "avanza en contra de los principios de Memoria, Verdad y Justicia".
 
Resaltaron que en los últimos años "hemos sido testigos del atropello sistemático de los derechos más básicos de las personas, la fragmentación de los poderes institucionales, la criminalización y represión de la protesta social, la utilización de sectores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad para perseguir y escarmentar a los trabajadores, militantes, dirigentes y cualquier actor que se contraponga a las medidas regresivas que el presidente (Mauricio) Macri y la gobernadora (María Eugenia) Vidal lanzan para imponer el plan neoliberal del hambre, la violencia y la miseria".
 
En ese marco, "todos los sectores vinculados al bienestar y desarrollo social han sido vulnerados". El Gobierno "sustentado por los grandes grupos económicos que financiaron la dictadura", con el aval de "una importante cantidad de gobernadores" trazó una política que incluye "metodologías planificadas, en las que combina la utilización de los medios de difusión más poderosos, el sector más reaccionario de la justicia, el propio estado y las fuerzas represivas, para asesinar por la espalda si cometes un delito menor, ser desaparecido para aparecer flotando en un río si te animas a una protesta contra los grupos concentrados y en defensa de los pueblos originarios" o "permanecer detenido de manera ilegal si encarnas la protesta social y la reivindicación de los derechos básicos".
 
Describieron una "realidad dramática" en la cual "la educación pública y sus trabajadores no son más que un "blanco legítimo" de la mal llamada "modernización", la salud pública sólo es un costo que debe ser paulatinamente eliminado y los entes fundamentales para el desarrollo de país como la Anses, el Conicet, INTI, INTA y otros similares se encuentran con parte del personal despedido o en vías de ello".
 
Los únicos beneficiados son "las grandes concentraciones económicas que reciben día a día la brutal transferencia del esfuerzo de todo el pueblo argentino". Respecto de la política de derechos humanos, se afirmó que este gobierno "se burla de manera macabra y no se conforma con intentar generar una amnistía encubierta con el fallido 2×1, sino que presiona al Poder Judicial para enviar a cientos de genocidas a sus casas".
 
En el documento se sostuvo que el gobierno "intenta banalizar el espanto, tergiversa la realidad con su propaganda y miente, miente, miente sabiendo que algo quedará". La política oficial busca "devolver favores a los asesinos, que al servicio de los mismos grandes intereses que hoy encarnan este proceso neo liberal, hace más de 40 años perpetraron la mayor persecución y matanza de la historia".
 
Los organismos de derechos humanos advirtieron que "jamás permitiremos que éstas políticas siniestras tengan éxito y seguiremos movilizando y multiplicando esta resistencia en cada calle de cada ciudad o pueblo hasta ponerle fin a tanto atropello y tanta injusticia". Por ello exigieron "el fin del encubrimiento político judicial a dos miembros nefastos de la justicia local, como son el Juez Pedro Federico Hooft y el fiscal general Fernández Garello, quienes representan y encarnan la permanencia y perpetuidad del aparato judicial de la dictadura militar en nuestros días".
 
Por Carlos Rodríguez
 
Fuente: Página12
 

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El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión
Cerca de las 15 h, en las inmediaciones del Congreso Nacional se concentraron las columnas de los organismos, agrupamientos y partidos que marchan en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
El pueblo argentino gritó: Nunca más impunidad, ajuste y represión
Hijos e hijas de represores marcharon a Plaza de Mayo por el 24 de marzo. Por primera vez como agrupación, familiares de los genocidas asistieron a la conmemoración por el golpe de Estado del que sus parientes fueron protagonistas.
18-03-2019 / 12:03
18-03-2019 / 10:03
Mauricio Macri acusó este domingo a su padre, el recientemente fallecido Franco Macri, de participar de actividades ilegales junto al gobierno anterior, hechos de los cuales se desentendió pese a que figuran las empresas familiares que también le pertenecen.
 
"Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar", afirmó el jefe de Estado, en una doble jugada que apunta a despegar su propia figura de las investigaciones judiciales y salpicar a quienes hoy forman parte de la oposición.
 
Parece que la muerte reciente de su padre, le presentó la oportunidad para intentar separarse de la "herencia" familiar, que recae sobre su figura como sucesor del Clan Macri que se benefició y edificó su fortuna sobre la base de sucios negociados de la patria contratista con el Estado durante la dictadura militar y el menemismo.
 
Entrevistado por el periodista ultra oficialista Luis Majul en el regreso de su programa La Cornisa, el mandatario aseguró además que entre los problemas de Argentina está que "tenemos una fragilidad de nuestro sistema económico que viene de décadas" y se mostró irritado aun ante las tibias observaciones del conductor.
 
En otros fragmentos de la entrevista, que se emitió grabada y editada, Macri señaló que "no tenemos moneda, porque tenemos inflación" y celebró que "no hay más cepos", al tiempo que reiteró la cantinela incomprobable que "íbamos camino a Venezuela".
 
"Me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno", sostuvo sobre la desastrosa situación económica y social, cada vez más difícil para los sectores populares y la clase trabajadora como consecuencia del ajuste que impulsa por las directivas del FMI.
 
"Percibo el enojo de los argentinos", admitió aunque su gobierno no deja de anunciar tarifazos y medidas que empobrecen a las mayorías. Claramente, ensaya un tipo de discurso diferente al que desarrolló en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso: no se sostiene el relato que "vamos bien", que Cambiemos genera empleo y que combate la inflación.
 
"No cometí ningún delito, me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno y no tengo miedo de ir preso", manifestó el actual ocupante de la Casa Rosada. Por último, llamaron especialmente la atención sus conceptos sobre Cristina, porque son precisamente las críticas que se le hacen a él: "Es una persona que niega la realidad, les echa la culpa a los demás de lo que ella hace".
 
La Opinión Popular

17-03-2019 / 10:03
En esta etapa, una pinchadura -autorizada o ilegal- no se le niega a nadie, tampoco su divulgación. Charlas particulares entre la presidenta Cristina Fernández y Oscar Parrilli fueron venteadas por el periodismo in the pendiente, Diputadas de la Coalición Cívica se valen de escuchas a teléfonos de la cárcel para empiojar la causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla. "Nadie" se rasgó las vestiduras, el ministro de Justicia Germán Garavano permaneció impertérrito, la Corte Suprema miró para otro lado.
 
En Ciudad Gótica, el Gobierno promueve juicio político contra Ramos Padilla por su intervención en el Congreso. Los cargos son imprecisos y falsos a la vez. El magistrado difundió pruebas incorporadas a un expediente que es público. Todos lo son, en principio. Lo estatal es público, suena a redundancia quizá porque lo sea. Además, el secreto del sumario cesó. Por añadidura, es potestad del juez determinar su comienzo, prórroga y fin. No hay ahí falla alguna.                        
 
La "falta de imparcialidad" es un cargo opinable que tiene reparación durante el proceso. Es causal de recusación, las partes están facultadas a interponerla. El Estado argentino no es parte en el pleito, a menos que se cuele (tácitamente) en nombre de agentes de servicios de inteligencia, "de planta" o informales. Como escribió el colega Martín Rodríguez tiempo ha: en la Argentina es más fácil separar a la Iglesia del Estado que al periodismo de la SIDE. La SIDE se llama ahora AFI, solo eso  cambió.
 
Parece difícil que el juicio político avance. Los jueces que integran el Consejo de la Magistratura deberían oponerse por mínimo respeto a su labor y apego a la ley. También el representante de los abogados Juan Pablo Mas Vélez cuya condición de radical no debería perturbarlo.
 
Los canales de la cadena privada de propaganda macrista produjeron un apagón televisivo durante la sesión, a costa de perder rating. No les alcanza porque sobreviven medios críticos que la hacen conocer.
 
El periodista Edi Zunino publica en Perfil una columna lapidaria sobre su ex compañero en Animales Sueltos, Daniel Santoro. Lo sindica como "coronel" del periodismo de guerra, no es poco.
 
La desesperación oficialista da cuenta de la credibilidad del material incorporado al expediente, obtenido e informado de modo legal. La judicialización de la política por una vez se les hizo búmeran a las huestes del presidente Mauricio Macri. La degradación institucional crece día tras día. El pedido de juicio político guarda plena coherencia con el contexto, mientras lo agrava.
 
Por Mario Wainfeld

16-03-2019 / 08:03
El gobierno de Mauricio Macri decidió avanzar a fondo contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal y extorsión en la que estarían involucrados el falso abogado Marcelo D'Alessio, agentes de inteligencia, fiscales como el macrista Carlos Stornelli, periodistas afines y dirigentes políticos de Cambiemos.
 
El Poder Ejecutivo le pidió a su representante en el Consejo de la Magistratura, Juan Pablo Mahíques, que inicie el proceso de juicio político contra el magistrado. La embestida de Cambiemos contra Ramos Padilla lleva ya varias semanas pero se precipitó ayer, justo el día en que el juez federal de Dolores envió un nuevo pedido de citación a indagatoria para el fiscal macrista Carlos Stornelli (para el 20 de marzo) y realizó una ampliación de la indagatoria a D'Alessio, quien se negó a declarar.
 
También cuando el caso comenzaba a ramificarse y profundizarse, entre otras cosas, a partir del pedido de indagatoria del juez Luis Rodríguez a otro fiscal, Juan Ignacio Bidone, quien también reconoció haber colaborado con D'Alessio para realizar tareas de espionaje.
 
En los allanamientos y la investigación sobre D'Alessio, pudieron encontrarse varias pruebas de presuntos vínculos tanto con la Ministra de Justicia, Patricia Bullrich, así como con la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió y su principal espada en la Justicia, la diputada Paula Oliveto.
 
El alcance podría llegar incluso hasta el presidente Mauricio Macri, dado que en un intercambio de chats, D'Alessio le cuenta a Stornelli que "estaba con el amigo MM". También hay evidencia de fluidos contactos con integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia y con periodistas de medios afines al gobierno nacional, como Clarín.
 
La noticia despertó un amplio rechazo entre juristas y académicos, incluso entre quienes han tenido una actitud muy crítica del gobierno K como el abogado Andrés Gil Domínguez. "Solicitar el juicio político del juez Ramos Padilla implica un suicidio institucional del gobierno, que lo asemeja a las peores prácticas K y un avasallamiento de la independencia del Poder Judicial. No luchamos tantos años por la República para terminar así", señaló Domínguez.
 
Para Maximiliano Rusconi "es un tremendo y global acto de auto encubrimiento". "La pregunta es qué quieren cubrir, ¿sólo lo que ya sabemos? ¿O esta decisión pretende encubrir actos que todavía no conocemos y que ellos creen que ya vamos a conocer? Es el típico acto del nivel de inmoralidad previo a dejar el Gobierno", completó.
 
La Opinión Popular

16-03-2019 / 08:03
El sistema montado para la guerra jurídica o lawfare, orquestado por Washington, quedó muy expuesto con la aparición de Marcelo D'Alessio. Este personaje nunca podría haber participado en operaciones de alta seguridad, como la entrega de un jefe narco a la DEA en la Triple Frontera o la extorsión de testigos de la causa de los cuadernos, si no estuviera conectado con los servicios de inteligencia locales y extranjeros.
 
El lawfare empezó con una serie de congresos, seminarios y encuentros que organiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con funcionarios judiciales de la región. Bajo el título de combatir al terrorismo, al narcotráfico o al lavado de dinero, se discute la forma de forzar las leyes para saltearse garantías constitucionales.
 
Pero estos mecanismos no se han aplicado contra terroristas, narcos o lavadores, sino para perseguir a dirigentes opositores o movimientos populares que puedan convertirse en obstáculo para las políticas norteamericanas en la región. No hay terroristas presos, ni narcos presos por estas acciones y mucho menos lavadores. Lo que hay son presos políticos como Lula o como Milagro Sala.
 
La trama es tejida por los servicios de inteligencia, es difundida hasta la saturación por las corporaciones multimediáticas y convertidas en causas judiciales por jueces y fiscales parcializados y cooptados.
 
Este guión, que ha sido denunciado en Estados Unidos y en todos lados, sale a la luz en todo su esplendor en el historial de D'Alessio: su relación con los servicios de inteligencia, con periodistas y políticos denuncistas y con jueces y fiscales.
 
Los mensajes que intercambia D'Alessio son difíciles de explicar fuera de un armado de ese tipo. El fiscal Carlos Stornelli, el periodista Daniel Santoro, las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo tutean, le piden favores, lo tratan con respeto y hasta con afecto, en ningún momento hay desconfianza. Más bien lo tratan con esa fascinación que inspira el poder que respalda al sujeto en cuestión.
 
Los comentarios todavía aislados que intenta el oficialismo para evitar que la estantería se le caiga encima culpan al juez Ramos Padilla de parcializar la acusación. No discuten la prueba, sino que tratan de demostrar esa parcialidad porque el juez asiste a las marchas del 24 de marzo.
 
El mismo día que el juez declaraba en el Congreso, Patricia Bullrich, funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y jueces y fiscales argentinos participaban en una reunión en la embajada norteamericana. Para esta gente es natural asistir a las actividades polémicas que realiza la embajada norteamericana sobre temas judiciales, pero es cuestionable asistir a una marcha por los derechos humanos.
 
La mafia que expuso a la luz del día la captura de D'Alessio no es un fenómeno tan aislado.

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