y Jorge Héctor Santos (ex director de Radio Mitre).
 
Según el informe, uno de los usuarios favoritos de los trolls es el diputado ultra macrista Fernando Iglesias, que fogonea a diario campañas de desprestigio en Twitter contra periodistas y dirigentes opositores. El listado de las cuentas analizadas lo completan los usuarios Alfredo Darrigo, Pajarita TW, LtCastilloVice, GustavoBruzone, Winston_Dunhill, GFrondizi, loladlaguarda, elcoya1977, Mr_Bugman y LaMacrista.
 
"Amnistía Internacional pide tanto al Estado como a las empresas de redes sociales digitales que sugieran y/o incorporen herramientas de detección y protección frente a este tipo de prácticas. Además sugiere que mejoren los canales de denuncia y las normas de uso para evitar la manipulación o el cercenamiento de derechos vía ataques de cibertropas", indicó el organismo.
 
El Estado tiene la responsabilidad de proteger el debate y la crítica y, en consecuencia, desarrollar mecanismos respetuosos de las garantías constitucionales para identificar campañas de desinformación y propaganda orientadas a dañar la reputación, a instigar la violencia, la discriminación o la hostilidad hacia quienes piensan distinto del macrismo.
 
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Nacionales - 20-03-2018 / 08:03
LOS CIBERATAQUES DEL MACRISMO SON UN AGRAVIO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Confirman que el Gobierno de Macri utiliza trolls para atacar a periodistas y defensores de derechos humanos

Confirman que el Gobierno de Macri utiliza trolls para atacar a periodistas y defensores de derechos humanos
Amnistía Internacional publicó un informe en el que advierte sobre el uso de trolls en las redes sociales para atacar periodistas y activistas de Derechos Humanos con amenazas en Twitter que atentan contra las opiniones contrarias al gobierno de Mauricio Macri. La mecánica es sencilla: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque violento de la “cibertropa” macrista.
Amnistía Internacional publicó un informe en el que advierte sobre el uso de trolls en las redes sociales para atacar periodistas y activistas de Derechos Humanos con amenazas en Twitter que atentan contra las opiniones contrarias al gobierno de Mauricio Macri. La mecánica es sencilla: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque violento de la "cibertropa" macrista financiada por el Estado.
 
Según el informe titulado "El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina", los ciberataques y las agresiones, específicamente a periodistas y defensores de derechos humanos, tienen el propósito no sólo de descalificar a referentes sino también de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura.
 
El estudio se centró sobre ciberataques contra nueve reconocidos periodistas y dos activistas por los derechos humanos de diversa extracción y afinidades culturales e ideológicas.
 
El organismo armó un listado de las cuentas de Twitter más frecuentadas por las cuentas que participan en ciberataques, entre las que se destacan Hugo Alconada Mon y Ernesto Tenembaum, dos de los objetivos más frecuentes de los acosos en la red social. También figuran Reynaldo Sietecase, Marcelo Longobardi, María O'Donnell y Jorge Héctor Santos (ex director de Radio Mitre).
 
Según el informe, uno de los usuarios favoritos de los trolls es el diputado ultra macrista Fernando Iglesias, que fogonea a diario campañas de desprestigio en Twitter contra periodistas y dirigentes opositores. El listado de las cuentas analizadas lo completan los usuarios Alfredo Darrigo, Pajarita TW, LtCastilloVice, GustavoBruzone, Winston_Dunhill, GFrondizi, loladlaguarda, elcoya1977, Mr_Bugman y LaMacrista.
 
"Amnistía Internacional pide tanto al Estado como a las empresas de redes sociales digitales que sugieran y/o incorporen herramientas de detección y protección frente a este tipo de prácticas. Además sugiere que mejoren los canales de denuncia y las normas de uso para evitar la manipulación o el cercenamiento de derechos vía ataques de cibertropas", indicó el organismo.
 
El Estado tiene la responsabilidad de proteger el debate y la crítica y, en consecuencia, desarrollar mecanismos respetuosos de las garantías constitucionales para identificar campañas de desinformación y propaganda orientadas a dañar la reputación, a instigar la violencia, la discriminación o la hostilidad hacia quienes piensan distinto del macrismo.
 
La Opinión Popular

 
INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE AGRESIONES COORDINADAS EN REDES SOCIALES
 
Los custodios cibernéticos del gobierno de Cambiemos
 
La mecánica es así: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque de la "cibertropa". "El método utilizado combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares".
 
"En algunos casos, los voceros oficiosos, los formales y los informales, difunden información falsa (fake news) atacando a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El objetivo es generar acciones con el fin de producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de opiniones críticas".
 
Así describe Amnistía Internacional el funcionamiento, en las redes sociales, de las agresiones a la libertad de expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en la Argentina. La organización destacó que esta acción coordinada se despliega desde cuentas identificadas con el gobierno de Cambiemos.
 
AI realizó un relevamiento del comportamiento de este tipo de agresiones en Twitter entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre del año pasado. Tomó como universo de análisis las cuentas de ocho periodistas (Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, Maria O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum y Nelson Castro) y la que corresponde a la difusión de las actividades del premio Nobel de la Paz y dirigente del Servicio Paz y Justicia (SerPaj), Adolfo Pérez Esquivel.
 
También trabajó sobre las menciones al periodista Carlos Pagni y a la directora ejecutiva y vocera de Amnistía en Argentina, Mariela Belski, quienes no tienen cuenta de Twitter. En el informe, en el que participaron los especialistas Martín Becerra, Luciano Galup y Juan Pablo Pilorget, se analizaron 354 mil tweets. 
 
Desde AI explicaron que se eligieron estas personas por su relevancia pública, pero además porque el hecho de que no tengan un comportamiento crítico al Gobierno constante permite identificar más claramente el funcionamiento de los ataques: "Su carácter diverso, su diferente inserción en distintos medios de comunicación y sus reconocidas posiciones también variadas en términos ideológicos y de afinidades político culturales, dota a los resultados de mayor representatividad, ya que las tendencias observadas se registran de modo simultáneo en todos los casos".   
 
En el período analizado, entre los temas de la agenda pública se destacaban la muerte de Santiago Maldonado -en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut- y el arresto sin condena de dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo, así como la difusión de las imágenes de la detención, en su domicilio, del ex vicepresidente Amado Boudou.
 
En el caso de Belski, el ataque, que consistió en la difusión de una noticia falsa, se produjo luego de que Sergio Maldonado, hermano de Santiago, diera una conferencia en la sede de Amnistía.
 
AI detectó regularidades en el modus operandi de las agresiones: "la coordinación -temporal y temática- se realiza mediante la participación de algún guía o figura autorizada por su relevancia dentro del segmento de cuentas afines al oficialismo nacional que funcionan como habilitadoras de un entorno discursivo".
 
En un segundo momento, que corresponde al ataque serial, "no expone -aunque hay excepciones- a referentes oficialistas en el frente de las provocaciones, sino que los recursos que se despliegan son trolls y bots, es decir cuentas que combinan contenidos generados por usuarios genuinos, destinados a profundizar la agresión, con actividades de retweeteo y faveo orientada a dotar de mayor relevancia y escala el ataque donde se despliegan intervenciones automatizadas y semiautomatizadas".
 
AI afirma que no puede identificar al Gobierno como responsable de los ataques, pero destaca que hay una "secuencia de responsabilidades" en cuyo origen hay funcionarios o voceros formales del oficialismo y también cuentas que, identificadas políticamente con el gobierno nacional, no tienen vínculo formalizado o público aunque en las redes sociales son reconocidas (y en sus perfiles también se reconocen) por su oficialismo.
 
Entre ellos, hay "agentes de diferente rango": están los habilitadores y los replicadores. Los "habilitadores" construyen el escenario en el que se identifica al objeto de hostigamiento y realizan una intervención que funciona como autorización para el acoso. Luego, se produce el ataque serial con cuentas anónimas o automatizadas y perfiles que, como "células dormidas", se activan sólo para participar de la agresión.
 
El informe menciona como "autoridades" de las cibertropas (las que más interacciones generan) a los usuarios @AlfredoDarrigo, @LtCastilloVice, @GustavoBruzone, @santosjorgeh, @hepoggi, @PajatitaTw, @GFrondizi y @Winston_Dunhill.
 
Y señala que los usuarios que retweetean a estas cuentas también interactúan con algunos de los periodistas atacados -con tweets agresivos-y con @edufeiok (el periodista Eduardo Feinmann), @FerIglesias (el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias), @santosjorgeh y @buchonsito01, entre otros.
 
"Los casos de Fernando Iglesias y Eduardo Feinmann -afirma AI- merecen destacarse porque son a la vez destacadas figuras de generación y reproducción de mensajes intimidantes y de noticias falsas, a la vez que desempeñan un rol institucional como diputado por la gobernante Alianza Cambiemos, en el primer caso, y un rol público como conductor de programas de opinión e información en radio y televisión en emisoras que la ley califica como de ´interés público´ en el segundo caso".
 
El informe también analiza la particular distribución a lo largo del día de las cuentas que participan en las agresiones concertadas: concluye que entre las dos y las siete de la mañana los usuarios de las cibertropas tienen mayor actividad en relación al conjunto y, además, sostienen su "trabajo" durante las 24 horas, lo que demuestra que parte importante de esas interacciones corresponde a programaciones automatizadas. De la actividad coordinada que refleja el informe se infiere que hay recursos económicos detrás.
 
"El ataque a posiciones críticas amenaza la libre circulación de información, ideas y opiniones y viola la libertad de expresión", señaló Belski.
 
Para AI, el objetivo de estos ataques no sólo es descalificar a los periodistas o referentes de derechos humanos sino también el de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura.
 
En este sentido, la organización de derechos humanos realizó una serie de recomendaciones, tanto al Estado como a las empresas de redes sociales. Entre ellas, llamó a ambos a "fortalecer y simplificar las herramientas de denuncia, dar respuesta a los usuarios ante comportamientos abusivos y generar normas de uso claras y transparentes".
 
Sostuvo que "el Gobierno y el resto de las formaciones políticas deben evitar la participación de sus representantes en la producción de noticias falsas con fines difamatorios, el discurso del odio y las acciones concertadas de ataques y agresión a periodistas y defensores de los derechos humanos".
 
Y que el Estado y las empresas involucradas "deben crear o fortalecer mecanismos claros y objetivos (no valoraciones subjetivas o ideológicas) para la detección, la comunicación y el bloqueo de actividades de bots y cuentas automatizadas que se utilizan para manipular la opinión pública y difundir discursos de odio simulando un debate orgánico".   
 
Recordó, además, que en 2017 hubo una Declaración conjunta sobre fake news de los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la OEA y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Cadhp) que aseguró que "el Estado tiene la responsabilidad de proteger el debate y la crítica y, en consecuencia, desarrollar mecanismos respetuosos de las garantías constitucionales para identificar campañas de desinformación y propaganda orientadas a dañar la reputación, a instigar la violencia, la discriminación o la hostilidad hacia grupos identificables de la sociedad".
 
Por Victoria Ginzberg
 
Fuente: Página12
 

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20-03-2019 / 09:03
Antes de llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri usaba la inflación como caballito de batalla para denostar al gobierno. Según el líder del PRO, había impericia en esos tiempos y el asunto era más sencillo de lo que parecía.
 
"Me cuesta creer que ustedes piensen que la inflación puede ser un tema de agenda en mi futuro gobierno. Cuando yo veo que el 99 por ciento de los países del mundo tienen inflaciones de un dígito, de un dígito pequeño... si nosotros no entramos en ese grupo de países, vayámonos a la casa", afirmaba.
 
No obstante, los números de febrero siguen siendo muy malos para la desastrosa política económica del gobierno de Macri. Y en la inflación observada para marzo no se esperan mejoras.
 
El instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), informó este martes que la inflación mayorista de febrero fue del 3,4 por ciento, alcanzando un incremento interanual del 64 por ciento.
 
Desde enero de 2018, las subas en los costos mayoristas de los productos fueron del 80,4 por ciento. Por otro lado, el organismo informó que el costo de la construcción se incrementó 1,4 por ciento en febrero, lo que hace un total del 43,9 por ciento, en relación al mismo mes del año pasado.
 
En lo que va del 2019, durante el primer bimestre los precios mayoristas tuvieron un alza del 4 por ciento, mientras que la construcción tuvo un aumento del índice del 2,5 por ciento.
 
En febrero volvieron a dominar los precios minoristas pero en la interanual los mayoristas siguen muy por encima y las empresas buscan recomponer. A eso hay que sumarle las tandas de tarifazos que faltan. Y lo que ocurra con el dólar.
 
La dinámica alcista esperada por los economistas y por la población en general muestra las dificultades del Gobierno para dominar en ese campo. "La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema", fruteaba  en otros tiempos el Presidente.
 
La Opinión Popular

20-03-2019 / 09:03
En una insólita intromisión en la función de la Justicia, que atenta contra la republicana división de poderes, Mauricio Macri pidió que destituyan al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de espionaje ilegal que salpica a sectores de la política, la justicia y la AFI.
 
En medio de la avanzada para destituirlo, la Corte Suprema de Justicia envió este martes una fuerte señal de apoyo al juez Ramos Padilla, quien sigue una pista de espionaje ilegal, extorsiones y coacciones que involucra al fiscal ultra macrista Carlos Stornelli e incluye a figuras de la alianza Cambiemos como Elisa Carrió y Gustavo Arribas.
 
Si se continúa con la investigación, que tiene como principal imputado al falso abogado Marcelo D'Alessio, es probable que salga a la luz la podredumbre que hay en los servicios de informaciones del Estado. Entre ellos surgiría que espían hasta los propios integrantes de Cambiemos. Entre los que estaría María Eugenia Vidal.
 
En un fuerte mensaje político destinado principalmente al Gobierno de Macri, los integrantes del máximo tribunal aprobaron por unanimidad otorgarle a Ramos Padilla los recursos que había solicitado para llevar adelante la investigación que sacude al mundo político y judicial.
 
El gesto a favor de Ramos Padilla fue impulsado por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, que vienen actuando en bloque y provocando dolores de cabeza a Macri y al titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, ex abogado de Clarín. Sin chances de bloquear la jugada, a Rosenkrantz y Elena Higton de Nolasco no les quedó alternativa que sumar su voto a la acordada.
 
Durante su explosiva exposición en el Congreso, Ramos Padilla había denunciado la falta de recursos para profundizar la investigación y también las trabas que le pone el Gobierno de Macri, como negarle a través del Servicio Penitenciario el traslado de los detenidos para que declaren.
 
El otorgamiento de recursos (algo que es muy importante para cualquier magistrado) por parte de la Corte a Ramos Padilla se da en un momento de feroz presión por parte de la Casa Rosada, que este lunes presentó en el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político en su contra. Se trata de un espaldarazo muy fuerte a una investigación que salpica a parte de la justicia federal.
 
Es, además, un fuerte revés para el Gobierno nacional que casi en soledad empuja para correr a Ramos Padilla de la causa y evitar que se destape la existencia de la red de espionaje ilegal que salpica a la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia. La jugada revela también que Macri perdió absolutamente la influencia sobre la Corte y demuestra nuevamente el fracaso de la jugada para controlarla, promoviendo a Rosenkrantz y desplazando a Lorenzetti.
 
La Opinión Popular

19-03-2019 / 09:03
La única esperanza para las elecciones que le quedó al Gobierno de Mauricio Macri es el FMI. Ante la profundidad de la crisis desatada por sus políticas de ajuste, el Fondo le autorizó a subir la ayuda social un 0,1 del PBI, unos 20.000 millones de pesos. A cambio, exigió más ajuste al gasto gubernamental para que no se escape el déficit.
 
El FMI volvió a celebrar el ajuste que está haciendo el gobierno de Macri. Como regalo a ese cumplido, pidió más. Ambas cosas lo hizo a través del informe final que presentaron sus técnicos después de la visita al país. El encargado de la misión fue Roberto Cardarelli.
 
Además ratificaron que son parte relevante como financistas de la campaña electoral de la alianza antiperonista Cambiemos, al ratificar que en pocas semanas enviará 10.900 millones de dólares como parte del paquete global de casi 57 millones de dólares.
 
Además, para estos meses de castigo a los bolsillos de los trabajadores y jubilados, por una inflación por encima del 50 por ciento anual, el FMI autorizó ampliar en 20 mil millones de pesos la asistencia social. El FMI no confía en la tesis del gobierno sobre que "la crisis ya tocó fondo".
 
Cardarelli transmitió un fuerte entusiasmo por las políticas de recorte fiscal y monetario que vienen implementando el Gobierno. Estas no son más que felicitaciones formales por seguir a rajatabla las indicaciones del organismo, continuación de más exigencias y condicionalidades. En particular, la advertencia de que deberá acelerar el ajuste del gasto público para cumplir con las expectativas del Fondo.
 
El FMI se mantiene firme con la lógica del déficit cero para este año. En el comunicado oficial afirmaron que: "Las autoridades han cumplido con su objetivo de déficit primario de 2018. Lograr un déficit primario cero en 2019 requerirá una mayor restricción en el gasto gubernamental".
 
El Fondo no se cansa de recomendar ajuste y asegura que la única solución para la Argentina es mantener los recortes fiscales y monetarios. Y recuerda que las riendas de la política económica en el país están en manos del organismo.
 
"La continua implementación del plan de estabilización del Gobierno sigue siendo esencial para consolidar el retorno de la Argentina a la estabilidad macroeconómica, a la reducción de la inflación y para sentar las bases de un crecimiento sólido, equitativo y sostenible", planteó.
 
Agregó además que será necesario un nuevo impulso de reformas del lado de la oferta para consolidar los "logros" ya alcanzados por el gobierno y garantizar las nefastas reformas laborales y provisionales. El FMI asegura que permiten subir la productividad de la economía. Los antecedentes reales muestran lo contrario. En tanto, los sectores populares son convidados de piedra.
 
La Opinión Popular

19-03-2019 / 08:03
En un grave hecho de intromisión en la Justicia, el gobierno de Mauricio Macri concretó el pedido de juicio político al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre la base que habló en el Congreso nacional. Cometió el pecado de investigar a quienes ahora están en el poder. Curiosamente, mientras el oficialismo lo acusa, también lo está citando a la comisión bicameral de Inteligencia.
 
Ramos Padilla denunció en el Congreso la existencia de una red de inteligencia paralela, que quedó al descubierto con la detención del falso abogado Marcelo D´Alessio. Por esa acción, el Gobierno de Macri lo puso en la mira y lo denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura.
 
En su paso por el Congreso, Ramos Padilla mencionó a la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y a la legisladora porteña Paula Oliveto -una de sus principales denunciadoras-, como parte de los contactos de D´Alessio con la política. Ambas recibieron información de escuchas sobre los presos K en Ezeiza que anticipaban una maniobra contra el fiscal Carlos Stornelli.
 
Esa jugada se concretó, pero todavía no quedó claro si las escuchas fueron legales. La interceptación de los llamados no fue requerida a la oficina de escuchas que ahora funciona bajo la jurisdicción directa de la Corte Suprema de Justicia. Las miradas se dirigen a los organismos de inteligencia oficiales.
 
El caso de Padilla es el último de una lista en los que se observa con nitidez la manipulación de Macri en la Justicia. Acusan al magistrado de haberse prestado a los intereses K -que busca desacreditar la causa de los cuadernos y en especial a Stornelli-, que se manifiesta la reacción destemplada del Presidente al ordenar la remoción de un juez que llevó malas noticias para el Gobierno y sus aliados.
 
Posiblemente, el Consejo de la Magistratura no reunirá la mayoría especial necesaria para destituirlo por mal desempeño. Aunque para que avance un jury por mal desempeño, hacen falta causales más concretas que la supuesta motivación política.
 
En ese organismo encargado de seleccionar, controlar y remover a los jueces se registra actualmente un juego de oficialistas (7 integrantes) y opositores (6), que no le permite a los primeros formar las mayorías especiales (9) necesarias para destituir a un juez, salvo que cuenten con el apoyo de al menos dos opositores.
 
"No hay ninguna chance de que eso pase", anticipó en reserva un integrante del Consejo de la Magistratura. En ese cuerpo, como así también en la Corte Suprema, existe un clima poco favorable al Gobierno, en el sentido de que tanto los supremos como los consejeros no están dispuestos a seguir a pies juntillas lo que se decida en la Casa Rosada. Poro, es un drama que voces muy destacadas de la Justicia mantengan un silencio que aturde ante la desmesura del Presidente.
 
La Opinión Popular

18-03-2019 / 12:03
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