y Jorge Héctor Santos (ex director de Radio Mitre).
 
Según el informe, uno de los usuarios favoritos de los trolls es el diputado ultra macrista Fernando Iglesias, que fogonea a diario campañas de desprestigio en Twitter contra periodistas y dirigentes opositores. El listado de las cuentas analizadas lo completan los usuarios Alfredo Darrigo, Pajarita TW, LtCastilloVice, GustavoBruzone, Winston_Dunhill, GFrondizi, loladlaguarda, elcoya1977, Mr_Bugman y LaMacrista.
 
"Amnistía Internacional pide tanto al Estado como a las empresas de redes sociales digitales que sugieran y/o incorporen herramientas de detección y protección frente a este tipo de prácticas. Además sugiere que mejoren los canales de denuncia y las normas de uso para evitar la manipulación o el cercenamiento de derechos vía ataques de cibertropas", indicó el organismo.
 
El Estado tiene la responsabilidad de proteger el debate y la crítica y, en consecuencia, desarrollar mecanismos respetuosos de las garantías constitucionales para identificar campañas de desinformación y propaganda orientadas a dañar la reputación, a instigar la violencia, la discriminación o la hostilidad hacia quienes piensan distinto del macrismo.
 
La Opinión Popular
'/> Confirman que el Gobierno de Macri utiliza trolls para atacar a periodistas y defensores de derechos humanos / La Opinión Popular
La Opinión Popular
                  08:42  |  Miércoles 19 de Septiembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
“Que el Gobierno no trafique con el cuento de los cambios ni de las renovaciones. Todo está igual. Que les falten el respeto a los radicales, vaya y pase. Pero a la sociedad, no”. Jorge Asís
Recomendar Imprimir
Nacionales - 20-03-2018 / 08:03
LOS CIBERATAQUES DEL MACRISMO SON UN AGRAVIO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Confirman que el Gobierno de Macri utiliza trolls para atacar a periodistas y defensores de derechos humanos

Confirman que el Gobierno de Macri utiliza trolls para atacar a periodistas y defensores de derechos humanos
Amnistía Internacional publicó un informe en el que advierte sobre el uso de trolls en las redes sociales para atacar periodistas y activistas de Derechos Humanos con amenazas en Twitter que atentan contra las opiniones contrarias al gobierno de Mauricio Macri. La mecánica es sencilla: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque violento de la “cibertropa” macrista.
Amnistía Internacional publicó un informe en el que advierte sobre el uso de trolls en las redes sociales para atacar periodistas y activistas de Derechos Humanos con amenazas en Twitter que atentan contra las opiniones contrarias al gobierno de Mauricio Macri. La mecánica es sencilla: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque violento de la "cibertropa" macrista financiada por el Estado.
 
Según el informe titulado "El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina", los ciberataques y las agresiones, específicamente a periodistas y defensores de derechos humanos, tienen el propósito no sólo de descalificar a referentes sino también de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura.
 
El estudio se centró sobre ciberataques contra nueve reconocidos periodistas y dos activistas por los derechos humanos de diversa extracción y afinidades culturales e ideológicas.
 
El organismo armó un listado de las cuentas de Twitter más frecuentadas por las cuentas que participan en ciberataques, entre las que se destacan Hugo Alconada Mon y Ernesto Tenembaum, dos de los objetivos más frecuentes de los acosos en la red social. También figuran Reynaldo Sietecase, Marcelo Longobardi, María O'Donnell y Jorge Héctor Santos (ex director de Radio Mitre).
 
Según el informe, uno de los usuarios favoritos de los trolls es el diputado ultra macrista Fernando Iglesias, que fogonea a diario campañas de desprestigio en Twitter contra periodistas y dirigentes opositores. El listado de las cuentas analizadas lo completan los usuarios Alfredo Darrigo, Pajarita TW, LtCastilloVice, GustavoBruzone, Winston_Dunhill, GFrondizi, loladlaguarda, elcoya1977, Mr_Bugman y LaMacrista.
 
"Amnistía Internacional pide tanto al Estado como a las empresas de redes sociales digitales que sugieran y/o incorporen herramientas de detección y protección frente a este tipo de prácticas. Además sugiere que mejoren los canales de denuncia y las normas de uso para evitar la manipulación o el cercenamiento de derechos vía ataques de cibertropas", indicó el organismo.
 
El Estado tiene la responsabilidad de proteger el debate y la crítica y, en consecuencia, desarrollar mecanismos respetuosos de las garantías constitucionales para identificar campañas de desinformación y propaganda orientadas a dañar la reputación, a instigar la violencia, la discriminación o la hostilidad hacia quienes piensan distinto del macrismo.
 
La Opinión Popular

 
INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE AGRESIONES COORDINADAS EN REDES SOCIALES
 
Los custodios cibernéticos del gobierno de Cambiemos
 
La mecánica es así: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque de la "cibertropa". "El método utilizado combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares".
 
"En algunos casos, los voceros oficiosos, los formales y los informales, difunden información falsa (fake news) atacando a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El objetivo es generar acciones con el fin de producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de opiniones críticas".
 
Así describe Amnistía Internacional el funcionamiento, en las redes sociales, de las agresiones a la libertad de expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en la Argentina. La organización destacó que esta acción coordinada se despliega desde cuentas identificadas con el gobierno de Cambiemos.
 
AI realizó un relevamiento del comportamiento de este tipo de agresiones en Twitter entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre del año pasado. Tomó como universo de análisis las cuentas de ocho periodistas (Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, Maria O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum y Nelson Castro) y la que corresponde a la difusión de las actividades del premio Nobel de la Paz y dirigente del Servicio Paz y Justicia (SerPaj), Adolfo Pérez Esquivel.
 
También trabajó sobre las menciones al periodista Carlos Pagni y a la directora ejecutiva y vocera de Amnistía en Argentina, Mariela Belski, quienes no tienen cuenta de Twitter. En el informe, en el que participaron los especialistas Martín Becerra, Luciano Galup y Juan Pablo Pilorget, se analizaron 354 mil tweets. 
 
Desde AI explicaron que se eligieron estas personas por su relevancia pública, pero además porque el hecho de que no tengan un comportamiento crítico al Gobierno constante permite identificar más claramente el funcionamiento de los ataques: "Su carácter diverso, su diferente inserción en distintos medios de comunicación y sus reconocidas posiciones también variadas en términos ideológicos y de afinidades político culturales, dota a los resultados de mayor representatividad, ya que las tendencias observadas se registran de modo simultáneo en todos los casos".   
 
En el período analizado, entre los temas de la agenda pública se destacaban la muerte de Santiago Maldonado -en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut- y el arresto sin condena de dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo, así como la difusión de las imágenes de la detención, en su domicilio, del ex vicepresidente Amado Boudou.
 
En el caso de Belski, el ataque, que consistió en la difusión de una noticia falsa, se produjo luego de que Sergio Maldonado, hermano de Santiago, diera una conferencia en la sede de Amnistía.
 
AI detectó regularidades en el modus operandi de las agresiones: "la coordinación -temporal y temática- se realiza mediante la participación de algún guía o figura autorizada por su relevancia dentro del segmento de cuentas afines al oficialismo nacional que funcionan como habilitadoras de un entorno discursivo".
 
En un segundo momento, que corresponde al ataque serial, "no expone -aunque hay excepciones- a referentes oficialistas en el frente de las provocaciones, sino que los recursos que se despliegan son trolls y bots, es decir cuentas que combinan contenidos generados por usuarios genuinos, destinados a profundizar la agresión, con actividades de retweeteo y faveo orientada a dotar de mayor relevancia y escala el ataque donde se despliegan intervenciones automatizadas y semiautomatizadas".
 
AI afirma que no puede identificar al Gobierno como responsable de los ataques, pero destaca que hay una "secuencia de responsabilidades" en cuyo origen hay funcionarios o voceros formales del oficialismo y también cuentas que, identificadas políticamente con el gobierno nacional, no tienen vínculo formalizado o público aunque en las redes sociales son reconocidas (y en sus perfiles también se reconocen) por su oficialismo.
 
Entre ellos, hay "agentes de diferente rango": están los habilitadores y los replicadores. Los "habilitadores" construyen el escenario en el que se identifica al objeto de hostigamiento y realizan una intervención que funciona como autorización para el acoso. Luego, se produce el ataque serial con cuentas anónimas o automatizadas y perfiles que, como "células dormidas", se activan sólo para participar de la agresión.
 
El informe menciona como "autoridades" de las cibertropas (las que más interacciones generan) a los usuarios @AlfredoDarrigo, @LtCastilloVice, @GustavoBruzone, @santosjorgeh, @hepoggi, @PajatitaTw, @GFrondizi y @Winston_Dunhill.
 
Y señala que los usuarios que retweetean a estas cuentas también interactúan con algunos de los periodistas atacados -con tweets agresivos-y con @edufeiok (el periodista Eduardo Feinmann), @FerIglesias (el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias), @santosjorgeh y @buchonsito01, entre otros.
 
"Los casos de Fernando Iglesias y Eduardo Feinmann -afirma AI- merecen destacarse porque son a la vez destacadas figuras de generación y reproducción de mensajes intimidantes y de noticias falsas, a la vez que desempeñan un rol institucional como diputado por la gobernante Alianza Cambiemos, en el primer caso, y un rol público como conductor de programas de opinión e información en radio y televisión en emisoras que la ley califica como de ´interés público´ en el segundo caso".
 
El informe también analiza la particular distribución a lo largo del día de las cuentas que participan en las agresiones concertadas: concluye que entre las dos y las siete de la mañana los usuarios de las cibertropas tienen mayor actividad en relación al conjunto y, además, sostienen su "trabajo" durante las 24 horas, lo que demuestra que parte importante de esas interacciones corresponde a programaciones automatizadas. De la actividad coordinada que refleja el informe se infiere que hay recursos económicos detrás.
 
"El ataque a posiciones críticas amenaza la libre circulación de información, ideas y opiniones y viola la libertad de expresión", señaló Belski.
 
Para AI, el objetivo de estos ataques no sólo es descalificar a los periodistas o referentes de derechos humanos sino también el de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura.
 
En este sentido, la organización de derechos humanos realizó una serie de recomendaciones, tanto al Estado como a las empresas de redes sociales. Entre ellas, llamó a ambos a "fortalecer y simplificar las herramientas de denuncia, dar respuesta a los usuarios ante comportamientos abusivos y generar normas de uso claras y transparentes".
 
Sostuvo que "el Gobierno y el resto de las formaciones políticas deben evitar la participación de sus representantes en la producción de noticias falsas con fines difamatorios, el discurso del odio y las acciones concertadas de ataques y agresión a periodistas y defensores de los derechos humanos".
 
Y que el Estado y las empresas involucradas "deben crear o fortalecer mecanismos claros y objetivos (no valoraciones subjetivas o ideológicas) para la detección, la comunicación y el bloqueo de actividades de bots y cuentas automatizadas que se utilizan para manipular la opinión pública y difundir discursos de odio simulando un debate orgánico".   
 
Recordó, además, que en 2017 hubo una Declaración conjunta sobre fake news de los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la OEA y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Cadhp) que aseguró que "el Estado tiene la responsabilidad de proteger el debate y la crítica y, en consecuencia, desarrollar mecanismos respetuosos de las garantías constitucionales para identificar campañas de desinformación y propaganda orientadas a dañar la reputación, a instigar la violencia, la discriminación o la hostilidad hacia grupos identificables de la sociedad".
 
Por Victoria Ginzberg
 
Fuente: Página12
 

Agreganos como amigo a Facebook
19-09-2018 / 08:09
Cinco dirigentes sociales, entre ellos el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, fueron detenidos cuando reclamaban la liberación de dos de sus compañeros frente a la comisaría 18ª. Grabois consiguió enviar un mensaje denunciando la agresión policial.
 
Las organizaciones sociales convocaron a la militancia a la puerta de la comisaría para exigir la liberación de todos los detenidos. Dos horas más tarde, después que se concentraran en el lugar dirigentes políticos y gremiales, el ministerio de Seguridad porteño permitió su salida y la del resto de los militantes y trabajadores capturados.
 
"Nos vamos con todos los militantes y trabajadores liberados por el pueblo", gritó el dirigente de la CTEP Juan Grabois al nutrido grupo que, pasada la medianoche, festejaba entusiasmado el cese de la detención de Grabois y de otros once militantes y dirigentes apresados por protestar contra la brutalidad policial macrista.
 
"Todo esto es exclusiva responsabilidad del Gobierno, que generó un clima de odio y de persecución contra los trabajadores y los humildes, a los que quieren mostrar como enemigos de la sociedad", reflexionó ante los medios presentes el dirigente cercano al Papa.
 
"Está volviendo la xenofobia, está volviendo el fascismo. Es terrible lo que están haciendo con nuestra patria", concluyó antes de festejar la liberación de todos los detenidos.
 
Grabois es un dirigente social muy cercano al papa Francisco. Días atrás, recibió amenazas de parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y críticas de parte de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cuando junto a los líderes de la CCC y Barrios de Pie anunció un plan de lucha para reclamar un aumento de emergencia en la AUH, en planes de empleo y jubilaciones.
 
"Si no está asegurada la comida para los compañeros, no hay posibilidad de contención. No queremos repetir un escenario como el de 2001", avisó entonces.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 16:09
El Gobierno de Mauricio Macri anticipa ahora que la luz al final del túnel llegará en el segundo trimestre del próximo año, gracias a un incremento de las exportaciones agropecuarias.
 
La recesión se extendería entonces hasta marzo de 2019 y luego la actividad iniciaría una recuperación, según explicaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda, pese a que anticipan que el contexto externo continuará siendo negativo y que no esperan el empujón de la obra en infraestructura vía contratos de Participación Público Privada (PPP), modalidad a la que "ya no apostamos ni una ficha", según dijeron.
 
El fondo de garantía de sustentabilidad, stock de respaldo de los aportes para los jubilados, comenzará a usarse a partir de abril próximo para el pago de los haberes previsionales, dado que para ese mes se habrán consumido los ingresos provenientes del blanqueo de capitales.
 
Como el Banco Central tiene prohibido por el acuerdo con el FMI financiar al Tesoro, será el Banco Nación el que aporte el año próximo 15.000 millones de pesos de sus utilidades. También se congelará el fondo de incentivo docente a las provincias en términos nominales, con el objetivo de que la inflación lo vaya licuando con el tiempo.
 
Desde el gobierno de los CEOs reconocen que hubo una enorme diferencia entre la previsión de variables del presupuesto de este año y lo que terminó sucediendo. Sin embargo, lo reducen a cuestiones externas e imponderables: sequía, volatilidad financiera externa, la crisis turca, la suba de tasas de interés de Estados Unidos y recientemente los problemas en Brasil.
 
Nada de esto está previsto que vaya a cambiar pero esta vez aseguran que una buena cosecha alcanzará para compensar todos esos problemas. "El contexto externo desfavorable se va a mantener, pero la apuesta es a una mejora en la cosecha. El agro va a traccionar", se esperanzan en Hacienda.
 
También esperan que el consumo mejore en términos interanuales recién en el último trimestre del año próximo, cerca de la elecciones presidenciales, en torno a 15 por ciento contra 2018. De todos modos, en el balance anual el consumo privado se proyecta con una contracción del 1,6 por ciento.
 
En resumen, el Gobierno de los Ricos proyecta una reducción nominal de 7 puntos en las partidas para obra pública, da por caído los PPP, echará mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar a jubilados, avanzará con privatizaciones y seguirá aumentando las tarifas.
 
Los intereses de deuda representan ya el 18 % del gasto público. Mientras, la educación y cultura sufrirán un fuerte recorte real, también salud, ciencia y técnica y los salarios de trabajadores del Estado. El gobierno sólo quiere la "bendición" del FMI para conseguir financiamiento de cara a 2019.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 07:09
Como se esperaba, el juez federal de la "servilleta", Claudio Bonadio, procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero para enriquecerse.
 
En las 551 páginas del texto conocido ayer, no se aporta ninguna evidencia de dónde están los dólares ni los bienes ni las cuentas ni las sociedades ni las bóvedas con el dinero del enriquecimiento.
 
Tampoco hay testigos o arrepentidos que digan que arreglaron algo o le entregaron algo a la ex mandataria, salvo el caso de José López, quien se despachó con una nueva versión, la quinta que cambia, de que habló con Cristina sobre recaudación de plata y "supone" que ella le mandó los 9 millones de dólares que le encontraron cuando los tiró en el convento.
 
Los procesamientos de ayer abarcan a un amplio grupo de empresarios que se dividieron entre los que dicen que pusieron plata para campañas electorales -algunos presionados y otros por propia voluntad-; los que armaron el club de la obra pública y pagaron coimas; el club de los peajes, que también pagó coimas y el grupo Techint que dice que aportó para negociar una indemnización en Venezuela.
 
También fueron procesados funcionarios de todos los niveles, la mayoría de ellos negó haber recibido dinero y hasta alguno demostró que vive en la más absoluta modestia, con lo que refutan haberse enriquecido.
 
Bonadío lleva adelante, junto al fiscal Carlos Stornelli, una investigación que ha despertado sospechas y polémicas por las pruebas en que ha basado sus fallos, la arbitraria utilización de la figura del "arrepentido" y la direccionalidad de las acusaciones, que incluye un "blindaje" que hasta ahora rodea al presidente Mauricio Macri y sus responsabilidades empresarias y políticas.
 
El pretendido Lava Jato argentino es una causa enfilada contra el cristinismo. Quieren a Cristina presa durante la campaña electorral. Los empresarios que inculparon ex funcionarios K obtuvieron la libertad inmediata durante el proceso. Los arrepentidos que desplegaron versiones auto exculpatorias bajo intimidación fueron casi todos procesados.
 
Son claves las violaciones del debido proceso: detenciones abruptas, morbosamente transmitidas en directo e injustificadas. Completan el cuadro condiciones desdorosas de encarcelamiento, con amenazas de mantenerlas si no mediaban relatos que enlodaran a los procesados opositores a Macri.
 
Los hechos deben ser investigados, juzgados, sancionados si median evidencias contundentes. Y en esta cuestión abundan elementos probatorios verosímiles, muy en especial las autoinculpaciones. Pero las sospechas, los indicios, las declaraciones, requieren recorrer el debido proceso, en especial el ejercicio del derecho de defensa. La cárcel prematura, pensada para durar años constituye una condena anticipada, he ahí su injusta racionalidad.
 
La Opinión Popular

17-09-2018 / 10:09
En el peor momento de la crisis del plan económico del gobierno de Mauricio Macri, con los mercados financieros cerrados para nuevos préstamos y el FMI (la última carta del gobierno) endureciendo las condiciones para renovar el acuerdo (el primero cayó antes de cumplir tres meses), al PRO se le está haciendo cuesta arriba convencer, a propios y extraños, que su política de endeudamiento es sustentable en el tiempo. Ni siquiera para el tiempo más inmediato, lo que resta de aquí a fin de año.
 
El informe de La Deuda Externa que acaba de elaborar el Observatorio de la UMET, que dirige Arnaldo Bocco, señala que el Programa Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda, según el cual las necesidades de divisas para cumplir con los vencimientos se cubrirían con renovación de títulos, financiamiento externo e interno, "resulta poco realista en un contexto financiero internacional crecientemente hostil" y desconfiado de la capacidad de repago del país.
 
Advierte, además, que tal Programa sólo prevé el cronograma de vencimientos del Tesoro Nacional, pero no la necesidad de divisas "del conjunto de la economía".
 
La administración macrista, por otra parte, se encontrará con un problema estructural adicional, subraya el informe de la UMET. De mantenerse en el tiempo el valor actual del dólar (en términos reales), cabe esperar "que la relación deuda pública/PBI alcance a finales de 2018 un nivel alarmante, superior al 111 por ciento" que, por diversas razones, es insostenible.
 
"Observando el cuadro general, se podría afirmar que nuestra economía se encuentra en un callejón sin salida", concluye el informe, sugiriendo que la crisis insalvable de divisas llevaría, una vez más, a un default (cesación de pagos) o a una reestructuración de la deuda (renegociación de vencimientos o canje), como ocurrió tras el estallido de la convertibilidad.
 
"La deuda como motor de la sustentabilidad económica, se agotó. La gestión de Mauricio Macri nos conduce a un inexorable final con derrumbe económico y con una probable cesación de pagos", definió Nicolás Trotta, director de la UMET y uno de los responsables de la creación del Observatorio de la Deuda Externa.
 
"Como en el pasado, Macri nos llevó por la ruta que tenía que evitarse; para el gobierno que venga le queda el poco aliciente de que  hasta diciembre de 2019, este proceso lo conducirá el FMI".

17-09-2018 / 09:09
A fines del año pasado, el dólar cotizaba en torno a los $18. Hoy abrirá a un promedio de $40,53. ¿Quiénes pierden con esta devaluación? Los asalariados, aquellos que quizá nunca han visto o ahorrado en dólares, pero perciben sueldos en pesos que los ubican por debajo de la línea de la pobreza, mientras pagan sus compras y consumos en dólares.
 
Los salarios de un profesional clave como el médico, que día a día batalla en un sistema público de salud devastado y percibe unos $20.300 de sueldo básico (equivalentes a US$1.128 a fines del año pasado, y a tan solo US$500 ahora); o de los castigados docentes, cuyo sueldo inicial se ubica en $12.500 (antes US$694; ahora US$308).
 
Con los mismos ingresos del año pasado, ahora va a la góndola y tiene que desembolsar más de un 100% que el año pasado para comprar un kilo de harina; más del 54% para adquirir una docena de huevos; quiere llevar a su mesa un kilo de pan y hoy le cuesta un 41% más que en 2017. Sube el precio de los alimentos, pero también el de los combustibles y el de servicios indispensables como el transporte, la luz, el agua y el gas.
 
El resultado es un duro golpe de los grandes empresarios hacia la clase trabajadora, contrayendo los salarios en términos de su poder adquisitivo. Los "mercados" lograron imponer una fuerte devaluación en poco tiempo, que supera el ritmo inflacionario y mucho más los incrementos de salarios.
 
El cóctel es letal para el consumo, el desempleo abunda, los que lo conservan ven cómo su poder adquisitivo se consume, las compras se deprimen y las pymes que quedan en pie, lejos de recibir estímulos por parte del Gobierno de los Ricos, enfrentan tasas de interés del 60%. Las más altas del mundo, letal para la toma de créditos y la producción; atractivo para los especuladores financieros.
 
La recesión está en marcha y el Gobierno de Mauricio Macri solo apuesta a que esta caída que atraviesa el consumo desacelere la inflación. Nada indica que este semestre o el próximo el escenario vaya a cambiar. Nada presupone que, antes del fin del mandato de Macri, aparezca un plan de desarrollo económico, de pleno empleo, de generación genuina de divisas. Más bien, todo lo contrario.
 
A despecho de nuestra Constitución, rige los destinos del Gobierno de los CEOs la carta magna del FMI, que le exige que si quiere los millones frescos que necesita para no entrar en default, deberá seguir obedeciendo, ajustando, devaluando lo más que se pueda, aceitando la fuga de capitales y la bicicleta financiera.
 
La salida planteada como "inevitable" y "única" es: devaluación y recesión, con más endeudamiento y sumisión al FMI. Un modelo colonial hecho a medida del "mercado" y los bancos, que con la disparada del dólar anotaron una ganancia de $14.624 millones, contra los $8.761 millones registrados en julio del año pasado. Un 66,9% más para ellos, por encima de la devaluación, de la inflación y de todo.
 
La Opinión Popular

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar