y Jorge Héctor Santos (ex director de Radio Mitre).
 
Según el informe, uno de los usuarios favoritos de los trolls es el diputado ultra macrista Fernando Iglesias, que fogonea a diario campañas de desprestigio en Twitter contra periodistas y dirigentes opositores. El listado de las cuentas analizadas lo completan los usuarios Alfredo Darrigo, Pajarita TW, LtCastilloVice, GustavoBruzone, Winston_Dunhill, GFrondizi, loladlaguarda, elcoya1977, Mr_Bugman y LaMacrista.
 
"Amnistía Internacional pide tanto al Estado como a las empresas de redes sociales digitales que sugieran y/o incorporen herramientas de detección y protección frente a este tipo de prácticas. Además sugiere que mejoren los canales de denuncia y las normas de uso para evitar la manipulación o el cercenamiento de derechos vía ataques de cibertropas", indicó el organismo.
 
El Estado tiene la responsabilidad de proteger el debate y la crítica y, en consecuencia, desarrollar mecanismos respetuosos de las garantías constitucionales para identificar campañas de desinformación y propaganda orientadas a dañar la reputación, a instigar la violencia, la discriminación o la hostilidad hacia quienes piensan distinto del macrismo.
 
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Nacionales - 20-03-2018 / 08:03
LOS CIBERATAQUES DEL MACRISMO SON UN AGRAVIO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Confirman que el Gobierno de Macri utiliza trolls para atacar a periodistas y defensores de derechos humanos

Confirman que el Gobierno de Macri utiliza trolls para atacar a periodistas y defensores de derechos humanos
Amnistía Internacional publicó un informe en el que advierte sobre el uso de trolls en las redes sociales para atacar periodistas y activistas de Derechos Humanos con amenazas en Twitter que atentan contra las opiniones contrarias al gobierno de Mauricio Macri. La mecánica es sencilla: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque violento de la “cibertropa” macrista.
Amnistía Internacional publicó un informe en el que advierte sobre el uso de trolls en las redes sociales para atacar periodistas y activistas de Derechos Humanos con amenazas en Twitter que atentan contra las opiniones contrarias al gobierno de Mauricio Macri. La mecánica es sencilla: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque violento de la "cibertropa" macrista financiada por el Estado.
 
Según el informe titulado "El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina", los ciberataques y las agresiones, específicamente a periodistas y defensores de derechos humanos, tienen el propósito no sólo de descalificar a referentes sino también de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura.
 
El estudio se centró sobre ciberataques contra nueve reconocidos periodistas y dos activistas por los derechos humanos de diversa extracción y afinidades culturales e ideológicas.
 
El organismo armó un listado de las cuentas de Twitter más frecuentadas por las cuentas que participan en ciberataques, entre las que se destacan Hugo Alconada Mon y Ernesto Tenembaum, dos de los objetivos más frecuentes de los acosos en la red social. También figuran Reynaldo Sietecase, Marcelo Longobardi, María O'Donnell y Jorge Héctor Santos (ex director de Radio Mitre).
 
Según el informe, uno de los usuarios favoritos de los trolls es el diputado ultra macrista Fernando Iglesias, que fogonea a diario campañas de desprestigio en Twitter contra periodistas y dirigentes opositores. El listado de las cuentas analizadas lo completan los usuarios Alfredo Darrigo, Pajarita TW, LtCastilloVice, GustavoBruzone, Winston_Dunhill, GFrondizi, loladlaguarda, elcoya1977, Mr_Bugman y LaMacrista.
 
"Amnistía Internacional pide tanto al Estado como a las empresas de redes sociales digitales que sugieran y/o incorporen herramientas de detección y protección frente a este tipo de prácticas. Además sugiere que mejoren los canales de denuncia y las normas de uso para evitar la manipulación o el cercenamiento de derechos vía ataques de cibertropas", indicó el organismo.
 
El Estado tiene la responsabilidad de proteger el debate y la crítica y, en consecuencia, desarrollar mecanismos respetuosos de las garantías constitucionales para identificar campañas de desinformación y propaganda orientadas a dañar la reputación, a instigar la violencia, la discriminación o la hostilidad hacia quienes piensan distinto del macrismo.
 
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INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE AGRESIONES COORDINADAS EN REDES SOCIALES
 
Los custodios cibernéticos del gobierno de Cambiemos
 
La mecánica es así: ante una opinión crítica a una medida de gobierno o a algún funcionario, se activa una dinámica en las redes sociales que termina en un ataque de la "cibertropa". "El método utilizado combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares".
 
"En algunos casos, los voceros oficiosos, los formales y los informales, difunden información falsa (fake news) atacando a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El objetivo es generar acciones con el fin de producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de opiniones críticas".
 
Así describe Amnistía Internacional el funcionamiento, en las redes sociales, de las agresiones a la libertad de expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en la Argentina. La organización destacó que esta acción coordinada se despliega desde cuentas identificadas con el gobierno de Cambiemos.
 
AI realizó un relevamiento del comportamiento de este tipo de agresiones en Twitter entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre del año pasado. Tomó como universo de análisis las cuentas de ocho periodistas (Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, Maria O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum y Nelson Castro) y la que corresponde a la difusión de las actividades del premio Nobel de la Paz y dirigente del Servicio Paz y Justicia (SerPaj), Adolfo Pérez Esquivel.
 
También trabajó sobre las menciones al periodista Carlos Pagni y a la directora ejecutiva y vocera de Amnistía en Argentina, Mariela Belski, quienes no tienen cuenta de Twitter. En el informe, en el que participaron los especialistas Martín Becerra, Luciano Galup y Juan Pablo Pilorget, se analizaron 354 mil tweets. 
 
Desde AI explicaron que se eligieron estas personas por su relevancia pública, pero además porque el hecho de que no tengan un comportamiento crítico al Gobierno constante permite identificar más claramente el funcionamiento de los ataques: "Su carácter diverso, su diferente inserción en distintos medios de comunicación y sus reconocidas posiciones también variadas en términos ideológicos y de afinidades político culturales, dota a los resultados de mayor representatividad, ya que las tendencias observadas se registran de modo simultáneo en todos los casos".   
 
En el período analizado, entre los temas de la agenda pública se destacaban la muerte de Santiago Maldonado -en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut- y el arresto sin condena de dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo, así como la difusión de las imágenes de la detención, en su domicilio, del ex vicepresidente Amado Boudou.
 
En el caso de Belski, el ataque, que consistió en la difusión de una noticia falsa, se produjo luego de que Sergio Maldonado, hermano de Santiago, diera una conferencia en la sede de Amnistía.
 
AI detectó regularidades en el modus operandi de las agresiones: "la coordinación -temporal y temática- se realiza mediante la participación de algún guía o figura autorizada por su relevancia dentro del segmento de cuentas afines al oficialismo nacional que funcionan como habilitadoras de un entorno discursivo".
 
En un segundo momento, que corresponde al ataque serial, "no expone -aunque hay excepciones- a referentes oficialistas en el frente de las provocaciones, sino que los recursos que se despliegan son trolls y bots, es decir cuentas que combinan contenidos generados por usuarios genuinos, destinados a profundizar la agresión, con actividades de retweeteo y faveo orientada a dotar de mayor relevancia y escala el ataque donde se despliegan intervenciones automatizadas y semiautomatizadas".
 
AI afirma que no puede identificar al Gobierno como responsable de los ataques, pero destaca que hay una "secuencia de responsabilidades" en cuyo origen hay funcionarios o voceros formales del oficialismo y también cuentas que, identificadas políticamente con el gobierno nacional, no tienen vínculo formalizado o público aunque en las redes sociales son reconocidas (y en sus perfiles también se reconocen) por su oficialismo.
 
Entre ellos, hay "agentes de diferente rango": están los habilitadores y los replicadores. Los "habilitadores" construyen el escenario en el que se identifica al objeto de hostigamiento y realizan una intervención que funciona como autorización para el acoso. Luego, se produce el ataque serial con cuentas anónimas o automatizadas y perfiles que, como "células dormidas", se activan sólo para participar de la agresión.
 
El informe menciona como "autoridades" de las cibertropas (las que más interacciones generan) a los usuarios @AlfredoDarrigo, @LtCastilloVice, @GustavoBruzone, @santosjorgeh, @hepoggi, @PajatitaTw, @GFrondizi y @Winston_Dunhill.
 
Y señala que los usuarios que retweetean a estas cuentas también interactúan con algunos de los periodistas atacados -con tweets agresivos-y con @edufeiok (el periodista Eduardo Feinmann), @FerIglesias (el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias), @santosjorgeh y @buchonsito01, entre otros.
 
"Los casos de Fernando Iglesias y Eduardo Feinmann -afirma AI- merecen destacarse porque son a la vez destacadas figuras de generación y reproducción de mensajes intimidantes y de noticias falsas, a la vez que desempeñan un rol institucional como diputado por la gobernante Alianza Cambiemos, en el primer caso, y un rol público como conductor de programas de opinión e información en radio y televisión en emisoras que la ley califica como de ´interés público´ en el segundo caso".
 
El informe también analiza la particular distribución a lo largo del día de las cuentas que participan en las agresiones concertadas: concluye que entre las dos y las siete de la mañana los usuarios de las cibertropas tienen mayor actividad en relación al conjunto y, además, sostienen su "trabajo" durante las 24 horas, lo que demuestra que parte importante de esas interacciones corresponde a programaciones automatizadas. De la actividad coordinada que refleja el informe se infiere que hay recursos económicos detrás.
 
"El ataque a posiciones críticas amenaza la libre circulación de información, ideas y opiniones y viola la libertad de expresión", señaló Belski.
 
Para AI, el objetivo de estos ataques no sólo es descalificar a los periodistas o referentes de derechos humanos sino también el de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura.
 
En este sentido, la organización de derechos humanos realizó una serie de recomendaciones, tanto al Estado como a las empresas de redes sociales. Entre ellas, llamó a ambos a "fortalecer y simplificar las herramientas de denuncia, dar respuesta a los usuarios ante comportamientos abusivos y generar normas de uso claras y transparentes".
 
Sostuvo que "el Gobierno y el resto de las formaciones políticas deben evitar la participación de sus representantes en la producción de noticias falsas con fines difamatorios, el discurso del odio y las acciones concertadas de ataques y agresión a periodistas y defensores de los derechos humanos".
 
Y que el Estado y las empresas involucradas "deben crear o fortalecer mecanismos claros y objetivos (no valoraciones subjetivas o ideológicas) para la detección, la comunicación y el bloqueo de actividades de bots y cuentas automatizadas que se utilizan para manipular la opinión pública y difundir discursos de odio simulando un debate orgánico".   
 
Recordó, además, que en 2017 hubo una Declaración conjunta sobre fake news de los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la OEA y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Cadhp) que aseguró que "el Estado tiene la responsabilidad de proteger el debate y la crítica y, en consecuencia, desarrollar mecanismos respetuosos de las garantías constitucionales para identificar campañas de desinformación y propaganda orientadas a dañar la reputación, a instigar la violencia, la discriminación o la hostilidad hacia grupos identificables de la sociedad".
 
Por Victoria Ginzberg
 
Fuente: Página12
 

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22-04-2018 / 19:04
22-04-2018 / 17:04
De visita en Estados Unidos, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó ante periodistas argentinos que hay un "optimismo total" sobre lo que aquí sucede. Pocos días antes, El País publicó un sencillo y claro reportaje, a Guillermo Ambrogi, presidente de la Cámara de Comercio Española en Argentina. Ambrogi no teme decir que Macri fue ingenuo cuando creyó que lo iban a tapar con inversiones.
 
Y que esas inversiones (que se esperan hace más de dos años) no llegarán hasta que una inflación controlada garantice a los empresarios su tasa de ganancia. No se refirió en primer lugar a los costos laborales (que mencionó después), sino de la inflación.
 
De eso deberíamos hablar: de que Macri se equivocó en sus predicciones y diagnósticos y que llegó al gobierno haciendo promesas que eran mentiras o torpes ingenuidades. Elíjase lo que mejor parezca.
 
El mismo jueves en que se difundió el optimismo de Caputo, también nos enteramos de que los aliados de la UCR y la Coalición Cívica habían logrado que los férreos Marcos Peña y Aranguren accedieran a dos modificaciones en el cronograma de los aumentos de tarifas.
 
La noche anterior, en barrios que no pueden ser denominados K, cientos de ciudadanos cortaron bocacalles entonando la consigna "Mauricio Macri la puta que te parió". Más que sensibilidad social o negociación con sus aliados, el macrismo se dio cuenta de que esas manifestaciones no eran buenos preliminares para su pretensión de 2019.
 
No queda claro si los radicales están en condiciones de capitalizar el triunfo de dos puntos de su pliego de modificaciones sobre tarifas. El problema, para los radicales, es que no tienen figuras que puedan hacer balance con lo que logran.
 
Es injusto que no se reconozca a Mario Negri haber encabezado la negociación para morigerar el sablazo planificado por Aranguren. Pero así es la política. La inquietud toca a los radicales, que suponen (con razón) que no están incorporados a una alianza.
 
Una alianza de gobierno requiere experiencia y un grado de confianza considerable. Sobre todo, requiere que los aliados no pierdan más de lo que ganan, ni que los desvele la certeza de que el "otro" ha ganado infinitamente más que uno mismo.
 
Una alianza implica distribución equilibrada del poder, de la discusión de las decisiones. Implica prever las posiciones del otro. Implica tacto, conocimiento y deliberación.
 
En países de régimen parlamentario, las condiciones de la alianza se pactan antes de firmar los papeles; la distribución de los cargos, también. Después, sin duda, habrá desinteligencias y discusiones, pero antes se hizo todo lo posible para evitarlas, aunque se sepa que son ineludibles.

21-04-2018 / 17:04
21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

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