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Nacionales - 01-03-2018 / 09:03
CORTINAS DE HUMO

La agenda de Macri para el nuevo año legislativo, un reconocimiento tácito al cambio de clima político

La agenda de Macri para el nuevo año legislativo, un reconocimiento tácito al cambio de clima político
Las cortinas de humo aparecieron cuando todavía el Gobierno y los dirigentes sindicales se peleaban por el número de asistentes a la masiva marcha del 21F. También, en momentos en que la imagen del presidente Mauricio Macri registra una estrepitosa caída, mientras las expectativas a futuro de la gente se diluyen y cuando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoce que hay “pocas herramientas” para derrotar a la inflación. cuando la realidad más apremia, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y deja trascender que el Gobierno “no obstaculizará” el debate por la legalización del aborto, un proyecto al que el macrismo siempre se ha opuesto y que, de aprobarse, ya se adelantó que será vetado. ¿La hipocresía podría ser mayor?
Será un 1° de marzo diferente al que Mauricio Macri había imaginado tras ganar las elecciones legislativas, en momentos en que se entusiasmaba con una nutrida agenda de reformas políticas y económicas neoconservadoras. El contexto cambió drásticamente por las críticas recibidas luego de la sanción de la ley que saqueó a jubilados, beneficiarios de AUH y pensiones no contributivas, y los graves incidentes frente al Congreso.
 
También incidieron negativamente el dictado del DNU sobre desburocratización del Estado y los despidos. De manera que el Gobierno de los CEOs, de manera forzada, debió reprogramar su hoja de ruta. Esto se reflejará en el discurso que dará el Presidente ante el Congreso al inaugurar el año legislativo: allí quedarán en evidencia los cambios de prioridad para el macrismo. Para Macri, será fabricar humo para tapar los verdaderos problemas.
 
La discusión sobre la legalización del aborto en el Congreso es una de las cortinas de humo. El Gobierno lo hace para tapar la andanada de noticias negativas sobre la economía y los casos de corrupción que empezaron a aparecer en el gobierno con inquietante frecuencia. Lo tiraron sobre la mesa del Congreso porque la caída de la imagen del Gobierno y del propio Presidente estaba pasando de ser transitoria a continua y difícil de revertir.
 
El avance xenófobo del gobierno de Macri, en la atención hospitalaria y la educación pública a extranjeros, es otra cortina de humo que quedó desarticulada en apenas 24 horas. La operación mediática del Gobierno chocó con los informes que mostraron su irrelevancia económica, un roce diplomático innecesario, y hasta con la oposición de buena parte del interbloque de Cambiemos.
 
En cuanto a la "vieja" agenda, Macri intentará eludir la resistencia de la oposición peronista por la vía de reformular algunos de los planteos más polémicos, como la reforma laboral. También se dividió en tres subproyectos la temática contenida en el DNU sobre desburocratización.
 
Por lo pronto, se espera que un lugar importante del discurso esté reservado al proyecto de ley sobre transparencia y ética en la función pública, un texto que, en caso de haber estado vigente meses atrás, habría obligado a los ministros Jorge Triaca y Luis Caputo a dar un paso al costado.
 
Por otra parte, en un momento en el que el plan antiinflacionario fracasa rotundamente, el Presidente ratificará el rumbo económico neoliberal e insistirá con la idea de que el acuerdo firmado con todos los gobernadores para la reducción del déficit fiscal es la base de "una nueva cultura política" que se está instaurando en el país. Pero eso no es lo importante, lo importante es generar a diario cortinas de humo que impidan ver la realidad.
 
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El Gobierno terminó de definir las últimas cuestiones en una reunión que mantuvieron el Presidente, sus ministros más cercanos y referentes legislativos de ambas cámaras.
 
En esa cumbre, analizaron la agenda legislativa y comenzaron a armar una estrategia en búsqueda de consensos con otras fuerzas políticas, en pos de lograr el tratamiento de nuevas iniciativas.
 
Además, la nueva agenda incluye el avance con la media sanción de la ley de mercado de capitales y de "compre argentino".
 
En tanto, hacia adelante, el Gobierno espera llevar al Congreso el proyecto de reforma laboral desdoblado, la reforma política con el gran capítulo de financiamiento de los partidos políticos y el nuevo Código Penal, entre otros temas.
 
También buscarán avanzar con la flamante iniciativa sobre ética pública, que está en etapa de consulta abierta, y con la reforma política.
 
Tras las elecciones, el oficialismo creía que este año sería el de las "grandes reformas", pero el panorama de los últimos meses lo hizo cambiar de opinión, por lo que ganaron lugar temas tales como el aborto no punible y la nueva ley de ética pública.
 
A continuación, la agenda legislativa que Macri buscará impulsar en este nuevo año:
 
- Aborto no punible: la Casa Rosada les dio libertad de acción a los legisladores oficialistas para el tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que será nuevamente presentado el próximo 6 de marzo.
 
La iniciativa, que busca la despenalización hasta la semana 14 de gestación, divide las opiniones al interior de todos los bloques.
 
- Nueva ley de ética pública: la Oficina Anticorrupción (OA) dio a conocer el borrador del proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública. La iniciativa, disparada por distintos casos que incomodaron al Gobierno, incluye desde el límite al nepotismo en la función pública hasta la regulación del conflicto de intereses, pasando además por un régimen de obsequios a funcionarios.
 
Entre las novedades, se agregan como ítems a declarar los "bienes y/o fondos involucrados en fideicomisos en los que participe el declarante, en el país o en el extranjero, identificando el fideicomiso y sus partes"; y "las personas jurídicas, fideicomisos o cualquier otra forma contractual de la que el declarante resulte ser beneficiario o propietario final".
 
Además, se clasifica como "reservada" la información referida a "las sociedades en las que el declarante participa a través de otras sociedades; y sobre "las personas humanas o jurídicas a las que se hubiera asociado, profesional o comercialmente, en los últimos tres años".
 
- Desburocratizar el Estado: los tres proyectos que transcribieron el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia 27/18, de simplificación y desburocratización del Estado, ya ingresaron a la Cámara de Diputados y el oficialismo abrirá el debate en comisiones la primera semana de marzo.
 
Las iniciativas reproducen en su totalidad el contenido del DNU y fueron presentadas con las firmas de los jefes del bloque Pro, Nicolás Masot; de la UCR, Mario Negri; y Juan Manuel López en nombre de la Coalición Cívica.
 
Uno de los proyectos refiere a la Administración Pública Nacional; otro, al desarrollo de la infraestructura; y un tercero está dedicado al desarrollo productivo.
 
Apenas termine la apertura de sesiones, Cambiemos impulsará la discusión de estas propuestas de ley con la presencia de funcionarios del Gobierno, que asistirán a las comisiones.
 
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- Reforma laboral desglosada: luego de que los ruidos políticos demoraran el arranque de la comisión que debatirá la reforma previsional, el ministro Triaca, confirmó que se avanzará "en los próximos días" en conformar ese espacio que tiene hasta 2019 para crear un nuevo sistema.
 
El reciente escándalo que afectó al funcionario que comanda la cartera laboral, más el rechazo de gran parte de la CGT al proyecto de reforma, provocaron que el presidente Macri decidiera -al contrario de lo que se había anunciado en un primer momento- no llamar a sesiones extraordinarias.
 
Ahora, el Ministerio de Trabajo, legisladores oficialistas y sus asesores pretenden desglosar el texto que está en el Senado en varios, divididos por temas.
 
Así, la nueva iniciativa oficial "fragmentada" tendría tres pilares: blanqueo laboral, sistema de prácticas formativas y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.
 
En este contexto, el Gobierno se propuso disociar el proyecto original para analizar, con una alta dosis de gradualismo, las modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo, limitación de los pagos no remunerativos establecidos en convenio y la creación de un Fondo de Cese Laboral que ocupe el lugar de las indemnizaciones por despido.
 
Además, buena parte de los cambios que el macrismo pretendía introducir a través del Congreso, pueden ser impulsados directamente en los acuerdos sectoriales. Es decir, sin necesidad de alterar la normativa vigente.
 
Entre ellos aparece el "multitasking" (multiplicidad de tareas), como así también las prácticas para mejorar la productividad, bonos y premios por presentismo.
 
 
Proyectos a negociar con la oposición
  
Entre las iniciativas que demandarán mayor consenso figuran:
 
- Reforma electoral: el Gobierno pretende sumar apoyos para avanzar con la boleta electrónica, que está trabado en el Senado desde fines de 2016.
 
Los gobernadores del peronismo empujaron al FpV-PJ a enterrar la iniciativa, que ya contaba con aprobación de Diputados.
 
- Reforma del Ministerio Público: el debate se reactivó cuando Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia.
 
El oficialismo quiere que se flexibilice el proceso y causales de remoción y que se fije un límite temporal al cargo
 
- Nueva ley de Defensa de la Competencia: ya fue aprobada en Diputados. El texto endurece las sanciones contra la cartelización y apunta a combatir la concentración económica, tras la megafusión Cablevisión-Telecom, que no entrará en análisis.
 
De convertirse en ley, quedarán prohibidos todos los actos o conductas que puedan distorsionar las condiciones naturales de mercado.
 
- Mercado de Capitales: el proyecto conocido como "Ley de Financiamiento Productivo" fue aprobado en la Cámara baja, pero no fue tratado en el Senado durante las sesiones extraordinarias, pese a que era uno de las iniciativas que figuraban en el temario.
 
- Condenados por delitos de corrupción no pueden ser candidatos: el texto pertenece a Cambiemos, con la macrista Silvia Lospennato y la radical Brenda Austin a la cabeza. Estaba listo para ser tratado en el recinto de Diputados, pero nunca se trató y el dictamen cayó.
 
El proyecto modifica el artículo 33 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos 23.298, agregando que no podrán ser precandidatos quienes se encuentren condenados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude contra la administración pública.
 
En el recinto se introducirá un cambio para especificar que la condena deberá ser dictada por un tribunal colegiado para que el precandidato quede impedido de participar del acto electoral.
 
- Reforma del Código Penal y responsabilidad penal juvenil: ambas propuestas, contempladas por el Plan Justicia 2020 del Ministerio de Justicia, todavía no fueron enviadas al Congreso.
 
Por Sebastián Albornos
 
Fuente: iProfesional
 

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19-12-2018 / 09:12
Sin inversores dispuestos a prestarle a la Argentina, el Gobierno de Mauricio Macri suspendió todos los proyectos de infraestructura vial, energética, educativa y ferroviaria que pretendía financiar a través del régimen de Participación Público-Privada (PPP).
 
La virtual clausura del mercado voluntario de deuda, que expresa la disparada en el riesgo país, obligó a abortar el promocionado mecanismo de financiamiento para la obra pública. La infraestructura es el rubro del gasto más castigado por el programa de ajuste que adoptaron las autoridades para acceder al financiamiento del FMI. Los funcionarios macristas aseguraban hasta el mes pasado que las PPP permitirían amortiguar el efecto recesivo del ajuste.
 
El asesor presidencial Gustavo Lopetegui y el titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, bajaron la persiana al anunciar que la represa Portezuelo del Viento en Mendoza no será licitada bajo el esquema de financiamiento aprobado a fines de 2016 sino que se realizará bajo el esquema tradicional.
 
Al marcar 787 puntos, el riesgo país alcanzó ayer su máximo nivel desde que comenzó la presidencia de Macri. La cifra representa la sobretasa que debería pagar Argentina para financiarse en relación a un activo "libre de riesgo" como son los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
 
Frente al escenario de creciente vulnerabilidad financiera que experimenta Argentina, la dificultad para impulsar obra pública a través de los esquemas de PPP es doble: las empresas privadas tienen dificultades para conseguir el financiamiento que les permita poner en marcha las maquinarias y el sector público no puede colocar bonos en el mercado para cancelar los avances de obra.
 
El gobierno de Macri pretendía financiar 40 proyectos de infraestructura por más de 21.000 millones de dólares en las áreas de energía, minería, transporte, comunicaciones, tecnología, agua y saneamiento, vivienda, salud, justicia y educación.
 
El esquema de PPP fue concebido para permitir que el gobierno se asocie con empresas privadas para realizar las obras. Las compañías que ganan la licitación son quienes quedan a cargo de la gestión del proyecto: subcontratan servicios, compran insumos y toman préstamos en el exterior.
 
Pero ahora no consiguen fondos en el mercado internacional. Los proyectos nacieron condenados a muerte, nadie le quiere prestar. El riesgo país se refleja en las altísimas tasas de interés que debería pagar Argentina pero el problema es que más allá de esos valores hoy no existen financistas dispuestos a prestarle al Gobierno.
 
No es la incertidumbre política de cara a las elecciones sino la creciente vulnerabilidad por la política económica: la recesión, las presiones cambiarias, la fuga de capitales y el elevado nivel de endeudamiento, lo que hacer caer las PPP.
 
La Opinión Popular

19-12-2018 / 08:12
La Corte Suprema no es hoy la que el Gobierno de Mauricio Macri imaginaba. No puede ejercer sobre ella el control que proyectaba cuando alentó el golpe interno para desplazar a Ricardo Lorenzetti de la presidencia. El poder de su sucesor, el ex abogado de Clarín, Carlos Rosenkrantz, es inestable.
 
Lo demuestran los dos grandes hechos ocurridos ayer: la firma de un fallo contrario a la Anses, a favor del jubilado Lucio Orlando Blanco y otros 150.000 en su misma situación, donde Rosenkrantz quedó en la más absoluta soledad, y la difusión de una acordada que limita en forma tajante sus facultades como presidente supremo, al impedirle tomar por su cuenta decisiones administrativas, de manejo presupuestario y de designación de personal.
 
Sobre su evidente soledad y su espíritu poco negociador, se impone una mayoría de tres -difícil de catalogar tan pronto como consolidada-, popularmente conocida como "mayoría peronista", integrada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que toma ciertas decisiones adversas al macrismo y da señales de autonomía, sin llegar a poner en juego la gobernabilidad. 
 
El fallo favorable a Blanco estaba previsto y se conocía su rumbo, pero no deja de ser un llamado de atención severo hacia el Gobierno aunque no tenga gran impacto económico, teniendo en cuenta que se pagará en dos o tres años y que se ciñe al universo de jubilados que no aceptaron la reparación histórica y siguieron adelante con los juicios contra la Anses.
 
El efecto es político y acota el margen para instrumentar una nueva reforma previsional a medida de las condiciones del FMI. Blanco es un camionero jubilado que reclamaba el cálculo de su haber inicial en base al índice ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción).
 
La Corte no sólo le dio la razón sino que aclaró que la misma solución se aplicará automáticamente a los casos análogos: aquellos jubilados a quienes la Anses les impuso otro índice, el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que implicaba una reducción sustancial en el cálculo de sus jubilaciones, hasta 50%.
 
El alto tribunal ratificó el ISBIC, que ya había avalado en 2009 y declaró inconstitucionales de oficio las resoluciones de la Anses que lo reemplazaban por el Ripte, por considerar que se arrogó facultades del Poder Legislativo. El fallo pide que el Congreso que dicte una ley con un nuevo índice, algo que difícilmente ocurra.
 
El escenario desconcierta al Gobierno de Macri, que cuando fogoneó la expulsión de Lorenzetti de la presidencia, pensaba en neutralizar su política de agitar las causas de Comodoro Py y conseguir aliados en el máximo tribunal.  Parecieran no conseguir, sobre los jueces supremos, la manipulación anhelada.
 
La Opinión Popular

18-12-2018 / 09:12
18-12-2018 / 09:12
El diputado salteño, Alfredo Olmedo, representante de la derecha más troglodita de la Argentina, se reunió en San Pablo con Jair Bolsonaro, quien encarna la consumación del golpe institucional en Brasil. Recordemos que Bolsonaro fue electo gracias a la prescripción que el Poder Judicial ordenó sobre Lula, que está preso y no permitieron que sea candidato.
 
Olmedo continúa con su peregrina idea de ser "el próximo presidente de Argentina", y ya comenzó a hacer campaña, por ahora en el exterior. Viajó a San Pablo para lograr una reunión, que fue breve, con Bolsonaro que asumirá la presidencia de Brasil este próximo 1° de enero. Las ideas reaccionarias, misóginas y homofóbicas los emparentan.
 
Tan es así que se dan el lujo de correr por derecha a Macri, en relación a las cuestiones de género. El presidente argentino dijo, demagógicamente (luego de la repercusión que tuvo la denuncia de violación a Thelma Fardin) que "el debate de género no tiene vuelta atrás".
 
Ambos derechistas, claro que con más poder por parte del golpista brasileño, opinan, según lo que se encargó de difundir por sus redes sociales el mismo Olmedo que "la familia es la base de la sociedad, el orden a Dios y el respeto".
 
Otro de los temas que tocaron, siempre según las versiones del salteño de la campera amarilla (la prenda de vestir que lo identifica), es sobre la militarización de las ciudades y la impunidad para las fuerzas represivas. En esto sí coinciden con el Gobierno de Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
 
Olmedo afirmó que parte de la conversación sobre este tema fueron elogios suyos a la política de atestar de militares las favelas. El halago del diputado por el partido Salta Somos Todos, que forma parte de la alianza Cambiemos, fue la descripción de esa militarización: "desde que ganó Bolsonaro hay guardias en todos lados, casi que te diría que las calles están militarizadas".
 
El diputado de Cambiemos ya había declarado "delincuente abatido, policía premiado". Desde el Ministerio de Seguridad de Argentina, Bullrich debió aplaudir enfervorizada esa frase.
 
Las políticas que el presidente, surgido del golpe institucional, pueda llevar adelante, dependerá principalmente de otros factores. La marcha de la economía internacional, la relación de dependencia colonial a los Estados Unidos y la resistencia del pueblo trabajador, que serán más determinantes que su pensamiento retrógrado.
 
La Opinión Popular

17-12-2018 / 11:12
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