Nacionales - 20-02-2018 / 09:02
CORRUPCIÓN EN LA ALIANZA CAMBIEMOS
Díaz Gilligan tuvo que renunciar a pesar que Macri lo sostuvo durante días
MACRI YA NO ES INMUNE. La salida del funcionario macrista se produjo luego de la revelación de que tenía 1,2 millón de dólares en una cuenta offshore que no había declarado. El Gobierno intentó justificarlo y sostenerlo, pero ayer fue denunciado penalmente y presentó un escrito de seis líneas en la Oficina Anticorrupción. Lo que más peso tuvo para que desde el PRO se decidiera su renuncia, fue la debilidad del gobierno, que viene con una caída en los niveles de popularidad debido a la votación de la reforma previsional y a los tarifazos. Es a la ruptura de su contrato electoral, porque sus políticas de ajuste neoliberal vienen afectando incluso a grandes sectores de sus votantes.
Mauricio Macri dejó de ser inmune. Es una gran novedad política. Las toxinas generadas por su propia administración empiezan a representar un peligro para el Gobierno y para el propio Presidente. El fenómeno ocurre desde mediados de diciembre, cuando el macrismo logró aprobar la ley que saquea las jubilaciones pero lo hizo a un costo tremendo: ninguna encuesta daba un rechazo menor al 60%.
La renuncia del subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, debe inscribirse en el deterioro que comenzó en diciembre. Para que el peligro no fuera aún mayor y mellara todavía más su popularidad fue que Macri ordenó desprenderse del funcionario. Díaz Gilligan había omitido declarar una cuenta en Andorra cuando el principado de los Pirineos todavía era un paraíso fiscal.
El hábito de los financistas de recurrir a las cuentas o a las sociedades offshore es profundo. Lo tienen tan naturalizado que ni siquiera revisan la irritación social que pueden provocar sus explicaciones. Apegados a la letra de los reglamentos, suelen limitarse a comentar que no recibieron dividendos. O que no eran accionistas. O que simplemente abrieron alguna cuentita.
Como si los mecanismos de la economía offshore fueran un deporte que cualquiera puede practicar. Como si fuera saludable el uso del dispositivo típico utilizado en el mundo para evadir impuestos, disfrazar la titularidad de la riqueza o aprovechar huecos en las reglamentaciones sobre comercio para transferir dinero entre filiales de la misma empresa. Como si la evasión no aumentaran el déficit fiscal de los países y no obligaran a gravar más a la clase media y a los trabajadores.
Díaz Gilligan llegó a decir que "solo" figuraba en la cuenta de Andorra porque se lo pidió un amigo. La suma trepaba a un millón doscientos mil dólares. El amigo era el uruguayo Francisco "Paco" Casal, un peso pesado de la compra-venta de jugadores y un competidor en la guerra global por los derechos de la televisación del fútbol.
Es decir que, en su defensa, Díaz Gilligan quiso transmitir que "solo" fue un testaferro. No usó esa palabra, claro, porque suena fea. Pero no es peyorativa. El diccionario dice que "testaferro" significa lo siguiente: "Persona que presta su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajenos". Si además se probara que cuando comenzó a ser funcionario del gobierno porteño Díaz Gilligan omitió declarar información podría haber incurrido en un delito.
La pérdida de inmunidad no marca necesariamente una derrota letal ni un desmoronamiento. Sin embargo, señala la aparición de una novedad que incidirá en la política. Cuánta será su incidencia es algo que dependerá de macristas y no macristas. Por lo pronto algo está claro: resulta antipático contar plata delante de los pobres, sobre todo si están peor por las políticas de los que ostentan riqueza. Es un mensaje para el gobierno entero: ser un gobierno offshore empieza a caer mal.
La Opinión Popular
RENUNCIÓ EL SUBSECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, VALENTÍN DÍAZ GILLIGAN
Una renuncia de un millón de dólares
El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó su renuncia luego del escándalo desatado por la revelación de que había ocultado 1,2 millón de dólares en Andorra. El Gobierno había intentado defenderlo, pero su paso al costado era exigido por dirigentes del radicalismo y la Coalición Cívica, aliados del PRO.
Díaz Gilligan había dicho que ayer presentaría las pruebas de su inocencia ante la Oficina Anticorrupción, pero llegado el momento, entregó un texto de seis líneas que decía que más adelante aportaría la documentación. Poco después entregó su renuncia ante el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis. En el texto de despedida afirmaba que continuaría "contribuyendo con las exigentes metas de transparencia" del oficialismo.
Con su salida, paga los platos rotos del conjunto: es el único de los funcionarios del gobierno nacional acusados por corrupción recientemente -entre ellos el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo- que abandona su cargo. Ayer, además, fue denunciado penalmente por lavado de dinero y omisión maliciosa en su declaración jurada.
Díaz Gilligan quedó en el centro de la polémica cuando el diario español El País informó que ocultó un depósito de más de un millón de dólares en la Banca Privada d'Andorra, en una cuenta a nombre de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores. La empresa estaba radicada en Inglaterra, pero era propiedad en un ciento por ciento de la firma panameña Nashville North Inc, de la cual el ex funcionario nacional fue director hasta 2014.
En su carta de renuncia, Díaz Gilligan insistió en su inocencia. Afirmó que su decisión era "indeclinable", a pesar de haber sentido un "respaldo incondicional" del Gobierno, y aseguró que continuará "contribuyendo con las exigentes metas de transparencia" del oficialismo.
Horas antes de entregar el texto al secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, Díaz Gilligan entregó ante la Oficina Anticorrupción, que encabeza la ultramacrista Laura Alonso, un texto de seis líneas que anticipaba que presentaría la documentación requerida para "aclarar" la situación, y que se encontraba "a disposición" para ser investigado.
Luego de la revelación periodística, la estrategia inicial del Gobierno fue de apoyo al funcionario. "No tiene ninguna empresa offshore ni nada que se le parezca, sino que asesoró a distintas compañías argentinas y extranjeras, y ésta es una de ellas", afirmó de Andreis el viernes en Chapadmal, donde más tarde el mismo presidente Mauricio Macri defendió a Díaz Gilligan.
Uno de los curiosos argumentos de defensa del funcionario fue que había actuado como testaferro de un amigo, un empresario con problemas judiciales y fiscales.
Más allá del respaldo oficial, en un gobierno donde no es una excepción figurar al frente de una compañía offshore, la renuncia de Díaz Gilligan había comenzado a ser exigida incluso al interior del espacio oficialista. Horas antes de su paso al costado, el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete y hombre cercano a Elisa Carrió, Fernando Sánchez, manifestó que de estar en los zapatos del subsecretario general de la Presidencia renunciaría.
El jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, afirmó el domingo que Díaz Gilligan "debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder". Y cuando la salida era casi un hecho, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que "el Presidente ha sido claro sobre esto: no estamos para apañar a nadie y queremos que la ley se cumpla".
Si bien Díaz Gilligan no desmintió la información publicada por El País, aseguró que todos los movimientos en las cuentas los hizo "en la actividad privada, antes de ingresar en la actividad pública", y destacó que "no hay fondos públicos involucrados y la gente lo entiende", así, pasó por alto que el dinero destinado a los impuestos está destinado a formar parte de los "fondos públicos" y al no declarar esa plata estaba justamente, evadiendo los impuestos. Finalmente, atribuyó la offshore a su relación de amistad con el empresario uruguayo Paco Casal, supuesto propietario del dinero.
Al margen de la renuncia, Díaz Gilligan fue denunciado penalmente ayer por el diputado nacional del Frente Para la Victoria-PJ Rodolfo Tailhade, quien solicitó que el ex funcionario sea investigado por lavado de activos y omisión maliciosa.
En diálogo con PáginaI12, el diputado advirtió: "No podemos caer en la trampa que está proponiendo el oficialismo. Lo de Luis Caputo es mucho más grave. No sólo porque los conglomerados de sociedades offshore que eran de Caputo movieron 350 millones de dólares en negro, sino porque además está comprobado que esos fondos de inversión que manejaba compraron títulos de deuda externa argentina, que emite el propio Caputo".
La denuncia contra Díaz Gilligan recayó en el juzgado de Claudio Bonadio y tendrá como fiscal a Alejandra Mangano. El delito de lavado de dinero tiene una pena de 3 a diez años de prisión y prevé una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación.
Informe: Inés Fornassero.
Por Martin Granovsky
Fuente: Página12