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“Macri es hoy un amontonamiento de promesas fracasadas, de frustraciones sin rumbo ni sentido, de soberbia mezclada con impericia, un nuevo gestor impostado en el imperio de la desesperanza”. Julio Bárbaro
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Nacionales - 06-12-2017 / 15:12
EVITÓ REFERENCIAS A HECHOS DE FUGA Y EVASIÓN QUE LO INVOLUCRAN A ÉL Y SUS FUNCIONARIOS Y AMIGOS

En el sermón de Macri sobre evasión, eludió los casos que lo involucran a él y su entorno

En el sermón de Macri sobre evasión, eludió los casos que lo involucran a él y su entorno
"Hay que andar bien con la AFIP, hay que pagar los impuestos", lanzó el presidente Mauricio Macri durante la presentación de una plataforma que pretende impulsar a los exportadores. Las declaraciones del mandatario apuntaron hacia las presuntas maniobras de evasión desarrolladas por los empresarios Cristóbal López del Grupo Indalo y Lázaro Báez de Austral Construcciones.
 
"Pregúntenle a algunos que están hoy en los diarios; no hay que apropiarse de los impuestos que no son propios", expresó el mandatario que figura entre los cinco líderes mundiales en funciones con sociedades offshore mencionados en los Panama Papers.
 
Familiares, socios, amigos y allegados a Macri blanquearon 132,5 millones de dólares durante el sinceramiento fiscal ofrecido por su Gobierno. El listado incluye al hermano del presidente, Gianfranco Macri; el mejor amigo del mandatario, Nicolás Caputo; el empresario Marcelo Mindlin, que adquirió la constructora Iecsa otrora controlada por el primo presidencial, Angelo Calcaterra; un primo del jefe de Gabinete, Alejandro Jaime Peña Braun, y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, entre otros.
 
Las irregularidades de los miembros prominentes de la familia Macri con el fisco se remontan, por lo menos, hasta 1993, cuando el mandatario era presidente de Sevel. La DGI denunció a la empresa por evadir una suma equivalente a 55 millones de dólares. 

 
Si bien la Justicia Federal no pudo demostrar la existencia de maniobras de lavado de dinero, la causa donde se investiga la posible evasión fiscal asociada a las empresas no declaradas en Bahamas y Panamá donde Macri figura como director siguen abiertas.
 
Sin avances significativos también están en curso pesquisas por abusos tributarios y financieros canalizados a través de la red global de guaridas fiscales por el primo del presidente e intendente de Vicente López, Jorge Macri, y su ex ministro de Hacienda e intendente de Lanús, Néstor Grindetti.
 
Un cable de la agencia oficial de noticias indicó que las afirmaciones del mandatario en Tecnópolis estaban referidas a un documento de la AFIP difundido a través del diario La Nación. De acuerdo al artículo publicado ayer la autoridad fiscal sostiene que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, habría ocultado a la Justicia que Báez le adeudaba 1700 millones de pesos en concepto de impuestos impagos.
 
El informe enfatiza que el ex funcionario validó que el holding encabezado por López acumule una deuda tributaria por 8000 millones. "Hay que pagar los impuestos; no hay que apropiarse de los impuestos que no son propios. ¿No es cierto, doctor Abad?", indicó Macri al dirigirse al titular de la AFIP, Alberto Abad.
 
Al enfocar las acusaciones sobre evasión contra ex funcionarios kirchneristas y empresarios considerados afines a sus antecesores, el Gobierno ignora las maniobras de evasión desplegadas por las principales empresas que operan en el país, así como el extenso repertorio de irregularidades fiscales vinculadas a la familia presidencial.
 
PáginaI12 reveló a fines de septiembre que familiares, socios, amigos y allegados a Macri blanquearon 132,5 millones de dólares durante el sinceramiento fiscal ofrecido por su Gobierno. El listado publicado en este diario incluye al hermano del presidente, Gianfranco Macri; el mejor amigo del mandatario, Nicolás Caputo; el empresario Marcelo Mindlin, que adquirió la constructora Iecsa otrora controlada por el primo presidencial, Angelo Calcaterra; un primo del jefe de Gabinete, Alejandro Jaime Peña Braun, y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín.
 
Por su parte, la moratoria impositiva prevista en la misma ley que habilitó el blanqueo de capitales le permitió al grupo Techint ahorrarse alrededor de 250 millones de pesos en impuestos que la AFIP le reclamaba desde 2012.
 
El monto exigido a Siderar por abusar de un acuerdo fiscal firmado en pleno auge privatizador entre Argentina y España rondaba los 450 millones de pesos. La siderúrgica montó una estructura de sociedades que le permitieron evadir el pago del impuesto a los bienes personales para las participaciones accionarias y societarias.
 
Las irregularidades de los miembros prominentes de la familia Macri con el fisco se remontan, por lo menos, hasta 1993, cuando el mandatario era presidente de Sevel. La DGI denunció a la empresa por evadir una suma equivalente a 55 millones de pesos/dólares.
 
Las autoridades tributarias acusaron a Sevel de enviar autopartes a Uruguay bajo el régimen de exportaciones definitivas, con las cuales habrían armado coches que después habrían sido importados a la Argentina, cobrando los reintegros correspondientes. El caso llegó a la Corte Suprema que ordenó el sobreseimiento de Mauricio Macri y del resto de los directivos de la empresa.
 
Una investigación publicada este año por el World Institute for Development Economics Research, que depende de Naciones Unidas, reveló que la pérdida de ingresos fiscales en Argentina como consecuencia de las técnicas de evasión utilizadas por las grandes corporaciones asciende hasta el 4,42 por ciento del PIB.
 
Las estimaciones de Alex Cobham y Petr Janský refieren a los abusos en los precios de transferencia en las operaciones intrafirma y la falsificación en la facturación del comercio. La pérdida ronda los 21.400 millones de dólares al año.
 
Con ese guarismo, la Argentina ocupa el quinto lugar en el ranking de evasión en términos absolutos, solo superado por Estados Unidos, China, India y Japón. Los recursos que dejan de ingresar todos los años por los abusos corporativos son equivalentes a casi cuatro veces el "ahorro fiscal" que pretende lograr el Gobierno con la modificación en la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios en 2018.
 
 Fuente: Página12
 

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18-10-2018 / 11:10
"La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar". "Si no baja, será mi responsabilidad". Pero "eliminarla será la cosa más simple que tenga que hacer si soy Presidente", fruteaba Mauricio Macri en campaña. La demagogia era fácil en esos tiempos, todo parecía sencillo, nada podía ser peor, prometía entonces el actual presidente.
 
Pero, a punto de cumplir tres años de mandato, ayer el Indec anunció una inflación del 6,5%, la mayor del año, más alta que en diciembre de 2015 e igual a su propio récord registrado en abril de 2016. Para encontrar una inflación más alta hay que remontarse a abril de 2002, cuando la suba fue del 10,4%.
 
Hoy, el índice de septiembre representa el 65% de la inflación prevista en el Presupuesto 2018, para cuando el Gobierno esperaba un 10%. Y, aunque parezca mentira, más alta que la inflación que tuvieron 145 países a lo largo de todo el año 2017.
 
Realismo mágico lejano al calor de una coyuntura en la que la devaluación del peso supera el 100% y la inflación se encamina hacia el 45%, ganándole por varias cabezas a los salarios, hundiendo el poder adquisitivo de las familias de trabajadores y jubilados.
 
En el año, la suba en los precios acumula el 32,4% y trepa al 40,5% si se toman los últimos doce meses. Encabezan el incremento los rubros de transporte, vestimenta y calzado y alimentos. Desde la mega devaluación de abril, productos básicos como la harina duplicaron su precio, el aceite subió un 60%, la manteca un 30%, los fideos un 74,6%, los precios de los principales cortes de carne treparon entre 35 y 45% sobre valores que ya eran relativamente altos respecto de alimentos más baratos.
 
De ahí que cada vez más familias se hayan visto obligadas a recortar gastos y a prescindir de alimentos antes infaltables en la mesa de los argentinos: en el último tiempo, el 54% disminuyó el consumo de carnes; el 34% bajó la compra de lácteos; el 44% de gaseosas, jugos y soda, 69% de salidas y esparcimiento y 39% de combustibles, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
 
Septiembre fue malo y octubre también lo será, admitió ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el hombre del FMI en el Gobierno de los Ricos, en referencia a la inflación que seguirá su rumbo, empujada por los tarifazos en el gas y la luz, la suba en el transporte y los combustibles que terminan impactando en las góndolas.
 
El ministro sostuvo que "septiembre y octubre van a ser el pico del año" en materia de suba de precios. "La inflación va a bajar, sin duda, pero tenemos que esperar", dijo, sin aclarar que la vía para ese descenso será una mayor recesión, un enfriamiento del consumo como causa de un poder adquisitivo dañado, tasas de interés imposibles, y un tendal de trabajadores en la calle. Así gobierna este "equipazo" de funcionarios millonarios e incapaces.
 
La Opinión Popular

18-10-2018 / 09:10
El peronismo festejó el Día de la Lealtad con diferentes actos en el país. Tucumán, Corrientes y el distrito de Merlo en el conurbano fueron los lugares centrales elegidos por los distintos sectores del peronismo para conmemorar una fecha entrañable a su tradición.
 
Uno de los principales fue el que encabezó el PJ "alternativo", convocado por el gobernador de Tucumán, Juan Manzur. Las figuras que lo acompañaron en primera fila fueron el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto; el exgobernador bonaerense, Daniel Scioli; el dirigente de la CGT, Héctor Daer; la diputada Graciela Camaño; entre otros.
 
El gobernador Juan Schiaretti se refugió en Córdoba y tampoco asistió Juan Manuel Urtubey. El Frente Sindical liderado por Hugo Moyano realizó el acto en la sede de la Ciudad de Buenos Aires del Smata, convocatoria a la que también se sumaron Hugo Yasky y Omar Plaini.
 
En el distrito de Merlo se convocó el peronismo bonaerense liderado por Gustavo Menéndez. El acto fue encabezado por Máximo Kirchner y contó también con intendentes como Martín Insaurralde, de la Tercera Sección donde Cristina mantienen su centro de gravedad electoral.
 
Por otra parte el cristinismo organizó un acto en la provincia de Corrientes, que fue encabezado por Agustín Rossi y José Luis Gioja y que contó con la presencia de sectores de La Cámpora. La elección de Corrientes no parece casual: los K intentan fortalecerse en el litoral, para desde allí contrapesar los territorios comandados por el PJ, en el caso que tengan que enfrentarlo.
 
En Tucumán, uno de los temas principales que se planteó desde el escenario fue la estrategia del peronismo para las próximas elecciones. En ese sentido, el mandatario tucumano Manzur sostuvo que, en 2019, el partido "tiene y debe de ir unido" a las urnas y debe encontrar "a los mejores hombres y mujeres para recuperar el gobierno de la Nación. Ese es el objetivo, para eso es el esfuerzo". Y no dudó en apuntar directamente contra Mauricio Macri y su rumbo económico: "Hoy este modelo nacional está destruyendo a la clase media".
 
La diputada Graciela Camaño fue otra de las oradoras. La legisladora del Frente Renovador le dedicó gran parte de su discurso a la política económica neoliberal de Cambiemos. "A la mierda los prolijitos, nos están llevando a la ruina e hipotecando el país", expresó en un encendido discurso. En la misma línea crítica, aseveró que "la Patria está en peligro" y que las economías regionales "agonizan por un gobierno liberal e individualista".
 
Manzur, Héctor Daer y Camaño, los tres oradores de un acto con 100.000 peronistas, coincidieron en la necesidad de unificar a las distintas vertientes del justicialismo para recuperar el Gobierno en 2019.
 
La Opinión Popular

17-10-2018 / 12:10
El juez Luis Silvio Carzoglio desestimó este martes por la mañana el pedido de prisión, que había solicitado el fiscal Sebastián Scalera, para Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita contra el Club Independiente.
 
En su fallo escribió: "las presuntas acciones y conductas de Moyano de ningún modo, y por el momento, pueden considerarse abarcadas por los delitos que se le pretenden endilgar". Esa decisión desató un vendaval político.
 
En horas de la tarde el juez dio una conferencia de prensa denunciando aprietes, amenazas telefónicas a él y a su esposa y una campaña de los "grupos mediáticos Clarín y La Nación" y adjudicó la filtración de la resolución que desestima el pedido de prisión para el Secretario General de Camioneros, al personal de la fiscalía General de Cámara de Lomas de Zamora.
 
El juez de Lomas de Zamora afirmó que: "apenas retirado del juzgado el expediente, a los 20 minutos ya estaba en las redes la resolución" y agregó que la información dada por el diario Clarín y La Nación es la mitad verdadera y la otra mitad mentira: "son los famosos carpetazos y a mí no me van a correr con carpetazos".
 
Tanto Hugo Moyano como la oposición K reivindicaron la figura del juez, como la de un magistrado imparcial que al fin se le anima al poder.
 
Mientras los voceros no oficiales de Cambiemos (los principales medios), con La Nación y Clarín a la cabeza se encargaban de publicar el "curriculum" de Carzoglio, un hombre ligado al PJ bonaerense desde que Cacho Álvarez, que hoy integra la pata peronista de Cambiemos en Avellaneda, era intendente de esa localidad. Hoy Álvarez está enfrentado al intendente K, Jorge Ferraresi.
 
Sucede que el gobierno de Mauricio Macri utiliza, e impulsa, las causas judiciales contra Moyano como una forma de acorralar al dirigente sindical opositor, pero también es una manera de cargar contra las organizaciones sindicales. Las causas judiciales contra los Moyano, más allá del origen verdadero de las acusaciones, que deberán ser probadas, apunta a ese fin último: la persecución a los sindicatos que reclaman.
 
Además, la alianza anti peronista Cambiemos viene dando sobradas muestras, desde que asumió, que la defensa "republicana" de la independencia de poderes era solo un slogan de campaña.
 
La Opinión Popular
17-10-2018 / 12:10
El pasado 4 de octubre se conocía el decreto (882/2018) a través del cual Mauricio Macri se excusaba de intervención alguna en la causa del Correo Argentino y la millonaria deuda que arrastra con el Estado desde el año 2001. Así, en una maniobra para mostrar transparencia donde no la hay, el Presidente delegó las responsabilidades en la Vicepresidenta, "en tanto sus familiares mantengan sus participaciones" en la firma.
 
Hoy apenas 12 días después, la vicepresidente Gabriela Michetti firmó un decreto (907/2018) en el cual cierra la investigación administrativa impulsada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
 
Dicha investigación fue abierta en 2017, cuando junto con la causa penal en la que se encuentran imputados Macri, el actual ministro de Defensa Oscar Aguad y el funcionario Juan Manuel Mocoroa se abrieron dos expedientes administrativos: uno en la Oficina Anticorrupción y otro en la Procuración del Tesoro.
 
¿El motivo? el escandaloso acuerdo registrado a mediados del 2016 entre el Correo Argentino y el Gobierno de Macri, que implicaba una quita del 98,82 % del total de la deuda cuando finalizara de pagarse la última cuota en el año 2033. En total, la familia Macri se ahorraba unos 70.000 millones de pesos, según la proyección.
 
A pesar del enorme beneficio que recibía la familia Macri gracias al acuerdo entre el Correo y el Ejecutivo, tanto la OA que conduce la militante macrista Laura Alonso como la Procuración del Tesoro concluyeron en que no hubo irregularidades. Sin embargo, la resolución de esta última fue apelada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
 
Entre las idas y vuelta de la causa, en junio pasado, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías -un hombre puesto por Macri luego de que saltara el escándalo- resolvió dar por terminado el sumario donde se investigaba la posible responsabilidad administrativa. Pero Rodríguez apeló la medida a través de un "recurso jerárquico" en el que advertía que no se hizo una investigación completa de los hechos.
 
Ese último recurso fue el que rechazó Michetti en el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial. Y en el texto afirma que "con el dictado del presente acto queda agotada la vía administrativa". Ahora tras este guiño de Michetti, al fiscal Rodríguez se le agotaron las vías administrativas y le queda solo pedir un recurso de reconsideración, para poder continuar la investigación sobre esta gran estafa.
 
En resumen, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y que firmaron la vicepresidente Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se enterró la investigación por el autoperdón de $ 70 mil millones de Macri a la familia Macri por el Correo Argentino.
 
La Opinión Popular

16-10-2018 / 19:10
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