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Nacionales - 11-09-2017 / 09:09

Los empresarios reclaman la precarización laboral para disminuir el costo de echar trabajadores

Los empresarios reclaman la precarización laboral para disminuir el costo de echar trabajadores
Inmerso en la burbuja creada por los consejos de Jaime Durán Barba, el Gobierno de Macri insiste en un discurso “optimista” que niega la realidad que viven a diario las mayorías trabajadoras. Basado en ese inverosímil relato, confía en obtener un resultado electoral positivo. De lograr un buen desempeño en las urnas, estaría más cerca de avanzar en la aprobación de un conjunto de reformas en contra de los derechos de los trabajadores, copiadas del presidente brasileño Temer.
Formalmente todavía no empezaron las discusiones por la "reforma laboral", pero los grandes empresarios ya pusieron manos a la obra como si estuvieran jugando una carrera contrarreloj. Saben que ahora hay un momento político particularmente favorable para impulsar estos cambios, por el discurso que tienen los principales funcionarios de Cambiemos, empezando por el propio Mauricio Macri.

La llamada "reforma laboral" tiene el objetivo de aumentar las ganancias de los empresarios a costa de las condiciones de trabajo. Sin embargo, funcionarios macristas y grandes medios afines quieren vender la idea de que esta pérdida de conquistas es una "modernización" de las relaciones laborales, que permitirá a los empresarios ganar "competitividad", bajar el costo laboral y de esa forma generarían más empleo.
 
Si bien aún no se conocen los detalles de los proyectos que presentará el macrismo, no es ningún secreto que la reforma laboral prevista busca copiar parte de la aprobada recientemente en Brasil. La gran mayoría de las iniciativas locales están dirigidas a eliminar derechos de los trabajadores y es por eso que ya prepararon su agenda de propuestas.

 
Los empresarios dicen que no apuntan a cambios drásticos en la legislación -saben que encontrarían resistencia sindical-, sino a la eliminación de situaciones en las que sostienen que habría un supuesto trato discriminatorio contra ellos y que, en definitiva, encarecería el empleo y desestimularía la contratación de personal.
 
Todos los requerimientos patronales apuntan en el mismo sentido: que disminuyan "la industria de los juicios" y se sancionen normas que permitan determinar con mayor claridad los costos laborales, incluidos los pasivos contingentes, como puede ser la previsión de una indemnización por despido, para poder echar trabajadores.
 
Hasta ahora, los funcionarios han tratado de bajar el tono político de la reforma. Ante los medios de comunicación, suelen hacer hincapié en que todos los cambios se harán por "consenso". Esto responde a una estrategia cuyo eje central es que no se asocien las modificaciones que se vayan a plantear con una "reforma a la brasileña".
 
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, descartó expresamente la idea de que en la Argentina avance en planteos como en Brasil, que han sido criticados por afectar los derechos de los trabajadores y por mermar el poder de negociación de los gremios.


Pero, al igual que la "pobreza cero", no es más que otra mentira de este Gobierno. Si ganan las elecciones de octubre, encararan reformas laborales anti obreras, reformas tributarias que favorezcan solo a los grandes empresarios y reformas previsionales para aumentar la edad de las jubilaciones.
 
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Los empresarios ya tienen su agenda para la reforma laboral: el foco está en disminuir el costo de los despidos
 
Por caso, apuntan a que si una empresa otorga beneficios no remunerativos (por ejemplo, un celular para uso personal del empleado), la Justicia no los considere como un ítem más en el cálculo de una indemnización por despido.
 
Situaciones de este tipo han hecho que los empresarios, a través de sus asesores legales, hayan preparado su lista de peticiones para negociar con el Gobierno y sindicalistas apenas comiencen las conversaciones formales.
 
De momento, la preocupación del sindicalismo local es no perder recursos financieros si se llegara a avanzar en una reducción de las cargas patronales, porque entienden que se reducirán los fondos que perciben por obras sociales. Para enfrentar esa reducción, apuntan a ser compensados con el dinero que el Gobierno les gire como consecuencia del blanqueo de empleados.
 
Triaca ya mantuvo reuniones con un grupo de integrantes del interbloque de Cambiemos en el Senado, con el fin de informales sobre la propuesta de blanqueo laboral.
 
 
Primeros puntos de la agenda
 
Uno de los objetivos que persigue el plan oficial es regularizar la situación de unos 300.000 trabajadores informales por año, y así evitar un alza del desempleo y de la informalidad. Otro es disminuir los "impuestos al trabajo". Es decir, los aportes y las contribuciones que los empleadores deben hacer por cada uno de sus dependientes.
 
Para ello, el Gobierno analiza aplicar una rebaja en las cargas laborales, un ítem incluido en el proyecto de reforma tributaria en manos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Además, la iniciativa prevé el ofrecimiento de planes de facilidades de pago y hasta la condonación de interés para quienes registren empleados informales.
 
Otro de los objetivos es rever los montos de las sanciones, ya que encarecen sobremanera los costos laborales. Sumado a lo anterior, también se evaluará que, a los fines de cualquier reclamo laboral de registro, solamente se consideren los últimos dos años de la relación laboral.
 
Otro de los aspectos de la iniciativa se orienta a determinar con mayor exactitud el concepto de remuneración. Es decir, qué rubros incluye y cuáles no. Este punto es clave para las compañías, porque les posibilitaría reducir reclamos posteriores por parte de sus dependientes, vinculados a cobros "en negro".
 
Otro de los aspectos que se pondrá en consideración -en el que coinciden los hombres de negocios y los asesores de empresas-, es que si un empleado no está bien registrado sólo se duplique la pena y no que la misma se multiplique varias veces.
 
Sumado a lo anterior, en los casos de un asalariado en "gris" (es decir, que percibe parte en blanco y parte en negro) la duplicación indemnizatoria se tome sobre la parte irregular pero no sobre el total.
 
Uno de los puntos que más preocupa a las empresas es qué tratamiento se le dará a los beneficios y sumas no remunerativas. Bajo este concepto aparecen beneficios como los bonos, la medicina prepaga, viáticos, telefonía y un largo etcétera que compañías han venido usando para mejorar la situación de sus dependientes.
 
Ocurre que, actualmente, muchos juicios se originan porque al producirse un despido, las empresas realizan el cálculo indemnizatorio solamente sobre la base del salario formal. Es decir, no contemplan beneficios extra. Lo hacen bajo el argumento de que la ley no obliga a tomar en cuenta los beneficios no remunerativos para el cálculo de una cesantía. Sin embargo, es frecuente que este procedimiento luego sea objetado en la Justicia y las firmas se expongan a condenas millonarias.
 
Por lo pronto, la tendencia actual de los jueces es la de hacer lugar a estos pedidos e incrementar sustancialmente el monto del resarcimiento, hasta unas tres o cuatro veces, al incluir sanciones originadas por las leyes que castigan el empleo no registrado. La cifra termina siendo tan abultada que muchas de las pequeñas y medianas empresas quedan al borde de la quiebra.
 
Es por ello que los ejecutivos de negocios consideran indispensable eliminar las contingencias actuales, bajando los costos derivados de la discusión por el llamado "incorrecto registro". En el caso del uso personal del celular, computadora, auto u otro beneficio otorgado, los asesores de compañías advierten sobre los elevados riesgos de que los magistrados los consideren como parte integrante de la remuneración.
 
Con respecto al pago directo de un plan de cobertura médica para el empleado y su grupo familiar, sostienen que no debe formar parte del salario. "En las relaciones laborales, se ha creado un altísimo nivel de conflictividad sobre cuestiones que son muy discutibles y opinables. Los montos terminan siendo irrazonables", comenta Daniel Orlansky, socio del estudio Baker & Mckenzie, a iProfesional.
 
"Hay que ir hacia un sistema racional y equilibrado que permita sostener a las empresas, que castigue al que no cumple pero sin que eso signifique un enriquecimiento desmedido para el trabajador", remarca.
 
Para Orlansky, resulta inadmisible que por los beneficios que una empresa brinda a su personal termine pagando sanciones altísimas, que se suman a los honorarios de los profesionales intervinientes. El experto destaca que el blanqueo laboral debe servir para mejorar o resolver la situación de todos aquellos que tuvieron "contratistas" o empleados en negro durante los últimos 10 años.
 
El abogado laboralista Javier Adrogué ve con buenos ojos la idea de que se contemple "un listado de prestaciones en especie y complementarias que queden exentas de cargas sociales", como pueden ser celulares, vehículo u otro tipo de bienes o servicios. "El costo laboral puede reducirse si se introduce una modificación legislativa que exima transitoriamente de cargas sociales a determinadas sumas pactadas en los convenios colectivos de trabajo", afirma.
 
 
Diferenciar entre grandes y chicos
 
Si la reforma laboral se limita a aplicar sanciones a las empresas que no se adhieran al régimen, difícilmente tenga éxito, anticipan los abogados laboralistas.
 
En otro orden, quienes representan a empresas pequeñas y medianas se muestran a favor del blanqueo pero solicitan que sean consideradas las diferencias económicas y los costos entre la Capital Federal, el conurbano bonaerense y el resto del país.
 
Un dato que aportan para demostrar la disparidad es que hay lugares en las provincias en que la masa laboral no registrada llega a superar el 80%. En tanto, en la parte más populosa de Buenos Aires y en la Ciudad, apenas pasa el 10%.
 
Los abogados, tanto de compañías como de los trabajadores, esperan los números del Presupuesto 2018 que deberá presentarse antes del 15 de septiembre en el Congreso. Es que revisar los renglones de la "ley de leyes" servirá para conocer las cifras que maneja el Gobierno.
 
Desde el sector empresarial afirman que modificar las leyes que rigen las relaciones empleado-empleador hará que "el país crezca y genere más empleo".
 
Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y titular de Copal, asegura que uno de los planteos centrales es la rebaja de los aportes patronales. "La sobrecarga sobre un salario de bolsillo supera el 60%, y en algunos casos llega al 80%. Esto se traduce en un enorme desincentivo para blanquear personal", señala.
 
Martín Bardi, abogado del estudio Aguirre Saravia & Gebhardt, espera que el blanqueo que llegará luego de octubre solucione el núcleo central de la informalidad y pide que no se cometan los errores de la Ley de Empleo 24.013 o la Ley 25.323.
 
Tales normativas dieron lugar a una serie de reclamos judiciales que tergiversaron la finalidad perseguida, especialmente en materia de contratación y subcontratación. "Se cayó en el error de creer que con más y más penalidades a las empresas, o con interpretaciones judiciales con estricto apego a la letra de la ley, se solucionaría el problema", remarca. En su visión, en la práctica ocurre todo lo contrario, especialmente en el sector de las pequeñas y medianas firmas, motor fundamental de la economía.
 
Para Adrogué la reforma debe apuntar a alivianar la carga de pequeños empleadores. Concretamente, la de aquellos que cuentan con hasta 50 empleados, ya que "están sumergidos en una economía clandestina y ello limita su capacidad de acción".
 
Como sus ingresos son en negro, no tienen forma de "explicarle" al fisco cómo pueden atender el costo laboral de los empleados una vez que los han incorporado al sistema. "Para estos empleadores, recién después aparece el problema del costo laboral que, en actividades con márgenes reducidos, resulta imposible de soportar", señala Adrogué.
 
Los expertos agregan un dato clave para aquellos que deben llevar a cabo la negociación por el blanqueo: en los últimos años, no menos del 70% de los trabajadores en negro corresponden a empresas que ocupan menos de 20 personas.
 
Por Sebastián Albornos
 
Fuente: iProfesional
 

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20-01-2018 / 17:01
Los referentes legislativos de Cambiemos retornaron de sus vacaciones esta semana y volvieron a las playas con una certeza: será difícil dar grandes batallas en el Congreso este año, tras la traumática sanción de la reforma previsional.
 
"Sólo tendremos leyes con debates abiertos y participativos", fue la consigna que los diputados Emilio Monzó y Mario Negri y los senadores Luis Naidenoff y Federico Pinedo le comunicaron a sus pocos pares que atendían el martes. Venían de escucharla en la Casa Rosada, en la primera reunión de gabinete ampliada del año. La próxima será en un mes, ya en el retiro espiritual de Chapadmalal.
 
Entretanto, Mauricio Macri echó leña al fuego con nuevos DNUs que enfurecieron al peronismo dialoguista, mote asignado a los bloques referenciados en los gobernadores que le ayudaron estos años a tener leyes, aunque no tanto como él hubiera querido.
 
Desde sus casas o sus remansos vacacionales, los peronistas no K cruzaron llamadas que derivaron en un comunicado del Bloque Justicialista en contra del megadecreto de reforma del Estado. Ya hablan de una mini cumbre informal en Salta, donde trabaja full time Pablo Kosiner, jefe del BJ, artífice de los avatares de la reforma previsional en Diputados.
 
Macri quiere que los legisladores no sean protagonistas y sólo debatan leyes con amplios consensos y sin riesgos. Y está dispuesto a resolver los temas cruciales por decreto. En Cambiemos admiten que Mauri no se acostumbró a la negociación permanente y prefiere ignorarlos todo lo posible.

20-01-2018 / 11:01
Nicolás Caputo, el "hermano de la vida" del presidente Mauricio Macri, vendió la empresa emblema de la familia al Grupo TGLT, propiedad de Federico Weil.
 
En medio de denuncias por preferencias en la polémica adjudicación de obras públicas por parte del gobierno de Cambiemos a Caputo, el blanqueo de 26,5 millones de dólares que realizó el año pasado y luego de haber capitalizado en dos años la empresa en cinco veces su valor, "Nicky" Caputo y el resto de los socios familiares se aleja del negocio de la construcción cediendo en total el 82,32 por ciento en la constructora a otro empresario cercano a Cambiemos.
 
Se trata del vicepresidente de TGLT, Darío Lizzano, quien a través de su fondo de inversión es socio en Genneia de la familia Brito, que se quedó con un parque eólico que tenía en su poder Socma y derivó en una denuncia penal contra Macri.
 
El empresario Nicolás Caputo es el quinto empresario que más ganó en lo que va de la era Macri. Primo hermano del actual Ministro de Finanzas Luis Caputo y amigo íntimo del presidente Macri, su negocio creció sostenidamente en los últimos diez años con obras en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. La capitalización de la firma se disparó con su amigo del alma en la Jefatura de CABA, primero, y en la Presidencia, después.
 
Con la victoria en ballotage de Macri para presidir la Nación, las acciones de Caputo subieron muy fuerte. De los 6,70 pesos que valían en octubre de 2015 pasaron a 33,90 el mismo mes del año pasado, con un alza de 405,9 por ciento.
 
Desde la asunción de Macri como presidente, Caputo Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera (SAICF) registró una ganancia neta de 143,8 millones de pesos. Pero las denuncias en los últimos dos años de gestión del macrismo no se circunscribieron sólo a ser beneficiado por la obra pública licitada sino que se suma el hecho de haber sido parte del clan presidencial que aprovechó el programa de Sinceramiento Fiscal que lanzó el Gobierno con destino a contribuyentes para blanquear 465 millones de pesos, equivalente a 26,5 millones de dólares.
 
El "hermano de la vida" de Mauricio decidió entonces vender su empresa, en una operación por u$s 109 millones.
 
La Opinión Popular

20-01-2018 / 10:01
Apocalypse now a vuelo de helicóptero con fondo de Simpatía por el diablo, de los Stones. Explosiones y voladuras: la nafta argentina ya es la segunda más cara de la región, sólo detrás de Uruguay, que está entre los diez países del mundo que la tienen más cara. En Estados Unidos está a la mitad. Desde que subió Mauricio Macri subió el cien por ciento.
 
Llamaradas de napalm: con los últimos aumentos del 70 por ciento que se aplicarán entre enero y abril, la electricidad argentina estará entre las diez más caras del mundo y siguen los cortes de luz peor que antes.
 
Incendios y demoliciones: cuando se termine de aplicar el cien por ciento de aumento al transporte público, estará entre los 20 más caros del mundo. En los países donde las tarifas son similares o más caras que en Argentina, el salario promedio es el doble o el triple que aquí.
 
Granadas y metralla, obuses y trazadoras: hay que sumar el 40 por ciento de aumento al gas y el 70 por ciento a los peajes bonaerenses. Los precios se disparan y anuncian paritarias con techo-zócalo del 15 por ciento y sin cláusula gatillo.
 
Dirán que es exagerado pero que le vayan a preguntar a una familia de ingresos medianos o bajos. Es lo más parecido al Infierno, sufrimiento que provocó Cambiemos con los votos que logró en 2015 y en octubre de 2017, muchos de los cuales provinieron de sectores como maestras y jubilados que se erigieron así en artífices de su propia condenación arrastrando al resto de la sociedad.
 
Atenuante: para no espantar ese voto, Cambiemos posdató los aumentos para después de las elecciones de medio término y recién ahora empiezan a sentirse los mordiscones en el salario.
 
Las maestras que votaron a Cambiemos reciben ahora la noticia de que Mauricio Macri anuló la paritaria nacional docente que establecía un piso en todo el país para las paritarias provinciales. Ese voto implicó pérdida de capacidad adquisitiva para sus salarios, pero también funcionó para desfinanciar a la educación pública.
 
Es el gobierno de los Ceos que se formaron en la educación privada que le está dando una clase a esas maestras de cómo se destruye a la educación pública que ellas integran.
 
Los numerosos jubilados que optaron por ese voto se anoticiaron -después de las elecciones- que habían facilitado el camino a Cambiemos para establecer la reforma previsional que modifica el índice de movilidad de sus jubilaciones, pensiones a discapacitados y ex combatientes de Malvinas y la AUH y por lo cual el aumento será menos del que recibían antes.
 
O sea que votaron para que les bajen la cantidad de lo que reciben a fin de mes. Pero la reforma facilitada por sus votos implica también el desfinanciamiento de la ANSES, una condena a mediano plazo. Con los quites legislados, se calcula que para 2022, el sistema tendrá pérdida, dejará de ser autosustentable.

19-01-2018 / 11:01
La compra de dólares para atesoramiento fue el elemento principal de la salida de divisas en 2017. El balance cambiario que entregó ayer el Banco Central indica que el año pasado se registraron compras de moneda extranjera por 47.931 millones de dólares brutos y 22.148 millones en términos netos, es decir, descontando las ventas de billetes en el mercado interno.
 
El documento precisa que en diciembre se perdieron 5515 millones de dólares brutos por compras del sector privado y la fuga fue de 2737 millones en números netos. Se trata de los niveles de fuga más elevados desde agosto de 2009, cuando estalló la crisis financiera internacional.
 
El mes pasado hubo más de un millón de personas (1.040.000) que compraron dólares, cuando en meses anteriores la cantidad de clientes era cercana a los 800.000. El 96 por ciento de los que compraron fueron clientes minoristas.
 
Estos datos ponen en evidencia las consecuencias de la apertura comercial. La industria, por las importaciones, registra un nivel cada vez más deficitario, mientras que los sectores dedicados a la exportación de materias primas siguen siendo los únicos con saldo favorable de comercio. La economía se reprimariza, pierde empleo y capacidad de producir.
 
Las inversiones extranjeras directas sumaron 299 millones de dólares en diciembre y acumularon 2497 millones en el año. La cifra resulta muy baja cuando se la compara contra el ingreso de inversiones de portafolio, que en lugar de tener fines productivos se destina a comprar instrumentos financieros de corto plazo como las Lebac.
 
Este rubro registró una entrada de 1208 millones de dólares el mes pasado y de 15.783 millones en el acumulado del 2017. Esto implica que el país registró la llegada de unas 6 veces más capitales para especular que para invertir en la economía real.
 
En lo que refiere al giro de utilidades, en diciembre las multinacionales enviaron a sus casas matrices 283 millones de dólares y acumularon envíos por 2125 millones en el año. Se trata de otra fuente de pérdida de divisas de la economía local, en la cual se observa una de las fugas de capitales más elevadas en 30 años.
 
Esto se debe a las medidas de desregulación financiera que se tomaron a lo largo del año pasado, para permitirle a distintos sectores comprar moneda en forma ilimitada, entrar y sacar dólares del mercado interno sin tiempos prudenciales y autorizar a los exportadores a dejar de liquidar sus ventas en el país.
 
Por el momento este rojo externo se compensa con un fuerte endeudamiento, que supera los 30 mil millones de dólares.

19-01-2018 / 10:01
Como en sus mejores tiempos, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo juntaron a sindicalistas afines en Mar del Plata y emitieron un duro documento contra el gobierno de Mauricio Macri, que llevarán a sus pares en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo de la CGT, prevista para febrero.
 
"Hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, es el resultado de los dos primeros años de Macri", según una frase del documento que se titula la "Declaración de Mar del Plata", en el que los sindicalistas reclaman derogar la reforma previsional, cajonear la laboral, que las paritarias no tengan tope del 15% y eliminar los decretos de Macri.
 
Apuntaron contra el fin de la inembargabilidad de los salarios y la habilitación a crear fideicomisos con Anses ("no queremos timba financiera con plata de jubilados"), que forma parte del megadecreto de Macri. También cuestionaron la anulación de la paritaria docente, por otro decreto.
 
En esta convocatoria se defendieron de la campaña antisindical del Gobierno y buscaron frenar la receta de Cambiemos de "meter en cana" a sindicalistas en momentos críticos u oportunos, en un contexto en el que la imagen del Gobierno decae por despidos, represión o revisión del plan económico. Todos aspectos de la realidad que buscan tapar o disimular en lo posible.
 
El objetivo es mostrar a los dirigentes sindicales hasta dónde puede llegar el Gobierno. Lo que se busca con este accionar es intimidar a los gremios para frenar las protestas que renacen en la Argentina ante el cierre de empresas, que ha llevado a una creciente desocupación. Se advierte también una campaña destinada a ponerle un freno a las paritarias, a los fines de contener una inflación creciente no resuelta por las autoridades económicas.
 
Dirigentes sindicales con las manos sucias hay unos cuantos. Si han cometido un delito o irregularidad en el manejo de sus sindicatos, el mismo debe ser sometido a los dictámenes de la Justicia, pero eso no significa que se pueda aprovechar esto para avanzar sobre los derechos de los trabajadores, los cuales se alcanzaron a través de décadas de lucha y muchas vidas.
 
El sindicalismo combativo sostiene que la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Macri no hace más que cercenar derechos consagrados de los trabajadores, y que lo que intenta el oficialismo es copiar el modelo chino o el de la India, donde los trabajadores están sometidos a un régimen de semiesclavitud y con nula representación gremial.
 
Si se impone el régimen laboral macrista, quienes terminarán siendo ganadores son los grandes grupos empresarios, y los que acaban perdiendo serán los trabajadores, que verán disminuir sus derechos y sus salarios en forma significativa ante la mirada complaciente del gobierno de Macri hacia las desmesuradas pretensiones empresariales.
 
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