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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 12-08-2017 / 17:08
AUMENTO DESMESURADO DE PRECIOS

Macri lo hizo: Las compras en la Argentina son un 40% más caro que en el resto de Sudamérica

Macri lo hizo: Las compras en la Argentina son un 40% más caro que en el resto de Sudamérica
La realidad económica que vive el país dista de estar entre las mejores. Los presupuestos familiares se han visto enormemente resentidos en los últimos meses por la suba sin freno de la inflación, lo que ha llevado a un incremento desmedido en los precios de los productos de la Canasta Básica, produciendo una sostenida caída del consumo.
 
Según datos relevados por diferentes organismos de defensa de los intereses de los consumidores, hacer las compras en la Argentina es un 40% más caro que en el resto de los países de Latinoamérica, trepando en algunos casos la diferencia hasta el 100%. Los precios de los artículos indispensables para la subsistencia son mucho más baratos en territorios como Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia o Colombia al compararlos con los valores que imperan en suelo nacional, una paradoja increíble para un país que elabora alimentos para 400 millones de personas.
 
Diversos analistas y referentes de usuarios consultados explican que este fenómeno se debe a varias causas, entre ellas un índice inflacionario que no puede ser contenido por las autoridades, lo que ha provocado que los valores de los artículos esenciales se hayan ido por las nubes, convirtiéndose en inaccesibles para la mayor parte de la población.
 
A eso se le suma la profunda concentración de los diversos rubros de la producción, lo que lleva a que unos pocos impongan los precios del mercado. Además, al no existir controles por parte del Estado, estas empresas se manejan como quieren, imponiendo precios abusivos de los distintos productos, provocando la consecuente pérdida para los bolsillos de los ciudadanos.

 
Para arriba
 
En la Argentina un kilo de pan tiene un valor promedio de $40, mientras que en países como Paraguay su costo es de $19. Es decir, en nuestro país uno de los productos típicos de las mesas de las familias sale un 105% más. En Chile, por su parte, este producto está a $20, mientras que en Brasil su precio es de $29, en Bolivia, de $24 y en Colombia, de $22.
 
Adquirir un kilo de arroz en suelo nacional cuesta $30, mientras que en Colombia sale $17, es decir, casi un 85% menos. En Brasil y Paraguay sale $22, en Chile, $23 y en Bolivia, $25.
 
En otro producto como la leche se repite la misma historia, con un valor promedio en la Argentina por litro de $24, cuando en territorio cafetero sale $19 (60% menos), en Bolivia y Paraguay $17, en tierra carioca $19 y cruzando la cordillera $20.
 
Ocurre algo similar con el importe del aceite, un producto que se utiliza en cualquier comida para adobar, condimentar y cocinar los alimentos. El litro de este artículo, común en todas las tertulias familiares, vale en territorio nacional $32, cuando en Paraguay este producto se adquiere por $21, o sea, un 52% menos, mientras que en Chile sale $23, y en Bolivia, Colombia y Brasil $26.
 
En el caso del pollo, la Ar­gentina pasó de ser exportador mundial a te­ner que importar este producto, por lo que el kilo del ave se fue a $40 en las carnicerías y supermercados, cuando en Bolivia se obtiene por $23 (74% menos), en Paraguay y Colombia por $26, en Brasil por $27 y en Chile por $35.
 
Caso curioso es el de las manzanas, que sale $40 el kilo en la Argentina, pero, dada la inmensa crisis en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, se debe importar la fruta desde Chile, donde sale $22 el kilo. A su vez, el producto cuesta $29 en Colombia, $30 en Paraguay, $31 en Brasil y $32 en Bolivia.
 
 
Comer un asado, una misión imposible
 
Una tradición que pasó de una generación a otra en nuestro país es la de juntarse a comer un asado los fines de semana con familiares y amigos. Esa costumbre tan típica de los argentinos parece estar hoy en extinción, a causa de los altos valores en los que se encuentra el kilo de carne. De esta manera, en nuestro país comer un asado casi puede considerarse un lujo para un importante porcentaje de la población.
 
Solo en los últimos 19 meses, el precio del asado se incrementó en más de un 90 por ciento, costando hoy un kilogramo de esta carne más de $125, con lo que organizar esta comida para una familia tipo de cuatro personas se ha convertido casi en una misión imposible.
 
Un kilo de vacío cuesta en la Argentina $146, mientras que la misma cantidad de producto en matambre sale $155. Si se lo quiere acompañar con algunas achuras, el valor se encarece aún más, ya que los chorizos cuestan $110, las morcillas, $105, y las salchichas parrilleras se encuentran en los $155.
 
Tan insólita es la situación que un kilogramo de carne sale más barato en otros países de Sudamérica que en la Argentina. Tal es el caso de Brasil, donde un kilo de asado cuesta $98, el corte del vacío, $130, y los embutidos, $100, mientras que las salchichas parrilleras trepan a los $135.
 
Mayor diferencia hay en Colombia, ya que en tierra cafetera -un país no productor de este tipo de carnes- se puede adquirir el kilo de asado por $87, el de vacío por $116, achuras parecidas a nuestros chorizos y morcillas por $95, y el matambre se consigue a $135 el kilogramo.
 
Idéntica situación se vive en Paraguay, donde el valor del asado ronda los $100 por kilo. A su vez, en tierra guaraní el vacío se consigue por $128 y las salchichas parrilleras se adquieren por $140.
 
Como puede observarse, este hábito tan popular y característico de nuestro país está cada vez más en desuso por parte de los argentinos, quienes, por cuestiones meramente económicas, se ven obligados a postergar las reuniones de amigos para mejores tiempos.
 
 
El ocio, una actividad para pocos
 
Disfrutar el tiempo libre es una necesidad, aunque hacerlo parece ser cada vez más caro e inaccesible para los argentinos. Esto se debe a que en nuestro país una entrada al cine cuesta $145, cuando en Brasil el ticket para ver una película sale $135, en Chile, $121; en Bolivia y Paraguay, $115, y en Colombia, $75.
 
Juntarse a charlar con amigos en un bar suele ser una de las distracciones típicas de los ciudadanos de nuestro país, aunque hoy es un lujo: tomar una cerveza de litro sale en cualquier negocio entre $90 y $110, de acuerdo a la calidad de la misma. En cambio, en Brasil este producto se adquiere por $85, en Bolivia, por $90; en Chile, por $82; en Paraguay, por $78, y en Colombia, por $88.
 
Un menú en una casa de comidas rápidas para los más chicos en la Argentina se puede adquirir por $135, mientras que en Brasil, por $130; en Bolivia, por $115, cruzando la cordillera cuesta $110, en Paraguay, $105, y en Colombia, $90.
 
 
PALABRAS AUTORIZADAS
  
"Desechan el consumo interno porque da menores ganancias"
 
Claudio Boada, Director de Unión de Usuarios y Consumidores
 
"Por el tipo de producción, la Argentina exporta lo mismo que consume. Esta capacidad que tenemos para producir alimentos para 400 millones de habitantes nos afecta en el consumo interno.
 
Las grandes corporaciones que concentran la producción buscan maximizar las ganancias y pretenden ganar lo mismo en el mercado interno que la máxima ganancia posible en el mercado exterior. Desechan el consumo interno porque da menores márgenes de ganancias. Esto afecta a los consumidores, pero también a los productores en general. Estamos acostumbrados a que quienes dominan las cadenas productivas paguen migajas para abajo (a pequeños y medianos productores) y cobren fortunas a los consumidores. No existen sistemas de protección al consumo interno que regulen los precios y los separen de los precios de exportación, ni existen sistemas que nos permitan saber con claridad cuál es el valor de cada producto".
 
 
"El problema es la falta de control por parte del Estado"
 
Susana Andrada, Titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC)
 
"La Argentina produce alimentos para alimentar a cientos de millones de personas, y sin embargo paga los alimentos más caros del mundo, algo inentendible pero propio de una tierra cargada de contradicciones.
 
Esto existe por la concentración del mercado, algo que está siendo analizado en distintas partes del mundo. En otros países también es elevada, pero existe un Estado regulador que evita el abuso de posición dominante o la distorsión de los precios.
 
El problema es la falta de control por parte del Estado. ¿Qué significa esto?, que cuando hay concentración del mercado y hay abuso de posición dominante, concentrando la compra hacia arriba y la venta hacia abajo de un producto por parte de dos o tres empresas que se cartelizan, el problema en sí es que el Estado no aplica multas lo suficientemente altas y correctivas para que esto no vuelva a suceder".
 
 
"La concentración avanza a paso agigantado"
 
Héctor Polino, Titular de Consumidores Libres
 
"El tema del aumento excesivo de los precios en un país que es productor de alimentos se debe a la alta carga impositiva, al traslado que se hace a través de camiones, lo que no genera una baja en los costos, sino todo lo contrario.
 
Lamentablemente, la libre competencia en nuestro país ha sido eliminada y lo que vemos es que la concentración y el monopolio avanzan a pasos agigantados. Hay una falta de regulación por parte del Estado para poder llevar adelante una acción que va contra los argentinos.
 
En cuanto a la concentración de mercado, que también es una desviación para los precios, eso también se podría modificar si existiese un Estado presente que le aplique multas correctivas y no multas que terminan siendo irrisorias. Creo que esos son los factores que hacen que tengamos un mercado totalmente desvirtuado de los precios en detrimento de los consumidores".
 
Fuente: Hoy en la Noticia
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

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