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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 12-08-2017 / 17:08
AUMENTO DESMESURADO DE PRECIOS

Macri lo hizo: Las compras en la Argentina son un 40% más caro que en el resto de Sudamérica

Macri lo hizo: Las compras en la Argentina son un 40% más caro que en el resto de Sudamérica
La realidad económica que vive el país dista de estar entre las mejores. Los presupuestos familiares se han visto enormemente resentidos en los últimos meses por la suba sin freno de la inflación, lo que ha llevado a un incremento desmedido en los precios de los productos de la Canasta Básica, produciendo una sostenida caída del consumo.
 
Según datos relevados por diferentes organismos de defensa de los intereses de los consumidores, hacer las compras en la Argentina es un 40% más caro que en el resto de los países de Latinoamérica, trepando en algunos casos la diferencia hasta el 100%. Los precios de los artículos indispensables para la subsistencia son mucho más baratos en territorios como Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia o Colombia al compararlos con los valores que imperan en suelo nacional, una paradoja increíble para un país que elabora alimentos para 400 millones de personas.
 
Diversos analistas y referentes de usuarios consultados explican que este fenómeno se debe a varias causas, entre ellas un índice inflacionario que no puede ser contenido por las autoridades, lo que ha provocado que los valores de los artículos esenciales se hayan ido por las nubes, convirtiéndose en inaccesibles para la mayor parte de la población.
 
A eso se le suma la profunda concentración de los diversos rubros de la producción, lo que lleva a que unos pocos impongan los precios del mercado. Además, al no existir controles por parte del Estado, estas empresas se manejan como quieren, imponiendo precios abusivos de los distintos productos, provocando la consecuente pérdida para los bolsillos de los ciudadanos.

 
Para arriba
 
En la Argentina un kilo de pan tiene un valor promedio de $40, mientras que en países como Paraguay su costo es de $19. Es decir, en nuestro país uno de los productos típicos de las mesas de las familias sale un 105% más. En Chile, por su parte, este producto está a $20, mientras que en Brasil su precio es de $29, en Bolivia, de $24 y en Colombia, de $22.
 
Adquirir un kilo de arroz en suelo nacional cuesta $30, mientras que en Colombia sale $17, es decir, casi un 85% menos. En Brasil y Paraguay sale $22, en Chile, $23 y en Bolivia, $25.
 
En otro producto como la leche se repite la misma historia, con un valor promedio en la Argentina por litro de $24, cuando en territorio cafetero sale $19 (60% menos), en Bolivia y Paraguay $17, en tierra carioca $19 y cruzando la cordillera $20.
 
Ocurre algo similar con el importe del aceite, un producto que se utiliza en cualquier comida para adobar, condimentar y cocinar los alimentos. El litro de este artículo, común en todas las tertulias familiares, vale en territorio nacional $32, cuando en Paraguay este producto se adquiere por $21, o sea, un 52% menos, mientras que en Chile sale $23, y en Bolivia, Colombia y Brasil $26.
 
En el caso del pollo, la Ar­gentina pasó de ser exportador mundial a te­ner que importar este producto, por lo que el kilo del ave se fue a $40 en las carnicerías y supermercados, cuando en Bolivia se obtiene por $23 (74% menos), en Paraguay y Colombia por $26, en Brasil por $27 y en Chile por $35.
 
Caso curioso es el de las manzanas, que sale $40 el kilo en la Argentina, pero, dada la inmensa crisis en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, se debe importar la fruta desde Chile, donde sale $22 el kilo. A su vez, el producto cuesta $29 en Colombia, $30 en Paraguay, $31 en Brasil y $32 en Bolivia.
 
 
Comer un asado, una misión imposible
 
Una tradición que pasó de una generación a otra en nuestro país es la de juntarse a comer un asado los fines de semana con familiares y amigos. Esa costumbre tan típica de los argentinos parece estar hoy en extinción, a causa de los altos valores en los que se encuentra el kilo de carne. De esta manera, en nuestro país comer un asado casi puede considerarse un lujo para un importante porcentaje de la población.
 
Solo en los últimos 19 meses, el precio del asado se incrementó en más de un 90 por ciento, costando hoy un kilogramo de esta carne más de $125, con lo que organizar esta comida para una familia tipo de cuatro personas se ha convertido casi en una misión imposible.
 
Un kilo de vacío cuesta en la Argentina $146, mientras que la misma cantidad de producto en matambre sale $155. Si se lo quiere acompañar con algunas achuras, el valor se encarece aún más, ya que los chorizos cuestan $110, las morcillas, $105, y las salchichas parrilleras se encuentran en los $155.
 
Tan insólita es la situación que un kilogramo de carne sale más barato en otros países de Sudamérica que en la Argentina. Tal es el caso de Brasil, donde un kilo de asado cuesta $98, el corte del vacío, $130, y los embutidos, $100, mientras que las salchichas parrilleras trepan a los $135.
 
Mayor diferencia hay en Colombia, ya que en tierra cafetera -un país no productor de este tipo de carnes- se puede adquirir el kilo de asado por $87, el de vacío por $116, achuras parecidas a nuestros chorizos y morcillas por $95, y el matambre se consigue a $135 el kilogramo.
 
Idéntica situación se vive en Paraguay, donde el valor del asado ronda los $100 por kilo. A su vez, en tierra guaraní el vacío se consigue por $128 y las salchichas parrilleras se adquieren por $140.
 
Como puede observarse, este hábito tan popular y característico de nuestro país está cada vez más en desuso por parte de los argentinos, quienes, por cuestiones meramente económicas, se ven obligados a postergar las reuniones de amigos para mejores tiempos.
 
 
El ocio, una actividad para pocos
 
Disfrutar el tiempo libre es una necesidad, aunque hacerlo parece ser cada vez más caro e inaccesible para los argentinos. Esto se debe a que en nuestro país una entrada al cine cuesta $145, cuando en Brasil el ticket para ver una película sale $135, en Chile, $121; en Bolivia y Paraguay, $115, y en Colombia, $75.
 
Juntarse a charlar con amigos en un bar suele ser una de las distracciones típicas de los ciudadanos de nuestro país, aunque hoy es un lujo: tomar una cerveza de litro sale en cualquier negocio entre $90 y $110, de acuerdo a la calidad de la misma. En cambio, en Brasil este producto se adquiere por $85, en Bolivia, por $90; en Chile, por $82; en Paraguay, por $78, y en Colombia, por $88.
 
Un menú en una casa de comidas rápidas para los más chicos en la Argentina se puede adquirir por $135, mientras que en Brasil, por $130; en Bolivia, por $115, cruzando la cordillera cuesta $110, en Paraguay, $105, y en Colombia, $90.
 
 
PALABRAS AUTORIZADAS
  
"Desechan el consumo interno porque da menores ganancias"
 
Claudio Boada, Director de Unión de Usuarios y Consumidores
 
"Por el tipo de producción, la Argentina exporta lo mismo que consume. Esta capacidad que tenemos para producir alimentos para 400 millones de habitantes nos afecta en el consumo interno.
 
Las grandes corporaciones que concentran la producción buscan maximizar las ganancias y pretenden ganar lo mismo en el mercado interno que la máxima ganancia posible en el mercado exterior. Desechan el consumo interno porque da menores márgenes de ganancias. Esto afecta a los consumidores, pero también a los productores en general. Estamos acostumbrados a que quienes dominan las cadenas productivas paguen migajas para abajo (a pequeños y medianos productores) y cobren fortunas a los consumidores. No existen sistemas de protección al consumo interno que regulen los precios y los separen de los precios de exportación, ni existen sistemas que nos permitan saber con claridad cuál es el valor de cada producto".
 
 
"El problema es la falta de control por parte del Estado"
 
Susana Andrada, Titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC)
 
"La Argentina produce alimentos para alimentar a cientos de millones de personas, y sin embargo paga los alimentos más caros del mundo, algo inentendible pero propio de una tierra cargada de contradicciones.
 
Esto existe por la concentración del mercado, algo que está siendo analizado en distintas partes del mundo. En otros países también es elevada, pero existe un Estado regulador que evita el abuso de posición dominante o la distorsión de los precios.
 
El problema es la falta de control por parte del Estado. ¿Qué significa esto?, que cuando hay concentración del mercado y hay abuso de posición dominante, concentrando la compra hacia arriba y la venta hacia abajo de un producto por parte de dos o tres empresas que se cartelizan, el problema en sí es que el Estado no aplica multas lo suficientemente altas y correctivas para que esto no vuelva a suceder".
 
 
"La concentración avanza a paso agigantado"
 
Héctor Polino, Titular de Consumidores Libres
 
"El tema del aumento excesivo de los precios en un país que es productor de alimentos se debe a la alta carga impositiva, al traslado que se hace a través de camiones, lo que no genera una baja en los costos, sino todo lo contrario.
 
Lamentablemente, la libre competencia en nuestro país ha sido eliminada y lo que vemos es que la concentración y el monopolio avanzan a pasos agigantados. Hay una falta de regulación por parte del Estado para poder llevar adelante una acción que va contra los argentinos.
 
En cuanto a la concentración de mercado, que también es una desviación para los precios, eso también se podría modificar si existiese un Estado presente que le aplique multas correctivas y no multas que terminan siendo irrisorias. Creo que esos son los factores que hacen que tengamos un mercado totalmente desvirtuado de los precios en detrimento de los consumidores".
 
Fuente: Hoy en la Noticia
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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