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“Lo que veo cada vez más es la cantidad de conflictos de intereses que se producen con las familias de los funcionarios que están en el Gobierno. Esos conflictos son la puerta abierta a la corrupción”. Margarita Stolbizer
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Nacionales - 17-07-2017 / 11:07

El tema de la corrupción domina el inicio de la campaña, pero no garantiza votos

El tema de la corrupción domina el inicio de la campaña, pero no garantiza votos
Percepción de los principales problemas: Varía mucho por segmento de votantes; para los más oficialistas es importante, para los kirchneristas, no. Infografía: La Nación
El inicio de la campaña electoral quedó teñido por un tema dominante: la corrupción. La situación de Julio De Vido, la investigación por Odebrecht, la citación a la procuradora Alejandra Gils Carbó, el futuro del camarista Eduardo Freiler, las causas de Cristina y la defensa de Gustavo Arribas, entre otros casos, se impusieron en la agenda pública por sobre los temas económicos o sociales.
 
Sin embargo, no siempre es percibido como un problema crítico y en las encuestas muchas veces es superado por temas como inflación, inseguridad y desempleo. Y más aún, no tiene un correlato directo en votos y sólo es considerada una variable clave en segmentos sociales muy específicos.
 
Así lo sostienen una serie de sondeos privados y un conjunto de especialistas consultados, quienes remarcaron que en los grupos más definidos políticamente y en los sectores sociales con más necesidades básicas insatisfechas la corrupción no define su conducta electoral. Incide mucho en esa actitud la naturalización de los ilícitos, la falta de resoluciones judiciales y la priorización de los temas económicos.
 
La agenda pública del primer tramo de la campaña quedó casi totalmente dominado por los casos de presunta corrupción. La situación de Julio De Vido, la investigación por Odebrecht, la citación a Alejandra Gils Carbó, el futuro del camarista Eduardo Freiler, las causas de Cristina Kirchner, la defensa de Gustavo Arribas, entre muchos otros temas se impusieron por sobre temas económicos o sociales y se transformó en eje de debate entre los candidatos.
 
Sin embargo, en las encuestas la corrupción no siempre se ubica entre los principales temas de preocupación de la sociedad, donde se destacan la inseguridad, la inflación y el desempleo, y por eso parece no tener un correlato directo al momento de decidir el voto. Es decir, mucha atención social y mediática, pero acotada incidencia electoral.
 
Los porqués son varios: desde la idiosincrasia cívica argentina hasta las condiciones socioeconómicas del votante, pasando por la ponderación de otros factores, especialmente en aquellos electores que ya tienen su voto decidido. Sólo entre los votantes que no son fieles a un partido o a un determinado dirigente, los avances judiciales pueden inclinar la balanza.
 
Según datos de la consultora Managment & Fit, en general este ítem ocupa el quinto o sexto lugar en el orden de preocupaciones, mientras que la inflación, el desempleo y la inseguridad suelen llevarse los primeros puestos. Pero, cuando se separa por partidos la cuestión cambia: el votante de Cambiemos suele tener entre los primeros puestos la preocupación por la Justicia, mientras que los del kirchnerismo, en el sexto.
 
"Hay una segmentación socioeconómica entre los votantes. Cuando las necesidades básicas están resueltas e incluso hay mayor presencia de votantes con estudios universitarios pueden concentrarse más en la corrupción. Mientras que si esto no ocurre, hay preocupaciones que ganan terreno como la economía y el desempleo", dijo a LA NACION Mariel Fornoni, directora de Managment & Fit.
 
En ese sentido, basta con mirar algunos ejes de las diferentes campañas: "Cambiemos eligió candidatos como Graciela Ocaña o Gladys González, que reflejan la lucha contra la corrupción. Además de que en el área económica no tienen mucho resuelto. En cambio, Cristina critica la economía y el desempleo porque no puede hacer lo propio con la corrupción", señaló Fornoni.
 
En un sondeo difundido esta semana por la consultora Opinión Pública Servicios y Mercados (OPSM), sólo el 17,8% de los encuestados se expresó a favor de que el Gobierno continúe con sus investigaciones sobre el kirchnerismo.
 
Damián Fernández Pedemonte, investigador del Conicet y director de la Maestría en Gestión de Contenidos de la Universidad Austral, sumó a este análisis que "los candidatos creen que tiene mucha importancia la transparencia y por eso toman decisiones en función de ello. No es casual que Sergio Massa haga tándem con Margarita Stolbizer o que Unidad Ciudadana haya depurado de los primeros lugares de sus listas a nombres como Daniel Scioli".
 
De todos modos, el Gobierno no debe descuidar la economía a la hora de hacer campaña. Entre los votantes no polarizados y en el kirchnerismo, la preocupación por la situación económica personal es prioritaria: más del 90% del votante de Cristina cree que la economía empeoró y en los menos polarizados, más del 50%.
 
Fernández Pedemonte consideró que ahora Cambiemos torció ligeramente el rumbo y trata de vincular los escándalos de corrupción a la economía para no dejar de lado este segmento: "Creo que están haciendo un esfuerzo para que la gente entienda que la corrupción se quedó con su dinero", completó.
 
Teniendo en cuenta la relativización de los hechos de corrupción, Juan Germano, director de Isonomía Consultores, analizó que distintos sectores ponderan de forma diferente el rasgo de la corrupción, que además "está muy instalada en la cultura de nuestro país". "Dentro del segmento que vota a Cristina, el 58% considera que fue corrupta. Sin embargo, ponen en la balanza otras cuestiones que pesan más para ellos como ciertas políticas públicas, la implementación de algunas leyes, etcétera", ejemplificó.
 
En este sentido, Jorge Giacobbe, director de la consultora Giacobbe y Asociados, considera que el 70% vota "por espanto" al candidato en la vereda de enfrente y que muchas veces "la corrupción se piensa y acepta como necesaria para poder lidiar con los problemas de la Argentina. Tanto Macri como Cristina necesitan polarizar esta elección entre ellos y no tener un competidor transparente en frente".
 
De todos modos, a la hora de salir a la calle los candidatos deben concentrarse en captar el voto indeciso. "Las campañas deben dedicar tiempo a sus no votantes, a ese electorado que no tiene una identidad previa. Ahí sí que pesan las cuestiones de corrupción", explicó Germano. "Estos votantes se acercan y se alejan de la política por períodos, entonces un caso nuevo de corrupción o un descubrimiento de la Justicia puede inclinar la balanza."
 
Por Agustina López
 
Fuente: LA NACION
 
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17-01-2018 / 16:01
Esta mañana, el gobierno de Mauricio Macri publicó en el Boletín Oficial un decreto que modifica la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo y que, al modificar la representación gremial que se tenía hasta ahora en las negociaciones docentes, en la práctica le quita poder a Ctera. En declaraciones, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, afirmó: "El kirchnerismo, sea Ctera o la Cámpora, cree que son el centro del mundo".
 
La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, y su secretario general adjunto, Roberto Baradel, definieron al decreto de Macri como "un nuevo ataque a las organizaciones sindicales docentes" y anticiparon que denunciarán la medida ante la Organización Internacional del Trabajo y la Internacional de Educación.
 
En un nuevo capítulo de la ofensiva contra los gremios, mediante un decreto publicado esta mañana, se eliminó la negociación del salario mínimo nacional docente, que establece un sueldo piso en todo el país y además apuntó contra el gremio de mayor representación, Ctera, eliminando la participación proporcional en la mesa de negociación. Para Baradel, el decreto oficializado esta mañana por el Gobierno es "un mamarracho jurídico".
 
El decreto fijó el piso salarial en un 20% por encima del mínimo, vital y móvil. El monto al que hace referencia es irrisorio. Actualmente el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) está establecido en $ 9.500. Es decir, con el decreto firmado por el gobierno, el piso a partir del cual podrían negociar los gobiernos provinciales es de $ 11.400.
 
La modificación macrista implica facilitar los argumentos para negociar los salarios docentes por provincia. Con el cambio, el gobierno de Macri se saca el tema de encima y supone innecesaria cualquier discusión salarial a nivel nacional. Hay que recordar que este fue uno de los motivos por los que se dispararon conflictos con los gremios docentes en los últimos años. 

 
Tras este decreto de Macri, ¿comienzan las clases?
 
La Opinión Popular
17-01-2018 / 11:01
"Pagamos un costo tremendo por apoyar la reforma previsional y ahora nos responden con un DNU", se escuchó, palabas más palabras menos, en los diálogos telefónicos de estos días entre diputados y senadores peronistas que integran los bloques cercanos a los gobernadores.
 
La bronca se materializó en un comunicado del Bloque Justicialista de Diputados, presidido por el salteño Pablo Kosiner; y pronto se conocería otro similar del senador Miguel Pichetto y sus dirigidos. Agustín Rossi, jefe del bloque K, los invitó a unirse para voltear el decreto en recinto.
 
En ese clima, lejano a las tertulias fraternales en la Casa Rosada que cerraron el 2017, los gobernadores planean acelerar el lanzamiento de un candidato a presidente para oficializarlo después del mundial.
 
Juan Manuel Urtubey quiere ser presidente y dice tener a favor una baja imagen negativa. No quieren confluir con Cristina pero aceptan que lo mejor sería una sola primaria peronista con algún dirigente que la represente, como Agustín Rossi o Jorge Taiana.
 
Los nombres no salen de Urtubey y Juan José Schiaretti, aunque el salteño parece más interesado: no tiene reelección en su provincia y exhibe entre los suyos una baja imagen negativa, o sea, todavía puede crecer.
 
"Un 30% todavía no me conoce", se postula, aun golpeado por la derrota electoral de las legislativas, que también arrasó a su par cordobés. Pichetto, que nunca se va de vacaciones, es el más interesado en apurar un candidato e inició una ronda de reuniones con gobernadores para animarlos, todo un desafío. Este martes se vio con el entrerriano Gustavo Bordet.

17-01-2018 / 10:01
En medio de una nueva serie de aumentos desmesurados de precios y mientras los gremios reclaman la aplicación de la cláusula gatillo para los acuerdos de 2017, el gobierno de Mauricio Macri adelantó ayer que buscará ponerle un techo del 15% a las paritarias de este año.
 
"Las paritarias son libres. Lo que sí consideramos es que es muy importante que la sociedad se comprometa con esta meta del 15 %", afirmó este martes Marcos Peña en conferencia de prensa. Los que no se comprometen con la meta son los funcionarios del Gobierno de los Ricos que entraron en una vorágine de anuncios de tarifazos que no tiene pausa. Un sablazo detrás de otro.
 
Como se sabe, por especulación electoral el Gobierno decidió postergar los tarifazos para después de las elecciones. Ahora, ei promedio de las subas en todos los medios de transporte es del 65 %. Las facturas de Edesur y Edenor se incrementan en dos tramos: uno ya se aplicó en diciembre y otro en febrero. Entre ambos tramos, el aumento será de 66% y 67 % para la mayoría de los usuarios. En el caso de Metrogas, para el 55 % de los hogares el promedio de aumento alcanza a 56 %.
 
El gobierno de los CEOs busca este año imponer ese techo en paritarias sin siquiera incorporar la engañosa "cláusula gatillo": con este tipo de acuerdos, mientras durante todos los meses se pierde frente a la inflación, hay un mes puntual -el que se aplica la "cláusula gatillo"- en que se recupera parcialmente el poder de compra. Luego el salario sigue perdiendo frente a la inflación.
 
Evitar poner cláusulas de este tipo probablemente esté vinculado a evitar escenarios como el actual con reclamos de "gatillar" en comercio, bancarios y estatales. Lo cual recalienta el comienzo del ciclo de paritarias. El 15 % que propone el Gobierno está en línea con su meta de inflación (que fracasó tanto en 2016 como en 2017), pero no con la suba real de precios que esperan los analistas del establishment económico, cuyos pronósticos alcanzan hasta el 20 % para 2018.
 
La inflación estimada por Indec para el año 2017 fue de 24,8 %. Pero hay otros cálculos más altos: la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires estimó 26,1% y la CGT 27,1 %. Las paritarias quedaron por detrás: cerraron en promedio en 22,1 %.
 
Cuando el nivel que alcanzará la inflación del 2018 es toda una incógnita, el gobierno de Macri presiona para negociar hacia adelante con un techo del 15% y dar por olvidado lo que perdió el salario hacia atrás. Los gremios anticipan su rechazo y reclaman la cláusula gatillo. A este escenario se le suma el debate postergado sobre la reforma laboral, que ayer el Ejecutivo volvió a poner sobre la mesa.
 
La Opinión Popular

16-01-2018 / 16:01
La propuesta la hizo el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque K, y pronto encontró eco en el Bloque Justicialista, referenciado en los gobernadores peronistas y en sintonía con el de Miguel Pichetto en el Senado. "Los opositores, si tenemos mayoría y si tenemos 129 votos, podemos hacer sesionar la Cámara de Diputados y convocar a una sesión especial para derogar el DNU", propuso el santafesino y no tardó en recibir respuestas positivas.
 
La principal llegó en un comunicado del Bloque Justicialista, liderado por el salteño Pablo Kosiner, que también preside el interbloque federal junto a referentes de mandatarios provinciales de varios colores políticos.
 
"El DNU 27 atenta contra el rol del Congreso y la transparencia. El Gobierno tiene que respetar el debate parlamentario, no se puede saltear al Congreso de la Nación en una reforma que contempla áreas verdaderamente sensibles para el funcionamiento del Estado y el futuro de los argentinos", rechazaron los 19 miembros de esa bancada.
 
Bajo la remanida excusa de agilizar el Estado, el mega-decreto neoliberal esconde la lisa y llana entrega de la soberanía, a partir de la transferencia de la capacidad regulatoria estatal a la voluntad de las corporaciones. Y se ensambla, entre otras, con las reformas previsional y tributaria, para complementar esa transferencia de recursos y atribuciones. Además, al abordar cuestiones tributarias, lo que está expresamente prohibido por la Constitución, es inconstitucional y antidemocrático porque margina al Congreso.
 
La Opinión Popular

16-01-2018 / 16:01
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