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Nacionales - 08-07-2017 / 11:07
EL BANCO CENTRAL ESTABLECIÓ NUEVOS PARÁMETROS PARA AUTORIZAR A LOS BANCOS A TOMAR DEUDA DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Macri, a "cara de perro", reduce a la mitad el límite de endeudamiento para las provincias

Macri, a
Macri, a "cara de perro", reduce a la mitad el límite de endeudamiento para las provincias.
El Banco Central comunicó este viernes que estableció nuevos parámetros para autorizar a los bancos a tomar deuda de los gobiernos locales, con el objeto de "poner límites más estrictos a la exposición del sistema financiero al sector público provincial".
 
La disposición del BCRA (indicada en la Comunicación A 6270), en el que indica normativas sobre el financiamiento al sector público no financiero y los capitales mínimos de las entidades financieras, entrará en vigencia el primer día hábil de agosto y se alinea con lo estipulado por la ley de Responsabilidad Fiscal.
 
En la normativa se mantienen algunos requisitos que la autoridad monetaria debe considerar antes de dar su acuerdo para que las entidades financieras adquieran un título público provincial, tales como que el pedido de endeudamiento sea analizado por el Ministerio de Hacienda y que dicha deuda cuente con garantía de ingresos, informó la entidad dirigida por Federico Struzenegger.
 
Pero lo destacado ahora es que la normativa introduce, según las propias palabras del organismo monetario, "un cambio relevante" al establecer que, para obtener la aceptación del BCRA, el ratio servicios de deuda/ingresos del estado provincial que emite el título no podrá superar el 20%.
 
Es decir, la mitad de lo permitido hasta ahora, ya que en la actualidad se autoriza que ese ratio llegue al 40% y, "además, para este cálculo se computa exclusivamente la deuda garantizada con el sistema financiero local". A partir de este cambio, se incluirá también la deuda contraída en el exterior.
 
"Estas modificaciones en los requisitos para que las entidades puedan adquirir títulos públicos provinciales se efectuaron sin modificar los límites máximos de exposición al sector público reflejados en las normativa de Fraccionamiento del riesgo crediticio, con la intención de desarrollar un sistema financiero sólido y sustentable".
 
De acuerdo detalla la normativa, "no se exigirá el requisito previsto en este punto para operaciones con garantía prendaria o de locación financiera ("leasing") sobre vehículos utilitarios y maquinarias susceptibles de inscripción en los registros nacionales de la propiedad del automotor".
 
A su vez, respecto a los capitales mínimos de las entidades financieras por la adquisición de títulos públicos emitidos en pesos por la administración central, cuando no cuenten con alguna de las garantías establecidas de las normas sobre "Financiamiento al sector público no financiero", se fijará su ratio conforme a la calificación crediticia asignada a la correspondiente jurisdicción.
 
Por ejemplo, con una nota internacional de riesgo de "AAA hasta AA-", el ponderador de riesgo será del 20%. Mientras que cuando sea de "A+ hasta A-" el ponderador será de 50%.
 
Según datos del mercado, son 16 las provincias endeudadas en total y todas le solicitaron al Gobierno nacional un plan de refinanciamiento de sus pasivos. Para obtener esto, los distritos deberán atenerse a un programa de equilibrio fiscal programado.
De esta manera, los que presentan mayor deuda pública con el Estado nacional son: Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Entre Ríos, Chaco, Tucumán, Córdoba y Mendoza.
 
Le siguen Misiones, Corrientes, Chubut, Neuquén, Salta, La Rioja, Tierra del Fuego y Catamarca. Los distritos de Río Negro y San Juan informaron deuda pero no adhirieron al nuevo convenio nacional para refinanciar sus deudas.
 
En total la deuda que arrastran estas 16 provincias con la Nación es de $80.067 millones, mientras que el Gobierno indicó que les refinanciará unos $10.183 millones a 36 meses, con una tasa de interés del 15%.
 
Fuente: iProfesional
 
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25-06-2018 / 09:06
Está en marcha el tercer paro general de la CGT durante el gobierno anti obrero de Mauricio Macri. Las distintas y heterogéneas organizaciones sindicales, políticas y sociales que adhieren a la medida de fuerza plantearon que será el más contundente de estos tres años: no habrá transporte (ni trenes, ni colectivos, ni subte, ni aviones) y las principales ramas del trabajo se sumarán.
 
La huelga, que se extenderá por 24 horas desde la medianoche, fue convocada para exigir cambios en el rumbo económico neoliberal y en rechazo de aquello que los gremios definen como un "brutal ajuste" impuesto por el nefasto Fondo Monetario Internacional (FMI).
 
La protesta, que cuenta hasta con cierto aval de la Iglesia, también apunta a forzar al Gobierno a revisar su plan de recortes en la administración pública y refrendar una suerte de pacto anti despidos hasta fin de año en el sector privado, una alternativa que ya fue desechada desde la Casa Rosada tras el fallido antecedente de 2016.
 
Si bien la CGT llamó a un paro sin movilización, diversas agrupaciones de izquierda harán cortes de ruta, de calles y actos en distintos puntos del país para manifestarse contra el acuerdo con el FMI, el atraso salarial, el ajuste y el aumento de tarifas.
 
Diversos funcionarios macristas de primera línea del Gobierno de los Ricos cuestionaron la medida y hasta llamaron a carnerear e ir a trabajar. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que "la gente no sabe por qué paran". "Vive en otra realidad", le respondió el triunviro de la CGT Carlos Acuña.
 
El gobierno de los CEOs y los medios afines (como Clarín, La Nación e Infobae) afirman que paro de la CGT "tiene un alto costo" para el país. Lo que dejaría de producirse por la jornada sin actividad alcanzaría la suma de USD 1.000 millones. Sin embargo, nada dicen de un saqueo cotidiano: los pagos de la deuda pública, que cuestan cada día casi 200 millones de dólares, tomando las cifras que capital e intereses que ha cancelado Macri desde que asumió.
 
La Opinión Popular

24-06-2018 / 12:06
24-06-2018 / 10:06
El Gobierno de los Ricos enfrentará este lunes el paro más fuerte de la CGT desde que asumió el millonario Mauricio Macri. Fortalecida por la adhesión de los gremios del transporte y el amplio respaldo de todos sus sectores internos, la central obrera enviará así una señal de malestar contra la política económica neoliberal.
 
Será la postal de un país sin colectivos, trenes ni subtes, con la que buena parte de la dirigencia buscará ganar "musculatura" para retomar las negociaciones con el Gobierno de los CEOs, interrumpidas por el creciente clima de conflictividad y la interna sindical.
 
La definición del paro se precipitó por decisiones tomadas en la Casa Rosada. Luego de dilatar la fecha de la medida durante un mes, el sindicalismo esperaba al menos avanzar en el freno a los despidos por seis meses, la quita de Ganancias sobre el aguinaldo, paritarias sin techo, la devolución de los fondos a las obras sociales y la exclusión de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo en los proyectos de reforma laboral.
 
Para la estadística, el de mañana será el tercer paro general de la CGT contra el gobierno anti obrero de Macri. La medida de fuerza promete contundencia porque, a diferencia de diciembre pasado, la adhesión de los sindicatos se presenta hasta el momento sin fisuras y la coyuntura ayuda.
 
Sin embargo, la efectividad de la huelga crecerá en tanto se enmarque en un proceso posterior no sólo de unidad sindical sino a partir de un programa que todos acompañen. Es el camino necesario para que el Gobierno sienta que tiene enfrente un actor político de peso y no una congregación informe y dividida que se vuelve incapaz de defender los derechos de los trabajadores ante el programa económico de ajuste que implementan en la Casa Rosada.
 
De alguna manera, Moyano hijo se expresó en ese sentido cuando exigió que el reclamo "no se agote el lunes a la noche" al entender que el modelo neoliberal del Gobierno continuará que por más que esté golpeado no hay señales de que se detenga y, como indicó el camionero "vendrán por los convenios colectivos de trabajo, la reforma laboral, con un ajuste brutal después del acuerdo con el Fondo".
 
En tanto, a contramano de la orden bajada desde la CGT, la izquierda realizará una veintena de piquetes en los principales accesos a la Capital y una protesta en el Obelisco para evitar que la medida se convierta en un "paro dominguero". 


El gobierno de los Ricos une a todos en contra. La Iglesia católica avala el paro. Las razones sobran. La necesidad de continuar la lucha, también. ¿Entonces, qué puede salir mal? Es por eso que lo más importante comienza el martes.

La Opinión Popular

23-06-2018 / 11:06
23-06-2018 / 10:06
La desocupación, la pobreza, el trabajo esclavo e infantil, el consumo de drogas, el narcotráfico, el estado de las escuelas, la violencia cotidiana que mata a los ciudadanos decentes y la desigualdad en las paritarias frente a una inflación que ataca los bolsillos de los argentinos. "Todos esos temas se están tapando", advirtió ayer la Iglesia, en la voz del presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones.
 
Puso un ejemplo directo: "No puede ser que a algunos trabajadores se les dé un 25% de aumento y a los docentes un 15% en tres cuotas", en clara alusión al acuerdo alcanzado por Camioneros frente a la flaca oferta que le hacen a los docentes, o a los médicos, o a aquellos sindicatos con los que cierra paritarias en el 12%.
 
Y es que, mientras se imponen otros temas, menos urgentes, o se cubre la agenda con lo que sucede en el Mundial de Rusia hay cuestiones de las que no se habla. La devaluación, en tanto, sigue su curso, y la inflación proyecta para este año una suba del 32%, muy lejos incluso del techo salarial del 20% que el Gobierno, a regañadientes, estaría dispuesto a ofrecer.
 
Basta un dato para comprender que la brecha entre salarios que suben por escalera e inflación que va por ascensor se ensancha mes a mes: la canasta básica medida por el Indec se ubicó en mayo en casi $19.000, sin reparar en el impacto de la devaluación de las últimas jornadas.
 
Ni en puntas de pie llegan a ella los jubilados, con haberes mínimos que recién este mes superan apenas los $8.000; ni un policía, que vela por la seguridad de todos en esta Argentina violenta y puede cobrar $17.000; ni un trabajador estatal que con el ajuste reinante con suerte conserva el trabajo y se resigna a percibir $12.000; ni un empleado de comercio, cuyo salario oscila entre los $15.000 y $20.000.
 
Hay una paradoja en este país de economía hundida y desigualdad creciente: la crisis iguala en su malestar a los sectores medios; castiga a los vulnerables de siempre y equipara en sus ganancias a funcionarios, amigos del poder y sectores especuladores beneficiados con la corrida cambiaria que hizo saltar el dólar por las nubes y nos llevó a tocar las puertas del funesto FMI.
 
Para los trabajadores y el pueblo en general el escenario es crítico: con la depreciación del peso, solo en lo que va del año la pérdida del poder adquisitivo está en el orden del 50%. Tal depresión en la capacidad de compra repercute directamente en el mercado interno, ya asediado por tarifazos, presiones impositivas y tasas de financiamiento imposibles.
 
El gobierno de Mauricio Macri reconoce la inflación y se propuso nuevos objetivos para bajarla. ¿Subiendo salarios? ¿Aplicando un plan económico de crecimiento? De ningún modo. Será a la manera del FMI: frenando más el empleo y los salarios. La ecuación es tan perniciosa como simple: sin dinero ni consumo la economía se enfría y la inflación baja. El neoliberalismo nos dejó sus recetas. El Gobierno de los Ricos, para mal de muchos y ganancia de muy pocos, vuelve a aplicarlas.
 
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