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Entre Ríos - 19-06-2017 / 12:06

La quita de pensiones por discapacidad motivó varios repudios en la legislatura entrerriana

La quita de pensiones por discapacidad motivó varios repudios en la legislatura entrerriana
Diputados provinciales Marcelo Bisogni, José Allende, Gustavo Zavallo y María Elena Tassistro. Fotos: Blas García para La Opinión Popular (Permitida su reproducción citando la fuente)
 
La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de dar de baja 170.000 pensiones por discapacidad e invalidez en todo el país motivó fuertes rechazos que lo obligaron a rever la medida, aunque esto no evitará los perjuicios a quienes dejarán de cobrar por, al menos, dos meses.
 
En la Cámara de Diputados de la Provincia, se presentaron cuatro proyectos de declaración expresando su repudio a la decisión del ministerio encabezado por Carolina Stanley: tres presentados por diputados del bloque oficialista y aliados (Marcelo Bisogni, José Allende y el bustista Gustavo Zavallo) y uno impulsado por la massista María Elena Tassistro.
 
Sin anuncio previo, el Gobierno nacional dio de baja 170.000 pensiones por discapacidad e invalidez en todo el país, bajo el argumento de que eran utilizadas para prácticas clientelares y que eran cobradas por personas sin discapacidad o que, por su situación económica, no necesitarían de esta ayuda.
 
Sin embargo, si bien es real la existencia de cobros indebidos de pensiones, en la volteada cayeron miles de personas que realmente las necesitan y tras las críticas recibidas, la ministra Stanley anunció la marcha atrás que será revisar caso por caso y reestablecer el beneficio en los casos que correspondan, aunque mientras tanto muchos quedarán sin esa ayuda. La pregunta es por qué no se procedió a la inversa, analizar cada caso y en función de eso determinar a quiénes correspondían o no las pensiones.
 
Lo cierto es que, antes y después de la marcha atrás, la decisión dio lugar a numerosas críticas que, obviamente, se vieron potenciadas en un año electoral. Entre Ríos no fue la excepción: cuatro proyectos de declaración ingresaron la última semana expresando repudio: tres presentados por diputados del bloque oficialista y aliados (Marcelo Bisogni, José Allende y el bustista Gustavo Zavallo) y uno impulsado por la massista María Elena Tassistro.
 
En su proyecto, Allende manifestó su repudio a la baja de pensiones que calificó como "ilegítima, inconstitucional, arbitraria, inequitativa e incomunicada", instando a la "inmediata regularización de dichos beneficios por afectar los derechos humanos de miles de argentinos en condiciones de vulnerabilidad".
 
"Preocupa el grado de improvisación e insensibilidad a la vez que padece este gobierno aunque a esta altura es hora de expresarlo claramente, no son errores, es una concepción  del Estado que necesita desatender las necesidades de la gente, desprendiéndose de roles que están íntimamente convencidos debe dejar de cumplir la nación, abriendo paso a las leyes del mercado, así, según su posición ideológica, una persona con capacidades diferentes no tiene dificultades para insertarse en el mercado laboral que lo dignificará más que percibiendo una pensión", fustigó y aseguró que se pueden dar "miles de ejemplos demostrativos de la injusticia de la baja de  pensiones no contributivas por invalidez".
 
Bisogni, consideró "repudiable lo sucedido y como se ha llevado a cabo la medida, las disminuciones se han realizado sin conocimiento del sector damnificado, sin examinar la condición socio económico ambiental de las personas a las que le vedaron la pensión, anoticiárndose el incapacitado al momento de efectivizar el cobro".
 
El legislador uruguayense argumentó que las pensiones son otorgadas como una ayuda por parte del Estado para cubrir gastos derivados por la situación de exclusión que sufre una persona con capacidades diferentes, "por lo que se concluye que ha sido una disposición irracional, errada, insensible, cruel, arbitraria, injusta, además de violatoria que atenta contra la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, que desde el año 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, la cual reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo".
 
En tanto Zavallo expresó ante la reciente decisión del Gobierno nacional, endureciendo las condiciones para acceder al beneficio, que "se trata de una población vulnerable que necesita de este beneficio y del acompañamiento del Estado" y advirtió que en En Entre Ríos "son múltiples los casos a los que se les reconoce este derecho y que por decisión del Ejecutivo ya no lo podrán percibir, lo cual se enmarca en un nuevo ajuste arbitrario y donde más duele".
 
Por su parte, Tassitro resaltó que el Estado "ha de tomar las medidas necesarias en pos de la protección de estas personas puesto que deben generarse políticas públicas que posibiliten la igualdad de oportunidades conforme lo determinan los Tratados Internacionales y nuestro ordenamiento jurídico vigente", contraponiendo a estos preceptos la medida adoptada por Desarrollo social de la nación.
 
"En contraposición al principio de progresividad de los derechos humanos, el Estado nacional tomó la decisión de quitarles un derecho adquirido en forma arbitraria y sin previo aviso aplicando restrictivamente el decreto 432/97 que prevé los requisitos para el acceso a la pensión por invalidez", cuestionó e instó a no olvidar que la medida ha generado "el desamparado absoluto de aquellas personas que están en desigualdad de condiciones y como se ha mencionado requieren de la protección indispensable del Estado. Asimismo, no puede pretenderse el estado de indigencia o la pobreza extrema del peticionante para la obtención de un beneficio destinado a personas que de por sí transitan una situación socio - económica delicada".
 
Fuente: AIM
 
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