La Opinión Popular
                  07:16  |  Lunes 05 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 19-06-2017 / 10:06
EL PROMEDIO EN UN AÑO Y MEDIO FUE DEL 77%, CIFRAS ALARMANTES, QUE NECESITAN MEDIDAS URGENTES

Más caros y con menor cobertura: descomunal aumento en el precio de los medicamentos

Más caros y con menor cobertura: descomunal aumento en el precio de los medicamentos
Macri lo hizo, El aumento de los medicamentos en la Argentina superó ampliamente la inflación y durante el último año y medio incrementaron su valor en un 77,3%, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). Esta problemática, que se acopla a los cada vez más elevados precios de los alimentos y tarifas de los servicios, se agrava en el caso de los adultos mayores, para quienes los remedios subieron un 88%.
 
En este sentido, los especialistas afirman que en uno de cada tres medicamentos el precio se duplicó, dependiendo del tipo de droga. El fármaco que más aumentó es el utilizado para la terapéutica tiroidea, elevándose en un 152%, y el que menos subió fue el hipolipemiante, utilizado para disminuir los niveles de lípidos en sangre y controlar el colesterol, que se vende a un precio un 107% más caro.
 
La Argentina es uno de los países de menor capacidad de compra de remedios de la región, considerando el valor de la canasta en dólares. Esto demuestra que se está lejos de garantizar el acceso a los fármacos indispensables para la supervivencia de sus ciudadanos, siendo el valor en el país de la canasta de US$ 248,2. 
 
Productos esenciales e insustituibles
 
En el último año y medio se profundizó el proceso inflacionario de la última década, potenciado por la suba en los productos y servicios indispensables para garantizar una vida digna. "La particularidad de la inflación 2016 y 2017 es que se dio con una mayor dispersión entre conjuntos de productos. Afectó en mayor medida a los precios de los alimentos, los mencionados servicios públicos y también a los medicamentos", señala el estudio.
 
"Por ser productos esenciales e insustituibles, estos últimos adquieren un carácter distintivo sobre otro tipo de artículos", apuntan los especialistas en referencia a los remedios, que todo Estado debe garantizar para respetar el derecho a la salud. Pero en el último año y medio, en el mercado confluyen dos factores: el alza imparable de precios y "la supresión o disminución en la cobertura de algunas obras sociales de grupos sensibles, como es el PAMI".
 
En este contexto, se destacan subas por sobre el 100% en grupos de fármacos, tal es el caso de los ansiolíticos, que incrementaron un 135%, los broncodilatadores, que subieron un 124%, y los analgésicos que se alzaron un 116%, entre otros. Y de todos estos productos, el 15% de ellos sufrió un descenso en la cobertura por parte del PAMI, según la Undav.
 
 
Una política de Gobierno
 
El informe preocupa y genera alarma dado que el acceso a los medicamentos es vital para la salud pública de los argentinos, y la Organización Mundial de la Salud afirma que el acceso equitativo a remedios seguros y asequibles es de importancia vital para que todo el mundo goce del grado máximo de bienestar que se pueda lograr. Parte de la responsabilidad en el incremento desmedido de los precios de los fármacos es de los nuevos lineamientos de política económica, que implican la relajación de los controles de la Secretaría de Comercio, dirigida por Miguel Braun, primo del jefe de gabinete, Marcos Peña.
 
Como miembro de la OMS, la Argentina debería mejorar la difusión de todos los productos sanitarios y dispositivos médicos y el acceso a los mismos mediante la superación efectiva de los obstáculos a dicho acceso, que es lo contrario a lo que sucede en la realidad concreta. Otra de las razones del altísimo incremento en el precio de los medicamentos es "el alto grado de concentración del mercado, tanto en el ámbito de las droguerías como en la distribución", concluyeron los especialistas.
 
 
Concentración del mercado, salud para pocos
 
La garantía de una óptima salud y el bienestar de las familias argentinas se ven perjudicados por los oligopolios que manejan el mercado. La cadena que determina el precio de los medicamentos comienza con la producción local o la importación de los mismos como bienes finales y, según la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del actual Ministerio de Hacienda y Finanzas 250, empresas conforman el sector farmacéutico del país, incluyendo firmas que producen localmente e importadoras.
 
El relevamiento de la Undav detalla que existen 110 establecimientos productivos, de los cuales 93, el 85%, pertenecen a laboratorios de origen nacional y el 15% restante a extranjeros. En el país se venden mensualmente 60 millones de unidades de remedios, siendo la producción nacional el 78% de las ventas y perteneciendo el 58% de la facturación a laboratorios de origen nacional.
 
La concentración es tal que tan solo 20 laboratorios concentran alrededor del 80% de la facturación, y de las diez principales firmas cinco son extranjeras, ocupando el primer lugar la firma Alemana Bayer, que a fin de año culminaría su fusión con la máxima compañía a nivel mundial en el mercado de las semillas transgénicas, denunciada en varios países por las negativas e irreparables consecuencias del uso de sus productos en el ambiente, los animales y en la salud humana.
 
El circuito continúa con la comercialización mayorista de los medicamentos, a través de distribuidoras y droguerías,que comercializan directamente a clínicas y hospitales, y finalmente con la venta minorista en farmacias. Actualmente, se encuentran registradas aproximadamente 445 droguerías, de las cuales cuatro concentran aproximadamente el 70% del mercado, detalla el informe.
 
"Este mismo efecto oligopólico se produce en las distribuidoras, ya que cuatro firmas concentran cerca del 99% de las ventas: Rofina, del laboratorio Roemmers; Disprofarma, vinculada con Bagó; Farmanet, sociedad del laboratorio Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer Ingelheim; y Global Farm, vinculada a los laboratorios estadounidenses", destacan los especialistas.
 
Los valores de los insumos importados se vieron afectados, además, por la devaluación del peso argentino, al mismo tiempo que el incremento de los costos por el alza de los servicios públicos que afectó a las empresas del sector y fue trasladado a los precios. Además, ante la concentración del mercado en las mencionadas empresas, las compañías establecen los precios según su conveniencia.
 
Ratifican que es inconstitucional cobrarle el impuesto a las Ganancias a los jubilados
 
El presidente de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Luis Herrero, ratificó ayer que a criterio de ese fuero "es inconstitucional" que los jubilados paguen el impuesto a las Ganancias.
 
Herrero alegó que los jubilados "no realizan ninguna actividad, no se configura ningún hecho imponible que genere una obligación tributaria, de manera que es inconstitucional a nuestro criterio obligarlos a tributar, más allá del salario que perciban".
 
"Hay dos sentencias que hemos dictado, el caso (Leonardo) Calderale, y ahora el caso Calderón, el segundo fallo que se publicó esta semana", indicó.
 
Herrero explicó que en este segundo fallo "ratificamos esta doctrina: los jubilados, según la Sala II no deben pagar Ganancias porque no son trabajadores". "Ahora se aumentó el mínimo imponible, disminuyó la cantidad de jubilados afectados, pero mañana puede disminuir el mínimo imponible, achatarse, y el problema se agrava", advirtió.
 
En ese marco, enfatizó: "Nosotros solucionamos de cuajo este problema declarando inconstitucional este impuestos a los jubilados".
 
"En defensa del salario de los jubilados como siempre lo hemos hecho, hemos pensado que esta disminución confiscatoria afecta garantías constitucionales y así lo hemos resuelto", justificó.
 
A mediados de mayo cuando salió el fallo a favor de Leonardo Calderale que declaró inconstitucional aplicar el Impuesto a las Ganancias a las jubilaciones, el director de la Anses, Emilio Basavilbaso, anunció que el organismo previsional lo va a apelar. Y, en esa oportunidad detalló que unos 100.000 jubilados son los que pagan actualmente el gravamen. Esa cantidad, "es el 1 por ciento del total de los jubilados, que cobran más de 38.000 pesos", puntualizó entonces el funcionario.
 
 
Principales subas según el tipo de fármaco
 
- Para la tiroides: 152%
- Ansiolítico: 135%
- Broncodilatador: 124%
- Antiinflamatorio bronquial: 113%
- Antibiótico antiinflamatorio: 108%
- Para el colesterol: 107%
- Antidepresivo: 105%
- Para el corazón: 100%
 
 
Valor de la canasta de medicamentos, en dólares
 
- Argentina: US$ 248,2
- Brasil: US$ 186,1
- Uruguay: US$ 181,6
- Paraguay: US$ 117,6
- Chile: US$ 92,0
 
 
"El alza afecta muy negativamente el bolsillo de los adultos mayores"
 
Por Christian González D'Alessandro. Director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas del Colegio de Abogados de Morón
 
Especial para Hoy
 
Hay aumentos en algunos fármacos de más del 100%. Un medicamento de venta libre que los jubilados usan mucho, la simple aspirineta anticoagulante para los problemas cardíacos, aumentó en promedio más del cien por ciento, lo que afecta muy negativamente al bolsillo de los jubilados porque es de venta libre y no lo tienen en la cobertura del PAMI.
 
Recordemos que hoy la canasta básica alimentaria para la Tercera Edad es de 16.124 pesos, según precios tomados en abril y publicados en el mes de mayo por la defensoría de la tercera edad, y como segundo gasto mensual dentro del cálculo para esa canasta está el de los medicamentos con 3.860,27 pesos. A esto hay que sumarle que la restricción de los medicamentos por parte del PAMI se da cuando el ingreso del jubilado es de un haber y medio de una jubilación, cerca de 9.550 pesos.
 
El perjuicio que se generó en el bolsillo del jubilado es doble: por un lado, producto de la inflación, aumentaron todos los artículos de primera necesidad, incluidos los remedios y, por otro lado, la situación presente en cuanto a la mala atención en salud de los adultos mayores hace que se degrade aún más su calidad de vida.
 
 
"Los laboratorios hacen mucho lobby y hay inacción por parte del Gobierno nacional"
 
Por Susana Andrad (Titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC) y especialista en consumo)
 
Especial para Hoy
 
Los medicamentos, como otros tantos rubros, aumentaron mucho más que la inflación y tienen menos cobertura por parte de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, y todo esto claramente en connivencia con la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo encargado de regular el servicio que brindan las prepagas y obras sociales pero no hace absolutamente nada, lo cual va en detrimento del consumidor.
 
La responsabilidad del aumento también recae mucho sobre los laboratorios, que han modificado la ley de genéricos, permitiendo a los médicos recetar con "nombres de fantasía" y no con la denominación de la droga. Esto hace que el paciente cuando va a comprar un remedio se encuentre con el panorama de que, si no tiene el recetado por su propio médico, no lleva ninguno, por el temor de equivocarse, siendo que todos los medicamentos de un mismo tipo tienen igual composición, por lo que pueden ser reemplazados por otro. Como esto también fue modificado a favor de los laboratorios, es doble el impedimento que sufren los consumidores.
 
Los laboratorios en Argentina hacen mucho lobby y vemos inacción por parte de las autoridades del Gobierno nacional, de la Superintendencia de Servicios de Salud, y de ANMAT, que muchas veces no hace el control adecuado de cada uno de los medicamentos. La libertad de mercado que proclama este Gobierno en definitiva es vista desde un solo punto: la libertad de los empresarios, que no da ninguna protección a la gente.
 
El Gobierno podría regular el aumento de los medicamentos, haciendo un análisis de las estructuras de costos, viendo las ganancias que ha tenido cada uno de los sectores que conforman un medicamento y lógicamente poniendo un precio máximo a un bien tan preciado como son los remedios en cuanto a la salud.  Sería muy bueno que se declare la emergencia farmacéutica, para este y para otros puntos, como lo es el incumplimiento de las prepagas en las prestaciones médicas obligatorias, que es altísimo en esta época.
 
Fuente: Diario Hoy en la Noticia
 
Agreganos como amigo a Facebook
04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar