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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 19-06-2017 / 10:06
EL PROMEDIO EN UN AÑO Y MEDIO FUE DEL 77%, CIFRAS ALARMANTES, QUE NECESITAN MEDIDAS URGENTES

Más caros y con menor cobertura: descomunal aumento en el precio de los medicamentos

Más caros y con menor cobertura: descomunal aumento en el precio de los medicamentos
Macri lo hizo, El aumento de los medicamentos en la Argentina superó ampliamente la inflación y durante el último año y medio incrementaron su valor en un 77,3%, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). Esta problemática, que se acopla a los cada vez más elevados precios de los alimentos y tarifas de los servicios, se agrava en el caso de los adultos mayores, para quienes los remedios subieron un 88%.
 
En este sentido, los especialistas afirman que en uno de cada tres medicamentos el precio se duplicó, dependiendo del tipo de droga. El fármaco que más aumentó es el utilizado para la terapéutica tiroidea, elevándose en un 152%, y el que menos subió fue el hipolipemiante, utilizado para disminuir los niveles de lípidos en sangre y controlar el colesterol, que se vende a un precio un 107% más caro.
 
La Argentina es uno de los países de menor capacidad de compra de remedios de la región, considerando el valor de la canasta en dólares. Esto demuestra que se está lejos de garantizar el acceso a los fármacos indispensables para la supervivencia de sus ciudadanos, siendo el valor en el país de la canasta de US$ 248,2. 
 
Productos esenciales e insustituibles
 
En el último año y medio se profundizó el proceso inflacionario de la última década, potenciado por la suba en los productos y servicios indispensables para garantizar una vida digna. "La particularidad de la inflación 2016 y 2017 es que se dio con una mayor dispersión entre conjuntos de productos. Afectó en mayor medida a los precios de los alimentos, los mencionados servicios públicos y también a los medicamentos", señala el estudio.
 
"Por ser productos esenciales e insustituibles, estos últimos adquieren un carácter distintivo sobre otro tipo de artículos", apuntan los especialistas en referencia a los remedios, que todo Estado debe garantizar para respetar el derecho a la salud. Pero en el último año y medio, en el mercado confluyen dos factores: el alza imparable de precios y "la supresión o disminución en la cobertura de algunas obras sociales de grupos sensibles, como es el PAMI".
 
En este contexto, se destacan subas por sobre el 100% en grupos de fármacos, tal es el caso de los ansiolíticos, que incrementaron un 135%, los broncodilatadores, que subieron un 124%, y los analgésicos que se alzaron un 116%, entre otros. Y de todos estos productos, el 15% de ellos sufrió un descenso en la cobertura por parte del PAMI, según la Undav.
 
 
Una política de Gobierno
 
El informe preocupa y genera alarma dado que el acceso a los medicamentos es vital para la salud pública de los argentinos, y la Organización Mundial de la Salud afirma que el acceso equitativo a remedios seguros y asequibles es de importancia vital para que todo el mundo goce del grado máximo de bienestar que se pueda lograr. Parte de la responsabilidad en el incremento desmedido de los precios de los fármacos es de los nuevos lineamientos de política económica, que implican la relajación de los controles de la Secretaría de Comercio, dirigida por Miguel Braun, primo del jefe de gabinete, Marcos Peña.
 
Como miembro de la OMS, la Argentina debería mejorar la difusión de todos los productos sanitarios y dispositivos médicos y el acceso a los mismos mediante la superación efectiva de los obstáculos a dicho acceso, que es lo contrario a lo que sucede en la realidad concreta. Otra de las razones del altísimo incremento en el precio de los medicamentos es "el alto grado de concentración del mercado, tanto en el ámbito de las droguerías como en la distribución", concluyeron los especialistas.
 
 
Concentración del mercado, salud para pocos
 
La garantía de una óptima salud y el bienestar de las familias argentinas se ven perjudicados por los oligopolios que manejan el mercado. La cadena que determina el precio de los medicamentos comienza con la producción local o la importación de los mismos como bienes finales y, según la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del actual Ministerio de Hacienda y Finanzas 250, empresas conforman el sector farmacéutico del país, incluyendo firmas que producen localmente e importadoras.
 
El relevamiento de la Undav detalla que existen 110 establecimientos productivos, de los cuales 93, el 85%, pertenecen a laboratorios de origen nacional y el 15% restante a extranjeros. En el país se venden mensualmente 60 millones de unidades de remedios, siendo la producción nacional el 78% de las ventas y perteneciendo el 58% de la facturación a laboratorios de origen nacional.
 
La concentración es tal que tan solo 20 laboratorios concentran alrededor del 80% de la facturación, y de las diez principales firmas cinco son extranjeras, ocupando el primer lugar la firma Alemana Bayer, que a fin de año culminaría su fusión con la máxima compañía a nivel mundial en el mercado de las semillas transgénicas, denunciada en varios países por las negativas e irreparables consecuencias del uso de sus productos en el ambiente, los animales y en la salud humana.
 
El circuito continúa con la comercialización mayorista de los medicamentos, a través de distribuidoras y droguerías,que comercializan directamente a clínicas y hospitales, y finalmente con la venta minorista en farmacias. Actualmente, se encuentran registradas aproximadamente 445 droguerías, de las cuales cuatro concentran aproximadamente el 70% del mercado, detalla el informe.
 
"Este mismo efecto oligopólico se produce en las distribuidoras, ya que cuatro firmas concentran cerca del 99% de las ventas: Rofina, del laboratorio Roemmers; Disprofarma, vinculada con Bagó; Farmanet, sociedad del laboratorio Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer Ingelheim; y Global Farm, vinculada a los laboratorios estadounidenses", destacan los especialistas.
 
Los valores de los insumos importados se vieron afectados, además, por la devaluación del peso argentino, al mismo tiempo que el incremento de los costos por el alza de los servicios públicos que afectó a las empresas del sector y fue trasladado a los precios. Además, ante la concentración del mercado en las mencionadas empresas, las compañías establecen los precios según su conveniencia.
 
Ratifican que es inconstitucional cobrarle el impuesto a las Ganancias a los jubilados
 
El presidente de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Luis Herrero, ratificó ayer que a criterio de ese fuero "es inconstitucional" que los jubilados paguen el impuesto a las Ganancias.
 
Herrero alegó que los jubilados "no realizan ninguna actividad, no se configura ningún hecho imponible que genere una obligación tributaria, de manera que es inconstitucional a nuestro criterio obligarlos a tributar, más allá del salario que perciban".
 
"Hay dos sentencias que hemos dictado, el caso (Leonardo) Calderale, y ahora el caso Calderón, el segundo fallo que se publicó esta semana", indicó.
 
Herrero explicó que en este segundo fallo "ratificamos esta doctrina: los jubilados, según la Sala II no deben pagar Ganancias porque no son trabajadores". "Ahora se aumentó el mínimo imponible, disminuyó la cantidad de jubilados afectados, pero mañana puede disminuir el mínimo imponible, achatarse, y el problema se agrava", advirtió.
 
En ese marco, enfatizó: "Nosotros solucionamos de cuajo este problema declarando inconstitucional este impuestos a los jubilados".
 
"En defensa del salario de los jubilados como siempre lo hemos hecho, hemos pensado que esta disminución confiscatoria afecta garantías constitucionales y así lo hemos resuelto", justificó.
 
A mediados de mayo cuando salió el fallo a favor de Leonardo Calderale que declaró inconstitucional aplicar el Impuesto a las Ganancias a las jubilaciones, el director de la Anses, Emilio Basavilbaso, anunció que el organismo previsional lo va a apelar. Y, en esa oportunidad detalló que unos 100.000 jubilados son los que pagan actualmente el gravamen. Esa cantidad, "es el 1 por ciento del total de los jubilados, que cobran más de 38.000 pesos", puntualizó entonces el funcionario.
 
 
Principales subas según el tipo de fármaco
 
- Para la tiroides: 152%
- Ansiolítico: 135%
- Broncodilatador: 124%
- Antiinflamatorio bronquial: 113%
- Antibiótico antiinflamatorio: 108%
- Para el colesterol: 107%
- Antidepresivo: 105%
- Para el corazón: 100%
 
 
Valor de la canasta de medicamentos, en dólares
 
- Argentina: US$ 248,2
- Brasil: US$ 186,1
- Uruguay: US$ 181,6
- Paraguay: US$ 117,6
- Chile: US$ 92,0
 
 
"El alza afecta muy negativamente el bolsillo de los adultos mayores"
 
Por Christian González D'Alessandro. Director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas del Colegio de Abogados de Morón
 
Especial para Hoy
 
Hay aumentos en algunos fármacos de más del 100%. Un medicamento de venta libre que los jubilados usan mucho, la simple aspirineta anticoagulante para los problemas cardíacos, aumentó en promedio más del cien por ciento, lo que afecta muy negativamente al bolsillo de los jubilados porque es de venta libre y no lo tienen en la cobertura del PAMI.
 
Recordemos que hoy la canasta básica alimentaria para la Tercera Edad es de 16.124 pesos, según precios tomados en abril y publicados en el mes de mayo por la defensoría de la tercera edad, y como segundo gasto mensual dentro del cálculo para esa canasta está el de los medicamentos con 3.860,27 pesos. A esto hay que sumarle que la restricción de los medicamentos por parte del PAMI se da cuando el ingreso del jubilado es de un haber y medio de una jubilación, cerca de 9.550 pesos.
 
El perjuicio que se generó en el bolsillo del jubilado es doble: por un lado, producto de la inflación, aumentaron todos los artículos de primera necesidad, incluidos los remedios y, por otro lado, la situación presente en cuanto a la mala atención en salud de los adultos mayores hace que se degrade aún más su calidad de vida.
 
 
"Los laboratorios hacen mucho lobby y hay inacción por parte del Gobierno nacional"
 
Por Susana Andrad (Titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC) y especialista en consumo)
 
Especial para Hoy
 
Los medicamentos, como otros tantos rubros, aumentaron mucho más que la inflación y tienen menos cobertura por parte de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, y todo esto claramente en connivencia con la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo encargado de regular el servicio que brindan las prepagas y obras sociales pero no hace absolutamente nada, lo cual va en detrimento del consumidor.
 
La responsabilidad del aumento también recae mucho sobre los laboratorios, que han modificado la ley de genéricos, permitiendo a los médicos recetar con "nombres de fantasía" y no con la denominación de la droga. Esto hace que el paciente cuando va a comprar un remedio se encuentre con el panorama de que, si no tiene el recetado por su propio médico, no lleva ninguno, por el temor de equivocarse, siendo que todos los medicamentos de un mismo tipo tienen igual composición, por lo que pueden ser reemplazados por otro. Como esto también fue modificado a favor de los laboratorios, es doble el impedimento que sufren los consumidores.
 
Los laboratorios en Argentina hacen mucho lobby y vemos inacción por parte de las autoridades del Gobierno nacional, de la Superintendencia de Servicios de Salud, y de ANMAT, que muchas veces no hace el control adecuado de cada uno de los medicamentos. La libertad de mercado que proclama este Gobierno en definitiva es vista desde un solo punto: la libertad de los empresarios, que no da ninguna protección a la gente.
 
El Gobierno podría regular el aumento de los medicamentos, haciendo un análisis de las estructuras de costos, viendo las ganancias que ha tenido cada uno de los sectores que conforman un medicamento y lógicamente poniendo un precio máximo a un bien tan preciado como son los remedios en cuanto a la salud.  Sería muy bueno que se declare la emergencia farmacéutica, para este y para otros puntos, como lo es el incumplimiento de las prepagas en las prestaciones médicas obligatorias, que es altísimo en esta época.
 
Fuente: Diario Hoy en la Noticia
 
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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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