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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 19-06-2017 / 10:06
EL PROMEDIO EN UN AÑO Y MEDIO FUE DEL 77%, CIFRAS ALARMANTES, QUE NECESITAN MEDIDAS URGENTES

Más caros y con menor cobertura: descomunal aumento en el precio de los medicamentos

Más caros y con menor cobertura: descomunal aumento en el precio de los medicamentos
Macri lo hizo, El aumento de los medicamentos en la Argentina superó ampliamente la inflación y durante el último año y medio incrementaron su valor en un 77,3%, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). Esta problemática, que se acopla a los cada vez más elevados precios de los alimentos y tarifas de los servicios, se agrava en el caso de los adultos mayores, para quienes los remedios subieron un 88%.
 
En este sentido, los especialistas afirman que en uno de cada tres medicamentos el precio se duplicó, dependiendo del tipo de droga. El fármaco que más aumentó es el utilizado para la terapéutica tiroidea, elevándose en un 152%, y el que menos subió fue el hipolipemiante, utilizado para disminuir los niveles de lípidos en sangre y controlar el colesterol, que se vende a un precio un 107% más caro.
 
La Argentina es uno de los países de menor capacidad de compra de remedios de la región, considerando el valor de la canasta en dólares. Esto demuestra que se está lejos de garantizar el acceso a los fármacos indispensables para la supervivencia de sus ciudadanos, siendo el valor en el país de la canasta de US$ 248,2. 
 
Productos esenciales e insustituibles
 
En el último año y medio se profundizó el proceso inflacionario de la última década, potenciado por la suba en los productos y servicios indispensables para garantizar una vida digna. "La particularidad de la inflación 2016 y 2017 es que se dio con una mayor dispersión entre conjuntos de productos. Afectó en mayor medida a los precios de los alimentos, los mencionados servicios públicos y también a los medicamentos", señala el estudio.
 
"Por ser productos esenciales e insustituibles, estos últimos adquieren un carácter distintivo sobre otro tipo de artículos", apuntan los especialistas en referencia a los remedios, que todo Estado debe garantizar para respetar el derecho a la salud. Pero en el último año y medio, en el mercado confluyen dos factores: el alza imparable de precios y "la supresión o disminución en la cobertura de algunas obras sociales de grupos sensibles, como es el PAMI".
 
En este contexto, se destacan subas por sobre el 100% en grupos de fármacos, tal es el caso de los ansiolíticos, que incrementaron un 135%, los broncodilatadores, que subieron un 124%, y los analgésicos que se alzaron un 116%, entre otros. Y de todos estos productos, el 15% de ellos sufrió un descenso en la cobertura por parte del PAMI, según la Undav.
 
 
Una política de Gobierno
 
El informe preocupa y genera alarma dado que el acceso a los medicamentos es vital para la salud pública de los argentinos, y la Organización Mundial de la Salud afirma que el acceso equitativo a remedios seguros y asequibles es de importancia vital para que todo el mundo goce del grado máximo de bienestar que se pueda lograr. Parte de la responsabilidad en el incremento desmedido de los precios de los fármacos es de los nuevos lineamientos de política económica, que implican la relajación de los controles de la Secretaría de Comercio, dirigida por Miguel Braun, primo del jefe de gabinete, Marcos Peña.
 
Como miembro de la OMS, la Argentina debería mejorar la difusión de todos los productos sanitarios y dispositivos médicos y el acceso a los mismos mediante la superación efectiva de los obstáculos a dicho acceso, que es lo contrario a lo que sucede en la realidad concreta. Otra de las razones del altísimo incremento en el precio de los medicamentos es "el alto grado de concentración del mercado, tanto en el ámbito de las droguerías como en la distribución", concluyeron los especialistas.
 
 
Concentración del mercado, salud para pocos
 
La garantía de una óptima salud y el bienestar de las familias argentinas se ven perjudicados por los oligopolios que manejan el mercado. La cadena que determina el precio de los medicamentos comienza con la producción local o la importación de los mismos como bienes finales y, según la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del actual Ministerio de Hacienda y Finanzas 250, empresas conforman el sector farmacéutico del país, incluyendo firmas que producen localmente e importadoras.
 
El relevamiento de la Undav detalla que existen 110 establecimientos productivos, de los cuales 93, el 85%, pertenecen a laboratorios de origen nacional y el 15% restante a extranjeros. En el país se venden mensualmente 60 millones de unidades de remedios, siendo la producción nacional el 78% de las ventas y perteneciendo el 58% de la facturación a laboratorios de origen nacional.
 
La concentración es tal que tan solo 20 laboratorios concentran alrededor del 80% de la facturación, y de las diez principales firmas cinco son extranjeras, ocupando el primer lugar la firma Alemana Bayer, que a fin de año culminaría su fusión con la máxima compañía a nivel mundial en el mercado de las semillas transgénicas, denunciada en varios países por las negativas e irreparables consecuencias del uso de sus productos en el ambiente, los animales y en la salud humana.
 
El circuito continúa con la comercialización mayorista de los medicamentos, a través de distribuidoras y droguerías,que comercializan directamente a clínicas y hospitales, y finalmente con la venta minorista en farmacias. Actualmente, se encuentran registradas aproximadamente 445 droguerías, de las cuales cuatro concentran aproximadamente el 70% del mercado, detalla el informe.
 
"Este mismo efecto oligopólico se produce en las distribuidoras, ya que cuatro firmas concentran cerca del 99% de las ventas: Rofina, del laboratorio Roemmers; Disprofarma, vinculada con Bagó; Farmanet, sociedad del laboratorio Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer Ingelheim; y Global Farm, vinculada a los laboratorios estadounidenses", destacan los especialistas.
 
Los valores de los insumos importados se vieron afectados, además, por la devaluación del peso argentino, al mismo tiempo que el incremento de los costos por el alza de los servicios públicos que afectó a las empresas del sector y fue trasladado a los precios. Además, ante la concentración del mercado en las mencionadas empresas, las compañías establecen los precios según su conveniencia.
 
Ratifican que es inconstitucional cobrarle el impuesto a las Ganancias a los jubilados
 
El presidente de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Luis Herrero, ratificó ayer que a criterio de ese fuero "es inconstitucional" que los jubilados paguen el impuesto a las Ganancias.
 
Herrero alegó que los jubilados "no realizan ninguna actividad, no se configura ningún hecho imponible que genere una obligación tributaria, de manera que es inconstitucional a nuestro criterio obligarlos a tributar, más allá del salario que perciban".
 
"Hay dos sentencias que hemos dictado, el caso (Leonardo) Calderale, y ahora el caso Calderón, el segundo fallo que se publicó esta semana", indicó.
 
Herrero explicó que en este segundo fallo "ratificamos esta doctrina: los jubilados, según la Sala II no deben pagar Ganancias porque no son trabajadores". "Ahora se aumentó el mínimo imponible, disminuyó la cantidad de jubilados afectados, pero mañana puede disminuir el mínimo imponible, achatarse, y el problema se agrava", advirtió.
 
En ese marco, enfatizó: "Nosotros solucionamos de cuajo este problema declarando inconstitucional este impuestos a los jubilados".
 
"En defensa del salario de los jubilados como siempre lo hemos hecho, hemos pensado que esta disminución confiscatoria afecta garantías constitucionales y así lo hemos resuelto", justificó.
 
A mediados de mayo cuando salió el fallo a favor de Leonardo Calderale que declaró inconstitucional aplicar el Impuesto a las Ganancias a las jubilaciones, el director de la Anses, Emilio Basavilbaso, anunció que el organismo previsional lo va a apelar. Y, en esa oportunidad detalló que unos 100.000 jubilados son los que pagan actualmente el gravamen. Esa cantidad, "es el 1 por ciento del total de los jubilados, que cobran más de 38.000 pesos", puntualizó entonces el funcionario.
 
 
Principales subas según el tipo de fármaco
 
- Para la tiroides: 152%
- Ansiolítico: 135%
- Broncodilatador: 124%
- Antiinflamatorio bronquial: 113%
- Antibiótico antiinflamatorio: 108%
- Para el colesterol: 107%
- Antidepresivo: 105%
- Para el corazón: 100%
 
 
Valor de la canasta de medicamentos, en dólares
 
- Argentina: US$ 248,2
- Brasil: US$ 186,1
- Uruguay: US$ 181,6
- Paraguay: US$ 117,6
- Chile: US$ 92,0
 
 
"El alza afecta muy negativamente el bolsillo de los adultos mayores"
 
Por Christian González D'Alessandro. Director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas del Colegio de Abogados de Morón
 
Especial para Hoy
 
Hay aumentos en algunos fármacos de más del 100%. Un medicamento de venta libre que los jubilados usan mucho, la simple aspirineta anticoagulante para los problemas cardíacos, aumentó en promedio más del cien por ciento, lo que afecta muy negativamente al bolsillo de los jubilados porque es de venta libre y no lo tienen en la cobertura del PAMI.
 
Recordemos que hoy la canasta básica alimentaria para la Tercera Edad es de 16.124 pesos, según precios tomados en abril y publicados en el mes de mayo por la defensoría de la tercera edad, y como segundo gasto mensual dentro del cálculo para esa canasta está el de los medicamentos con 3.860,27 pesos. A esto hay que sumarle que la restricción de los medicamentos por parte del PAMI se da cuando el ingreso del jubilado es de un haber y medio de una jubilación, cerca de 9.550 pesos.
 
El perjuicio que se generó en el bolsillo del jubilado es doble: por un lado, producto de la inflación, aumentaron todos los artículos de primera necesidad, incluidos los remedios y, por otro lado, la situación presente en cuanto a la mala atención en salud de los adultos mayores hace que se degrade aún más su calidad de vida.
 
 
"Los laboratorios hacen mucho lobby y hay inacción por parte del Gobierno nacional"
 
Por Susana Andrad (Titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC) y especialista en consumo)
 
Especial para Hoy
 
Los medicamentos, como otros tantos rubros, aumentaron mucho más que la inflación y tienen menos cobertura por parte de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, y todo esto claramente en connivencia con la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo encargado de regular el servicio que brindan las prepagas y obras sociales pero no hace absolutamente nada, lo cual va en detrimento del consumidor.
 
La responsabilidad del aumento también recae mucho sobre los laboratorios, que han modificado la ley de genéricos, permitiendo a los médicos recetar con "nombres de fantasía" y no con la denominación de la droga. Esto hace que el paciente cuando va a comprar un remedio se encuentre con el panorama de que, si no tiene el recetado por su propio médico, no lleva ninguno, por el temor de equivocarse, siendo que todos los medicamentos de un mismo tipo tienen igual composición, por lo que pueden ser reemplazados por otro. Como esto también fue modificado a favor de los laboratorios, es doble el impedimento que sufren los consumidores.
 
Los laboratorios en Argentina hacen mucho lobby y vemos inacción por parte de las autoridades del Gobierno nacional, de la Superintendencia de Servicios de Salud, y de ANMAT, que muchas veces no hace el control adecuado de cada uno de los medicamentos. La libertad de mercado que proclama este Gobierno en definitiva es vista desde un solo punto: la libertad de los empresarios, que no da ninguna protección a la gente.
 
El Gobierno podría regular el aumento de los medicamentos, haciendo un análisis de las estructuras de costos, viendo las ganancias que ha tenido cada uno de los sectores que conforman un medicamento y lógicamente poniendo un precio máximo a un bien tan preciado como son los remedios en cuanto a la salud.  Sería muy bueno que se declare la emergencia farmacéutica, para este y para otros puntos, como lo es el incumplimiento de las prepagas en las prestaciones médicas obligatorias, que es altísimo en esta época.
 
Fuente: Diario Hoy en la Noticia
 
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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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