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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Con la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Macri, los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo”. Pablo Tonelli, diputado nacional por el PRO.
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Nacionales - 09-05-2017 / 09:05
EL COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS ADVIRTIÓ QUE EL ESTADO ARGENTINO Y LA CORTE SUPREMA DEBEN CUMPLIR LA NORMATIVA INTERNACIONAL

Rechazo internacional y repudio local al 2x1 de la mayoría macrista en la Corte

Rechazo internacional y repudio local al 2x1 de la mayoría macrista en la Corte
El intenso y extenso repudio que provocó el fallo de la mayoría macrista de la Corte Suprema de Justicia, aplicando a un condenado por crímenes de lesa humanidad la derogada ley extraordinaria del 2x1, ha sembrado el desconcierto en quienes desde el gobierno de Macri y la Iglesia Católica lo impulsaron, pero también en sectores de la oposición y en el propio tribunal. Nadie esperaba semejante reacción, que cruza todos los sectores sociales y los alineamientos políticos y que confluirá mañana en una movilización sobre la Plaza de Mayo que promete ser enorme.
El rechazo local ya cruzó las fronteras y todo el mundo está contra el 2x1; el macrismo no esperaba un repudio generalizado tan contundente. Al rechazo -y al desconcierto de sus propios impulsores en el Gobierno de Mauricio Macri, la Iglesia, el diario La Nación y la Corte-, se sumó la condena internacional al nefasto fallo.
 
El repudio al fallo de la mayoría macrista de la Corte Suprema que aplicó el beneficio del 2x1 a un acusado de crímenes de la última dictadura brotó de las víctimas, de los familiares, de la dirigencia política casi en pleno, de los sindicatos, de fiscalías y tribunales que ya rechazaron pedidos de represores, de sectores múltiples de la sociedad y tuvo su máxima expresión ayer en un comunicado que emitió la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
 
El titular del organismo, Amerigo Incalcaterra, advirtió de manera directa que cuando los jueces hablan de aplicar la "ley penal más benigna" no pueden desconocer "los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad", y afirmó: "El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional".
 
Es una advertencia lisa y llana al máximo tribunal argentino, que ya había empezado a emitir señales de desafío al sistema internacional de derechos humanos en un fallo de este mismo año (Fontevecchia) donde dijo que no tenía obligación de acatar una sentencia de la Corte Interamericana sobre libertad de expresión.
 
El mensaje de la ONU es que los acusados de crímenes de lesa humanidad, deben cumplir su condena, y ésta debe ser acorde a la gravedad de los delitos. Que si se atenúan las penas con fallos como el de la semana pasada, se estaría ante una amnistía encubierta, cuando  los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables para el derecho internacional que nuestro país suscribe.
 
En tanto, las bancadas opositoras llevan propuestas al Congreso para impedir que se beneficie a más represores y genocidas. Una batería de proyectos contra el fallo, de legisladores del FpV, Progresistas, el FIT y el Frente Renovador se presentarán hoy en Diputados con distintas propuestas para repudiar la sentencia de la Corte y evitar que se reduzcan las penas a otros condenados por delitos de lesa humanidad.
 
El gobierno de Macri buscó fidelizar el apoyo militar para sostener su plan antipopular, pero el tiro le salió por la culata y ahora escarba la manera menos costosa de dar marcha atrás. Mientras los genocidas Etchecolatz y Von Wernich piden quedar libres con el 2x1, las críticas de Peña Vidal al fallo confirman el recule del gobierno.
 
La Opinión Popular

 
Un rechazo generalizado que ya cruzó las fronteras
 
El Acnudh es el organismo de Naciones Unidas que coordina todos los mecanismos destinados a supervisar la situación de derechos humanos en la región. El pronunciamiento que difundió es inusual y fue publicado en su página oficial.
 
El texto difundido ayer por el Alto Comisionado advierte: "Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional". Además, le señala específicamente a la Corte Suprema que debe "considerar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en sentido de no invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional". 
 
La decisión de la Corte benefició al represor Luis Muiña, un civil que había sido condenado a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas en el Hospital Posadas, y que ya estaba bajo libertad condicional. Aplicó la ley del "2 x 1" a pesar de que su sanción fue posterior a los hechos y su derogación anterior a la detención y juzgamiento de Muiña.
 
La palabra de Incalcaterra, fue celebrada por los organismos de derechos humanos y multiplicó las perspectivas de que al menos no exista una aplicación automática del fallo de los supremos. También fue interpretada como una advertencia regional, donde Argentina ha sido un modelo en la evolución del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, igual que en el resto del mundo. Acnudh apunta a evitar retrocesos.
 
Incalcaterra es un funcionario de perfil más bien diplomático: sus expresiones muestran una preocupación por el impacto del fallo de la Corte en otros países y se potencian con la reacción que hubo a nivel local de toda la dirigencia política, desde el propio oficialismo -que anunció un proyecto para que el 2 x1 no alcance a los genocidas- hasta Sergio Massa que dijo que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También Victoria Donda anunció una propuesta propia y el Frente para la Victoria - PJ elaboraba otra. Lo cierto es que el Congreso ha quedado en situación de tener que debatir el tema, que podrían entrar hoy en una sesión especial en Diputados. 
 
A la CIDH recurrió ayer mismo una de las víctimas del Posadas, Gladys Cuervo, representada por los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Brozzi. Pidió que la Comisión dicte una medida cautelar para que el Estado argentino se abstenga de aplicar la ley 24.390 en juicios de lesa humanidad, mientras dirime la cuestión de fondo. Esa es la ley que permite computar dobles los días de detención a partir del segundo año de prisión preventiva sin sentencia. Además pide al organismo que incluya el tema en su agenda cuando venga a sesionar al país el 22 de este mes.
 
La presentación señala que la ley del "2 x1" por uno no estuvo pensada para delitos de lesa humanidad, ya que cuando fue aprobada las leyes de impunidad hacían imposible que los tribunales siquiera tuvieran la práctica de su juzgamiento.
 
La aplicación de la norma ahora "se asimila a una reducción en la pena, con lo que el Estado se está sustrayendo de hacer efectivas reglas internacionales que obligan a fijar penas adecuadas por estos delitos", advierte el escrito enviado por Cuervo. Cita el antecedente de una sentencia de la Corte Interamericana ("Masacre de la Rochela vs. Colombia") "donde se  trató un supuesto de aplicación de ley penal más benigna y reafirmó la necesidad de que la aplicación del marco legal respetase 'la existencia de un principio de proporcionalidad que no beneficie sólo al imputado, sino que constituya un derecho de la víctima de graves violaciones de derechos humanos', bajo parámetros que  ratifiquen a su vez el principio de la responsabilidad principal y directa del Estado en la reparación de las víctimas y que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia...". Advierte que en el fallo de la Corte podría haber responsabilidad internacional del Estado argentino porque "desnaturaliza la pena" y "porque opera como un supuesto de impunidad material de efectos irremediables" para sociedad y las víctimas. Resalta el hecho de que lleva las firmas de solo tres de los cinco jueces de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco). Otras víctimas del Posadas analizan presentarse ante la CIDH, e incluso directamente ante la Corte Interamericana. El abogado Marcelo Parrilli denunció a los tres supremos firmantes por prevaricato (fallar intencionalmente contra Derecho) y la causa le tocó a Daniel Rafecas.
 
Entretanto, también ante la Comisión llevó otro pedido de medida cautelar el constitucionalista Andrés Gil Domínguez para que no se aplique la ley en cuestión y solicitó que se convoque a una audiencia  conciliatoria al Estado "a los efectos de arribar a una solución amistosa". Gil Domínguez dijo que con su presentación apunta, entre otras cosas, a dar un soporte a los fiscales y jueces que discrepen con el criterio supremo. A su entender el criterio de la Corte viola disposiciones  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
 
El Alto Comisionado fue insistente en algunos conceptos, como que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (ratificada por Argentina en 1995, con jerarquía constitucional) más el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establecen que estos delitos son imprescriptibles e instalan un esquema para juzgarlos y reparar a las víctimas. Recordó que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, ya han sido objeto de recomendaciones al Estado Argentino por parte de los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. 
 
Lo que sucede es que en la última década, incluso un poco más, todas las decisiones de la Corte Suprema se encaminaron en sentido a acatar esos señalamientos y sustentar desde los tribunales el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por el que tanto batallaron los organismos de derechos humanos.
 
Mauricio Macri lo llamó "el curro de los derechos humanos" en su campaña electoral, intentó vaciar de sentido el feriado del 24 de marzo (Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia) e instaló un discurso destinado a poner en duda el número de desaparecidos. El fallo de la Corte se posó sobre todo eso. Ni ella ni el Gobierno esperaban un repudio generalizado tan contundente.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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16-12-2017 / 17:12
16-12-2017 / 17:12
16-12-2017 / 11:12
El ajuste sobre las jubilaciones y la seguridad social que procura imponer el Gobierno representa un ahorro fiscal de 100 mil millones de pesos el próximo año. La cifra es equivalente a la pérdida de recaudación que asume el oficialismo por la quita de retenciones al campo, la gran industria y la minería.
 
Si el problema a resolver con la modificación de la fórmula de movilidad de los haberes previsionales es fiscal, el presidente Mauricio Macri debería explicar por qué el Estado no busca recuperar ingresos cedidos a aquellos sectores en lugar de quitárselos a los grupos sociales más vulnerables.
 
No solo eso. También debería justificar la nueva rebaja del impuesto a los Bienes Personales contemplada en el Presupuesto 2018. Ese gravamen recae sobre los contribuyentes con mayor patrimonio, por lo cual se lo conoce como el impuesto a la riqueza.
 
La alícuota del tributo bajará el año que viene a un insignificante 0,25 por ciento, en una continuidad de la disminución progresiva que aprobó Cambiemos junto con el blanqueo de capitales en 2016. En 2015 la alícuota era del 1,25 por ciento. Si se regresara a ese nivel, el Gobierno podría obtener ingresos adicionales por no menos de 30 mil millones de pesos.
 
La lista de transferencias a sectores empresarios sigue en 2018 con una nueva contracción de las retenciones a las exportaciones de soja del 0,5 por ciento mensual, hasta un total de 6 puntos al año.
 
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, eso implica unos 1000 millones de dólares menos de ingresos fiscales, que supuestamente podrían compensarse en parte con la recaudación de otros impuestos. Aun así, serán alrededor de 15 mil millones de pesos menos para las arcas públicas. Otra vez.
 
Por qué no postergar ese beneficio a los grandes pools de siembra en lugar de reducir la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuando la indigencia ha vuelto a crecer en el país, de acuerdo al informe de la Universidad Católica Argentina.
 
A todo esto hay que agregar que la reforma tributaria que presentó Cambiemos establece una disminución de contribuciones a la seguridad social, lo cual resulta incomprensible a la luz del grave problema presupuestario que el Gobierno asegura que tiene la Anses. ¿Si al organismo le falta plata, la solución es achicarle la recaudación con baja de aportes empresarios?

16-12-2017 / 10:12
Dicen que la economía estallará si no aplican el sablazo a las jubilaciones. Pero podrían aumentar las retenciones, aplicar un impuesto a las operaciones financieras, o un tributo a las empresas mineras o a los artículos suntuarios o una escala de impuesto a las altas ganancias similar a la de los países nórdicos o aumentar los salarios para que aumente la demanda y el consumo y crezca la recaudación.
 
Pero no pueden sacarle a los ricos porque el credo neoliberal dice que si les sacan, los ricos se enojan, entonces no invierten y se llevan la plata a otra parte. Es la palabra santa que aplica el macrismo desde hace dos años y no solamente no produjo ninguna lluvia de inversiones, sino que aunque los más ricos están más contentos porque ganan mucha plata, se la llevan toda afuera.
 
El gran dato de la macroeconomía es que les sacaron impuestos, les dieron grandes beneficios y a pesar de todos esos privilegios otorgados a los ricos, el macrismo consiguió cifras récord en la fuga de capitales, alrededor de 50 mil millones de dólares en dos años, más o menos la misma cantidad en que Mauricio Macri endeudó a ritmo vertiginoso al país.
 
Para los que se llevan esa plata y los que hacen negocio con esa deuda, el país es una fiesta aunque las cuentas no cierren y el gobierno diga con razón que la economía está a punto de estallar.
 
Pero en vez de apuntar a los que se la están llevando en pala, despoja a los más vulnerables y desprotegidos, los jubilados, los niños pobres, los pensionados y los discapacitados. Parecen burgueses de la Propaganda Roja. Un cuento de terror para pibes. Autocachetazo, perdón por las disgresiones, no es un cuento de terror, es el neoliberalismo, estúpido.
 
Eso fue el trasfondo de las manifestaciones de la semana. La protesta ha sido legítima defensa frente a un gobierno de empresarios dispuestos a saquear el bolsillo de los trabajadores. 

15-12-2017 / 17:12
Luego del fracaso en la sesión de ayer, los mandatarios provinciales fueron convocados a una reunión en la que estarán también los legisladores que avalan la reforma previsional. Buscan negociar el quórum y tratar la ley de saqueo a los jubilados el lunes. El macrismo quiere "disciplinar" a aquellos gobernadores del PJ que no se encargaron de que el pacto, al que habían llegado con el Gobierno, se cumpliera.
 
El macrismo tratará de renovar el acuerdo e intentará que el proyecto sea aprobado en Diputados. Es que además de necesitar el quórum para votar esta medida impopular, el macrismo no quiere ser el único que cargue con el costo político de semejante robo a los jubilados. Si no lo consigue, dice tener ya listo el Decreto de Necesidad y Urgencia para imponer el ajuste de las jubilaciones.
 
Mauricio Macri busca reacomodarse frente a la crisis que el mismo Gobierno desató al fracasar en su intento de sancionar la reforma previsional a como diera lugar en Diputados mientras fuera del Congreso las fuerzas de seguridad reprimían en forma brutal a quienes fueron a manifestar su rechazo a esa iniciativa que recorta sustancialmente las jubilaciones.
 
El decreto de necesidad y urgencia fue la primera alternativa que Macri barajó para avanzar con el ajuste a los jubilados tras la derrota del oficialismo en el Congreso, pero la advertencia de su socia Elisa Carrió de que no convalidaría esa decisión y el aviso de la CGT de que en ese caso haría hoy un paro lo obligaron a dar macha atrás.
 
Macri apuesta ahora a renovar su acuerdo con los gobernadores. Habrá que ver qué resultados tiene esta reunión de "últimatum" del macrismo a los gobernadores. El Gobierno quiere asegurarse el apoyo de todos ellos al proyecto antes de volver a llevarlo el lunes al recinto de Diputados. Nuevamente se encontraran con la movilización popular que se manifestará para impedirlo.
 
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