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Nacionales - 21-04-2017 / 10:04
OPINIÓN

¿Dónde están los datos?: El mito macrista del ausentismo docente

¿Dónde están los datos?: El mito macrista del ausentismo docente
Ausentismo docente: ¿dónde están los datos?
El mito del docente faltador o vago es una de las clásicas ruedas de auxilio cuando un gobierno debe negociar cuestiones salariales para retacear presupuesto y mejoras de condiciones de trabajo. No obstante, los ministros de aquí y de allá se limitan a hablar de un alto ausentismo, aunque jamás aportan una cifra concreta. Esto se debe a que, lisa y llanamente, esas cifras no existen.
 
El mito del ausentismo les sirve a los gobiernos para poner trabas a las negociaciones salariales docentes, haciendo pie sobre preconceptos muy extendidos en la sociedad civil. Si se googlea "datos sobre ausentismo docente" se llega a noticias fundadas en percepciones de alumnos y directivos, pero ni un solo dato duro. Tal vez ahí mismo está la explicación de por qué no tenemos datos al respecto: cuando se habla de ausentismo docente, para las dirigencias políticas el silencio es salud.
 
Ausentismo docente: ¿dónde están los datos?
 
El extenso conflicto que lleva la paritaria docente de 2017 ha hecho estallar un rosario de percepciones, pareceres y preconceptos sobre la escuela, presente y pasada. Sin embargo, prácticamente ninguna de las opiniones que se escuchan con más fuerza desde instancias gubernamentales, presentes y pasadas, y mediáticas mainstream lo hace con base en datos empíricos, con información contrastable.
 
 
Lo que no tenemos
 
El mito del docente faltador o vago es una de las clásicas ruedas de auxilio cuando un gobierno debe negociar cuestiones salariales para retacear presupuesto y mejoras de condiciones de trabajo. No obstante, los ministros de aquí y de allá se limitan a hablar de un alto ausentismo, aunque jamás aportan una cifra concreta. Esto se debe a que, lisa y llanamente, esas cifras no existen.
 
Las escuelas toman nota de las ausencias y las licencias de su personal para pasar la información al sector de liquidaciones de haberes estatal de cada provincia. Esto se debe a que el Estado nacional no tiene ni establecimientos educativos ni docentes a cargo, a excepción de las universidades nacionales, pero bajo un régimen de autonomía. Durante la última década del siglo XX se transfirieron todas las instituciones a cada una de las 24 jurisdicciones que componen el sistema educativo argentino.
 
Sin embargo, las administraciones provinciales no parecen utilizar esa información para realizar informes estadísticos sobre los tipos de licencias y la cantidad de inasistencias en las que incurrimos los docentes.
 
Al contrario, cabría suponer que en la liquidación de los sueldos sólo se toma en cuenta cuántos días corresponde descontar por mes, y si a eso también debe descontársele el presentismo, para llegar al número que corresponde. Los datos cualitativos -tipo de licencia, inasistencia, regularidad de estas, patrón de conducta del agente en este sentido- parecen perderse en el mar de expedientes de los ministerios.
 
Esa información nos permitiría corrernos del mito y forzar a pensar soluciones concretas si esto es un problema generalizado o no en relación con el resto de los rubros laborales. Ahí sí, entramos en el terreno de las políticas públicas, y de pensar, desde quienes conducen el sistema educativo, cuáles son los mejores mecanismos para amortiguar el impacto de estas situaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
 
Pero lo concreto es que no disponemos de esos datos porque los propios ministerios, dirigidos por los propios políticos que acusan a los docentes de faltar mucho, son precisamente los únicos encargados de relevar y analizar esa información, y han tomado la decisión política explícita de no hacerlo. Dicho de otro modo: si no sabemos cuánto faltamos los docentes es porque los gobiernos no quieren que se sepa. Ellos son los custodios y los propietarios de esa información.
 
 
Lo que sí tenemos
 
El trabajo docente está regido por los estatutos. Cada provincia tiene el propio; a grandes rasgos los 24 estatutos jurisdiccionales del país se escribieron sobre la base del de 1958. Allí están explicitados los mecanismos de ascenso, de acrecentamiento de puntaje y las licencias a las que tenemos derecho sin perder nuestro cargo. Esto varía de provincia a provincia, pero en líneas generales hay bastante coincidencia.
 
La pregunta que también restaría hacerse, para seguir desmontando el mito y acercarnos a la verdad sobre un presunto exceso de derechos que detentamos, es si estas licencias difieren mucho o poco de las que dictan la ley de contrato de trabajo -que regula el trabajo en el ámbito privado- y los principales convenios colectivos derivados de ella. Tampoco lo sabemos: nadie realizó ese estudio.
 
 
La rueda de auxilio
 
Como se afirmó antes, el mito del ausentismo les sirve a los gobiernos para poner trabas a las negociaciones salariales docentes, haciendo pie sobre preconceptos muy extendidos en la sociedad civil. Si se googlea "datos sobre ausentismo docente" se llega a noticias fundadas en percepciones de alumnos y directivos, pero ni un solo dato duro. Tal vez ahí mismo está la explicación de por qué no tenemos datos al respecto: cuando se habla de ausentismo docente, para las dirigencias políticas el silencio es salud.
 
Por Manuel Becerra
 
El autor es docente en la Ciudad de Buenos Aires y autor del blog fuelapluma.com.
 
Fuente: Infobae
 
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21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

20-04-2018 / 16:04
20-04-2018 / 10:04
20-04-2018 / 09:04
Desde que asumió Mauricio Macri las facturas de electricidad treparon 1600 % para los usuarios, tomando como referencia un consumo residencial promedio. Y la inflación se aceleró deteriorando el poder de compra del salario. El rechazo social a las subas en las facturas energéticas se hizo sentir en las calles. El malestar también tuvo una manifestación en el Congreso en el fallido debate del miércoles.
 
Este jueves, a puertas cerradas, el Presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el jefe del bloque Pro, Nicolás Massot, junto a sus aliados radicales y de la Coalición Cívica, abordaron el tema tarifazos. Pero la conclusión fue lamentable.
 
No hubo debate, sino una puesta en escena para la gilada en la que solo se abordaron las tarifas del gas y se decidió "financiar optativamente" las boletas, para pagar durante el verano los cargos correspondientes a los meses de mayor consumo: mayo-junio y julio-agosto. La "brillante" opción apenas sería sobre un 25% del total de la factura de gas y con un recargo del 20%.
 
El Gobierno aceptó hacer un retoque cosmético en su política de tarifas para demostrar apertura ante sus aliados, radicales y lilitos, e intentar descomprimir el escenario en el que la oposición casi reúne los votos para una sesión especial que podría haber iniciado una modificación del aumento previsto para el gas.
 
Con la idiosincrasia empresarial grabada a fuego, Macri no está dispuesto a perder y, pretende que la modesta concesión de la financiación en cuotas la paguen las provincias. "Que los gobernadores aporten el dinero que supone desdoblar los aumentos". Así se lo hizo saber al gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, autor de la polémica propuesta.
 
Pensando en las ganancias, omitieron tratar las subas en otros servicios básicos como la luz y el agua. Tampoco se contempló la situación de las PyMes, industrias o comercios. La "solución" del tarifazo en cuotas solo alcanza a los usuarios residenciales y deja afuera a un sector cuyo incremento en los costos necesariamente implica un traslado a los precios de venta.
 
El repudio general a las subas exageradas de tarifas golpea sobre la principal política ajustadora que el Gobierno ofrece a los "mercados" a cambio de que le hagan el aguante con la deuda externa: la preocupación se la transmitieron a Nicolás Dujovne y Luis Caputo en la asamblea anual del FMI que tiene lugar por estas horas.
 
En conclusión, una verdadera burla. El tarifazo sigue en pie y las ganancias de los amigos de Macri no se tocan. Y ahora al negocio energético se le suma el financiero. Los tarifazos y la baja de los subsidios son la pieza clave del ajuste macrista.
 
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