07:14 | Lunes 09 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 11-04-2017 / 08:04

EL PRO, NO SÓLO CONTRA LOS DOCENTES, SINO CONTRA LA ESCUELA PÚBLICA

Los maestros realizan hoy un paro nacional en repudio a la represión PRO y en reclamo de paritarias

El Gobierno de Macri, en vez de invertir dinero para los salarios docentes y para la educación pública, gasta millones en represión. Mientras dice que no hay recursos para los salarios docentes, se prepara para la posible compra de nueva tecnología para la “dispersión” de manifestaciones. Dicho más sencillamente, buscan aumentar los métodos para la represión contra el pueblo trabajador. La única “idea” que el macrismo tiene para la Educación es la represión a los docentes y al conjunto de los trabajadores.

Los cinco sindicatos docentes nacionales realizan hoy un paro en repudio a la brutal represión que sufrió un grupo de maestros el domingo en Plaza Congreso. En una convocatoria conjunta, a la que asistieron también organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, los gremios docentes anunciaron un paro de 24 horas por la represión a la instalación de la escuela itinerante.

Convocado por los estatales de Ctera, CEA, UDA y Amet y los privados del Sadop-, el sentido del reclamo es insistir, al mismo tiempo, en que el Gobierno de Mauricio Macri convoque a la paritaria nacional docente, uno de los motivos que dieron origen al conflicto.

En esta línea, los dirigentes gremiales advirtieron que con la represión el macrismo buscó impedir el debate sobre lo que implica su propuesta salarial: fijar sueldos que quedarán "dos mil o tres mil pesos por debajo de la línea de pobreza".

"La represión que ejercieron contra los maestros y profesores tuvo el objetivo de reprimir la palabra. Buscó que no se pueda debatir que lo que están ofreciendo como aumento a los docentes está 2 mil o tres mil pesos por debajo de la línea de pobreza. No quieren que se discuta públicamente el recorte a los presupuestos educativos. Se la pasan hablando de diálogo, pero su acción política permanente es la confrontación y la represión", sostuvo Roberto Baradel, el titular del Suteba.

El macrismo usó como excusa la supuesta "'falta de permiso', cuando los derechos constitucionales no dependen de un trámite administrativo". "El Estado usó la violencia, luego de obstruir diferentes manifestaciones del conflicto docente después de cerrar el canal de interlocución. Hacer prevalecer una restricción administrativa por sobre la Constitución implica en los hechos no reconocer el derecho a la protesta", planteó el CELS.

De la estructura de la carpa, en los hechos, ayer ya no quedaba nada. En la escuela itinerante la Ctera pretendía realizar clases públicas como un modo de protesta alternativo a los paros. Clases sobre el incumplimiento de la ley de Financiamiento Docente -que dispone el llamado a la paritaria nacional- y el fallo judicial que la semana pasada le ordenó al Poder Ejecutivo llamar a esta instancia de negociación.

Desde la Ctera adelantaron que van a insistir en instalar la escuela. En principio, el plan de lucha de los docentes continúa hoy con el paro nacional y mañana con actividades en los colegios, como asambleas con los padres y volanteadas de difusión.

La Opinión Popular

No es sólo contra los docentes, es contra la escuela

Por Adriana Puiggros

Para el avance de las corporaciones sobre la educación han sido particularmente significativos el retiro de los Estados Unidos de la UNESCO en 1984; el Consenso de Washington, en 1989; el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC de 1995 (cuyo apartado IV establece la "liberación progresiva" de la educación por parte de los países miembros), la inclusión de la educación superior en la lista de bienes transables por parte de la OMC en 1999; el Acuerdo de Bolonia de 1999. El mercado avanzó sobre los consensos internacionales derivados de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en los cuales la educación había quedado establecida como un derecho.

Desde el punto de vista del negocio de la educación, la tecnología es vista como una posibilidad de sustituir a la escuela y a los maestros por diversos programas que ya venden masivamente empresas, ONG y fundaciones a nivel internacional. La flexibilización laboral de la contratación docente se impuso como prioridad para grandes inversores en el nuevo mercado mudial del rubro educación, que mueve más de 5 billones de dólares anuales. El negocio de la educación está creciendo de manera exponencial en el mundo. Tan sólo la educación superior privada concentra cerca de cien millones del estudiantes. Según distintos cálculos de algunos investigadores, partiendo de un arancel mínimo de 1000 US$ anuales por cada uno (que es muy bajo) el aporte de la educación superior privada al mercado global alcanzaría los 31.500 millones de dólares por año.

La distancia entre el lenguaje economicista y el lenguaje pedagógico se acortó peligrosamente. Economistas liberales de las universidades estadounidenses revivieron la antigua discusión acerca del origen de la riqueza, impactando las concepciones pedagógicas, psicopedagógicas y las político educativas. En tanto se insiste en que sólo el conocimiento es el productor de riqueza al agregar valor al producto, se difunde alcanzando tonos publicitarios la deshumanización del trabajador y a la descalificación de su función.

Tal operación consiste en desprender del hombre el conocimiento, para constituir un nuevo fetiche al servicio del ocultamiento del valor del trabajo. Los trabajadores de la educación son "evaluados" como cargas presupuestarias, excesos impositivos prescindibles y antiguedades pre tecnológicas. La disminución del personal docente con la excusa de su posible reemplazo por medios tecnològicos, y la rebaja drástica de sus salarios, se instalaron como el argumento natural de los nuevos propietarios de la educación.

Ya desde fines de los años 80, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el Club de París y los más importantes bancos privados europeos, se introdujeron en el campo de la educación latinoamericana con préstamos acompañados de directivas formuladas de manera taxativa en relación a la reforma de los sistemas escolares y las universidades. Eficiencia, eficacia, equidad, accountability, management, arancelamiento, tercerización, evaluación, fueron algunos de los términos que sustituyeron a la "educación común", la igualdad de derechos, la democracia educativa, la educación pública.

En los Estados Unidos, educadores, periodistas de los principales diarios y los dos grandes sindicatos de educadores, la National Education Association (NEA) y la American Federation of Teachers (AFT), miembros de la Internacional de la Educación, denunciaron el uso de la educación como un instrumento para el sometimiento cultural; asimismo rechazaron las escuelas "charter"( son las estatales privatizadas), los vouchers (bonos individuales que sustituyen el presupuesto educativo) y las diversas formas de privatización de la educación publica explícitas o encubiertas.

Los actuales tratados de libre comercio incluyen a la educación con la finalidad práctica de comprar y vender. Los medios de comunicación dominados por la publicidad usan los vínculos entre madre e hijos reducidos a la mancha de tinta en la remera que arregla con el nuevo quitamanchas, la nueva figura del padre que se hace presente cocinando puré sintético, la escena donde la mayonesa light une a la familia, el grupo de adolescentes deleitados por las papas fritas y unidos por litros de cerveza. Es muy raro que en esos avisos aparezca un maestro o maestra. La televisión e Internet están plagados de publicidades de empresas de autoeducación en múltiples rubros. Generalmente son presentadas por un educador sonriente con perfil del empleado del año de Mc Donald.

En nuestro país, la situación, que hasta hace pocos años era vista solo por los especialistas y los gremios como un peligro futuro, se manifiesta desde que asumió el gobierno Mauricio Macri sin reparos, como una compleja trama de inversiones privadas, normativas locales y nacionales, tratados internacionales, arreglos entre fundaciones privadas y establecimientos públicos, y situaciones de hecho de privatización que se presentan como experiencias pedagógicas. El shopping de educación que veíamos en la época de Menem como intentos en algunos colegios, se ha generalizado cobrando dimensiones inéditas.

En los medios se ha instalado una maquinaria de reelaboración del discurso educativo que va destruyendo los soportes simbólicos de la educación moderna. Los intereses de Microsoft, Pearson, Banco Santander, Google, entre otras, actúan de manera directa en el país a través del Ministerio de Educación y Deportes. Desde el arco oficial no hay disimulo al respecto, porque consideran que es lo adecuado. Paralelamente, se suman cada vez más fundaciones y empresas destinadas a vender servicios educativos, tales como GEM, Junior Achievement, Eidos o programas como Teach for America, Educar y Crecer, entre otras.

Por ejemplo, este último programa tiene como donantes a la Fundación Benito Roggio, Chevron Argentina y Johnson & Johnson. Usan un modelo de "franquicia social" destinado a promover que diversos actores sociales se deciquen a la educación. Les facilita material didáctico, capacitación y asesoramiento. Sin mucho esfuerzo de imaginación leemos este programa acompañándolo como música de fondo con el tintineo de la frase múltiples veces repetida por conductores de programas televisivos, redactores de editoriales de diarios liberales y economistas devenidos en pedagogos: "¡La Escuela Pública está en decadencia!".

La acción siguiente es la convocatoria a voluntarios para que reemplacen a los maestros y profesores, condenados. No se trata de reacciones circunstanciales o un mal humor pasajero de algunos funcionarios. Por el contrario, los voluntarios sustituyendo a los docentes profesionales son sujetos centrales de la compra-venta de educación. Si agregamos la convocatoria pública que hizo en Dubai el ministro Bullrich a inversores extranjeros en educación, sosteniendo que "nosotros no podemos"(arreglar la educación) se aclara el sentido de que se trate de introducir como "co-docentes" en las escuelas primarias y técnicas a personas contratadas por "Teach for Argentina", sin capacitación, fuera del convenio colectivo de trabajo, contratadas como monotributistas con bajos salarios, como co-docentes.

Uno de los titulares de esa fundación es Gabriel Sánchez Zinny, hasta hace pocos días director del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET). La mencionada fundación es de la familia de "Teach for all" y "Teach for America", dedicadas a la formación de líderes y educadores en comunidades indígenas y marginales, especialmente en Uganda y Ghana, a las cuales ellos consideran naturalmente inferiores. Acordar que organizaciones con esa ideología penetren nuestras escuelas reemplazando a los docentes es lógico que aparezca como una solución para quienes ven la educación pública argentina poblada de seres incultos y culturalmente atrasados. El propio presidente Mauricio Macri lamentó que exista "una terrible inequidad, de aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública"

El domingo fueron reprimidos los docentes que trataron de armar una escuela frente al Congreso de la Nación. El gobierno no respeta las leyes que protegen el trabajo docente y la escuela, no solo la pública sino todas las escuelas. Ese es el fondo de la cuestión: la desescolarización a manos de las corporaciones va muy a fondo, avanza hacia un cambio civilizatorio, sólo comparable con el que imaginó Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz. Por eso es indispensable que la ciudadanía comprenda que no se está atacado tan solo los derechos de los docentes sino los suyos propios. Son los derechos de los familiares y de los propios niños y adolescentes los perjudicados cuando el gobierno se niega a sentarse en la paritaria, suspende la capacitación de los docentes, los reprime y se dedica a hacer negocios con la educación pública.

Fuente: Página12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular