planteó el CELS.
 
De la estructura de la carpa, en los hechos, ayer ya no quedaba nada. En la escuela itinerante la Ctera pretendía realizar clases públicas como un modo de protesta alternativo a los paros. Clases sobre el incumplimiento de la ley de Financiamiento Docente -que dispone el llamado a la paritaria nacional- y el fallo judicial que la semana pasada le ordenó al Poder Ejecutivo llamar a esta instancia de negociación.
 
Desde la Ctera adelantaron que van a insistir en instalar la escuela. En principio, el plan de lucha de los docentes continúa hoy con el paro nacional y mañana con actividades en los colegios, como asambleas con los padres y volanteadas de difusión.  
 
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Nacionales - 11-04-2017 / 08:04
EL PRO, NO SÓLO CONTRA LOS DOCENTES, SINO CONTRA LA ESCUELA PÚBLICA

Los maestros realizan hoy un paro nacional en repudio a la represión PRO y en reclamo de paritarias

Los maestros realizan hoy un paro nacional en repudio a la represión PRO y en reclamo de paritarias
El Gobierno de Macri, en vez de invertir dinero para los salarios docentes y para la educación pública, gasta millones en represión. Mientras dice que no hay recursos para los salarios docentes, se prepara para la posible compra de nueva tecnología para la “dispersión” de manifestaciones. Dicho más sencillamente, buscan aumentar los métodos para la represión contra el pueblo trabajador. La única “idea” que el macrismo tiene para la Educación es la represión a los docentes y al conjunto de los trabajadores.
Los cinco sindicatos docentes nacionales realizan hoy un paro en repudio a la brutal represión que sufrió un grupo de maestros el domingo en Plaza Congreso. En una convocatoria conjunta, a la que asistieron también organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, los gremios docentes anunciaron un paro de 24 horas por la represión a la instalación de la escuela itinerante.
 
Convocado por los estatales de Ctera, CEA, UDA y Amet y los privados del Sadop-, el sentido del reclamo es insistir, al mismo tiempo, en que el Gobierno de Mauricio Macri convoque a la paritaria nacional docente, uno de los motivos que dieron origen al conflicto.
 
En esta línea, los dirigentes gremiales advirtieron que con la represión el macrismo buscó impedir el debate sobre lo que implica su propuesta salarial: fijar sueldos que quedarán "dos mil o tres mil pesos por debajo de la línea de pobreza".
 
"La represión que ejercieron contra los maestros y profesores tuvo el objetivo de reprimir la palabra. Buscó que no se pueda debatir que lo que están ofreciendo como aumento a los docentes está 2 mil o tres mil pesos por debajo de la línea de pobreza. No quieren que se discuta públicamente el recorte a los presupuestos educativos. Se la pasan hablando de diálogo, pero su acción política permanente es la confrontación y la represión", sostuvo Roberto Baradel, el titular del Suteba.
 
El macrismo usó como excusa la supuesta "'falta de permiso', cuando los derechos  constitucionales no dependen de un trámite administrativo". "El Estado usó la violencia, luego de obstruir diferentes manifestaciones del conflicto docente después de cerrar el canal de interlocución. Hacer prevalecer una restricción administrativa por sobre la Constitución implica en los hechos no reconocer el derecho a la protesta", planteó el CELS.
 
De la estructura de la carpa, en los hechos, ayer ya no quedaba nada. En la escuela itinerante la Ctera pretendía realizar clases públicas como un modo de protesta alternativo a los paros. Clases sobre el incumplimiento de la ley de Financiamiento Docente -que dispone el llamado a la paritaria nacional- y el fallo judicial que la semana pasada le ordenó al Poder Ejecutivo llamar a esta instancia de negociación.
 
Desde la Ctera adelantaron que van a insistir en instalar la escuela. En principio, el plan de lucha de los docentes continúa hoy con el paro nacional y mañana con actividades en los colegios, como asambleas con los padres y volanteadas de difusión.  
 
La Opinión Popular

 
No es sólo contra los docentes, es contra la escuela
 
Por Adriana Puiggros
 
Para el avance de las corporaciones sobre la educación han sido particularmente significativos el retiro de los Estados Unidos de la UNESCO en 1984; el Consenso de Washington, en 1989; el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC de 1995 (cuyo apartado IV establece la "liberación progresiva" de la educación por parte de los países miembros), la inclusión de la educación superior en la lista de bienes transables por parte de la OMC en 1999; el Acuerdo de Bolonia de 1999. El mercado avanzó sobre los consensos internacionales derivados de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en los cuales la educación había quedado establecida como un derecho.

 
Desde el punto de vista del negocio de la educación, la tecnología es vista como una posibilidad de sustituir a la escuela y a los maestros por diversos programas que ya venden masivamente empresas, ONG y fundaciones a nivel internacional. La flexibilización laboral de la contratación docente se impuso como prioridad para grandes inversores en el nuevo mercado mudial del rubro educación, que mueve más de 5 billones de dólares anuales. El negocio de la educación está creciendo de manera exponencial en el mundo. Tan sólo la educación superior privada concentra cerca de cien millones del estudiantes. Según distintos cálculos de algunos investigadores, partiendo de un arancel mínimo de 1000 US$ anuales por cada uno (que es muy bajo) el aporte de la educación superior privada al mercado global alcanzaría los 31.500 millones de dólares por año.
 
La distancia entre el lenguaje economicista y el lenguaje pedagógico se acortó peligrosamente. Economistas liberales de las universidades estadounidenses revivieron la antigua discusión acerca del origen de la riqueza, impactando las concepciones pedagógicas, psicopedagógicas y las político educativas. En tanto se insiste en que sólo el conocimiento es el productor de riqueza al agregar valor al producto, se difunde alcanzando tonos publicitarios la deshumanización del trabajador y a la descalificación de su función.

 
Tal operación consiste en desprender del hombre el conocimiento, para constituir un nuevo fetiche al servicio del ocultamiento del valor del trabajo. Los trabajadores de la educación son "evaluados" como cargas presupuestarias, excesos impositivos prescindibles y antiguedades pre tecnológicas. La disminución del personal docente con la excusa de su posible reemplazo por medios tecnològicos, y la rebaja drástica de sus salarios, se instalaron como el argumento natural de los nuevos propietarios de la educación.
 
Ya desde fines de los años 80, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el Club de París y los más importantes bancos privados europeos, se introdujeron en el campo de la educación latinoamericana con préstamos acompañados de directivas formuladas de manera taxativa en relación a la reforma de los sistemas escolares y las universidades. Eficiencia, eficacia, equidad, accountability, management, arancelamiento, tercerización, evaluación, fueron algunos de los términos que sustituyeron a la "educación común", la igualdad de derechos, la democracia educativa, la educación pública.
 
En los Estados Unidos, educadores, periodistas de los principales diarios y los dos grandes sindicatos de educadores, la National Education Association (NEA) y la American Federation of Teachers (AFT), miembros de la Internacional de la Educación, denunciaron el uso de la educación como un instrumento para el sometimiento cultural; asimismo rechazaron las escuelas "charter"( son las estatales privatizadas), los vouchers (bonos individuales que sustituyen el presupuesto educativo) y las diversas formas de privatización de la educación publica explícitas o encubiertas.
 
Los actuales tratados de libre comercio incluyen a la educación con la finalidad práctica de comprar y vender. Los medios de comunicación dominados por la publicidad usan los vínculos entre madre e hijos reducidos a la mancha de tinta en la remera que arregla con el nuevo quitamanchas, la nueva figura del padre que se hace presente cocinando puré sintético, la escena donde la mayonesa light une a la familia, el grupo de adolescentes deleitados por las papas fritas y unidos por litros de cerveza. Es muy raro que en esos avisos aparezca un maestro o maestra. La televisión e Internet están plagados de publicidades de empresas de autoeducación en múltiples rubros. Generalmente son presentadas por un educador sonriente con perfil del empleado del año de Mc Donald. 
 
En nuestro país, la situación, que hasta hace pocos años era vista solo por los especialistas y los gremios como un peligro futuro, se manifiesta desde que asumió el gobierno Mauricio Macri sin reparos, como una compleja trama de inversiones privadas, normativas locales y nacionales, tratados internacionales, arreglos entre fundaciones privadas y establecimientos públicos, y situaciones de hecho de privatización que se presentan como experiencias pedagógicas. El shopping de educación que veíamos en la época de Menem como intentos en algunos colegios, se ha generalizado cobrando dimensiones inéditas.

 
En los medios se ha instalado una maquinaria de reelaboración del discurso educativo que va destruyendo los soportes simbólicos de la educación moderna. Los intereses de Microsoft, Pearson, Banco Santander, Google, entre otras, actúan de manera directa en el país a través del Ministerio de Educación y Deportes. Desde el arco oficial no hay disimulo al respecto, porque consideran que es lo adecuado. Paralelamente, se suman cada vez más fundaciones y empresas destinadas a vender servicios educativos, tales como GEM, Junior Achievement, Eidos o programas como Teach for America, Educar y Crecer, entre otras.
 
Por ejemplo, este último programa tiene como donantes a la Fundación Benito Roggio, Chevron Argentina y Johnson & Johnson. Usan un modelo de "franquicia social" destinado a promover que diversos actores sociales se deciquen a la educación. Les facilita material didáctico, capacitación y asesoramiento. Sin mucho esfuerzo de imaginación leemos este programa acompañándolo como música de fondo con el tintineo de la frase múltiples veces repetida por conductores de programas televisivos, redactores de editoriales de diarios liberales y economistas devenidos en pedagogos: "¡La Escuela Pública está en decadencia!".
 
La acción siguiente es la convocatoria a voluntarios para que reemplacen a los maestros y profesores, condenados. No se trata de reacciones circunstanciales o un mal humor pasajero de algunos funcionarios. Por el contrario, los voluntarios sustituyendo a los docentes profesionales son sujetos centrales de la compra-venta de educación. Si agregamos la convocatoria pública que hizo en Dubai el ministro Bullrich a inversores extranjeros en educación, sosteniendo que "nosotros no podemos"(arreglar la educación) se aclara el sentido de que se trate de introducir como "co-docentes" en las escuelas primarias y técnicas a personas contratadas por "Teach for Argentina", sin capacitación, fuera del convenio colectivo de trabajo, contratadas como monotributistas con bajos salarios, como co-docentes.

 
Uno de los titulares de esa fundación es Gabriel Sánchez Zinny, hasta hace pocos días director del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET). La mencionada fundación es de la familia de "Teach for all" y "Teach for America", dedicadas a la formación de líderes y educadores en comunidades indígenas y marginales, especialmente en Uganda y Ghana, a las cuales ellos consideran naturalmente inferiores. Acordar que organizaciones con esa ideología penetren nuestras escuelas reemplazando a los docentes es lógico que aparezca como una solución para quienes ven la educación pública argentina poblada de seres incultos y culturalmente atrasados. El propio presidente Mauricio Macri lamentó que exista "una terrible inequidad, de aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública"
 
El domingo fueron reprimidos los docentes que trataron de armar una escuela frente al Congreso de la Nación. El gobierno no respeta las leyes que protegen el trabajo docente y la escuela, no solo la pública sino todas las escuelas. Ese es el fondo de la cuestión: la desescolarización a manos de las corporaciones va muy a fondo, avanza hacia un cambio civilizatorio, sólo comparable con el que imaginó Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz. Por eso es indispensable que la ciudadanía comprenda que no se está atacado tan solo los derechos de los docentes sino los suyos propios. Son los derechos de los familiares y de los propios niños y adolescentes los perjudicados cuando el gobierno se niega a sentarse en la paritaria, suspende la capacitación de los docentes, los reprime y se dedica a hacer negocios con la educación pública.
 
Fuente: Página12
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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