La Opinión Popular
                  04:23  |  Miércoles 13 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
¿Hacia dónde vamos?
Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Con la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Macri, los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo”. Pablo Tonelli, diputado nacional por el PRO.
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Sociedad e Interés General - 24-03-2017 / 08:03
EFEMÉRIDES POPULARES. A 41 AÑOS DEL GOLPE MILITAR

En Entre Ríos, el accionar represivo fue cruel y sistemático

En Entre Ríos, el accionar represivo fue cruel y sistemático
Jefes de la represión en Entre Ríos: el general Juan Carlos Trimarco, comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada; brigadier Rubén Daniel Di Bello, interventor militar en la provincia; y el brigadier Jorge Piatrellini, de la Segunda Brigada Aérea con asiento en Paraná.
En la provincia de Entre Ríos el modelo represor-clandestino se aplicó con igual rigor que en el resto del país, produciendo desapariciones de personas, vejámenes, torturas, secuestros, asesinatos, entierros clandestinos, sustituciones de identidad de menores, robos de bebés recién nacidos, robos de propiedades, expulsiones injustificadas de trabajos, persecuciones, y demás delitos que hoy investiga la Justicia federal.

Este despliegue de actividad delictiva estuvo a cargo de al menos tres grupos de tareas (GT) integrados por alrededor de 50 personas pertenecientes al Ejército, la Policía Federal, la Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, bajo dependencia jerárquica directa de la comandancia del Segundo Cuerpo de Ejército a través de la Brigada de Caballería Blindada II.

En Entre Ríos, durante el período 1976-1978 funcionaron numerosos centros clandestinos de detención (CCD), donde ocurrieron hechos que se ventilan en diferentes juicios realizados o a realizarse en la provincia.

Por esos CCD pasaron, privados de su libertad y sin proceso alguno, cientos de entrerrianos y personas de otras provincias, de los que varios están todavía desaparecidos. También hubo hechos de robo de bebés, como los ocurridos con el nacimiento de niños en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná y su posterior "entrega" a padres figuradamente adoptivos.

A 37 años del golpe de Estado que dio inicio a la más feroz dictadura de la historia argentina, la reconstrucción de lo ocurrido es claramente una tarea del presente. Los sectores afines a la dictadura no han podido imponer la idea de que se trata de "un tema del pasado".

Es presente, hoy todavía hay jóvenes que buscan su identidad, desaparecidos que no se encuentran, familiares que no saben dónde están sus muertos y represores que caminan sin castigo. Y lo más importante, también está vigente la idea de que es una problemática que no pertenece solo a las víctimas directas de la dictadura, sino a todos los argentinos. Y desde este punto de vista se entiende que aún hoy, y en algunos casos recién hoy, aparezcan nuevos datos, denuncias, relatos que ayudan a reconstruir lo ocurrido hace tres o cuatro décadas.

Tal vez así dicho, en este 2013, esto parezca una obviedad; pero es el resultado de la lucha de miles de personas por evitar que se imponga la idea de "lo pasado, pisado" a la que sigue la consagración de la impunidad -generalmente en nombre de la reconciliación nacional-, el famoso "aquí no ha pasado nada".


La noche

En ese sentido, vale recordar algunos aspectos de lo ocurrido en la provincia desde el 24 de marzo de 1976. Según reconstruyó el periodista Daniel Enz, en la noche previa a aquel día el gobernador entrerriano Enrique Cresto recibió un llamado del senador Antonio Gino Cavallaro poniéndolo al tanto de la inminencia del golpe.

El mandatario volvió hasta la Casa de Gobierno -previo paso por dependencias ubicadas en el edificio de la Caja de Jubilaciones- y esperó que los golpistas se apersonaran allí. Pasadas las 2, cuando se dirigía a su casa tras la espera infructuosa, fue detenido, esposado y golpeado en el piso. Algo parecido le ocurrió al vicegobernador Dardo Blanc.

Las oficinas públicas tomadas, los gremios clausurados y las primeras detenciones fueron las novedades de esa noche. A la mañana juró el coronel bonaerense Juan Carlos Trimarco como interventor de la provincia.

La mayoría de los funcionarios y dirigentes de varios partidos, principalmente los peronistas, fueron detenidos. La gente esperaba noticias en su casa. Había pocos medios de comunicación en esa época. El matutino paranaense El Diario recién fijó su postura institucional por el cambio de gobierno el 28 de marzo.

"Las Fuerzas Armadas, como reserva de las instituciones, se han comprometido a terminar con la violencia embozada que se estaba ejerciendo desde los organismos mismos del Estado (....)" editorializó El Diario. El golpe se produjo entonces "cuando el pueblo que ansía un país de grandeza, que elaboraron nuestros próceres, despierta de este tormentoso letargo y pide un modelo argentino que responda a sus más profundas expectativas (...) Eso es lo que el pueblo tiene derecho a pedirles a las Fuerzas Armadas: que le devuelva sus símbolos, sus ideales de grandeza, que le cambie la anarquía por el orden y que tengan presentes siempre las palabras de Paulo VI cuando dice que 'el camino de la paz pasa por el desarrollo. Economía y técnica no tienen sentido si no es por el hombre, a quien deben servir'", completaba el matutino.

La actuación de Trimarco al frente del usurpado Ejecutivo provincial fue breve. Desde el 13 de abril de 1976 lo ejerció el brigadier Rubén Di Bello, quien fue colocado en Entre Ríos por el Brigadier Orlando Agosti; ya que en el reparto jurisdiccional que efectuara la Junta de Comandantes del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la provincia le fue asignada a la Aviación. Luego le siguieron Pablo Jávega, por un breve período; Carlos Enrique Aguirre, entre 1978 y 1981; Jorge Washington Ferreyra, entre 1981 y febrero de 1983; y Mario César Bertozzi, hasta el 10 de diciembre de 1983.


Los juicios 

En el juicio por la causa Hospital Militar la Justicia consideró a Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelog, Walter Pagano y Jorge Alberto Fariña coautores responsables de la sustracción de menores y alteración o supresión de identidad. En tanto el médico Juan Antonio Zacaría fue considerado como partícipe necesario de los mismos delitos.

Por eso, en octubre de 2011 impuso una condena de 14 años de prisión para Guerreri, 13 para Amelong y Fariña, 11 para Pagano, y cinco años para Zaccaría. En tanto Marino González resultó absuelto en esta causa.

En tanto, en diciembre de 2012, en el marco de la denominada Causa Harguindeguy el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a prisión perpetua a Naldo Miguel Dasso y Juan Miguel Valentino; a 15 años de prisión a Julio César Rodríguez y 10 años a Francisco Crescenzo por delitos de lesa humanidad cometidos "en el marco del genocidio" en la costa del río Uruguay. Absolvió a Santiago Héctor Kelly del Moral, Marcelo Pérez y Juan Carlos Mondragón.

Resta aún realizarse el juicio de la denominada Causa Área Paraná, por cuya concreción reclaman insistentemente los organismos de derechos humanos, en la certeza de, aunque tarde, solo con verdad habrá memoria y justicia.

Fuente: UNO

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12-12-2017 / 19:12
La matanza fue perpetrada el 13 de diciembre de 1976 por una patrulla del Ejército contra 22 presos políticos secuestrados a los que previamente habían arrancado de la cárcel de Resistencia y centros clandestinos de detención, de los cuales hay varios que aún están desaparecidos.

El Ejército argumentó que los prisioneros intentaron fugarse en dos vehículos ayudados por un comando guerrillero que supuestamente atacó al convoy del Ejército que los transportaba en la ruta a Formosa.

Sin embargo, en el juicio quedó demostrado que las víctimas fueron recogidas semiconscientes después de ser torturadas en la prisión clandestina de la ex Dirección de Investigaciones de la Policía, de la Alcaidía Policial y de la Unidad Federal 7. Horas después, fueron llevados por la ruta 11 y a la altura de Margarita Belén -70 kilómetros al norte de Resistencia- los hicieron ingresar a dos autos en los cuales fueron acribillados.

La masacre de Margarita Belén es un uno de los crímenes más espantosos, planeado y decidido en los más altos niveles, que expresa rotundamente lo siniestro que fue la dictadura militar.

La gran mayoría de los masacrados pertenecían a la Juventud Peronista y a Montoneros. Eran militantes políticos, luchadores sociales o guerrilleros, que no merecían morir en esas condiciones. Los militares intentaron justificar esos crímenes diciendo que estaban en guerra. Pero, ni en la guerra se recurre a esos métodos. Y en todo caso, quienes los practican luego serán juzgados como lo que son: criminales de guerra.

La Opinión Popular

12-12-2017 / 19:12
Los integrantes del grupo unitario rivadaviano, primeros endeudadores del país, tras dejar a un Estado nacional en ruinas, con una situación internacional gravísima y una guerra ganada a Brasil en los campos de batalla pero perdida en los papeles, se retiraron del gobierno, pero no del poder. Le dejaron a Manuel Críspulo Bernabé Dorrego Salas una maldita herencia con mínimos márgenes para innovar o cambiar el rumbo de la economía y la política.
 
Republicano, federal y democrático, Dorrego, enfrentando poderosos intereses, tratará de torcer lo que muchos imaginaban como un destino manifiesto del fracaso nacional. Suspenderá el pago de la deuda, aplicará medidas de gobierno en defensa de los sectores populares e intentará una política de acercamiento con los gobernadores de provincia buscando evitar el naufragio y la disolución de la nación.
 
El principal objetivo de la política financiera de Dorrego fue terminar con la especulación que tenía como sede al Banco Nacional creado por los rivadavianos. Resultaba imposible seguir endeudando al país. En favor de las clases populares, fijó precios máximos sobre el pan y la carne para bajar la presión del costo de la vida y prohibió el monopolio de los productos de primera necesidad. Tuvo éxito y en febrero y marzo de 1828 el peso recuperó casi todo el valor que había perdido gracias a la política de Dorrego.
 
A mediados de 1828, la mayor parte de la clase terrateniente, afectada por la prolongación de la guerra, retiró a Dorrego el apoyo político y económico. Le negó, a través de la Legislatura, los recursos para continuar la guerra, llevándolo así a transigir e iniciar conversaciones de paz con el Imperio esclavista del Brasil.
 
El 1º de diciembre de 1828 el general unitario Juan Galo de Lavalle encabezó una sublevación contra el gobierno del coronel Manuel Dorrego a quien depuso. Pocos días más tarde Dorrego fue capturado y condenado a muerte, sin proceso ni juicio previo.
 
Dorrego fue fusilado, por orden de Lavalle, en un corral a espadas de la iglesia del pueblo de Navarro, el 13 de diciembre de 1828. Pero a los "salvajes unitarios" no les alcanzó con fusilarlo sino que, como consta en la autopsia, le cortaron la cabeza y se la destrozaron a culatazos.
 
Cuando Simón Bolívar se enteró del fusilamiento de Dorrego, dijo que "en Buenos Aires se ha visto la atrocidad más digna de unos bandidos". San Martín, que llegó hasta Montevideo poco después del golpe de Lavalle, no tenía duda alguna sobre quién era el principal responsable del crimen: "los autores del movimiento del 1° de diciembre son Rivadavia y sus satélites, y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no solamente a este país, sino al resto de América, con su conducta infernal".
 
La Opinión Popular

11-12-2017 / 20:12
10-12-2017 / 20:12
10-12-2017 / 20:12
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