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Nacionales - 16-02-2017 / 17:02
RENEGOCIACIÓN POR LA DEUDA EN EL CORREO, UNA LUZ DE ALARMA EN EL GOBIERNO

En el macrismo temen que se instale que solo se adoptan medidas para favorecer a los más ricos

En el macrismo temen que se instale que solo se adoptan medidas para favorecer a los más ricos
A pesar que el Gobierno de Macri intenta justificar el acuerdo alcanzado con el papá del presidente, el escándalo confirmó lo que ya se sabe, que la familia Macri se ha enriquecido siempre con negociados como este a costilla del Estado y del dinero de todos los argentinos.
Una luz de alarma que se encendió en los últimos días en algunos despachos con poder real de la alianza Cambiemos: que el caso del Correo comience a golpear sobre la credibilidad del Presidente y que perfore en sectores que lo apoyaron -y que incluso siguen apoyándolo- más por descarte al resto del menú de candidatos que se ofrecía en 2015, que por convicción.
 
Se trata del sector del electorado más volátil que ha sabido ver a Macri con ojos prejuiciosos. "En algún punto Mauricio superó ese escollo pero por otro lado siempre vuelve la idea de que gobernamos para los ricos. Es un estigma que se reaviva cada tanto", afirma un funcionario.
 
En el macrismo temen que se instale la idea que se adoptan medidas para favorecer solo a los más ricos. Y que el caso golpee la credibilidad del Presidente.
 
La Opinión Popular

 
En el Gobierno respiraron ayer con cierto alivio cuando trascendió el comunicado de la Coalición Cívica con el sello inconfundible de Elisa Carrió. "Un tiro de Lilita en este momento hubiera sido difícil de esquivar", admitían anoche en el entorno presidencial.
 
Después de varias días de silencio y cavilaciones, Carrió desplegó un manto de piedad sobre la Casa Rosada por el controvertido acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino. Avisó que ya se ocupará de los negocios del empresario Franco Macri, pero atribuyó al patrimonialismo corrupto instalado por los gobiernos de los Kirchner la no resolución de la deuda durante sus años en el poder.
 
No bastó, sin embargo, para despejar la luz de alarma que se encendió en los últimos días en algunos despachos con poder real de Cambiemos: que el caso comience a golpear sobre la credibilidad del Presidente y que perfore en sectores que lo apoyaron -y que incluso siguen apoyándolo- más por descarte al resto del menú de candidatos que se ofrecía en 2015 que por convicción.
 
Se trata del sector del electorado más volátil que ha sabido ver a Macri con ojos prejuiciosos. "En algún punto Mauricio superó ese escollo pero por otro lado siempre vuelve la idea de que gobernamos para los ricos. Es un estigma que se reaviva cada tanto", afirma un funcionario.
 
No hay encuestas que midan hasta ahora el impacto del acuerdo. Sí hay, en cambio, una primera impresión de varios analistas de opinión pública que cada tanto son consultados por hombres con despacho en la Casa Rosada.
 
Esa impresión revela que, si bien la población no está muy al tanto de qué se discute cuando se afirma que el Estado le condonó una buena porción de la deuda a la familia Macri, la situación de confusión y la embestida de la oposición en el Congreso acarrearía costos.
 
No sería como en otros flancos que ha dejado abierto el Ejecutivo. "Nadie conoce quién es Arribas, pero todo el mundo sabe quién es Franco Macri y este caso huele a que le están haciendo un favor al padre del Presidente", suponen quienes decodifican el pensamiento de la sociedad.
 
Mientras estudian los costos, en el equipo de comunicación del Gobierno decidieron estirar lo más posible la palabra del Presidente. Creen que es una forma de preservarlo. Marcos Peña, el jefe de Gabinete, reconoció ayer que hubo cierta "ingenuidad" para abordar el tema.
 
Pero para otros integrantes del Gabinete, no fue cómo se trató sino cómo se comunicó: nadie se explica, por ejemplo, por qué dijeron que el Presidente no estaba para nada enterado del acuerdo.
 
Por Santiago Fioriti
 
Fuente: Clarín
 

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18-02-2018 / 12:02
El caso del policía Luis Chocobar, felicitado por el Gobierno de Mauricio Macri tras asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, hizo estallar dentro de la alianza Cambiemos su propia grieta y desató un gran alboroto en sectores judiciales molestos por las polémicas e inoportunas opiniones públicas de Macri sobre los fallos que procesaron al uniformado y el anuncio de una nueva doctrina según la cual, a entender de la ministra Patricia Bullrich, siempre tienen razón las fuerzas de seguridad.
 
El radicalismo dio esta semana su expresión más clara de que hay ciertos límites que no está dispuesto a cruzar: en el diario macrista La Nación, Ricardo Gil Lavedra publicó una columna titulada "Los riesgos de la demagogia punitiva", que asociaba el uso del tema como parte de un "marketing político" que acarrea el riesgo de multiplicar el delito y la violencia y esquiva el desarrollo de políticas "integrales, estables y serias".
 
Detrás del jurista salieron a cuestionar la postura presidencial varios dirigentes de la UCR, y fue la posición compartida en reuniones de bloque. Gil Lavedra es hoy, además, quien lidera el emprendimiento "Justicia 2020" del Ministerio de Justicia, que entre otras cosas desarrolla un anteproyecto de reforma del Código Penal.
 
La comisión que está en plena confección del texto no tiene intención de flexibilizar la regulación de la llamada "legítima defensa" (que señala las limitaciones en el uso de armas por parte de los agentes) ni la carga de la prueba, que según la ministra de Seguridad debiera eximir a los policías de toda acusación.
 
A los camaristas que agravaron la situación de Chocobar al atribuirle "homicidio agravado" y que fueron criticados por Macri el viernes, les llovieron mensajes de apoyo de colegas y hasta de funcionarios de la propia Casa Rosada.
 
En la Corte Suprema miran el escenario con atención y analizan dar un mensaje que, sin ser condescendiente con el Poder Ejecutivo, los ayude a soñar con contrarrestar la imagen desastrosa (70 por ciento negativa) que le dan las encuestas al Poder Judicial.

18-02-2018 / 12:02
17-02-2018 / 12:02
17-02-2018 / 12:02
En su paso por Argentina, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, ex director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile, no levantó las restricciones a los limones y al biodiésel o a la carne, que constituyen la modesta contrapartida argentina del intercambio entre ambos países.
 
Pero el jueves, el gobierno argentino emitió un decreto para la compra de material militar, un decreto secreto por decreto. Todas las discusiones económicas con Washington han sido un fracaso para Mauricio Macri, quien a cambio ha sido generoso y rápido para alinearse.
 
El gobierno de la alianza Cambiemos anunció acuerdos con el Comando Sur norteamericano, para asentar una base de la DEA en la triple frontera y conformar un grupo comando de respuesta rápida que involucra a las tres fuerzas armadas, que apoyará esa tarea.
 
El motivo de esta reactivación bélica de la región apunta a la decisión de Estados Unidos de recuperar una posición hegemónica en su "patio trasero". Su actual política proteccionista lo limita para hacerlo con acuerdos comerciales y entonces lo completa con presencia militar, la vieja política de la zanahoria y el garrote de la doctrina Monroe que seduce a Tillerson.
 
Son las dos vías de recolonización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad regionales: la introducción de bases de la DEA y la consolidación de hipótesis de conflicto contra el narcotráfico y el terrorismo, que a poco de andar se convierten en represión de la disidencia interna con la presencia de asesores yanquis como ha sucedido en México.
 
Macri tenía que inventar la existencia de un foco terrorista para encajar en ese esquema dependiente y así surgió una organización fantasmagórica de mapuches alzados, de la que no se conoce un documento y de la que ni siquiera se ha mostrado armamento.
 
Pero el gobierno argentino puede exhibir, en cambio, que la lucha contra esta inasible RAM ya produjo dos bajas: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos pibes desarmados que participaban en una protesta social legítima.
 
Con el dedo siempre en el gatillo, son esquemas de muy baja intensidad democrática. Porque el garrote ideológico se traslada hacia dentro de cada país.
 
Las primeras en ser reequipadas por el gobierno de los ricos han sido las fuerzas de seguridad, que pasaron por un lavado de cabeza ideológico para conferirles impunidad en las funciones de represión. 

16-02-2018 / 12:02
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