22:52 | Viernes 26 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 11-02-2017 / 08:02
PAGAR EN UNA VENTANILLA PARA COBRAR POR OTRA
Maniobra de los Macri con el Correo: Pagar la deuda a valor nominal, licuarla con la inflación y cobrar juicio contra el Estado
El aquelarre por la condonación de la deuda de Franco Macri por parte del gobierno de Mauricio Macri no para de generar repercusiones. Ayer trascendió un nuevo dictamen de la fiscal Gabriela Boquín que le imputó “mala fe” a la maniobra de los Macri. El caradura ministro Aguad le echó la culpa de lo sucedido al kirchnerismo, y la militante ultra macrista Laura Alonso informó que la Oficina Anticorrupción (OA) recién ahora se va poner a investigar el asunto. Por su parte, el Grupo Macri inició un nuevo reclamo por daños y perjuicios contra el Estado tras cerrar el acuerdo para cancelar su deuda en términos escandalosamente beneficiosos.
Una gran victoria para el Grupo Macri. Una durísima derrota para el Estado argentino. Si tuviéramos que poner en términos futboleros lo que sucede con la deuda que el Correo Argentino tiene con el país, habría que decir que el clan Macri estuvo a minutos de obtener un rotundo triunfo. Pero el dictamen de la fiscal general en lo Comercial, Gabriela Boquín alertó a todos. Y ahora entró en suspenso.
¿Cómo fue la maniobra del Grupo Macri en las negociaciones con el Gobierno de Macri por sus deudas con el Estado? Durante la década del '90 Carlos Menem privatizó el Correo y se lo adjudicaron los Macri. Durante años no pagaron el canon establecido con la excusa de que el Estado no les permitía aumentar las tarifas. En 2001 entró en un concurso preventivo. En paralelo, hicieron juicios al Estado. Al entrar en este concurso, debían $300 millones que eran 300 millones de dólares.
El Grupo Macri ofreció al Estado pagar el 100% de la deuda. Pero a valor nominal. Es decir, pagar $300 millones, sin contar la inflación ni la devaluación en el país de todos estos años. Además pagarla en 15 cómodas cutas anuales con un bajísimo 7% anual de interés sobre saldos. En criollo, una estrategia para licuar totalmente la deuda. Y después, pasar a cobrar juicios actualizados contra el Estado.
La fiscal consideró "abusiva" la oferta. ¿Hay alguna duda de que lo fue? ¿Qué dijo la fiscal? Que, como mínimo, habría que actualizar el monto de la deuda, por ejemplo a una tasa activa del Banco Nación o la cotización del dólar, lo que daría ya no 300 millones sino una cifra cercana a los 4700 millones. ¿A qué conclusión llega? Señala que no hubo un sacrificio equivalente de los Macri para honrar sus deudas.
¿Qué dicen desde el Gobierno de Macri? El ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, uno de los funcionarios implicados, insólitamente admitió que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino representa "un perjuicio para el Estado", pero responsabilizó por esto a los K. En otras declaraciones absurdas, Aguad aseguró que "no hay ningún perdón de deuda", si no que la empresa "va a pagar hasta el último peso pero de un crédito absolutamente devaluado". La devaluación, en perjuicio del Estado sería responsabilidad de los K.
Lo menos creíble de la versión de Aguad sobre los hechos es que en teoría nunca habló del tema con el presidente Mauricio Macri. Si lo hubiera hecho, aseguró que Macri lo hubiera mandado a "defender los intereses del Estado". Aguad evidentemente, opina que puede tomar de pelotudos a todo el pueblo argentino. De otra forma no se explica cómo puede pretender que se crea que Mauricio no estaba al tanto ni había opinado sobre el acuerdo en el que interviene su padre.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se tomó unos cuantos días para salir a hablar del tema. Se ve que hasta que no se radicaron cuatro denuncias penales por el escandaloso acuerdo y hasta que no se inició una investigación administrativa, a Alonso quizás no le pareció que el acuerdo podía tener que ver con un hecho de corrupción.
La Opinión Popular
¿Cómo fue la maniobra del Grupo Macri en las negociaciones con el Gobierno de Macri por sus deudas con el Estado? Durante la década del '90 Carlos Menem privatizó el Correo y se lo adjudicaron los Macri. Durante años no pagaron el canon establecido con la excusa de que el Estado no les permitía aumentar las tarifas. En 2001 entró en un concurso preventivo. En paralelo, hicieron juicios al Estado. Al entrar en este concurso, debían $300 millones que eran 300 millones de dólares.
El Grupo Macri ofreció al Estado pagar el 100% de la deuda. Pero a valor nominal. Es decir, pagar $300 millones, sin contar la inflación ni la devaluación en el país de todos estos años. Además pagarla en 15 cómodas cutas anuales con un bajísimo 7% anual de interés sobre saldos. En criollo, una estrategia para licuar totalmente la deuda. Y después, pasar a cobrar juicios actualizados contra el Estado.
La fiscal consideró "abusiva" la oferta. ¿Hay alguna duda de que lo fue? ¿Qué dijo la fiscal? Que, como mínimo, habría que actualizar el monto de la deuda, por ejemplo a una tasa activa del Banco Nación o la cotización del dólar, lo que daría ya no 300 millones sino una cifra cercana a los 4700 millones. ¿A qué conclusión llega? Señala que no hubo un sacrificio equivalente de los Macri para honrar sus deudas.
¿Qué dicen desde el Gobierno de Macri? El ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, uno de los funcionarios implicados, insólitamente admitió que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino representa "un perjuicio para el Estado", pero responsabilizó por esto a los K. En otras declaraciones absurdas, Aguad aseguró que "no hay ningún perdón de deuda", si no que la empresa "va a pagar hasta el último peso pero de un crédito absolutamente devaluado". La devaluación, en perjuicio del Estado sería responsabilidad de los K.
Lo menos creíble de la versión de Aguad sobre los hechos es que en teoría nunca habló del tema con el presidente Mauricio Macri. Si lo hubiera hecho, aseguró que Macri lo hubiera mandado a "defender los intereses del Estado". Aguad evidentemente, opina que puede tomar de pelotudos a todo el pueblo argentino. De otra forma no se explica cómo puede pretender que se crea que Mauricio no estaba al tanto ni había opinado sobre el acuerdo en el que interviene su padre.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se tomó unos cuantos días para salir a hablar del tema. Se ve que hasta que no se radicaron cuatro denuncias penales por el escandaloso acuerdo y hasta que no se inició una investigación administrativa, a Alonso quizás no le pareció que el acuerdo podía tener que ver con un hecho de corrupción.
La Opinión Popular
LA FISCAL BOQUÍN ACUSÓ AL GRUPO MACRI POR NUEVAS MANIOBRAS CONTRA EL ESTADO EN LA DISPUTA POR EL CORREO ARGENTINO
Pagar en una ventanilla para cobrar por otra
El Grupo Macri inició un nuevo reclamo por daños y perjuicios contra el Estado tras cerrar el acuerdo para cancelar su deuda en términos escandalosamente beneficiosos. La fiscal le imputó "mala fe" a la maniobra.
El acuerdo al que arribó el Grupo Macri con el gobierno nacional por incumplimientos en el pago de los cánones durante la concesión del Correo Argentino no sólo es abusivo en términos de condonación y quita de deuda sino que adolece de mala fe.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, presentó ayer un nuevo escrito ante la Sala B de ese tribunal en el que acusa al conglomerado de la familia presidencial, "46 días después de haber obtenido la conformidad del acreedor Estado Nacional" a la propuesta de cancelación de su propia deuda, de "ampliar o ajustar" la demanda que el propio grupo empresario había iniciado contra el Estado dos meses antes, por una suma de 1795 millones de pesos (al año 2009), más un adicional de 570 millones, reclamando "intereses al 11 por ciento anual", es decir cuatro puntos a su favor por sobre el interés que había pactado en la deuda a favor del Estado.
"La concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal, al con comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella", sostiene la fiscal Boquín en su dictamen.
"Su posición en este expediente convierte en más abusiva aun la propuesta formulada por el Estado Nacional, pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago".
La familia Macri se hizo cargo de la concesión del Correo en 1997, durante el menemismo, y la administró a través de su empresa Sideco Argentina, de la que conserva la mayoría accionaria.
Pese a que el Grupo reclama inversiones, la mayoría de los desembolsos que computó bajo ese paraguas fueron las indemnizaciones de los miles de empleados que despidió durante su gestión sin lograr que mejore la situación de la empresa, y en septiembre de 2001 presentó la convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de pesos.
En noviembre de 2003 el contrato con Socma fue rescindido y el Estado heredó el 32,65 por ciento de esa deuda, que incluía 296 millones de pesos (equivalente a dólares durante el "uno a uno") por incumplimientos en el pago del canon. El acuerdo con Socma incluía un pago de 51 millones de pesos por semestre, de los cuales sólo pagó los primeros hasta marzo de 2000. El gobierno inició entonces la causa contra Socma.
Esta semana se conoció el acuerdo que alcanzaron los abogados del Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, y el holding de la familia presidencial por el Correo, para saldar esa deuda en 15 cuotas anuales, desde 2018 hasta 2033 con un interés del 7 por ciento y sólo sobre el capital, lo que asciende a 600 millones de pesos.
La fiscal ya había denunciado que eso significaba una quita de deuda del 98,2 por ciento porque se lo hacía sin aplicar el interés, lo que significaba un perjuicio público de más de 4227 millones de pesos. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General proyectó ese perjuicio a 2033 en 70.163 millones de pesos.
La fiscal Boquín había ya presentado un escrito por las condiciones abusivas del acuerdo, suscripto el 28 de junio de 2016, pero ayer hizo una nueva acusación. Boquín recordó en su dictamen que 15 días antes del acuerdo (el 13 de junio de 2016), el Correo presentó una demanda contra el Estado por daños y perjuicios por la falta de pago de supuestas inversiones.
Pero dos meses después, el 12 de agosto (46 días después del acuerdo de conformidad del Estado con su propuesta de pago), el grupo Macri "amplió" o "ajustó" la demanda por las sumas de 1795 millones de pesos (al año 2009) más la suma de 570 millones, reclamando intereses al 11 por ciento anual desde la fecha indicada en la presentación. "Todo ello sin perjuicio de que no renunciaba ni desistía de derechos o procesos judiciales".
En su escrito del 12 de agosto, el Grupo Macri expresa que esta nueva demanda "no puede ni debe ser interpretada como una retractación o cambio de términos de la propuesta de acuerdo aceptada por el Estado Nacional en junio", en el marco del concurso preventivo de Correo Argentino, ya que la misma "no implicó desistimiento de ningún planteo judicial".
Al respecto, la fiscal considera que "la concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción (que importa un crédito en expectativa) mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella".
Boquín, en un nuevo dictamen en el que ratificó la conducta "abusiva" de la empresa, recuerda además que el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras "refiere a suspensión y no a interrupción o condenación" de los intereses, que se aplican sobre el capital acordado. Para sustentar esta postura citó precedentes de la Cámara Comercial.
La fiscal insistió en que la mala fe de la empresa es que nunca informó en la causa por la deuda sobre la demanda por daños y perjuicios. Respecto a este tema, aseveró que "su posición en este expediente contencioso administrativo, convierte en más abusivo aun la propuesta formulada al Estado Nacional pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 (plazo estimado de pago si la homologación se produjese en el año en curso) un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009 mas los interés correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago".
Cabe recordar que el acuerdo alcanzado esta semana incluye una cláusula de pago acelerado en el caso de que el Grupo Macri le gane el juicio que le inició al Estado nacional por la rescisión del contrato del Correo. El objetivo de esta nueva demanda, además de dos juicios en curso sobre los que no renunció ni desistió pese al acuerdo, es financiar el pago de su deuda con dinero que obtenga del propio Estado.
La Sala B de la Cámara Comercial es la que debe resolver si acepta el acuerdo entre el Gobierno y el Correo o si hace lugar al dictamen de la fiscal de rechazar la propuesta. El tribunal está integrado por las juezas Maria Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Piaggi. Piaggi está excusada de intervenir en la causa casi desde su inicio.
La fiscal Boquín alerta al final de su escrito que se reserva la posibilidad recurrir ante la Corte Suprema de Justicia en caso de dictarse "una sentencia contraria a lo dictaminado por esta Fiscalía y que lesione el derecho de propiedad de los acreedores".
Por Cristian Carrillo
Fuentes: Página12, Perfil, La Nación, La Izquierda Diario, Hoy en la Noticia y LOP
Pagar en una ventanilla para cobrar por otra
El Grupo Macri inició un nuevo reclamo por daños y perjuicios contra el Estado tras cerrar el acuerdo para cancelar su deuda en términos escandalosamente beneficiosos. La fiscal le imputó "mala fe" a la maniobra.
El acuerdo al que arribó el Grupo Macri con el gobierno nacional por incumplimientos en el pago de los cánones durante la concesión del Correo Argentino no sólo es abusivo en términos de condonación y quita de deuda sino que adolece de mala fe.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, presentó ayer un nuevo escrito ante la Sala B de ese tribunal en el que acusa al conglomerado de la familia presidencial, "46 días después de haber obtenido la conformidad del acreedor Estado Nacional" a la propuesta de cancelación de su propia deuda, de "ampliar o ajustar" la demanda que el propio grupo empresario había iniciado contra el Estado dos meses antes, por una suma de 1795 millones de pesos (al año 2009), más un adicional de 570 millones, reclamando "intereses al 11 por ciento anual", es decir cuatro puntos a su favor por sobre el interés que había pactado en la deuda a favor del Estado.
"La concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal, al con comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella", sostiene la fiscal Boquín en su dictamen.
"Su posición en este expediente convierte en más abusiva aun la propuesta formulada por el Estado Nacional, pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago".
La familia Macri se hizo cargo de la concesión del Correo en 1997, durante el menemismo, y la administró a través de su empresa Sideco Argentina, de la que conserva la mayoría accionaria.
Pese a que el Grupo reclama inversiones, la mayoría de los desembolsos que computó bajo ese paraguas fueron las indemnizaciones de los miles de empleados que despidió durante su gestión sin lograr que mejore la situación de la empresa, y en septiembre de 2001 presentó la convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de pesos.
En noviembre de 2003 el contrato con Socma fue rescindido y el Estado heredó el 32,65 por ciento de esa deuda, que incluía 296 millones de pesos (equivalente a dólares durante el "uno a uno") por incumplimientos en el pago del canon. El acuerdo con Socma incluía un pago de 51 millones de pesos por semestre, de los cuales sólo pagó los primeros hasta marzo de 2000. El gobierno inició entonces la causa contra Socma.
Esta semana se conoció el acuerdo que alcanzaron los abogados del Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, y el holding de la familia presidencial por el Correo, para saldar esa deuda en 15 cuotas anuales, desde 2018 hasta 2033 con un interés del 7 por ciento y sólo sobre el capital, lo que asciende a 600 millones de pesos.
La fiscal ya había denunciado que eso significaba una quita de deuda del 98,2 por ciento porque se lo hacía sin aplicar el interés, lo que significaba un perjuicio público de más de 4227 millones de pesos. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General proyectó ese perjuicio a 2033 en 70.163 millones de pesos.
La fiscal Boquín había ya presentado un escrito por las condiciones abusivas del acuerdo, suscripto el 28 de junio de 2016, pero ayer hizo una nueva acusación. Boquín recordó en su dictamen que 15 días antes del acuerdo (el 13 de junio de 2016), el Correo presentó una demanda contra el Estado por daños y perjuicios por la falta de pago de supuestas inversiones.
Pero dos meses después, el 12 de agosto (46 días después del acuerdo de conformidad del Estado con su propuesta de pago), el grupo Macri "amplió" o "ajustó" la demanda por las sumas de 1795 millones de pesos (al año 2009) más la suma de 570 millones, reclamando intereses al 11 por ciento anual desde la fecha indicada en la presentación. "Todo ello sin perjuicio de que no renunciaba ni desistía de derechos o procesos judiciales".
En su escrito del 12 de agosto, el Grupo Macri expresa que esta nueva demanda "no puede ni debe ser interpretada como una retractación o cambio de términos de la propuesta de acuerdo aceptada por el Estado Nacional en junio", en el marco del concurso preventivo de Correo Argentino, ya que la misma "no implicó desistimiento de ningún planteo judicial".
Al respecto, la fiscal considera que "la concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción (que importa un crédito en expectativa) mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella".
Boquín, en un nuevo dictamen en el que ratificó la conducta "abusiva" de la empresa, recuerda además que el artículo 19 de la ley de concursos y quiebras "refiere a suspensión y no a interrupción o condenación" de los intereses, que se aplican sobre el capital acordado. Para sustentar esta postura citó precedentes de la Cámara Comercial.
La fiscal insistió en que la mala fe de la empresa es que nunca informó en la causa por la deuda sobre la demanda por daños y perjuicios. Respecto a este tema, aseveró que "su posición en este expediente contencioso administrativo, convierte en más abusivo aun la propuesta formulada al Estado Nacional pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 (plazo estimado de pago si la homologación se produjese en el año en curso) un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009 mas los interés correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago".
Cabe recordar que el acuerdo alcanzado esta semana incluye una cláusula de pago acelerado en el caso de que el Grupo Macri le gane el juicio que le inició al Estado nacional por la rescisión del contrato del Correo. El objetivo de esta nueva demanda, además de dos juicios en curso sobre los que no renunció ni desistió pese al acuerdo, es financiar el pago de su deuda con dinero que obtenga del propio Estado.
La Sala B de la Cámara Comercial es la que debe resolver si acepta el acuerdo entre el Gobierno y el Correo o si hace lugar al dictamen de la fiscal de rechazar la propuesta. El tribunal está integrado por las juezas Maria Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Piaggi. Piaggi está excusada de intervenir en la causa casi desde su inicio.
La fiscal Boquín alerta al final de su escrito que se reserva la posibilidad recurrir ante la Corte Suprema de Justicia en caso de dictarse "una sentencia contraria a lo dictaminado por esta Fiscalía y que lesione el derecho de propiedad de los acreedores".
Por Cristian Carrillo
Fuentes: Página12, Perfil, La Nación, La Izquierda Diario, Hoy en la Noticia y LOP
CORDOBÉS CHISTOSO: Mientras crece el escándalo por el correo: para el Gobierno, “Franco Macri no tiene recursos”. Con esa insólita respuesta, el ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad (foto), intentó poner reparos sobre la figura del presidente y la deuda que debe afrontar su padre, y repartió culpas al kirchnerismo. En tanto, se multiplican las denuncias por la millonaria condonación otorgada.
ULTRA MACRISTA. Finalmente, Laura Alonso, la funcionaria que vela por la transparencia institucional y la ética pública, tomó nota de que la denuncia de la fiscal Boquín, señala el acuerdo denunciado como una violación precisamente, a la ley de ética pública, cuya autoridad de aplicación es la OA. Según Alonso, la decisión de iniciar una investigación y de ser necesario, aportar información y pruebas a la justicia que ejecuta una investigación penal, surgió de la lectura “atenta” del dictamen de Boquín. Se ve que la primera lectura por parte de Alonso no fue lo suficientemente atenta. ¿Por eso habrá demorado tanto en comprender que tenía que intervenir?
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