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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 28-09-2016 / 10:09
UN JUEZ FEDERAL ORDENO SUSPENDER EL AUMENTO PARA PYMES, CUENTAPROPISTAS Y MONOTRIBUTISTAS

Cayó la otra mitad del tarifazo del gas

Cayó la otra mitad del tarifazo del gas
Miguel Hugo Vaca Narvaja, juez federal de Córdoba, concedió una cautelar a Apyme y ordenó refacturar el gas entre abril y septiembre con el cuadro tarifario vigente al 31 de marzo. La medida cautelar abunda en las razones que justifican la acción colectiva en favor de pymes, clubes de barrio, cooperativas y hasta unidades económicas individuales, en el daño común que las afecta por el tarifazo al gas y el porqué de su alcance a todo el país. Será apelada por el Gobierno.
Otro revés judicial para el gobierno de Mauricio Macri. El juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, recogió el guante de lo que la Corte Suprema de Justicia había dejado sin incluir cuando le puso freno al tarifazo para los usuarios residenciales, e incluyó en su cautelar a las pequeñas y medianas empresas.
 
En una resolución que se conoció ayer, el juez hizo lugar al amparo que presentó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y amplió el beneficio para las medianas empresas de todo el país, además de los cuentapropistas, productores agrarios, prestatarios de servicios (taxistas y remiseros) y demás monotributistas que habían quedado fuera de la resolución del 18 de agosto, cuando la Corte amparó a los usuarios de gas residenciales del aumentazo decretado por el gobierno de Macri.
 
"Esta es la primera medida cautelar en ese sentido en todo el territorio nacional", dijo el abogado y ex juez Miguel Rodríguez Villafañe, quien junto a Eduardo Fernández, titular nacional de Apyme, presentaron el recurso de amparo que -por sorteo- recayó en el Juzgado Federal N° 3 que preside Vaca Narvaja. El juez estimó que en veinte días resolverá sobre el fondo de la cuestión. Es decir, sobre la nulidad, pedida por Apyme, de las resoluciones del Ministerio de Energía que ordenan el tarifazo.
 
Por lo pronto, ordenó retrotraer las tarifas del servicio de gas "con anterioridad al 31 de marzo de 2016", y ordenó al Enargas que "proceda a la refacturación de los consumos efectuados desde el 1° de abril de 2016 hasta la fecha (27 de septiembre)". El juez también dejó en claro que "las prestadoras del servicio de distribución deberán adoptar las medidas necesarias para posibilitar el pago de las facturas adeudadas en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos relacionados con falta de pago".
 
Vaca Narvaja englobó a los beneficiarios de lo que llamó "derechos que atañen a las pequeñas y medianas empresas, derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos", y consideró "razonable la realización de un solo proceso con efectos expansivos para toda la categoría". Según la resolución del juez, "en caso contrario estaríamos impulsando a todas las pequeñas y medianas empresas del país a concurrir a la justicia de manera individual, lo que llevaría a la saturación de los juzgados federales de la Nación".
 
La Opinión Popular

LAS CLAVES DEL AMPARO OTORGADO POR LA JUSTICIA FEDERAL
 
Razones que no caben en un Excel
 
El Ministerio de Energía y Minería apelará, dentro del plazo de 48 horas, la decisión del juez federal Hugo Vaca Narvaja ordenando al Enargas retrotraer las tarifas del gas al 31 de marzo a pymes, cooperativas, clubes, profesionales, cuentapropistas, prestadores de servicios personales, productores agrarios y demás unidades económicas pequeñas.
 
En el término de veinte días, el magistrado cordobés prevé que estará en condiciones de dictar el fallo sobre la cuestión de fondo (la nulidad o no de las resoluciones dictando el aumento sin audiencia pública). Si en tal ocasión, mediara una nueva apelación del Estado nacional, será la Corte de Apelaciones de Córdoba la que defina, quedando como última instancia la Corte Suprema.
 
Si así ocurriera, la controversia por el tarifazo entre el gobierno y las pymes terminará haciendo el mismo recorrido que el resultante en el caso de la demanda del Cepis, que derivó en la nulidad de los aumentos dictada por la Cámara de Apelaciones de La Plata, luego ratificada por la Corte Suprema pero sólo parcialmente.
 
 
Acción colectiva
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación había excluido a los usuarios no residenciales, en general, de su resolución del 18 de agosto pasado, en la que ordenaba la "nulidad" de los aumentos de gas hasta tanto se diera lugar a la correspondiente audiencia pública, argumentando que la demanda del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad "sólo estaba circunscripta al colectivo de los usuarios residenciales".
 
En su resolución de ayer, el juez Vaca Narvaja consideró, respecto de la demanda presentada por Apyme, "razonable" la representación colectiva "en defensa de los derechos e intereses del colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines".
 
"Atañen a las pequeñas y medianas empresas derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, al invocar como hecho único el aumento excesivo y desproporcionado de la tarifa de gas, que provocarían una lesión económica a todos y a cada uno de ellos", apunta la resolución. "Siendo identificable una homogeneidad fáctica y normativa que desembocan en un evento perjudicial para sus economías, considero razonable la realización de un solo proceso con efectos expansivos para toda la categoría", define más adelante.
 
 
Alcance nacional
 
Ese efecto expansivo al que alude el juez implica que su sentencia es válida para todos los usuarios de la categoría implicada en la denuncia. Pero, además, por ser ésta la primera causa colectiva aceptada por un juez federal, y quedar inscripta como tal ante la Corte Suprema, el alance de la sentencia es de carácter nacional. Así lo explicó el propio magistrado en una entrevista posterior ("Secreto de sumario", Radio del Plata), basándose en la Acordada número 32 de la Corte Suprema, del año 2014.
 
La Resolución de la Corte del 18 de agosto había establecido que "la audiencia pública como procedimiento previo" a la definición de un nuevo esquema tarifario resulta obligatoria, "un requisito esencial para la adopción de de decisiones en materia de tarifas, resultando claro que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Energía y Minería no han respetado el derecho a participación de los usuarios bajo la forma de audiencia pública previa". En consecuencia, Vaca Narvaja consideró prima facie que "los integrantes del colectivo conformado en los presentes autos tendrían el mismo derecho".
 
 
Daño verificable
 
En cuanto al "daño" para los usuarios que pudieran derivarse del tarifazo cuestionado, el juez señala que "cabe considerar prima facie las características del aumento tarifario, concebido en un contexto de dificultad económica para el sector de las pequeñas y medianas empresas del país, con un alto índice de inflación (superior al 40 por ciento anual), sumado a la baja de ventas en general, al aumento de la desocupación y a la época del año del anuncio (pleno invierno), que ha condicionado al sector representado por la actora de manera evidente, clara, fácilmente perceptible, sin necesidad de acudir a mayores probanzas o consideraciones sobre hechos que son públicos y notorios. Debe sumarse para el colectivo, como factor agravante, la inminencia de aumentos de otros servicios públicos, como energía eléctrica y agua".
 
Situación que no se modifica "aun con el límite del 500 por ciento" que el propio ministerio dispuso luego para los aumentos, señala el magistrado. Por todo lo expuesto, el magistrado hizo lugar al amparo y mantener "la continuidad del cuadro tarifario" previo al tarifazo, hasta dentro de 90 días (27 de diciembre de 2016).
 
Por Raúl Dellatorre
 
Fuente: Página12
 

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07-12-2025 / 09:12
La profecía de Javier "el Loco" Milei vuelve a atormentarlo: no hay plata. Esa frase que en el comienzo de su mandato el presidente utilizaba como un mantra para justificar su motosierra ahora se convirtió en el principal obstáculo para alcanzar su único objetivo económico concreto, que es recuperar el acceso genuino a los mercados de crédito voluntario internacional de los que estamos vedados por insolvencia desde la primera gestión del actual ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
 
Ante la imposibilidad de cumplir esa meta, el gobierno argentino ensayó una pantomima guionada, que sólo elude el papelón gracias a los bolsillos generosos y la mirada permisiva de grandes capitales nacionales jugados all-in en el experimento de Milei a partir de los resultados de las elecciones de medio término. El resultado es una farsa montada sobre otra farsa, un engaño consentido para un público diminuto, que lejos de mostrar fortaleza, echa luz sobre su fragilidad.
 
Caputo es un tahúr habilidoso, pero el suyo no deja de ser un oficio que se ejerce siempre al borde de perderlo todo. Quedar expuesto con una mentira es apenas un accidente cotidiano del que uno debe reponerse rápido y seguir adelante. Pero cada vez se paga un costo de credibilidad y el prontuario del ministro ya tiene muchas páginas. Los 20 mil millones de dólares que preparaban los bancos se convirtieron en seis o siete. Esos seis o siete no aparecieron.
 
Es por eso que el gobierno, ante la cercanía de un vencimiento de 4000 millones de dólares en enero que no tiene cómo pagar, tuvo que salir a recaudar un "bono patriótico" entre empresarios amigos que se vieron beneficiados y tienen promesas de más negocios en la Argentina que proyecta Milei, directamente interesados también en la aprobación de un nuevo blanqueo y de las reformas laborales, tributarias, previsionales y penales en carpeta para los próximos meses.
 
Para eso les armaron una pasarela que una vez más les garantiza a jugadores muy específicos a través de herramientas direccionadas pret a porter un negocio redondo con fondos públicos. Tal como advirtió el economista de CEPA Hernán Letcher, "el gobierno publicó una resolución que permite a las aseguradoras endeudarse a una tasa baja en dólares para usar esos fondos en la licitación primaria del miércoles y así mostrar una demanda inflada por el nuevo título".
 
Sin embargo, los acreedores externos no compran esas mentiras autoindulgentes. Por eso fracasó el primer crawling peg, por eso fracasó el esquema de bandas y por eso va en firme camino al fracaso el nuevo crawling peg disfrazado de esquema de bandas que funciona (es una manera de decir) desde las elecciones de octubre. Por eso, no importa con qué le tiren, el riesgo país no baja. Nadie va a volver a prestar hasta no ver la plata. No es que no quieran creerle, es que no le creen.
 
Las voces que advierten sobre la fragilidad intrínseca que trae consigo la falta de dólares se multiplican y a esta altura ya conforman un coro, en el que se lleva el rol solista la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, que esta semana reclamó "un camino más ambicioso en la acumulación de reservas", sobresaliendo entre otras melodías similares, de bancos internacionales como JP Morgan y Barclays, consultoras locales y hasta "próceres" liberales como Domingo Cavallo.
 
Caputo ya avisó: no va a acumular reservas. Eso va en contra de su único credo que es la fuga de divisas. Todo dólar que entra tiene que salir. Una gestión bulímica que es incapaz de retener riqueza y necesita atracones de miles de millones de dólares varias veces por año para no colapsar. Puro flujo, nada de stock. Es un país que funciona bajo la tiranía de compulsiones y apuestas arriesgadas pero no tiene una red que lo sostenga cuando algo salga mal.
 

06-12-2025 / 08:12
El Departamento de Estado de los Estados Unidos cambió el nombre al Instituto para la Paz y ahora se llama Instituto Donald Trump para la Paz. La Casa Blanca habilitó un portal con una lista negra de periodistas críticos del gobierno. Y dos días antes de las elecciones en Honduras, Trump respaldó al candidato del conservador Partido Nacional e indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente por ese partido, condenado en Estados Unidos por narcotraficante, mientras acusó de narcotraficante al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y amenazó con invadir ese país. En bochornosa complicidad con Trump, en La Haya, el representante del cipayo Javier Milei, Diego Sadosfchi exigió "medidas urgentes" de la Corte Penal Internacional contra el mandatario venezolano.
 
Estados Unidos no reconoce a esa Corte pero necesitaba muestras de respaldo internacional a su acción amenazadora contra Venezuela y el gobierno argentino se prestó rastreramente a ofrecerle coartadas. Fue una forma de devolver favores por las intervenciones de Trump y su gobierno en las elecciones locales de medio término.
 
Otra forma de intervencionismo en países en América Latina fue el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por introducir durante décadas toneladas de cocaína en Estados Unidos. Con Honduras, Trump hizo algo parecido que con Argentina y amenazó con el apocalipsis si no ganaba el candidato del partido del narco Hernández.
 
La sombra del narcotráfico oscurece a Estados Unidos. Un artículo de The Washington Post, del año 2015, describió las relaciones familiares de Marco Rubio, actual titular del Departamento de Estado y virtual canciller norteamericano, con el mundo narco. Durante su adolescencia en Miami, Rubio convivió en el domicilio de su hermana mayor, Bárbara, casada con Orlando Cicilia, un capo de la droga cuando Miami era la capital de la cocaína.
 
El vocero de Rubio quiso desmentir al diario, al decir que de esa información no se podía inferir la complicidad de Rubio con los narcos. Por ese lado, Rubio ya no tiene problemas. El multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon, compró el histórico diario y advirtió que sólo escribirían aquellos que coincidan con su pensamiento.
 
Cicilia era para todo el mundo en Miami un empresario super exitoso, multimillonario y ostentoso, lo cual no constituía la excepción en esa parte del mundo. Fue apresado en los años 80. "Al momento de caer en manos de la justicia Orlando Cicilia (también de origen cubano), Marco Rubio tenía apenas 16 años. Pero su ambiente familiar ya era bastante turbio", señala el tabloide británico Daily Mail.
 
Orlando Cicilia fue condenado a más de 35 años de cárcel. Pero cumplió poco más de 12 años. Salió en libertad plena justo cuando Marco Rubio asumió como representante en el Congreso de los Estados Unidos en el año 2000. Cicilia salió de la cárcel apenas cuatro días después de que Rubio asumió. El antiguo jefe de Orlando, Mario Tabraue, sobre quien pesaba una pena de 100 años de cárcel por sus delitos, salió de prisión en el año 2003, con solo 15 años de pena cumplida.
 
La participación de Orlando Hernández fue descripta y comprobada con lujo de detalles. Nadie puso en duda su culpabilidad. La excusa que dio Trump fue que "fuentes amigas y creíbles" le habían informado que Hernández había sufrido un trato injusto. Pero no habló de inocencia porque no existe forma de exculpar al expresidente hondureño. El seguidismo de Milei, el "perrito faldero" del gobierno yanqui, es cómplice de los narcos.
 

05-12-2025 / 12:12
El endeudador seria Luis "Toto" Caputo es sinónimo de deuda impagable. El ministro emitirá nuevos bonos en dólares, con el nuevo Bonar 2029N, volverá a tomar deuda en dólares para pagar deuda, bajo ley local y a una tasa de usura, que pagará el próximo gobierno. Receta repetida. 

El experimento anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei vuelve a aplicar una receta tristemente conocida: emite nueva deuda para pagar una anterior. Así lo confirmó este viernes el ministro de Economía, el endeudador compulsivo Luis "Toto" Caputo, quien confirmó esta mañana que la Argentina volverá al mercado internacional de capitales, con un bono a cuatro años. Con un dólar bajo que impide exportar e importaciones abiertas indiscriminadamente, es imposible acumular reservas en dólares y el futuro es la miseria.

Las reservas netas, excluyendo los desembolsos del FMI, son hoy más bajas que cuando Milei asumió y no hay señales claras de que el Gobierno tenga intención de revertir esa fragilidad externa. "No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local", afirmó el ministro.

Como no podía ser de otro modo, la medida fue celebrada por Milei. "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA", posteó entusiasmado el desquiciado mandatario.

Tras este anuncio, la Secretaría de Finanzas confirmó el llamado a licitación del Bono del Tesoro Nacional (BONAR 2029N - nuevo) que, segun detalló, será "en dólares estadounidenses 6,50% con vencimiento el 30 de noviembre de 2029″.
 
"En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA", explicaron desde la Secretaría.
 
En este sentido, señalaron que "habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta".
 
Asimismo, se resaltó que "el resultado de la licitación, irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026″. El desempeño débil de las reservas no ocurrió porque se haya reducido la deuda pública en moneda extranjera. Los Bopreales y los repos con bancos agregan USD 12 mil millones en deuda denominada en dólares que no existía en 2023.
 
Desde Finanzas informaron que la recepción de ofertas de este instrumento comenzará a las 10 horas y finalizará a las 15 horas del miércoles 10 de diciembre de 2025, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el 12 de diciembre de 2025. La suscripción deberá realizarse únicamente en dólares.
 
La Opinión Popular
 

 

04-12-2025 / 08:12
Martillar el último clavo en el ataúd que encierra el cadáver del peronismo es una causa nacional que pronto cumplirá 80 años. Ahí, en 1946, radica la "cifra redonda", el año fundacional, tanto del peronismo como movimiento de masas como del antiperonismo como irrenunciable leit motiv de buena parte de la sociedad argentina. Y así venimos desde hace décadas, matando al peronismo, dándolo por finiquitado, y asistiendo a sus múltiples y polifacéticas resurrecciones.
 
Como un destino nacional inexorable; "el hecho maldito del país burgués" que definió John William Cooke. En ese itinerario pueden indentificarse 11 muertes del peronismo, 11 episodios que el antiperonismo festejó como un Mundial para, poco después, volver a empezar.
 
Pero, ¿qué sería del antiperonismo, buceando ya en profundidades ontológicas, si el peronismo realmente muriera? Si combatir al peronismo en todas sus formas -rechazarlo, denostarlo y condenarlo- es la razón de ser de tantos argentinos, ¿qué vendría después? ¿Qué verían al asomarse a ese abismo nietzscheano que nos habita y nos acecha cuando el monstruo de afuera ya no esté?
 
La flamante victoria de La Libertad Avanza generó todo tipo de conjeturas sobre el futuro de un peronismo enredado en la miseria de sus internas y carente de una propuesta alternativa, capaz de seducir a una ciudadanía desencantada. Lo llamativo es que este contexto crítico se replicó en varias ocasiones desde los años 50 a la fecha y generó los mismos efectos.
 
"Ahora sí, este es el fin del peronismo", es un título redactado en numerosas ocasiones, siempre listo y nunca definitivo. Será porque los intentos por "matar" al peronismo han adoptado distintas formas: la proscripción, la represión, la fragmentación interna, la debacle económica, la derrota electoral. Cada uno de esos embates reforzó, de una manera u otra, su condición de fenómeno político persistente.
 
Los siguientes 11 episodios -las 11 muertes- lo ejemplifican.
 
1) 26 de julio 1952. La que fallece es Eva Duarte, "Jefa Espiritual de la Nación" y estandarte del "primer peronismo", cuando el país -al decir de Félix Luna- era una fiesta. Después de Evita, ¿qué?, era la pregunta. Las pintadas celebratorias repartidas por Buenos Aires ("viva el cáncer") expresaban el anhelo de que esa muerte de carne y hueso fuera el simbólico inicio de otra muerte, la de Perón, la de su gobierno y la de todo lo que el peronismo representaba. Muchos lo creyeron así.
 
2) 16 de septiembre de 1955. Golpe de Estado. Revolución Libertadora (para los peronistas, la "fusiladora"). Es el comienzo de una gigantesca operación cultural: la desperonización de la Argentina. La proscripción del peronismo y el exilio de 18 años de su líder son la punta del iceberg. Se demuelen estatuas, se destruyen bustos, se queman cuadros, se borra todo vestigio de peronismo al punto de prohibir, por ley, que se lo nombre en público. Pero en lugar de matarlo, lo que lograron fue fortalecer la identidad, al punto de que el sólo hecho de ser peronista se convirtió en un acto de resistencia.
 

03-12-2025 / 10:12
No fue solo un giro diplomático: por primera vez desde el retorno de la democracia, Argentina votó en esta materia junto con EEUU e Israel, dos países cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos y hasta genocidio, posicionándose, así como los tres únicos Estados en el mundo que se niegan a condenar el uso de la tortura.
 
El posicionamiento argentino desnuda la verdadera esencia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, al cual la calificación de fascista no resulta exagerada, pues hubo incluso gobiernos de extrema derecha, que por vergüenza o compromiso, votaron afirmativamente condenando la tortura.
 
La resolución rechazada por Argentina fue promovida por el Comité contra la Tortura (CAT), órgano que días antes había publicado un informe crítico sobre la situación del país. Ese informe expresó su "profunda preocupación" por la persistencia de detenciones prolongadas en comisarías, prácticas policiales violentas, falta de controles judiciales efectivos y condiciones inhumanas en lugares de encierro.
 
El Comité recordó que los jueces y juezas penales son garantes últimos de la legalidad y dignidad de toda detención, y que el Estado argentino viola sus obligaciones cuando tolera celdas sin ventilación, superpobladas, sin colchones, sin agua potable, o cuando naturaliza golpizas, hostigamientos y traslados arbitrarios.
 
Nada de esto es nuevo: hace décadas que organismos de DDHH como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros, advierten y condenan las prácticas sistemáticas que se dan en los contextos de encierro, que encuadran dentro de los "Tratos crueles, inhumanos o degradantes" tal como se define en el derecho internacional en materia de DDHH.
 
Sin embargo, lejos de reconocer la legitimidad de estas observaciones, el gobierno argentino reaccionó con un ataque político. El mismo día que se conoció el informe del CAT, se publicó en el sitio "Argentina.gob" la respuesta oficial, calificando al informe como "sesgado", bajo la acusación de haber omitido "graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández".
 
Para el gobierno de Milei, el documento emitido por el CAT está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista" y "exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".
 
Resultaría gracioso, si no fuera tan trágico, que se etiquete de esa forma a un organismo técnico en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero esa es la lógica del gobierno de La Libertad Avanza: quien denuncia abusos policiales o defiende garantías constitucionales es automáticamente sospechado de "zurdo" o "kuka".
 

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