23:53 | Jueves 25 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 22-07-2016 / 08:07
MIENTRAS BUSCAN CONCENTRAR LOS AMPAROS POR LOS AUMENTOS EN LAS TARIFAS
El tarifazo del gas recalienta la "interna macrista": creen que el tope de 400% generará despilfarro
En las últimas semanas, el ministro Juan José Aranguren estuvo en el ojo de la tormenta, dado que la opinión pública lo identificó como el cerebro y brazo ejecutor del tarifazo. De hecho, durante el "cacerolazo" de protesta, fue el blanco de la mayor parte de las críticas y pedidos de renuncia. Sin embargo, en la interna política macrista se filtró la versión de que el plan original de Aranguren contemplaba un esquema más gradualista que el que finalmente se anunció. Más aun, que fue el propio Macri quien inclinó la balanza hacia un ajuste más drástico. Además, los funcionarios del ministerio de Energía muestran su clara disconformidad con la “solución” que utilizó el Gobierno de Macri para enfrentar la ofensiva judicial.
La Cámara Federal de La Plata solicitó que las causas abiertas en todo el país contra el tarifazo se reúnan en dicha ciudad; la medida va contra la intención del Gobierno de Mauricio Macri, que pretendía reunir los casos en tribunales porteños. Además, la Fiscalía reclamó anular los topes del 400 y 500 por ciento.
En plena feria, la Justicia volvió a pronunciarse contra los tarifazos. El presidente de la "sala de feria" de la Cámara platense, Roberto Lemos Arias, ayer libró 46 oficios a tribunales de diversas jurisdicciones de la Argentina, a los fines de pedirles los amparos contra los aumentos y cumplir con la acumulación ordenada en la sentencia del 7 de julio pasado, cuando se frenaron los incrementos en todo el país por no haberse convocado a una audiencia pública previa. La ausencia de esa elemental instancia de participación ciudadana fue el argumento principal de los amparos contra los tarifazos.
Frente a una polémica que no cesa, la Justicia incluso decidió levantar la feria para tratar el freno al aumento del gas, con la intención de acelerar los tiempos para que el expediente llegue lo más pronto posible a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver si habilita o no el tarifazo. Esa sentencia se conocería en agosto.
Por su parte, la fiscal federal de La Plata, Ana Miriam Russo, pidió que se suspendan las resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación, que fijaron topes máximos de 400 y 500% en la suba del gas. Es decir, solicitó que la situación se retrotraiga "totalmente" a marzo de este año, por considerar los límites tarifarios impuestos por el ministro Juan José Aranguren tan inconstitucionales como los aumentos del 1º de abril, al no haberse convocado a una audiencia pública previa. Los límites tarifarios fueron fijados tras el fallo de la Cámara Federal de La Plata del 7 de julio pasado.
Este contexto de confusión legal, malestar social, marchas y contramarchas en las medidas técnicas acrecienta, inevitablemente, la "interna" a nivel político, dentro del macrismo. En las oficinas del ministro Aranguren, los funcionarios admiten diferencias y malestar con el resto del Gobierno por la manera de diagramar el ajuste tarifario.
La principal crítica que realizan los técnicos de Energía se vincula con la "solución" de los "topes" dispuestos para los aumentos, medida que el Gobierno de Macri debió adoptar en respuesta a la ofensiva legal que amenazaba con dejar sin efecto cualquier tipo de incremento.
De acuerdo con la visión de estos especialistas, la imposición de dichos topes terminaría castigando a los clientes más pequeños. Peor aún, admiten que -a contramano del nuevo discurso oficial- ese techo deja sin efecto el desestímulo al uso de la energía para aquellos que más consumen. "Con el tope del 400% y 500%, no hay castigo al derroche o al mal uso del gas", destacan, en clara disidencia con el Gobierno.
La Opinión Popular
En plena feria, la Justicia volvió a pronunciarse contra los tarifazos. El presidente de la "sala de feria" de la Cámara platense, Roberto Lemos Arias, ayer libró 46 oficios a tribunales de diversas jurisdicciones de la Argentina, a los fines de pedirles los amparos contra los aumentos y cumplir con la acumulación ordenada en la sentencia del 7 de julio pasado, cuando se frenaron los incrementos en todo el país por no haberse convocado a una audiencia pública previa. La ausencia de esa elemental instancia de participación ciudadana fue el argumento principal de los amparos contra los tarifazos.
Frente a una polémica que no cesa, la Justicia incluso decidió levantar la feria para tratar el freno al aumento del gas, con la intención de acelerar los tiempos para que el expediente llegue lo más pronto posible a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver si habilita o no el tarifazo. Esa sentencia se conocería en agosto.
Por su parte, la fiscal federal de La Plata, Ana Miriam Russo, pidió que se suspendan las resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación, que fijaron topes máximos de 400 y 500% en la suba del gas. Es decir, solicitó que la situación se retrotraiga "totalmente" a marzo de este año, por considerar los límites tarifarios impuestos por el ministro Juan José Aranguren tan inconstitucionales como los aumentos del 1º de abril, al no haberse convocado a una audiencia pública previa. Los límites tarifarios fueron fijados tras el fallo de la Cámara Federal de La Plata del 7 de julio pasado.
Este contexto de confusión legal, malestar social, marchas y contramarchas en las medidas técnicas acrecienta, inevitablemente, la "interna" a nivel político, dentro del macrismo. En las oficinas del ministro Aranguren, los funcionarios admiten diferencias y malestar con el resto del Gobierno por la manera de diagramar el ajuste tarifario.
La principal crítica que realizan los técnicos de Energía se vincula con la "solución" de los "topes" dispuestos para los aumentos, medida que el Gobierno de Macri debió adoptar en respuesta a la ofensiva legal que amenazaba con dejar sin efecto cualquier tipo de incremento.
De acuerdo con la visión de estos especialistas, la imposición de dichos topes terminaría castigando a los clientes más pequeños. Peor aún, admiten que -a contramano del nuevo discurso oficial- ese techo deja sin efecto el desestímulo al uso de la energía para aquellos que más consumen. "Con el tope del 400% y 500%, no hay castigo al derroche o al mal uso del gas", destacan, en clara disidencia con el Gobierno.
La Opinión Popular
Tarifazo del gas recalienta la "interna": por qué Aranguren cree que el tope de 400% generará despilfarro
En el sexto piso del Palacio de Hacienda, donde funcionan las oficinas del Ministerio de Energía, también se respira cierto enojo por cómo el tarifazo de gas se ha convertido en un verdadero "berenjenal" legal. A tal punto, que las resoluciones se complementan y superponen -cuando no se contradicen directamente- unas con otras.
En este sentido, la última decisión judicial -tomada este jueves- provino de la fiscal federal de La Plata, Ana Miriam Russo. La magistrada directamente pidió la suspensión de las resoluciones del Ministerio que fijaron topes máximos en los aumentos de gas (400% para usuarios residenciales y 500% para comercios).
No es, por cierto, lo único que agrega una dosis de confusión al ya de por sí controvertido contexto tarifario. También este jueves, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) tuvo que salir a aclarar que aún no tomó "ninguna decisión respecto de la frecuencia de facturación" del servicio.
Se vio obligado a hacerlo luego de un trascendido periodístico que daba cuenta de que las empresas distribuidoras iban a pasar a emitirles las facturas a sus clientes cada 20 días. Este contexto de confusión legal, malestar social, marchas y contramarchas en las medidas técnicas acrecienta, inevitablemente, la "interna" a nivel político.
En el Ministerio de Energía creen que la próxima semana habrá una solución definitiva sobre la forma y frecuencia para la facturación del servicio. Mientras aguardan tal decisión, en las oficinas vecinas a la del ministro Juan José Aranguren, los funcionarios admiten diferencias -y hasta cierto malestar- con el resto del Gobierno por la manera de diagramar el ajuste tarifario.
En concreto, la principal crítica que realizan los técnicos de Energía se vincula con los "topes" dispuestos para los aumentos, medida que el Ejecutivo debió adoptar en respuesta a la ofensiva legal que amenazaba con dejar sin efecto cualquier tipo de incremento.
De acuerdo con la visión de estos especialistas, la imposición de dichos topes no hará otra cosa que terminar castigando a los clientes más pequeños. Peor aún, admiten que -a contramano del nuevo discurso oficial- ese techo deja sin efecto el desestímulo al uso de la energía para aquellos que más consumen.
"Con el tope del 400% y 500%, no hay castigo al derroche o al mal uso del gas", destacan, marcando así una clara disidencia con el plan del Ejecutivo.
Aranguren ya tomó nota de esto y su equipo está tratando de diseñar alternativas para lo que será el régimen de precios que rija para el gas el próximo año.
Los planes de Aranguren
Las propuestas serán discutidas entre octubre y noviembre en el marco de las audiencias públicas, a partir de las cuales se irá definiendo el nuevo cuadro tarifario integral. Las decisiones que allí se tomen no serán vinculantes, pero la idea es que Energía utilice ese foro para dar a conocer sus planes.
Según pudo saber iProfesional, Aranguren maneja dos alternativas principales:
1. Opción tarifa "plana"
Se tomaría el historial de consumo anual de cada cliente durante años anteriores. A partir del mismo, se estimaría el (consumo) mensual y se lo prorratearía a lo largo de los 12 meses. Es decir, el usuario abonaría lo mismo cada 30 días, sin importar si se trata de épocas de invierno -con alto consumo de gas- o de pleno verano, donde el uso del fluido es muy bajo.
2. Opción "consumo base"
La otra alternativa es que las empresas les cobren a sus clientes un "consumo base" todos los meses. Luego, a ese cargo fijo se le añadiría uno variable en función del uso mensual que se le dé al servicio. De esta manera, evalúan los técnicos, se les otorgaría una suerte de premio a quienes ahorren energía.
"Es lo que más nos interesa. Que paguen más quienes consuman de más", señala una fuente del Ministerio a iProfesional.
Estas modalidades intentarán subsanar algo que -a ojos de los técnicos- se trató de un grueso error en la gestión de Cambiemos. Tienen razones para pensar de este modo. Es que de acuerdo con los datos oficiales, en el tarifazo aplicado (todavía discutido en la Justicia) se notó un fuerte salto en el uso del servicio por parte de los clientes más grandes.
Puesto en cifras, el incremento en el volumen utilizado:
-En las categorías más chicas (R1 y R21, de hasta 650 metros cúbicos consumidos por año), fue del 19% y del 33% respectivamente.
-En cambio, en las franjas de mayores consumos fue de hasta el 58% comparando junio 2016 con junio 2015. Y, sobre todo, en la zona de los 1.200 a los 1.800 m3 anuales.
Los asesores de Aranguren cuentan que suele llevar consigo una carpeta repleta de datos técnicos que justificaron el tarifazo. Y, sobre todo, aquel que muestra con suma claridad las jornadas más frías que tuvieron lugar en este otoño e invierno 2016.
También destacan la fortaleza anímica del ministro, que está dispuesto a explicar las decisiones del ajuste. Sobre todo, después de las protestas que cubrieron las calles de varias ciudades del país.
En las últimas semanas, el funcionario estuvo en el ojo de la tormenta, dado que la opinión pública lo identificó como el cerebro y brazo ejecutor del tarifazo. De hecho, durante el "cacerolazo" de protesta, fue el blanco de la mayor parte de las críticas y pedidos de renuncia.
Sin embargo, en el ámbito político se filtró la versión de que el plan original de Aranguren contemplaba un esquema más gradualista que el que finalmente se anunció. Más aun, que fue el propio Macri quien inclinó la balanza hacia un ajuste más drástico.
En parte, por su convencimiento de que el margen político para hacerlo sería menor en el futuro y, por otro lado, ante la urgencia por inducir a una baja en los niveles del consumo.
Preparando el plan B
En Energía también evalúan los pasos a seguir en el caso de que los jueces sigan postergando una definición sobre las nuevas tarifas. El Enargas argumentó que aguarda la decisión de la Cámara Federal de La Plata referida al recurso extraordinario presentado para frenar el aumento.
Aranguren confía en que la cuestión se definirá a más tardar en siete días. A sus asesores les hizo saber que el fallo seguramente le será favorable al Gobierno ya que la medida "está plenamente justificada".
Ante una eventualidad, admite, los abogados del Ministerio están listos para recurrir "en queja" a la Corte Suprema de Justicia. Y, en el peor de los escenarios, aguardan que el máximo tribunal defina la cuestión a lo sumo en una semana. En otras palabras, Aranguren cree que la cuestión tarifaria debería quedar resuelta en los próximos 15 días.
Cerca del ministro aseguran que en caso de que las trabas judiciales sigan dilatando la facturación de Metrogas, habrá un plan de pagos para aquellos usuarios perjudicados. De todas maneras, en Energía afirman que este tipo de situaciones serán excepcionales, si las cosas salen como planea Aranguren y todo se resuelve en un par de semanas, como máximo.
Quienes lo conocen, hablan de un ministro obsesionado por el día a día, opacado ahora por las tensiones políticas y sociales del tarifazo y sus repercusiones judiciales. Desde el área técnica suelen acercarle registros diarios de las importaciones de fluido. Provienen de cinco fuentes, que van desde las cuencas locales, al gas de Bolivia, Chile o los barcos regasificadores.
Pero la que más preocupa es el gas que se produce quemando gasoil. Ese metro cúbico cuesta u$s12 por millón de BTU, cuatro veces más que el que viene de Bolivia por el gasoducto.
El otro dato que circula en los pasillos del ministerio de Energía es que, una vez que se solucione la cuestión tarifaria, el Gobierno avanzará con la normalización del Enargas que, en la actualidad, está intervenido. Esa normalización incluirá la elección de las futuras autoridades mediante un tribunal que evaluará los antecedentes y las capacidades técnicas de los postulantes. El ente está constituido por cinco directores.
Pero todo esto, claro está, ocurrirá recién cuando el panorama tarifario esté despejado. Algo que, para algunos analistas, luce como un escenario de largo plazo.
Por Claudio Zlotnik
Fuentes: iprofesional.com, diariohoy.net y LOP
En el sexto piso del Palacio de Hacienda, donde funcionan las oficinas del Ministerio de Energía, también se respira cierto enojo por cómo el tarifazo de gas se ha convertido en un verdadero "berenjenal" legal. A tal punto, que las resoluciones se complementan y superponen -cuando no se contradicen directamente- unas con otras.
En este sentido, la última decisión judicial -tomada este jueves- provino de la fiscal federal de La Plata, Ana Miriam Russo. La magistrada directamente pidió la suspensión de las resoluciones del Ministerio que fijaron topes máximos en los aumentos de gas (400% para usuarios residenciales y 500% para comercios).
No es, por cierto, lo único que agrega una dosis de confusión al ya de por sí controvertido contexto tarifario. También este jueves, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) tuvo que salir a aclarar que aún no tomó "ninguna decisión respecto de la frecuencia de facturación" del servicio.
Se vio obligado a hacerlo luego de un trascendido periodístico que daba cuenta de que las empresas distribuidoras iban a pasar a emitirles las facturas a sus clientes cada 20 días. Este contexto de confusión legal, malestar social, marchas y contramarchas en las medidas técnicas acrecienta, inevitablemente, la "interna" a nivel político.
En el Ministerio de Energía creen que la próxima semana habrá una solución definitiva sobre la forma y frecuencia para la facturación del servicio. Mientras aguardan tal decisión, en las oficinas vecinas a la del ministro Juan José Aranguren, los funcionarios admiten diferencias -y hasta cierto malestar- con el resto del Gobierno por la manera de diagramar el ajuste tarifario.
En concreto, la principal crítica que realizan los técnicos de Energía se vincula con los "topes" dispuestos para los aumentos, medida que el Ejecutivo debió adoptar en respuesta a la ofensiva legal que amenazaba con dejar sin efecto cualquier tipo de incremento.
De acuerdo con la visión de estos especialistas, la imposición de dichos topes no hará otra cosa que terminar castigando a los clientes más pequeños. Peor aún, admiten que -a contramano del nuevo discurso oficial- ese techo deja sin efecto el desestímulo al uso de la energía para aquellos que más consumen.
"Con el tope del 400% y 500%, no hay castigo al derroche o al mal uso del gas", destacan, marcando así una clara disidencia con el plan del Ejecutivo.
Aranguren ya tomó nota de esto y su equipo está tratando de diseñar alternativas para lo que será el régimen de precios que rija para el gas el próximo año.
Los planes de Aranguren
Las propuestas serán discutidas entre octubre y noviembre en el marco de las audiencias públicas, a partir de las cuales se irá definiendo el nuevo cuadro tarifario integral. Las decisiones que allí se tomen no serán vinculantes, pero la idea es que Energía utilice ese foro para dar a conocer sus planes.
Según pudo saber iProfesional, Aranguren maneja dos alternativas principales:
1. Opción tarifa "plana"
Se tomaría el historial de consumo anual de cada cliente durante años anteriores. A partir del mismo, se estimaría el (consumo) mensual y se lo prorratearía a lo largo de los 12 meses. Es decir, el usuario abonaría lo mismo cada 30 días, sin importar si se trata de épocas de invierno -con alto consumo de gas- o de pleno verano, donde el uso del fluido es muy bajo.
2. Opción "consumo base"
La otra alternativa es que las empresas les cobren a sus clientes un "consumo base" todos los meses. Luego, a ese cargo fijo se le añadiría uno variable en función del uso mensual que se le dé al servicio. De esta manera, evalúan los técnicos, se les otorgaría una suerte de premio a quienes ahorren energía.
"Es lo que más nos interesa. Que paguen más quienes consuman de más", señala una fuente del Ministerio a iProfesional.
Estas modalidades intentarán subsanar algo que -a ojos de los técnicos- se trató de un grueso error en la gestión de Cambiemos. Tienen razones para pensar de este modo. Es que de acuerdo con los datos oficiales, en el tarifazo aplicado (todavía discutido en la Justicia) se notó un fuerte salto en el uso del servicio por parte de los clientes más grandes.
Puesto en cifras, el incremento en el volumen utilizado:
-En las categorías más chicas (R1 y R21, de hasta 650 metros cúbicos consumidos por año), fue del 19% y del 33% respectivamente.
-En cambio, en las franjas de mayores consumos fue de hasta el 58% comparando junio 2016 con junio 2015. Y, sobre todo, en la zona de los 1.200 a los 1.800 m3 anuales.
Los asesores de Aranguren cuentan que suele llevar consigo una carpeta repleta de datos técnicos que justificaron el tarifazo. Y, sobre todo, aquel que muestra con suma claridad las jornadas más frías que tuvieron lugar en este otoño e invierno 2016.
También destacan la fortaleza anímica del ministro, que está dispuesto a explicar las decisiones del ajuste. Sobre todo, después de las protestas que cubrieron las calles de varias ciudades del país.
En las últimas semanas, el funcionario estuvo en el ojo de la tormenta, dado que la opinión pública lo identificó como el cerebro y brazo ejecutor del tarifazo. De hecho, durante el "cacerolazo" de protesta, fue el blanco de la mayor parte de las críticas y pedidos de renuncia.
Sin embargo, en el ámbito político se filtró la versión de que el plan original de Aranguren contemplaba un esquema más gradualista que el que finalmente se anunció. Más aun, que fue el propio Macri quien inclinó la balanza hacia un ajuste más drástico.
En parte, por su convencimiento de que el margen político para hacerlo sería menor en el futuro y, por otro lado, ante la urgencia por inducir a una baja en los niveles del consumo.
Preparando el plan B
En Energía también evalúan los pasos a seguir en el caso de que los jueces sigan postergando una definición sobre las nuevas tarifas. El Enargas argumentó que aguarda la decisión de la Cámara Federal de La Plata referida al recurso extraordinario presentado para frenar el aumento.
Aranguren confía en que la cuestión se definirá a más tardar en siete días. A sus asesores les hizo saber que el fallo seguramente le será favorable al Gobierno ya que la medida "está plenamente justificada".
Ante una eventualidad, admite, los abogados del Ministerio están listos para recurrir "en queja" a la Corte Suprema de Justicia. Y, en el peor de los escenarios, aguardan que el máximo tribunal defina la cuestión a lo sumo en una semana. En otras palabras, Aranguren cree que la cuestión tarifaria debería quedar resuelta en los próximos 15 días.
Cerca del ministro aseguran que en caso de que las trabas judiciales sigan dilatando la facturación de Metrogas, habrá un plan de pagos para aquellos usuarios perjudicados. De todas maneras, en Energía afirman que este tipo de situaciones serán excepcionales, si las cosas salen como planea Aranguren y todo se resuelve en un par de semanas, como máximo.
Quienes lo conocen, hablan de un ministro obsesionado por el día a día, opacado ahora por las tensiones políticas y sociales del tarifazo y sus repercusiones judiciales. Desde el área técnica suelen acercarle registros diarios de las importaciones de fluido. Provienen de cinco fuentes, que van desde las cuencas locales, al gas de Bolivia, Chile o los barcos regasificadores.
Pero la que más preocupa es el gas que se produce quemando gasoil. Ese metro cúbico cuesta u$s12 por millón de BTU, cuatro veces más que el que viene de Bolivia por el gasoducto.
El otro dato que circula en los pasillos del ministerio de Energía es que, una vez que se solucione la cuestión tarifaria, el Gobierno avanzará con la normalización del Enargas que, en la actualidad, está intervenido. Esa normalización incluirá la elección de las futuras autoridades mediante un tribunal que evaluará los antecedentes y las capacidades técnicas de los postulantes. El ente está constituido por cinco directores.
Pero todo esto, claro está, ocurrirá recién cuando el panorama tarifario esté despejado. Algo que, para algunos analistas, luce como un escenario de largo plazo.
Por Claudio Zlotnik
Fuentes: iprofesional.com, diariohoy.net y LOP
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